Educación
Google, doctrina del shock y liquidación de la escuela pública

Como viene recordándose estas últimas semanas, los momentos de crisis y excepcionalidad son aprovechados por el poder, según advertía Naomi Klein hace ya algunos años, para imponer a la ciudadanía ―temerosa y preocupada por los problemas inmediatos que tales situaciones suponen― los cambios estructurales que necesita el capital para perpetuar las relaciones de dominación que nos han llevado al decadente mundo que habitamos. El shock que ha sufrido la escuela pública con motivo del actual estado de alarma teniendo que, de la noche a la mañana, reestructurar todo su trabajo en base a la docencia telemática puede considerarse, sin duda, un caso particular de esa excepcionalidad “crítica” a la que nos referimos.

Al menos desde la administración educativa que conozco, la aragonesa, la manera en que se ha afrontado esta situación ha estado, en términos generales, caracterizada por la ausencia total de organización, dejando a los equipos directivos y a los y las docentes totalmente desvalidos y arrojados a una lógica, la del mercado, en cuyos parámetros los grandes gigantes tecnológicos ―como Google y su plataforma G-Suite― tienen todas las de ganar. Los tiempos y los “valores” del capital han “colonizado” nuestro horizonte ético y pedagógico y ―sometidos tanto al shock vírico como a la necesidad de seguir siendo productivos― las decisiones acerca de cómo continuar con nuestra labor docente han acabado por tomarse en base a criterios que nos empujan a perpetuar aquellos “valores” y lógicas que, como decíamos, nos han llevado a la situación actual: rentabilidad, productividad, inmediatez...

Esta situación ha generado, al menos, dos consecuencias negativas.

Por un lado, estamos proveyendo a estos gigantes tecnológicos de una mercancía prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria hasta los 16 años (en el caso del Estado español): toda la comunidad educativa (no solo el alumnado). La mercancía a la que nos referimos es, como sabemos, nuestros datos. ¿Llegará un día ―si no ha llegado ya― en que las grandes empresas y agencias de empleo compren a Google los datos y valoraciones individuales de nuestro alumnado que los y las docentes, tan ingenuamente, compartimos en Google Drive? Si tenemos en cuenta, además, la tendencia general a afirmar la necesidad de que, cada vez más, todo trabajador o trabajadora ―formarlos es el cometido fundamental de la educación― va a tener que estar sometido a un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral, el botín se vuelve mucho más suculento.

Por otro, la asunción de, fundamentalmente, G-Suite como un estándar educativo supone convertir la escuela pública en un espacio de “formación” de consumidores ―tanto de los productos de Google como en términos generales― en un sentido fuerte de la palabra: aquellos cuyos hábitos de consumo se basan exclusivamente en criterios económicos, de utilidad, de inmediatez y de autosatisfacción. Nunca en base a criterios éticos. La economía, según el credo liberal, no tiene nada que ver con la ética, sino con las “leyes del mercado”, de la rentabilidad y de la productividad y, por tanto, las prácticas de consumo, tampoco. Eso estamos “enseñando”.

¿Imaginan un mundo en donde tanto la estructura educativa como los contenidos obligatorios que se imparten en la escuela estuvieran controlados por los algoritmos del gigante tecnológico?

“Espacios virtuales” y privatización de la escuela pública

Pero además de estas consecuencias ―ya advertidas desde hace tiempo― creo necesario destacar que las plataformas como G-Suite no son “herramientas pedagógicas” en sentido estricto, como puedan serlo los libros de texto (sobre los que también habría mucho que decir). Lo que en realidad suponen es la creación de un espacio pedagógico, en este caso virtual, que está aprovechando la actual situación para profundizar su presencia en la escuela pública y mostrar su carácter necesario (sin alternativa posible). Un espacio, obviamente, privado y sujeto a la lógica del capital que ya conocemos.

Si, como suelen repetir generación tras generación, los y las alumnas ven la escuela como una cárcel, es decir, como un dispositivo de encierro, vigilancia y disciplina (y eso sin necesidad de saber quién es Foucault), el nuevo espacio educativo virtual supone una actualización de tales dispositivos. Pero no es objetivo de este texto desarrollar esta idea. Sí lo es, sin embargo, el subrayar que, si de una u otra manera todavía confiamos en que lo estatal pueda hacer frente a los intereses del poder económico, la cuestión toma tintes aún más dramáticos si dichos dispositivos los dejamos en manos de grandes plataformas de carácter privado como G-Suite.

La repetición constante de que el actual escenario pandémico puede repetirse en el futuro es un dato difícilmente refutable. Y a partir de él es perfectamente factible ―vía doctrina del shock― que se profundice paulatinamente en la creación de un espacio pedagógico virtual que vaya ampliando su relevancia en detrimento del espacio físico de la escuela. Un proceso que en estas semanas ha dado un paso gigantesco pero que ya lleva gestándose desde hace años.

¿Es descabellado pensar en la posibilidad de que la escuela física acabe por ceder su centralidad al espacio virtual creado por las plataformas educativas? ¿Podría llegar el caso de que, incluso, la sustituyera?

¿Es descabellado, por tanto, pensar en la posibilidad de que la escuela física acabe por ceder su centralidad al espacio virtual creado por las plataformas educativas? ¿Podría llegar el caso de que, incluso, la sustituyera? ¿Qué sentido tendría entonces la existencia de diferentes escuelas en diferentes barrios y poblaciones? ¿No sería más adecuado, llegado el caso, que existiera una única escuela basada en criterios técnicos que, consecuentemente, diera la espalda por completo a los problemas que se dan en los contextos sociales en los que las escuelas ejercen su labor? ¿Y qué ocurriría con la escuela pública si tal espacio único se trasladase en su totalidad a empresas como Google? ¿Imaginan un mundo en donde tanto la estructura educativa como los contenidos obligatorios que se imparten en la escuela estuvieran controlados por los algoritmos del gigante tecnológico? La expresión “pensamiento único” supondría una interpretación, sin duda, optimista de tal escenario. En definitiva ―y paralelamente al proceso de privatización de la escuela pública que estamos presenciando desde hace años― a lo que estaríamos asistiendo sería a una educación que pasaría de pertenecer al ámbito de los derechos fundamentales a hacerlo al de los servicios; y sus “usuarios”, de ser ciudadanos y ciudadanas a ser clientes. No creo necesario extenderme en lo que todo ello implicaría.

Al margen de que, en opinión de quien esto escribe, el contacto directo entre profesorado y alumnado es un elemento insustituible del proceso educativo, es responsabilidad de la administración educativa ―dado que estamos hablando de la escuela pública― el facilitar un espacio virtual seguro y ético, como lo es el de facilitar un espacio físico. Sin cerrar los ojos a la posibilidad muy real de que el propio Estado pudiera aprovechar tales espacios para ejercer un control férreo de los procesos educativos y de lo que a través de ellos se discute y se cuestiona, el dejar en manos de gigantes tecnológicos dicho espacio no supone más que la privatización de facto de la escuela pública y el sometimiento de ésta a las lógicas e intereses del sector privado.

Pero, ¿y si la administración educativa, como está sucediendo, no cumple con esa responsabilidad fundamental?

El papel de la comunidad educativa

Sabemos que el Estado representa, en muchas ocasiones, una extensión de los intereses del capital y, por tanto, nuestra responsabilidad, como comunidad educativa y como sociedad civil, es la de tratar de, especialmente en momentos como el actual, frenar las lógicas autoritarias que representa. Si el Estado no cumple con sus obligaciones con la comunidad educativa, plegándose a los intereses del poder económico, se debería actuar en consecuencia.

Cuesta entender, por tanto, porqué colectivos e individuos que hacen de la defensa de lo público y de la cooperación como forma no solo de salir de la crisis actual, sino también de construir un mundo alejado de la explotación y el individualismo capitalistas, desarrollan su trabajo a través de herramientas que, no solo de manera simbólica, representan la voracidad, el individualismo y la disolución de la privacidad y, muy probablemente, de las libertades individuales y colectivas. Cuesta, en definitiva, entender que las herramientas educativas de Google se hayan convertido, casi sin oposición, en un estándar educativo entre el profesorado y los centros sabiendo, por ejemplo, que dicha empresa, a través de su plataforma G- Suite, “recopila datos sobre la localización de los menores, las páginas web que visita, sus grabaciones de voz y su agenda de contactos”. El Estado y, en este caso, la administración educativa, no deben convertirse en el chivo expiatorio de nuestras responsabilidades. Y cuando optamos por utilizar G-Suite en nombre de lo fácil e intuitivo que resulta, de su utilidad y de su carácter “gratuito”, estamos, precisamente, tomando la decisión de someter la escuela pública al esquema de valores del capital escudados en que el Estado no está cumpliendo con su deber (como si eso fuera algo nuevo), cuando no, directamente, contribuyendo a la privatización de la escuela pública.

Si la administración está permitiendo la “naturalización” de una situación que va contra los valores más básicos que deben regir la escuela pública, nuestra responsabilidad es la de responder con contundencia.

No hay ninguna duda de que, en este caso concreto, la responsabilidad de las administraciones educativas está por encima de todas las demás ―ya sean individuales o colectivas―, pero el silencio y el conformismo con el que la comunidad educativa está respondiendo ante este nuevo episodio de la ofensiva neoliberal debe también ser objeto de crítica. ¿Y si el alumnado y sus familias se negaran a hacer uso de aquellas plataformas que invaden descaradamente sus derechos? ¿Y si el profesorado, paralelamente, se hubiera negado a realizar todo trabajo telemático hasta no contar con una plataforma ética proporcionada por la administración para la realización de dicho trabajo? ¿Consentiríamos que Ikea nos suministrara gratuitamente mobiliario escolar bajo la condición de poder poner cámaras y micrófonos en las aulas? ¿Consentiríamos que Coca-Cola o Telepizza ―lo sé, es un mal ejemplo, lo que lo hace aún más relevante― hicieran lo mismo en nuestros comedores escolares? Es más, ¿consentiríamos que las administraciones educativas no facilitaran los espacios físicos necesarios para la escuela pública y tuvieran que ser los equipos directivos o, incluso, los y las docentes las que tuvieran que buscar esos espacios? ¿Optaríamos por hacer uso de locales propiedad de fondos buitre a cambio de convertir nuestra privacidad y nuestras vidas en mercancía? Con seguridad ―al menos de momento― los y las docentes nos negaríamos en redondo a realizar nuestro trabajo en tales circunstancias. ¿Por qué entonces lo consentimos, sin ni siquiera alzar la voz, cuando se trata de espacios virtuales?

Desgraciadamente, ni la comunidad educativa ni los sindicatos están/estamos teniendo en cuenta lo suficiente la gravedad de la situación. Y, a pesar de que se nos repite machaconamente que estamos ante una encrucijada que supondrá cambios drásticos en nuestras sociedades, estamos dejando, en lo que se refiere a la escuela pública, que ese nuevo mundo lo construyan gigantes tecnológicos como Google. Alternativas hay. No hay que olvidarlo. Y si la administración ―a sabiendas o no― está permitiendo la “naturalización” de una situación que va contra los valores más básicos que deben regir una escuela pública y democrática, nuestra responsabilidad es la de responder con contundencia.

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