Educación
El alumnado LGBTI sufre más acoso en la escuela pero cuatro de cada cinco países no tiene leyes para evitarlo

Gran parte del mundo no ha adoptado una legislación explícita para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) contra el acoso escolar. Es la conclusión que ILGA Mundo recoge en su investigación más reciente y que reflejan que sólo seis de los estados analizados, un total de 193 países que son miembros de la ONU, han adoptado leyes contra el acoso escolar que protege de forma específica a niños, niñas y jóvenes independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales (OSIEGCS). Son Andorra, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Portugal y España.

Sin embargo, al menos uno de estos cuatro motivos de acoso se menciona explícitamente en la legislación estatal de al menos 40 estados miembros de la ONU: 38 mencionan la sobre orientación sexual, 30 la identidad de género, 13 la expresión de género y 14 las características sexuales. Aun así, solo representan una quinta parte del mundo.

Curro Peña Díaz, consultor de investigación de ILGA Mundo, explica la prevalencia del acoso escolar es significativamente mayor en la población LGTB

En diez Estados miembros de la ONU, sigue el mapeo, la protección varía entre sus distintas subjurisdicciones (son Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Italia, México, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos) y hay dos estados (Hungría y Bulgaria) donde no queda claro si las protecciones legales siguen vigentes, ya sea porque existen contradicciones entre diferentes leyes o porque la jurisprudencia ha generado una situación de incertidumbre jurídica.

Pero, ¿por qué deben los estados desarrollar legislación específica sobre personas LGBTI en el entorno escolar? ¿No basta con tomar medidas generales contra el acoso? Curro Peña Díaz, consultor de investigación de ILGA Mundo, explica que el primero es una prevalencia significativamente mayor en esta población: “Un porcentaje muy alto de la población LGBTI en general ha sido víctima de este tipo de violencias”, explica. Pero, además, en un contexto donde hay un movimiento global que estigmatiza a la población queer y que apunta de manera muy específica a la educación (con la prohibición de contenidos sobre diversidad sexual y de género, por ejemplo), “es más importante que nunca que centremos nuestra investigación también en esta cuestión”. 

Retrocesos en Hungría, avances en Chile

Aunque el ámbito de investigación es extenso, Peña pone el foco en algunos países donde el retroceso en derechos LGTB, en general, afecta a los entornos escolares. “Hungría, Bielorrusia o Rusia son países que en la última década han aprobado leyes que eliminan a las personas LGBT de la vida pública en general y en particular de la educación”, explica. También Turquía, de manera reciente, se ha sumado a los recortes en derechos y prepara un paquete legislativo “que será muy dañino para las personas LGTBI en general” ya que prohíbe cualquier comportamiento que no se corresponde con lo que el texto llama “sexo biológico”. 

Otro país sobre el que Peña llama la atención es Georgia, que ha pasado en poco más de un año de ser un país con bastantes protecciones legales —relativas y entendidas en su contexto— a aprobar leyes que prohíben el cambio de género o que censuran la expresión de ideas pro derechos de las personas LGBTI. “Y todo esto, por supuesto, tiene un impacto en la seguridad de las escuelas y en la violencia que sufren la escuela porque están legitimándola”, valora.

Por el contrario, Chile, Estonia y Ucrania han debatido propuestas legislativas en el sentido de considerar en sus normativas el acoso escolar a las personas LGTB, mientras que el Gobierno de las Islas Salomón inició una consulta pública para desarrollar una política contra el acoso escolar que tuviera en cuenta la orientación sexual de las personas estudiantes. Además, el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género como parte de su obligación legal de garantizar a todas las personas el derecho a la educación sin discriminación.

Los datos de ILGA Mundo muestran que, en la mayoría de esas jurisdicciones, se utilizan las leyes educativas o de igualdad de trato para proteger contra el acoso escolar. Lo hacen prohibiendo el acoso por motivos de OSIEGCS en la educación o requiriendo legalmente a las instituciones educativas que incorporen el acoso por motivos de OSIEGCS en sus códigos de conducta y sus políticas. 

Algunas jurisdicciones han incluido el acoso por motivos de OSIEGCS en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo y, en el caso de Francia lo castigan hasta con penas de prisión, aunque no es lo habitual

Algunas jurisdicciones han incluido el acoso por motivos de OSIEGCS en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo y, en un caso (Francia), lo castigan hasta con penas de prisión. “Estas leyes sugieren que los Estados podrían entender el acoso escolar como una forma muy particular de violencia que no solo tiene a las personas jóvenes como principales víctimas, sino también como principales autores”, afirma Peña. Aunque es habitual que se recurra a “enfoques pedagógicos para educar a las personas acosadoras y darles alguna reparación a las víctimas dentro del sistema escolar, en lugar de recurrir a sanciones penales”.

Incluso en el entorno global actual, en el que las fuerzas reaccionarias han convertido las vías educativas en campos de batalla, los Estados miembros de las Naciones Unidas están tomando medidas concretas para proteger a les jóvenes LGBTI del acoso escolar. 

Hasta el 50% en algunos países

En julio de 2025, un informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Graeme Reid, llegó a la asamblea general de Naciones Unidas. El informe Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género constata que las personas LGBT que se están formando “son objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación en contextos educativos, como el acoso, la exclusión, los entornos hostiles y las medidas disciplinarias punitivas”. 

Pese a la dificultad de ofrecer datos que puedan reflejar la realidad de países tan numerosos y diversos, el informe sí da algunas pistas. Por ejemplo, indica que la violencia física y el maltrato emocional contra miembros LGBT del alumnado está “especialmente generalizada, permea todos los espacios y estas personas son susceptibles de vivir situaciones de acoso en proporciones mucho más elevadas que sus pares que no pertenecen a la comunidad LGBT. En algunas contribuciones recibidas para el informe se señala que este tipo de maltrato llega a afectar al 50% del estudiantado LGBT, y, en algunos contextos, el porcentaje es mucho mayor.

La violencia física y el maltrato emocional contra miembros LGBT del alumnado está “especialmente generalizada y permea todos los espacios”, según un informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género

Se trata de una forma de maltrato que afecta con mucha más frecuencia a estudiantes transgénero, en particular, y en estos casos suele ser más grave y sostenido, sigue el relator. Sobre las edades, indica que las víctimas LGBT pueden ser muy jóvenes y que la violencia suele persistir hasta los primeros años de la edad adulta, por ejemplo en contextos de educación superior. 

En cuanto a los lugares donde se produce, señala que puede ser en las aulas, en las residencias, en los patios de recreo, en las instalaciones deportivas, en los baños, en los vestuarios, en el transporte escolar, en las salidas escolares y en línea. Quienes lo cometen pueden ser no solo iguales (el acoso entre iguales es lo que se considera acoso escolar o bullying) sino también miembros del personal de la administración escolar o universitaria, del cuerpo docente o del personal de apoyo. En numerosos casos, el alumnado LGBT también sufre formas interseccionales de discriminación por motivos de raza, condición de indígena, procedencia geográfica o situación socioeconómica.

Como referencia en España, el informe Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FelGTBI+) indica que la Educación Secundaria es el periodo donde más se reproducen las situaciones de odio. Hasta un 53’8% de las personas LGTBI+ de entre 18 y 24 años y un 66,5% en la franja de 25 a 34 años han pasado por algún episodio de acoso, discriminación, violencia física o amenazas. En Educación Primaria, un 40,6% en la franja de 18 a 24 y un 50,5% en la franja de 25 a 35 dijo haber sufrido alguna situación de este tipo, mientras que en la etapa universitarias las cifras son de un  29,2% y un 40,7% respectivamente.

El daño físico y psicosocial que sufre el estudiantado LGBT puede alterar su recorrido educativo, impacta en la salud mental y, a la larga, puede suponer un riesgo de vivir en condiciones de pobreza, alta de hogar y aislamiento

Las consecuencias de sufrir acoso en la etapa escolar las menciona Ilga Mundo y las detalle el relator en su informe. El daño físico y psicosocial que sufre el estudiantado LGBT puede alterar su recorrido educativo en formas de cambios de escuela, faltas a las clases o abandono en proporciones más altas que sus pares que no son LGBT. Estos patrones llevan a un rendimiento académico más bajo y a la exclusión a largo plazo de oportunidades económicas y sociales. Como efectos cita el impacto en la salud mental y un mayor riesgo de vivir en condiciones de pobreza, falta de hogar y aislamiento.

Por eso, el relator acaba instando a aprobar “legislación inclusiva contra la discriminación, dispuesto planes de estudios obligatorios inclusivos de las personas LGBT, creado mecanismos de denuncia seguros y confidenciales e invertido en capacitación docente y apoyo a la salud mental son importantes modelos de cómo fomentar entornos de aprendizaje seguros e inclusivos”.

No solo leyes

En cualquier caso, explica Curro Peña, “somos conscientes de que la legislación no lo es todo”. “El acoso escolar necesita una respuesta mucho más amplia, que realmente tenga en cuenta la implicación de un montón de actores diferentes y de estrategias diferentes, pero en el caso de la legislación puede ser un buen punto de partida en muchos sentidos”.

Una normativa que tenga en cuenta el acoso escolar a la personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales (OSIEGCS), puede, por ejemplo, influir en la formación que tiene el profesorado, determinar el currículum, incluir una buena formación en diversidad sexual y de género o mandatar que los documentos escolares reconozcan la identidad de género del alumnado.