Desahucios
Un fondo buitre quiere desahuciar a una inquilina de una vivienda protegida de Collado de Villalba

Como una mala broma, el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, Mari Ángeles de 70 años y con discapacidad va a ser desahuciada. A pesar de su edad, sigue trabajando para pagar el alquiler de su casa en Villalba, una vivienda protegida gestionada por el fondo buitre Lazora. El fondo se niega a renovarle contrato y, por tanto, quiere desalojarla el próximo martes. “No vamos a permitir que los recursos públicos destinados a vivienda social se pongan al servicio de la especulación inmobiliaria”, afirman desde la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba. Llaman a concentrarse en la calle Peñalara 4 a partir de las 9.30h para impedir el desahucio.

La historia de Mari Ángeles comienza quince años atrás. En 2005, el Ayuntamiento de Villalba presentaba el Plan de Vivienda Municipal 2003-2007 con 116 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. El gobierno municipal prometió en aquel entonces que el alquiler de esas viviendas no superaría en 25 años los 300 euros, pero esa promesa quedó incumplida en poco tiempo.

Estas viviendas protegidas se construyeron en terrenos municipales por el grupo Larcovi y pasaron a ser propiedad de la inmobiliaria Lazora, uno de los grandes caseros de vivienda en alquiler, y dueña del fondo de inversión Encasa Cibeles. El entramado financiero que se quedó con estas viviendas, no solo subió el precio de los alquileres sino que obligó a los inquilinos a pagar el IBI, introduciendo además algunas cláusulas que el propio Ayuntamiento denunció en 2008.

“Lo mío no es por falta de pago, sino porque el fondo Lazora considera que con mi sueldo no puedo pagar todo lo que ellos piden”, asegura la vecina de Villalba

En 2006, Mari Ángeles entró a unos de esos pisos protegidos mediante sorteo entre personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces las frecuentes subidas de alquiler hicieron inasequible la vivienda. La mujer se vio obligada a rechazar por insuficiente una prestación que recibía y más adelante la pensión que por edad le correspondía y tuvo que buscarse un trabajo. Aun y con ello, esta septuagenaria que no dejó de pagar ni un solo mes, no pudo asumir los 567 euros que Lazora le imponía con la última renovación del contrato prevista para marzo de 2020, pocos días después de decretarse el estado de alarma por la pandemia de covid 19. “Lo mío no es por falta de pago, sino porque Lazora considera que con mi sueldo no puedo pagar todo lo que ellos piden” asegura la vecina de Villalba.

Al estar ya sin contrato de alquiler, Lazora la demandó. Mari Ángeles en su precaria situación solicitó justicia gratuita, pero el abogado de oficio que le tocó dio por imposible la defensa de su caso ante el fondo buitre y desistió de defenderla. Desde Servicios Sociales le recomendaron acercarse a los colectivos de defensa del derecho a la vivienda, así fue como la Asamblea de Vivienda de Villalba retomó su caso y la acompañarán en este proceso para evitar el desahucio del 8 de marzo.

“¿Cómo se le puede llamar 'protegida' a una vivienda de la que quieren desahuciar a una mujer trabajadora de 70 años con discapacidad?”, se preguntan desde la Asamblea de Vivienda de Villalba

“¿Cómo se le puede llamar 'protegida' a una vivienda de la que quieren desahuciar a una mujer trabajadora de 70 años con discapacidad?”, se preguntan desde la Asamblea a la vez que subrayan el fracaso de las políticas de vivienda social bajo la supuesta colaboración público-privada que deja indefensos a sus inquilinos ante la intervención de los fondos buitres. “Mari Ángeles fue beneficiaria de un Plan Municipal de Vivienda, pero terminó siendo una víctima más de la especulación inmobiliaria”, señalan.

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba recuerdan que no es la primera vez que desahucian de unas viviendas similares: “En 2016, fue el mismo entramado financiero quien desahució en las viviendas de protección oficial de Los Valles, construidas dentro de la misma promoción. Se demostró, además, que estas 44 viviendas de los Valles fueron vendidas ilegalmente por la Comunidad de Madrid en 2013, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

“Lo que no se puede consentir es que estos fondos buitres nos pongan de patitas en la calle a gente trabajadora, gente humilde, que no somos morosos, que con nuestros sueldos no podemos pagar los caprichos de ellos, ¡ya está bien!” declaraba Mari Ángeles en un entrevista radiofónica. A escasos días del desahucio Mari Ángeles se encuentra sin alternativa habitacional y espera que la solidaridad de vecinos y vecinas paren este despropósito.

🤬 El 8M el fondo buitre Lazora quiere desahuciar a Mari Ángeles, con 70 años y discapacidad. Vive sola y nunca faltó a un pago. Sigue trabajando para pagar su mal-llamado "alquiler social", que no quieren renovarle

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— Asamblea de Vivienda de Villalba (@VillalbaViviend) March 2, 2022