Renta básica
IMV: una campaña aborda el problema de los cobros indebidos que asfixia con deudas a miles de perceptores

“Campaña de participación en la audiencia pública abierta por el Gobierno para la modificación de la normativa sobre cobros indebidos”. El documento, que tiene este título, lleva unos días circulando: la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, un grupo en el que colaboran diversos colectivos de lucha contra la pobreza, intentaba así dar visibilidad a lo que puede ser una herramienta para afrontar una problemática que afecta a miles de personas perceptoras del ingreso mínimo vital que se ven obligadas a devolver altas sumas por la lentitud con la que la administración actualiza las cuantías que perciben. El plazo para participar en esta audiencia concluía ayer 14 de noviembre.

En los últimos años, son miles las cartas que están llegando a hogares que perciben el IMV, reclamando deudas generadas por el desajuste entre la cuantía que se percibe y la que realmente les corresponden. Así, los cambios en la unidad de convivencia o en la situación económica, aunque sean comunicados en plazo, pueden derivar en desajustes que, acumulados, se traducen en cantidades inasumibles por las familias, dada la tardanza de la Seguridad Social en considerarlos.

Las deudas por cobros indebidos, generadas en gran medida por la lentitud de la Seguridad Social en actualizar los datos de perceptores de IMV , se pueden traducir en recortes en estas prestaciones de hasta el 70%

Como recuerdan desde la Campaña, a causa de estos cobros indebidos, que los colectivos prefieren calificar como “pagos indebidos” porque se debe a un error de quien paga y no de quien cobra, se pueden traducir en recortes en prestaciones ya mínimas de hasta el 70%, acción que acaba “cronificando la situación de pobreza de las familias vulnerables a pesar de persistir la situación de necesidad que les obligó a pedir el IMV”.

Los colectivos que integran la Oficina Jurídica de Derechos Sociales ven esta audiencia pública como una oportunidad para mejorar el IMV, aún reconociendo que las problemáticas que afectan a esta ayuda, van más allá de esta cuestión en concreto, como señalan: “hasta ahora el Gobierno no ha sometido a consulta ninguno de ellos, a excepción del de los cobros indebidos, que por la cantidad de personas y familias a las que afecta, ha pasado a ser un problema social”, reza el documento.

Hontanares Arranz integra la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, esta trabajadora social y activista, explica que el tiempo para participar ha sido muy acotado: aunque el proceso de audiencia pública se haya abierto el pasado 20 de octubre, no supieron de esta posibilidad de participación hasta hace unos días, por suerte, explica, como llevan tiempo trabajando tanto en enmiendas y mejoras al IMV como en concreto, en cómo hacer frente al problema de los cobros indebidos que se ensaña particularmente con los perceptores de esta ayuda, ya tenían todas sus propuestas preparadas.

Campaña de participación en la audiencia pública abierta por el gobierno para la modificación de la normativa sobre cobros indebidos pic.twitter.com/tihQfd7Ky4

— IMV-Afectad@s (@ImvAfectados) November 10, 2023

La activista recuerda que la cuestión de los cobros indebidos es particularmente alarmante en el caso del IMV: “se da una discriminación porque con estas personas se permite algo que no permite la regla general, se puede reducir la prestación del ingreso mínimo vital hasta en un 70% de cada mes para poder saldar los cobros indebidos anteriores [para el resto de prestaciones no se puede exceder el 30% ]. Así, miles de personas quedan con el 30% de su prestación como únicos ingreso”.

Arranz reconoce que la reforma, tal como está planteada, introduciría algunas mejoras generales, pues el aplazamiento de pagos en caso de necesidad deja de ser discrecional y pasa a regularse, “con una serie de plazos hasta cinco años”. Pero persiste, desarrolla, la problemática de las personas cuya situación no les permite hacer frente al pago de la deuda, deuda en muchos casos generada por lentitud o error de la administración, por lo que desde la Oficina apuestan por la posibilidad de quitas y exoneraciones.

Por último Arranz recuerda que la gestión del IMV sigue siendo caótica, y que están registrando un atasco de trámites “generando un cúmulo de reintegros y de pagos indebidos”. Además, destaca algo que le parece particularmente grave: las deudas que se generan son “para todos los miembros de la unidad de convivencia, incluidos los niños, y de por vida, porque las deudas con la Seguridad social no caducan”.

“El actual tratamiento de los cobros indebidos derivados de prestaciones del IMV, está generando una bolsa muy elevada de personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza económica incursas en procesos de reclamación de deudas públicas”

Así, en el marco de la campaña, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales ha facilitado una carta tipo en la que se recogen las propuestas de mejora trabajadas durante estos años. Para empezar, en el documento se cuestiona que, si bien el gobierno presentaba este proceso de audiencia como una forma de abordar específicamente la problemática sufrida en el marco del IMV, el proyecto de reforma no “resuelve (ni aborda siquiera) de forma completa la situación diferenciada de estas prestaciones ni contempla un trato diferente en función de las exigencias del principio de igualdad ante la ley y sus exigencias de discriminación positiva”.

En la carta se afea la falta de reconocimiento de la gravedad de la situación generada de cobros indebidos, y se denuncia que tampoco se incluyen “las sugerencias efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y por el Defensor del Pueblo en sus informes sucesivos referidos a esta situación”. Ambas instituciones, como las entidades sociales, han sido muy críticas con los retrasos en la actualización y han reclamado al Ministerio mecanismos para evitarlas. En el documento también se señala que que la normativa choca con “la exigencia de continuidad de la prestación y suficiencia de esta mientras dura la necesidad que justifica una renta suficiente para personas en situación de pobreza” garantizada en el artículo 13.1 de la Carta Social Europea.

Y es que, recuerda el documento, mientras en el resto de prestaciones, se establecen tramos máximos de entre un 10 y un 30% de los ingresos percibidos para las devoluciones, en el caso de los y las perceptoras de IMV,  como señalaba Arranz, pueden ver reducida su prestación hasta en un 70% para la compensación de cobros indebidos. “No se entiende esta norma más gravosa y este trato discriminatorio para la población más desfavorecida”, apunta la carta.

“El IMV es más de lo mismo, o peor, porque encima te deja con una deuda”

Sarah Babiker

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Ingreso Mínimo Vital “El IMV es más de lo mismo, o peor, porque encima te deja con una deuda”

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A tres años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, los afectados se unen para denunciar la violencia institucional que sufren, mientras desde los colectivos de apoyo señalan prácticas particularmente lesivas para las personas perceptoras.

Anta esta situación, desde la Oficina se plantea la necesidad de introducir quitas y exoneraciones en casos de especial vulnerabilidad. También cuando los y las perceptores hayan comunicado en plazo el cambio de situación que modifica la cuantía y la administración no haya respondido en el plazo máximo de tres meses. O cuando estas deudas se generan por la concesión de oficio del ingreso mínimo vital transitorio realizada erróneamente por la administración. El documento también apunta a que las deudas prescriban a los cinco años, entre otras recomendaciones. 

En el documento se recuerda que “el actual tratamiento de los cobros indebidos derivados de prestaciones del IMV, (...) está generando una bolsa muy elevada de personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza económica incursas en procesos de reclamación de deudas públicas”. Algo que “ perjudica la lucha contra la pobreza que el Estado quiere pilotar y sitúa en peor situación a las personas más desfavorecidas, que recelan de una prestación tan inestable”.

Por último, en la campaña explicaban cómo introducir las propuestas de enmienda a través de la plataforma abierta para este fin por la administración e invitaban a una participación numerosa para poder presionar. La participación por esta vía telemática, sino imposible, explica Arranz, implicaba contar con cierta destreza digital, lo que ha podido dificultar que se sumen muchas de las personas afectadas, lamenta. No obstante, no se agotan aquí los esfuerzos desde los colectivos que buscan mejorar el IMV, la activista insiste en que van a usar todos los recursos a su alcance: “Estamos terminando de rematar una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales, en particular por el incumplimiento de la Carta Social Europea”.