Educación
El gasto de los hogares en educación sube un 32% para paliar los 9.000 millones recortados desde 2009

Los Presupuestos para 2018 consolidan el adelgazamiento del porcentaje del PIB destinado a gasto educativo. El peso que tienen los hogares a la hora de cubrir los estudios ha aumentado al ritmo que disminuía la inversión de las administraciones. Los sindicatos anuncian movilizaciones.
Nuñez Arenas Carabanchel
Clase en el Núñez de Arenas (El Pozo). Álvaro Minguito

publicado
2018-04-12 06:57

2009, el año uno de la crisis —y el año anterior al paquete de recortes que dio comienzo a las políticas de austeridad— sigue marcando el techo de inversión en educación. Nunca ha habido más porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) para colegios, universidades, becas o profesorado. Nunca se estuvo más cerca de las cifras de la OCDE y del resto de la Unión Europea. Desde el año uno después de Lehman Brothers, el porcentaje del PIB destinado a gasto público educativo ha caído en los presupuestos generales y de todas las comunidades autónomas sin excepción. 

Miguel Recio —del Gabinete de Estudios— y Francisco García Suárez —secretario general— de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras presentaron ayer el informe El gasto público educativo durante la crisis. La principal conclusión es que la educación no ha salido de la crisis y el ciclo de recortes ha dejado al sistema en condiciones de menor equidad y más desigualdad. No obstante, hay más alumnado que nunca —430.000 personas solo en el régimen general— y las diferencias de inversión varían sustancialmente de unas comunidades a otras.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, cuyo periodo de enmiendas se cierra el próximo 20 de abril, no invierten esa tendencia: "Llevamos tres años de crecimiento de la economía y esto no se traslada al presupuesto educativo", certifica García Suárez. El incremento del 3% en los PGE sigue suponiendo un descenso en términos de PIB nominal, es decir, con la inflación incluida. 

Ese dato se ajusta mejor a la versión que el Gobierno ha dado a las autoridades europeas en su Plan de Estabilidad, donde refirió que se pretende estabilizar la inversión en gasto educativo en torno al 3,6% —incluso reducirla en la próxima década—, que en el discurso de puertas afuera de Íñigo Méndez de Vigo, titular del ministerio, que en la pasada convención del PP de Sevilla situó la cifra dedicada a educación en el 5%.

El porcentaje se entiende peor que las cifras: si los recortes han detraído de la educación 9.000 millones de euros desde 2009, la recuperación que se propone "devolvería" al gasto educativo una cifra en torno a los 75 millones. Más de 8.900 millones de euros que se han esfumado, como los puestos de trabajo de entre 22.000 y 30.000 docentes, perdidos desde el final de la pasada década.

¿Y esto quién lo paga?

Si las administraciones del Estado y autonómicas destinan menos presupuesto a educación, quienes pagan el resto son los hogares. Concretamente, el gasto privado ha aumentado un 32% en el periodo 2009-2016. Si se terminan las becas de comedor, las ayudas para libros de texto, los autobuses escolares, el gasto lo tienen que afrontar familias y hogares. Resultado: quien puede hacer el esfuerzo, lo cubre, ¿y quien no?

Para García de Suárez la respuesta es clara en el caso de la educación superior, quien no puede afrontar la universidad, simplemente no continúa sus estudios.

La cifra ya se conoce: en términos absolutos 40.000 personas han abandonado los estudios porque no podían asumir los gastos universitarios. En términos relativos, contando con que hay 430.000 estudiantes más, el porcentaje de alumnado "expulsado" de la educación superior sigue elevándose.

La contrapartida es el aumento de los beneficios fiscales. Algunas comunidades, como la de Madrid, permiten desgravarse no solo la cuota de las escuelas privadas sino también los uniformes, con lo que se da la paradoja, que señala García Suárez, de que "para financiar un uniforme algunos alumnos se quedan sin becas de comedor".

Disparidad territorial

Andalucía, Catalunya y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) son las administraciones que más cantidades totales destinan a educación. Sin embargo, las cifras totales contrastan con el gasto por alumno en función del PIB per cápita.

La comunidad presidida por Cristina Cifuentes destinó en 2016 un 2,29% del PIB a gasto educativo, mientras que la media del Estado es del 4,22%. Mientras, la CAM destina a educación un porcentaje similar —aunque ligeramente inferior— de su PIB, la cifra languidece si se divide por alumno. Los motivos: la apuesta de la comunidad por centros privados no concertados no revierte en más dinero para los centros públicos. 

Los resultados también influyen en la estructura demográfica de la población, advierte Miguel Recio, quien explica que el bajo porcentaje que Galicia y Asturias destinan a educación está relacionado con el envejecimiento de la población. 

"No todas las comunidades han recortado por igual, hemos encontrado distinta sensibilidad según el signo político", reconocen los autores del informe. Los partidos "conservadores —según CC OO— han hecho una aplicación del real decreto de recortes aprobado por el Gobierno central en 2012", explicita el informe. Una aplicación que se ha paliado —pero poco— con la llegada de partidos de izquierda a ocho consejerías de Educación, subraya el sindicato.

Primavera de movilizaciones

El anuncio del fallo por parte del Tribunal Constitucional que avala uno de los puntos más polémicos de la Ley de Educación del PP (Lomce), la legalidad de la financiación a escuelas que segregan por sexo, devuelve a la comunidad educativa a "la casilla de salida" de la oposición a una ley que ha ido aplicándose entre la desgana y la impotencia.

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El Tribunal Constitucional dará esta semana su apoyo a cuatro de los puntos más polémicos de la LOMCE, entre ellos la financiación pública de colegios que segregan por sexos o el tratamiento de la asignatura de religión.

Desgana porque nació en una época que ya ha pasado a la historia, la de la mayoría absoluta del PP. Impotencia porque el pacto educativo que se anunció a comienzos de legislatura ha naufragado y tanto Unidos Podemos como el PSOE han renunciado a seguir en la mesa de ese pacto.

Como fruto de la inanidad de esa mesa, los presupuestos para 2018 no incluyen financiación para la puesta en marcha del pacto educativo, y sí retórica en la memoria de los presupuestos, pero " no hay pacto si no hay financiación", zanja García Suárez.

En la casilla de salida queda la movilización, para la que CC OO se prepara sin mencionar aún las palabras "huelga educativa". Así lo explica el secretario general de esta federación: "No hay otra cosa que la Lomce, cualquier esperanza de que eso se acabara está en el alero".

Los autores del informe resumen que, nueve años después del comienzo de la crisis, los recortes han arrasado con las posibilidades de quienes menos tienen, eliminando programas de atención a la diversidad, dificultando la integración del alumnado con problemas de aprendizaje; generando, en definitiva, una educación de menos calidad y menos equitativa. 

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