Desigualdad
IMV: frustración ante la negativa del Gobierno a suspender el reclamo de deudas a familias vulnerables

El pasado 4 de junio, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicaba una comunicación que las personas afectadas por los pagos indebidos del ingreso mínimo vital llevaban tiempo esperando. Se trataba de la última réplica del gobierno de España a la reclamación colectiva interpuesta por el colectivo ATD Cuarto Mundo contra la gestión del ingreso mínimo vital, presentada justo dos años antes, el 4 de junio de 2024, y a la que ha seguido un intercambio de respuestas entre el demandante y el ejecutivo, siendo esta última contestación la segunda por parte del gobierno.

La reclamación colectiva, según recoge el organismo, acusaba al gobierno español de incumplir varios artículos de la Carta Social Europea, entre ellos el artículo 1 referente al derecho a trabajar, el 7 que garantiza el derecho de infancia y juventud a protección, el 13 sobre asistencia sanitaria y social, junto a otra serie de garantías referentes a la protección económica de las familias, los derechos de las personas con discapacidad a la independencia e igualdad social, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión, o el derecho a la vivienda. 

En su reclamación colectiva, ATD Cuarto Mundo cuestionaba los requisitos impuestos en la ley del IMV, considerando que vulneraban la Carta Social Europea otorgando cuantías insuficientes, o estableciendo límites de edad y de residencia. Además denunciaba los retrasos en las actualizaciones de la prestación, que han provocado la generación de miles de deudas relativas a cobros indebidos a personas vulnerables. Una situación que los demandantes esperaban al menos detener mediante la solicitud de medidas inmediatas que pusieran en suspenso el reintegro de cobros indebidos. 

Sin suspensión de deudas

La última réplica del gobierno está firmada una vez más por la Abogacía General del Estado en representación del gobierno. En la misma, publicada después de que el gobierno se acogiera a una prórroga, el gobierno aporta de nuevo dos informes, uno de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y otro por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en los que alegan “se abordan distintos de los aspectos que son tratados por la entidad reclamante en su escrito, incorporando diferentes explicaciones y efectuando numerosas aclaraciones y puntualizaciones a lo expuesto en aquel”. 

Junto a la remisión de los informes, el Gobierno traslada dos consideraciones: primero interpela al Comité a no “examinar, de una manera aislada, la prestación del ingreso mínimo vital. Por el contrario, debería tener en cuenta los distintos aspectos que determinan si una persona tiene, o no, un nivel de vida digno a los efectos de la Carta”. El escrito argumenta que ATD Cuarto Mundo no tiene en cuenta la existencia de otros instrumentos de protección social más allá del IMV.  

El gobierno defiende que el IMV “hasta la fecha ha alcanzado un notable resultado y está llamado a convertirse en un auténtico pilar en la cohesión social”

En un segundo comentario, el gobierno se defiende de “las críticas frontales al sistema vertidas por la entidad reclamante, tanto en relación con su configuración normativa, como en relación a su implementación en la práctica”. Para ello se escuda en que la prestación es de reciente introducción, y que apuntaba a fortalecer unas políticas de protección social fragmentada en las rentas mínimas de cada comunidad autónoma, en un contexto de pandemia.

El gobierno destaca la inversión de la que se ha dotado al IMV, junto a los datos acumulados: “Desde junio de 2020 esta prestación ha protegido a más de 2,5 millones de beneficiarios. El desembolso total de las nóminas del ingreso mínimo vital desde su puesta en funcionamiento ha sido de cerca de 20.000 millones de euros”. El texto argumenta que desde su aprobación la regulación ha atravesado distintas modificaciones, y que su gestión ha mejorado a lo largo de los años gracias al seguimiento realizado por diversos actores.

Aunque la abogacía del Estado apunta a que se sigue trabajando en la mejora del sistema, defiende una herramienta que considera que “hasta la fecha ha alcanzado un notable resultado y que está llamado a convertirse en un auténtico pilar en la cohesión social”. Acto seguido, comunica que no atenderá la medida inmediata demanda por ATD Cuarto Mundo de que se suspendan cautelarmente todos los procedimientos de reclamo para el reintegro de cobros indebidos, aludiendo a que esta solicitud ya fue rechazada por el Comité, e impugnando en base a argumentos formales que la organización vuelva a solicitar esta medida.

“Las entidades reclamantes confían en que el Comité adopte una decisión de fondo que permita corregir los incumplimientos denunciados”

Una nueva decepción

El pasado 10 de junio, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y ATD Cuarto Mundo expresaban su decepción ante la respuesta del gobierno. “Las entidades reclamantes confían en que el Comité adopte una decisión de fondo que permita corregir los incumplimientos denunciados y, en su caso, sirva de base para exigir su aplicación efectiva”.  En su escrito de respuesta las entidades destacan una vez más “la gravedad de la exigencia de devolución de cobros indebidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con riesgo incluso de embargo de sus viviendas”. El reclamo de deudas hasta con cuatro años de dilación respecto a cuando se generaron los cobros indebidos, “agrava la inseguridad jurídica y el impacto social sobre hogares ya castigados por la precariedad”, señalan en su comunicado. 

Las entidades explican una vez más que la generación de estas deudas se deben a disfunciones en la gestión del ingreso, y no a la actuación de las personas afectadas.  En este sentido, recuerdan que Asturias ha abierto la vía para la exoneración de estas deudas en los casos que sean producto de un error administrativo. “Los colectivos firmantes rechazan que el Gobierno afirme no haber sido interpelado sobre esta cuestión, cuando precisamente el procedimiento de reclamación colectiva existe para que los Estados respondan a las denuncias formuladas por la sociedad civil”, lamentan.

Los colectivos recuerdan asimismo que han aportado al proceso datos de distintas entidades públicas como el AIReF, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo que sostienen la urgencia de suspender los cobros de deuda y someter al sistema a revisión. Así, califican a la posición del gobierno como “insuficiente y alejada del sufrimiento de miles de familias”, y le reprochan esquivar las cuestiones de fondo y no aportar soluciones a quienes afrontan la reclamación de deudas que no pueden asumir.  “Más allá de esta controversia concreta, la reclamación colectiva pone en cuestión el modelo actual de rentas mínimas y exige una revisión profunda de la política de ingresos garantizados para asegurar condiciones de vida dignas, sin exclusiones ni penalizaciones injustas”, concluye el documento. 

Las personas afectadas interpelan al presidente

Un día después de que se publicara la respuesta del gobierno, el 5 de junio, la Plataforma de Personas Afectadas por el Ingreso Mínimo Vital llamaba a organizarse en una acción colectiva: el envío de una carta al mismo Pedro Sánchez para recordarle la situación que enfrentan miles de familias en situación de pobreza en todo el estado que han recibido cartas reclamándoles miles de euros en concepto de reintegro por cobros indebidos de IMV, en la mayoría de los casos debidos a la tardanza de la administración en actualizar las cuantías, o a duplicidades entre rentas mínimas e IMV derivadas de la gestión de las prestaciones.

Así, en su llamada a la acción, la Plataforma de personas afectadas por el IMV apuntaba: “No queremos que [Sánchez] reciba solo una carta del colectivo. Queremos que reciba nuestras historias. Queremos que vea cuánto hemos cobrado, cuánto nos reclaman y cómo estas deudas están afectando a nuestras vidas y a nuestras familias”. Para ello facilitaban a las personas afectadas los canales para interpelar directamente al jefe del ejecutivo, “en el mensaje pon cuánto cobraste, cuánto te reclaman y haz tu pregunta al Presidente del Gobierno”.

Junto a la exposición de cada caso, la plataforma invita a cada una de las personas afectadas a adjuntar una carta colectiva con el título: “Señor presidente: las familias afectadas por los cobros indebidos del IMV también forman parte de España”, en la que señalan a Sánchez que frente a su discurso público en defensa de la justicia social, el compromiso de que “nadie se quedaría atrás”, y la defensa del IMV como una garantía de protección a los sectores más vulnerables, “miles de familias en toda España viven una realidad muy distinta”.

La misiva, hace referencia a la reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, recordando que este “ha incluido expresamente los procedimientos de revisión y los cobros indebidos entre las cuestiones que merecen ser examinadas”, y que el problema que señalan no es anecdótico. “Existen familias que han recibido reclamaciones de miles de euros. Existen personas con discapacidad que viven con miedo a perder la única prestación que les permite subsistir”, apunta el colectivo en una enumeración de los perfiles afectados por deudas que no pueden pagar: pensionistas, gente que no llega a final de mes, trabajadores empobrecidos. 

Personas que comenzaron a trabajar y que, debido a una tardía actualización, se encontraron con miles de euros de deuda, familias monomarentales a las que se les dio la prestación de oficio sin solicitarla y años después se les reclamó, representan una parte relevante de los casos. “Su Gobierno se presenta como feminista. Sin embargo, una parte muy importante de quienes hoy soportan las consecuencias de los cobros indebidos son precisamente las mujeres a las que sus políticas afirmaban proteger”, argumentan. 

La Plataforma, que lleva años enfrentando casos en los que la resiliencia económica de familias vulnerables es puesta a prueba por reclamos de deuda que en muchos casos son judicializados, con el desgaste que esto implica en las personas afectadas, exige explicaciones a Sánchez. “Si el error es del sistema, ¿por qué la factura la pagan las familias? Si el objetivo era proteger a los vulnerables, ¿por qué tantos vulnerables han terminado atrapados en una situación de incertidumbre permanente? Si la prioridad era la lucha contra la pobreza infantil, ¿cómo se justifica que hogares con menores soporten reclamaciones económicas que pueden comprometer aún más su estabilidad?”, argumentan en su misiva.

“Las familias afectadas no somos un error estadístico. No somos daños colaterales. No somos expedientes”

Por último, afean al gobierno que conteste al Comité con “mensajes de éxito, cifras globales y campañas institucionales”, y aclaran que como colectivo no niegan que el IMV haya resultado positivo para muchas personas. “Lo que exigimos es que se reconozca también el daño causado a quienes han quedado atrapados por las deficiencias del sistema. Porque una política pública no se mide únicamente por sus aciertos. También se mide por cómo responde cuando perjudica a las personas a las que debía proteger”, concluyen, antes de exigir una serie de medidas. 

Transparencia en cuanto al número de expedientes de cobros indebidos, y en cuanto a las cantidades reclamadas y causas aducidas, y paralización de aquellas reclamaciones causadas por errores atribuibles a las administraciones, son las primeras acciones que la Plataforma exige. Además solicita la evaluación independiente del impacto de estas reclamaciones sobre las familias, la introducción urgente de medidas de protección para los hogares más vulnerables afectados, y que se abra el diálogo con las personas afectadas y los colectivos que las acompañan.

“Las familias afectadas no somos un error estadístico. No somos daños colaterales. No somos expedientes”, defiende la plataforma, que emplaza al presidente de gobierno a que asuma “la responsabilidad que le corresponde y decrete la condonación inmediata de estas deudas porque un verdadero Escudo Social no arruina a las familias que prometió proteger”. .