Desahucios
Sin viviendas de alquiler para las personas vulnerables en Hernani

“Tenemos un derecho a la vivienda. Le tengo que enseñar a mi hija que tenemos ese derecho, que todos tienen el derecho, que todos valemos aquí y en cualquier parte. Pero, ¿cuál es la realidad? Que hay que salir”, señala Sandra Castillo. Ella llegó de Colombia hace 19 años y comenta que ha subido “varios escalones” desde entonces. “Soy una berraquera”, añade. Se trata de un término propio de la cultura colombiana y define a una persona “valiente y luchadora”, explica. El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha otorgado una última prórroga, hasta el 26 de mayo, a Sandra, a su hija, y a otras 13 familias afectadas. Llegada esa fecha, todas deberán dejar su apartamento dotacional en el barrio de Sagastialde, en Hernani.

Los apartamentos dotacionales de Sagastialde son para ayudar a jóvenes de entre 18 y 35 años a emanciparse y las estancias –según el Decreto 39/2008 sobre el régimen jurídico de viviendas de protección pública– no se pueden prorrogar más de 5 años.  No obstante, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del 26 de diciembre de 2019 también reconoce el derecho de adjudicación de estos apartamentos a “colectivos especialmente vulnerables”. Entre ellos, “familias monoparentales con dos hijos a cargo, víctimas de la violencia de género y unidades familiares en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral”. Las 14 familias afectadas de Sagastialde forman parte de estos colectivos.

“No puede ser, no puede ser…”, suspira Mari Carmen Sanchíz, otra de las vecinas del bloque. “No se preocupan de nada. Me dijeron que si quieres este apartamento bien y si no, fuera”, asiente. Enrique Riaño, activista de Stop Desahucios en Hernani, reconoce que las afectadas sabían que el contrato era de 5 años, pero denuncia que “no tenían otra opción” ya que “les amenazaron con la retirada de las prestaciones sociales y con borrarles de las listas de Etxebide sino aceptaban el piso”.

“Les amenazaron con la retirada de las prestaciones sociales y con borrarles de las listas de Etxebide”, señala Enrique Riaño, de Stop Desahucios Hernani

El pasado 8 de octubre, las 14 familias de Sagastialde, acompañadas por Stop Desahucios, realizaron una concentración en el Boulevard de Donostia en protesta por su situación y presentaron un escrito en la Delegación de Vivienda pidiendo una solución “digna y asequible” para sus necesidades. En ese escrito, Riaño comenta que insistieron en que los afectados no dejen sus apartamentos hasta tener una solución en la mano. “La respuesta ha sido a través de los medios, no es directa todavía. Nos han dicho que se iba a tener en cuenta el escrito y que de momento se prorrogarían los contratos debido a la pandemia. Además, hablan de 12 familias y nosotros somos 14, veremos a ver qué pasa con eso”, afirma Riaño. Por su parte, Sandra reitera que lo único que quiere es una solución. “Necesito que me llegue algo, una carta que me diga algo, porque vivimos en una incertidumbre tremenda”.  

Mari Carmen Sanchíz lleva tiempo jubilada y está “encantada” con su terraza. No le gusta mucho salir de casa, prefiere sentarse en su sofá, ver la televisión y cuidar sus plantas. Su hijo murió por COVID-19 el pasado mes de marzo y ahora, siete meses después, lucha por mantener su apartamento. “Juntábamos la paga de mi hijo y la mía y claro ahora me falta lo de él, que siempre lo digo, que aquí no estamos gratis”. A su lado, Yolanda Marcilla, responde con resignación, “la cuota es la cuota”. Yolanda aspiraba a ser fija en su puesto de trabajo, pero, por una baja por enfermedad, no la renovaron. Ahora está en paro y se ríe cuando comenta que sus muebles los ha sacado de la basura. “Yo estudié Bellas Artes y con una lija y unos barnices me las arreglo. Tengo un baúl chulísimo, a todo el mundo le encanta”, explica.

Un problema estructural

En la protesta de los vecinos de Sagastialde, Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa, denunció el ‘problema de fondo’ que existe dentro del parque público de viviendas de alquiler de Euskadi. En Europa la media del parque de vivienda es “tres o cuatro veces superior” al de Euskadi. Para Stop Desahucios Gipuzkoa, el parque público de vivienda de Euskadi necesita una “intervención más decidida” y los apartamentos dotacionales no dejan de ser “más que un parche”.

Según el Observatorio Vasco de Vivienda, en Euskadi existen 53.533 viviendas deshabitadas (5,1% del parque de vivienda total), de las cuales 15.149 (1,4%) llevan más de dos años vacías. En este sentido, el Gobierno Vasco puso en marcha diversas medidas, entre ellas, el Programa de Vivienda Vacía Bizigune y el programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre ASAP. Regulado por el decreto 466/2013, Bizigune persigue la captación de vivienda desocupada para su puesta en venta en el mercado a través del alquiler protegido. La gestión de este programa corresponde a la sociedad pública Alokabide que, a su vez, es la encargada de adjudicar estos pisos a las personas inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide). Por su parte, el programa ASAP, regulado por el Decreto 144/2019, busca facilitar que las viviendas de titularidad privada se incorporen al mercado de arrendamiento a un precio asequible. El parque público total de ambos programas es de 6.275 viviendas (0,59% del parque de vivienda total).

Actualmente, hay 55.468 personas inscritas en Etxebide (Yolanda y Mari Carmen llevan 14 y 10 años inscritas respectivamente) y 4.733 familias tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda. Este derecho, regulado por la Ley 3/2015 de Vivienda de Euskadi, tiene por objeto reconocer que “todas las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible”. El Observatorio Vasco de Vivienda, sin embargo, advierte que continúa aumentando el peso relativo de demanda con respecto al volumen total de vivienda protegida edificada y afirma que “no se han alcanzado” los objetivos establecidos en cuanto a la promoción de viviendas protegidas de entes locales y de la iniciativa privada. También señala que “no se ha avanzado” en la medida de incorporar más viviendas (12.780) al parque de alquiler a través de la rehabilitación y destaca que el parque de viviendas del programa ASAP sigue siendo “menor de lo deseado”. En 2019 se edificaron 733 viviendas en alquiler protegido cuando el objetivo fijado por el Departamento de Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco fue de 950. En suma, el parque de alquiler protegido total en Euskadi es de 23.594 viviendas, lo que supone el 44% del parque de vivienda total deshabitada.

En esta línea, Enrique Riaño, de Stop Desahucios Hernani, comenta que, si se quiere solucionar el problema del acceso a una vivienda, en los presupuestos de cada año se debería destinar “una partida de dinero considerable” a construir un parque público de vivienda “asequible”. Y urgente. “Hay que atender a 50.000 solicitantes de Etxebide, 50.000 solicitudes, familias, que esperan una respuesta”, insiste.

“50.000 familias solicitantes de Etxebide esperan una respuesta”, insiste Enrique Riaño

De momento, Alokabide ha reconocido el derecho subjetivo de vivienda a 7 de las 14 familias afectadas de Sagastialde, pero Sandra, Yolanda y Mari Carmen no están entre ellas. Riaño advierte de que más adelante vencerán todos los contratos. “Viene gente por detrás”, añade. “La idea es plantear una solución para este tipo de apartamentos. Es posible que podamos solucionar el problema de las personas que se quedan en la calle hoy, pero la gente sigue firmando contratos de 5 años. Y esto no se acaba”.