Opinión
El neofelipismo de Sánchez

Lo que no puede achacarse a la campaña del PSOE es su previsibilidad. En contra del mito difundido por los medios, Iván Redondo no es la eminencia gris que nos han querido presentar, pero, como quiera que en el país de los ciegos el tuerto es rey, los jugadores de póquer pasan en España por grandes maestros de ajedrez. Los “socialistas” parecen tener un guion pautado hasta el 10 de noviembre y la determinación de seguirlo a pies juntillas. El guion termina con un pacto con Ciudadanos tolerado —en aras de la estabilidad y para evitar una nueva convocatoria de elecciones— por el Partido Popular y, posiblemente, por Más País.

Catalunya juega un rol fundamental en ese reptiliano cambio de piel que vemos estos días en Pedro Sánchez: de un gobierno de ‘izquierdas’ a uno ‘de progreso’ —un término menos comprometedor—, y de ahí a ‘Ahora España’. ¿Alguien se acuerda de aquel político que fue saludado como un icono de la nueva izquierda al enfrentarse al aparato de su propio partido y reconquistar la secretaría general? El candidato ‘socialista’ se ha enfundado definitivamente el traje neofelipista ‘slim-fit’. Subida de pensiones y mano dura en Catalunya. Lo resumió el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la última la Fiesta de la Rosa en Gavà al apropiarse del lema de Brasil: “Orden y progreso”.

Sánchez ya ha declarado que su gobierno en funciones está dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución tras haber abandonado toda retórica pretendidamente federalista

Bien lo ha visto el diputado de Podemos por Asturias Daniel Ripa. En un artículo para la edición digital de El Salto señalaba que “cuanto más masiva y más violenta sea la respuesta ciudadana en Catalunya, más se añadirá un clima de excepcionalidad que alejará del centro a PP, C’s y Vox” y que “también podría situar a Podemos como el partido que apoya la desestabilización”. Las declaraciones, por tibias que sean, de los dirigentes de Podemos ante la sentencia del Tribunal Supremo contra los procesados independentistas acarrean el riesgo de perder votos en el resto de España, sin que ello suponga mantenerlos o ganarlos en Catalunya, donde los bandazos y la ambigüedad del partido ante la cuestión de la autodeterminación son fiscalizados puntillosamente. Ante todo ello, seguía Ripa, “solo habría una salida de ‘orden’, española y que no lleve al caos, la que intenta aglutinar Sánchez”.

Sánchez ya ha declarado que su gobierno en funciones está dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional tras haber abandonado toda retórica pretendidamente federalista. Ahí está para demostrarlo su autoenmienda al pasar, en cuestión de un día, del lema “ley y diálogo” al “primero ley y luego diálogo”.

“Excusatio non petita”...

El mismo día de la publicación de la sentencia, y en la tónica habitual de estos meses, el candidato socialista realizó una comparecencia como si fuera presidente ‘in pectore’ del Gobierno de España para defender el fallo y sugerir que el indulto no está sobre la mesa, garantizando el “absoluto cumplimiento” de las penas impuestas. ç

En paralelo, el PSOE y el Gobierno español lanzaron una campaña en redes sociales en inglés y castellano para mejorar la imagen internacional de España y mostrar que es “una democracia consolidada, moderna y diversa”. Una democracia sui generis, empero, ya que su Jefatura de Estado, Fuerzas Armadas y de seguridad y judicatura son las heredadas de una dictadura —por no hablar de las élites políticas y económicas—, como también lo son muchas de sus instituciones jurídicas.

La ‘zapateriana’ decisión de exhumar el cadáver de Francisco Franco pretende servir de contrapeso al mantenimiento de la política derechista en Catalunya

Sánchez ha pretendido apoderarse del centro político, pero lo cierto es que el mantenimiento de la política derechista en Catalunya solo ha reforzado a las derechas, como ya puede apreciarse en las encuestas. En esta particular casa del pueblo conviven el reparto de las migajas, el cumplimiento del consenso de Bruselas y la defensa de la ‘unidad de España’. Considérese la ‘zapateriana’ decisión de exhumar el cadáver de Francisco Franco como contrapeso a lo arriba descrito. Como apuntó el escritor valenciano Rafael Chirbes, “Zapatero pilló una estrategia muy buena: excitar a la izquierda de boquilla”. “Matrimonio gay, paridad, aborto sin permiso paterno, pacifismo, anticlericalismo, republicanismo, memoria de la guerra civil, apertura de fosas. Izquierda excitada y extrema derecha removida. […] Teníamos a los curas y a los de Falange olvidados, pues no, los hay, los hay... Que vienen, qué miedo. Votos al cajón”. Mientras tanto, afirmaba Chirbes, los socialistas tenían las manos libres para hacer la política económica que realmente querían hacer: “El pelotazo inmobiliario, el compadreo con la banca, las leyes de impuestos, se quita el impuesto de patrimonio, etcétera. […] ¿Por qué no movieron lo de la memoria y las fosas cuando aún estaban vivos los perdedores?”.

La liebre, la pólvora

“La calle actuará de liebre”, consignaba un articulista de Nació Digital días antes de la publicación de la sentencia. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho hincapié en sus discursos en la “desobediencia civil”, pero ha evitado hablar de “desobediencia institucional”, con la vana ilusión de mantener así a salvo al gobierno de la Generalitat de otra usurpación por parte del Ejecutivo español. Sin embargo, el 10 de octubre el Tribunal Constitucional recordaba mediante notificación personal al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), a los miembros de la Mesa y, en dos casos, también a los miembros del Govern, la suspensión de tres resoluciones de la Cámara —relativas a la autodeterminación catalana y el rechazo de la monarquía por parte de la Cámara— y los amenazaba con responsabilidades penales en caso de aceptar a trámite iniciativas parlamentarias relacionadas con ellas.

Ello, junto a la condena a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el procesamiento de otros miembros de la anterior Mesa en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por dar curso a los debates sobre dos proposiciones de ley en septiembre de 2017, muestra que la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias de la Cámara catalana son papel mojado, del mismo modo que las continuas injerencias del Tribunal Constitucional en la actividad del Parlament evidencian que la separación de poderes en el Estado español es pura ficción y que la legitimidad de la “unidad de España” y de la monarquía es tan endeble que necesita de la censura.

Como respuesta a la sentencia, en campaña ha irrumpido el Tsunami Democràtic, sirviéndose de herramientas digitales para coordinar acciones de protesta efectivas y de gran impacto social y mediático, comenzando por la espectacular ocupación del Aeropuerto del Prat el mismo día de la publicación del fallo. Las brutales cargas policiales contra protestas inicialmente pacíficas —incluyendo el intento de atropellamiento de manifestantes, el uso de balas de goma, supuestamente prohibidas en Catalunya, las agresiones a periodistas o la tolerancia hacia agresiones de la ultraderecha— y la significativa imagen de los Mossos d’Esquadra actuando codo con codo con la Policía Nacional muestra que el radicalismo del president de la Generalitat, Quim Torra, es más bien verbal.

Todo ello ha provocado un notable aumento de la tensión dentro del espacio de Junts per Catalunya, donde las peticiones de dimisión o destitución del consejero de Interior, Miquel Buch, por las actuaciones de los Mossos han llegado hasta la prensa más afín al expresident Carles Puigdemont, mientras la dirección del PDeCAT ha amenazado a su militancia con sanciones en caso de expresar públicamente peticiones de dimisión de Buch.

Como vía de salida a todo este barullo interno, Torra, sin el consenso de su socio de gobierno, ha realizado una propuesta sobre el ejercicio la autodeterminación antes del final de la legislatura consistente en tres vías que ya han sido transitadas en los últimos años: intentar acordar un referéndum con el Gobierno español, otras elecciones convocadas como plebiscito y otro referéndum unilateral. En el momento de escribir estas líneas es difícil pronosticar el impacto de todo ello en unas elecciones en que, según las encuestas publicadas hasta la fecha, ERC sería ganadora clara, el PSC se recuperaría a costa de Ciudadanos y la CUP irrumpiría en el Congreso de los Diputados.

En el peor de los escenarios, la movilización del independentismo sería un mero rastro de pólvora que se incendia y provoca mucho humo, pero cuyo reguero termina el 10 de noviembre

¿Cómo terminará todo? ¿Conseguirá esta vez el soberanismo mantener un pulso sostenido con el Estado y obligarle a sentarse a la mesa de negociación? ¿Se desentenderán de las movilizaciones los partidos pasado el 10-N? En el peor de los escenarios, sin programa ni dirección política, la extraordinaria movilización del independentismo durante el mes de octubre no sería el proverbial polvorín que explota, sino un mero rastro de pólvora que se incendia y provoca mucho humo, pero cuyo reguero termina el 10 de noviembre. En lo tocante al Gobierno español, se ha solido criticar su pretensión de resolver conflictos políticos mediante el poder judicial y el Tribunal Constitucional, pero esa crítica soslaya que, al no ser España un Estado federal, el gran desequilibrio de las partes en conflicto hace que, al menos a corto plazo, ésa sea la vía que le supone menor coste, tanto por el diseño jurídico-político del Estado español como por la propia naturaleza, funcionamiento y nombramiento de los órganos judiciales o constitucionales que conocen de los conflictos políticos. Con todo, cuando en otras épocas de gobierno del PSOE el Supremo ha tomado decisiones de calado contrarias a los intereses del Gobierno, el Tribunal Constitucional las ha revocado en vía de recurso. En caso de cambio de línea estratégica por parte del ejecutivo, esa podría ser la vía para deshacer el entuerto de la sentencia del Procés sin tener que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.