Desahucios
Silencio institucional ante el desahucio de cuatro familias valencianas

Lola, Ramón, Carmen, Vanesa, Carmen. Son solo cinco de las muchas personas que ven peligrar sus hogares con los próximos desahucios a la vista. “No es un problema de números, es un problema de personas, de familias”, enfatizan desde la La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Valencia). Familias en situación de emergencia, con salarios que no les permiten una alternativa habitacional y sin una red familiar que les acoja después de que fondos buitre les echen de su hogar. Personas afectadas por la “problemática de la vivienda”, un imprescindible en los programas electorales que lleva 12 años sin encontrar una solución institucional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Valencia), acompañada de familias afectadas por próximos desahucios, se ha personado ante Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, María José Català. Su objetivo: frenar los desahucios previstos para mediados de mes y presionar a las autoridades para la implementación de “soluciones reales”.

Las familias, cuyos desahucios están programados los días 15 y 16 de julio, llevaron consigo no solo sus historias, sino también un mensaje claro de desesperación: “Estamos en una situación límite y no vamos a soportar ninguna inacción”

Las familias, cuyos desahucios están programados los días 15 y 16 de julio, llevaron consigo no solo sus historias, sino también un mensaje claro de desesperación: “Estamos en una situación límite y no vamos a soportar ninguna inacción”. Pese a ello, ni la plataforma ni las personas afectadas obtuvieron respuesta y quedaron a las puertas de una reunión decisiva para el futuro de su vivienda. Ninguno de los dos llamados a reunirse con la plataforma cedió y, una vez más, las familias quedaron en la calle y sin soluciones.

Voces de lucha y desesperación

“Si el día 15 no lo consigo parar y no dan soluciones, ¿qué hago? ¿Me voy a la calle?”. Lola, madre de dos niñas de 7 y 3 años, enfrenta la posibilidad de quedarse sin hogar mientras lucha contra un desahucio inminente. Con 29 años no ha conseguido un piso ni de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) ni del Ayuntamiento de València pese a ser demandante de vivienda social desde hace años. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sí que respondió a la solicitud de intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València y paralizó su desahucio durante dos meses. La cohesión social también permitió paralizar el siguiente desahucio, pero las alternativas se agotan y el próximo 15 de julio Lola y sus dos hijas se enfrentarán al cuarto desahucio. “Los consigo parar, pero soluciones no tengo”, explica desesperada Lola.

Ramón, un hombre de 80 años que depende de la diálisis diaria para sobrevivir, y su esposa Carmen, de 75 años, están al borde de un desahucio con fecha programada para el 16 de julio

Entre los presentes también se encontraba Ramón, un hombre de 80 años que depende de la diálisis diaria para sobrevivir. Ramón y su esposa Carmen, de 75 años, están al borde de un desahucio con fecha programada para el 16 de julio. “Me han operado siete veces del colon y mi esposa tiene una prótesis en la rodilla. Que no nos amparen y nos dejen como animales en la calle es inhumano, no sé qué va a ser de nosotros”, lamenta el anciano que ve su futuro sin hogar.

En este contexto, Vanesa también hizo oír su voz durante las ruedas de prensa. Condenada junto a su marido por usurpación, enfrenta un desahucio inminente tras tres años viviendo en su hogar en Torrent. “Cobro unos 900 euros de la Renta Valenciana de Inclusión, tengo solicitadas en el ayuntamiento las viviendas como demandante de alquiler, en el EVah, y no me dan respuesta alguna”, explicó subrayando la falta de alternativas habitacionales para quienes se encuentran en situaciones críticas.

En Torrent también vive Carmen con sus tres hijos y su nieta de 6 meses. Pudo parar el desahucio en mayo y ahora está a la espera de una nueva fecha. Ahora, los cinco se encuentran en vilo y en riesgo de quedar sin hogar.

En manos de la Conselleria

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia se ha convertido en un símbolo de resistencia y solidaridad en la comunidad. Desde su creación, PAH Valencia ha trabajado incansablemente para proteger el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables, enfrentándose a fondos buitre, entidades financieras y a menudo a la indiferencia política.

Durante la última década, se ha visto un incremento significativo en el número de desahucios, impulsado en gran parte por la crisis económica de 2008 y la posterior recuperación desigual que dejó a muchas familias en una situación precaria

La problemática de la vivienda en el País Valencià no es nueva. Durante la última década, se ha visto un incremento significativo en el número de desahucios, impulsado en gran parte por la crisis económica de 2008 y la posterior recuperación desigual que dejó a muchas familias en una situación precaria. Una situación que no dudan en aprovechar los fondos buitre, a través de la compra de propiedades a bajo costo para luego aumentar los precios. Algo que ha exacerbado este problema, dejando a la ciudadanía más vulnerable sin opciones viables de vivienda.

Los sucesivos gobiernos autonómicos han prometido soluciones, pero la crisis habitacional sigue sin solución mientras las historias de desesperación se multiplican. Programas de vivienda social han sido implementados, pero la demanda supera con creces la oferta.

“Si los políticos no quieren ser cómplices directos de la continua especulación cruel contra la sociedad valenciana, han de mover ficha de una vez“, declaró José Luis González, portavoz de PAH Valencia

Es por ello por lo que la plataforma insiste en la implementación urgente de medidas como el Programa LlogAD, propuesto por la misma plataforma y destinado a evitar desahucios mediante la intervención de la Administración Autonómica y Local. Una propuesta aceptada, según PAH Valencia, por uno de los fondos buitre, Promotaria Coliseum, lo que constata que, en este sentido, solo quedaría la aceptación por parte de la Conselleria.

“Si los políticos no quieren ser cómplices directos de la continua especulación cruel contra la sociedad valenciana, han de mover ficha de una vez”, declaró José Luis González, portavoz de PAH Valencia. En palabras de González: “Lo que demandamos es que el problema de la vivienda se desvanezca de las estrategias políticas, se convierta en una prioridad fundamental y también se desvanezca de relatos fáciles”.

Construcción de vivienda social, regulación del mercado de alquiler, protección contra los desahucios y apoyo a las familias más vulnerables son algunas de las demandas que incluyen un enfoque más amplio

El Programa LlogAD (Lloguer de Administraciones Públicas) propuesto por PAH Valencia tiene como objetivo principal frenar la emergencia habitacional. Inspirado en programas similares de otras comunidades autónomas, LlogAD pretende evitar la pérdida de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad. Una de las características básicas del programa es la titularidad pública. La Administración asumiría la titularidad de los contratos de alquiler, subrogándose en los mismos para familias sin alternativa habitacional. Fundamentado en la legislación valenciana y estatal, así como en la Carta Social Europea y tratados internacionales, la Generalitat pagaría la renta a la propiedad, mientras que los arrendatarios abonarían una parte de la renta sin que esta exceda el 25% de sus ingresos. Para ello, se requeriría previsión presupuestaria y exploración de fondos como los EDUSI y los ETIs.

Las historias de Lola, Vanesa, Ramón y Carmen son solo algunas de las muchas que ilustran la necesidad urgente de una política habitacional integral en el País Valencià. La implementación del Programa LlogAD es una medida crucial, pero no suficiente por sí sola. Construcción de vivienda social, regulación del mercado de alquiler, protección contra los desahucios y apoyo a las familias más vulnerables son algunas de las demandas que incluyen un enfoque más amplio. Medidas que requieren de voluntad política, colaboración interinstitucional y una inversión significativa de recursos para garantizar la dignidad de todos los ciudadanos. La vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental y la sociedad valenciana espera respuestas y acciones concretas para resolver una crisis que afecta a los más vulnerables. "Si la justicia solo es para ellos y para el necesitado no hay, entonces, ¿dónde está la justicia de España?”, pregunta con indignación Ramón al analizar su situación.