Más de la mitad del alumnado LGTBI+ ha sufrido situaciones de odio en Educación Secundaria

El alumnado LGTBI+ confía más en sus iguales y en el entorno familiar. Son datos de un informe de la FELGTBI+ y la Universidad de Salamanca que analiza también el grado de implementación de políticas públicas tras la aprobación de la ley trans.
Educación 04
Jaime Cinca Estudiantes en un patio de un instituto de Educación Secundaria en Andalucía.

La Educación Secundaria es el periodo donde más se reproducen las situaciones de odio. Hasta un 53’8% de las personas LGTBI+ de entre 18 y 24 años y un 66,5% en la franja de 25 a 34 años han pasado por algún episodio de acoso, discriminación, violencia física o amenazas. En Educación Primaria, un 40,6% en la franja de 18 a 24 y un 50,5% en la franja de 25 a 35 dijo haber sufrido alguna situación de este tipo, mientras que en la etapa universitarias las cifras son de un  29,2% y un 40,7% respectivamente.

Son algunos datos del informe Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FelGTBI+) en colaboración con la Universidad de Salamanca, presentado este jueves y que ayuda a completar la panorámica de otros estudios en el ámbito educativo.

María Rodríguez, responsable de Investigación, Formación y Calidad de la federación, ha señalado que, pese a la gravedad que suponen estas cifras, de la comparación por franjas de edades a lo largo de todas las etapas educativas se comprueba que el grupo de edad de los 25 a los 34 años tiene siempre un mayor porcentaje de situaciones de odio, lo que permite decir que hay avances.

Rodríguez ha subrayado otros datos de este informe que analiza la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos, así como sobre el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas. Así, del mismo modo que las cifras sobre personas que sufrieron algún tipo de odio muestran un cambio, las cifras muestran cambios en el apartado sobre la confianza del alumnado en diferentes personas del entorno.

A la pregunta “¿en quién confiaste fundamentalmente en tu etapa educativa”, casi un 40% dijo haber confiando en compañeros de clase en la franja de 18 a 24, frente a un 28,7% en la etapa de 25 a 34, es decir, se da un aumento significativo en la confianza en compañeros y compañeras. Sin embargo, llama también la atención que la franja más joven confía menos en el profesorado. La cifra se mantiene casi idéntica en torno a un 7% en el caso del equipo de orientación. Sobre quién reaccionó ante esas situaciones, Rodríguez destaca cómo se aprecia una evolución positiva en la reacción del entorno familiar.

Pero, según estas profesoras, no hay que responsabilizar de estas cifras al profesorado sino que hay que entender que se trabaja en un contexto en el que el modelo no ayuda y donde, pese a los avances legislativos, la implementación de las políticas públicas, la integración de la diversidad afectivo-sexual en los centros educativos y el desarrollo de políticas públicas es una asignatura pendiente, como también lo es la formación específica para el profesorado.

Por otra parte, el contexto escolar ocupa la segunda posición de lugares donde se ha producido el odio. Un 15,29 % de las personas encuestadas dijo haber sufrido ahí estos incidentes. El primero, con un un 30’8, es la calle. Junto a los centros educativos se encuentran los lugares de ocio con un 14,41%. Sí se observa, según la investigadora, un cambio muy positivo en el entorno familiar.

Además, la visibilidad en el ámbito educativo sigue siendo limitada. Más del 60% de las personas Jóvenes LGTBI se sienten visibles con amistades cercanas, pero solo un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad. Entre las personas de 18 a 24 años, un 18,2% permanece invisible, y un 40% asegura no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa. 

Retrocesos en Castilla y León y Murcia

El informe se centra también en la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas, algo que entiende relevante especialmente después de la aprobación de las Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y, pese a que establece un marco sólido para impulsar políticas educativas inclusivas, la aprobación de una ley no garantiza por sí sola su correcta aplicación y se hace necesario evaluar cómo las comunidades autónomas han desplegado medidas concretas, desde protocolos contra la discriminación hasta programas de formación del profesorado o iniciativas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias.

El análisis territorial muestra además un panorama diverso y, en ocasiones contradictorio. Como precedente, el informe Realidad del alumnado trans en el sistema educativo de 2020 situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares.

La falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas son problemas que se detectan en todas las comunidades 

Cinco años después, el mapa ha cambiado, detectándose avances significativos, como es el caso de Castilla La Mancha. Algunas comunidades que entonces estaban a la cola han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.

El informe constata también problemas comunes en todo el territorio como son la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas. Los programas de sensibilización, aunque abundantes, siguen siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas.

Campaña contra los bulos

La federación ha presentado este jueves también la segunda campaña Mute al Mito, una campaña cultural y educativa que utiliza las propias herramientas de la juventud —como TikTok y otras plataformas digitales— para reconocer los bulos, desmontarlos y construir aulas seguras e inclusivas.

La iniciativa cuenta con la participación de referentes como Hugo Marlo, Ritasmind, Clover Bishhhh, Rocío Villar, Ariel Rec, Estupenda Márquez, Virtual Diva y Helio Roque, que desmienten mitos y bulos como que “las personas trans solo buscan llamar la atención”, que “si eres bisexual ligas el doble” o que “la homosexualidad es antinatural y se aprende”. Cristina Karen Pallás, coordinadora del Grupo de Educación de la Federación y también profesora con 28 años de experiencia, ha subrayado el daño que generan estos mensajes y cómo el discurso de odio se acaba transformando en violencia contra el colectivo, ha explicado.

La FELGTBI+ ha remitido a la Fiscalía las palabras del exmagistrado del Supremo Francisco Javier Borrego que el pasado jueves se burló de la identidad de las personas trans en unas jornadas organizadas por Vox

Karen Pallás también ha explicado que la FELGTBI+ ha remitido a la Fiscalía las palabras del exmagistrado del Supremo Francisco Javier Borrego que el pasado jueves durante unas jornadas sobre denuncias falsas organizadas por Vox en el Congreso se burló de la identidad de las personas trans a lo largo de toda su intervención.

Además, la tesorera de CEAPA, tesorera de CEAPA, ha presentado la Guía legislativa sobre derechos LGTBI+ para centros de enseñanza no universitarios, desarrollada por la Federación y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que aporta recursos prácticos para garantizar la protección de los derechos del alumnado LGTBI+.

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