Derechos Humanos
Idan Ofer, accionista del Atlético: del fósforo blanco a la destrucción del medio ambiente en Catalunya

“Pacifista”, “filántropo”, “optimista, modesto, comprometido con la paz”. Son los adjetivos que distintos medios españoles dedican a Idan Ofer, el magnate israelí que, a través de su conglomerado de empresas Quantum Pacific Group, se ha hecho con el 32% del club de fútbol Atlético de Madrid después de haberle comprado su participación al Dalian Wanda Group. En noviembre, Ofer ya había adquirido el 15% de las acciones del club por 50 millones de euros.

Pero un vistazo sobre la actividad de sus empresas y sobre su fortuna dan otra visión del magnate del transporte, la energía, los recursos naturales, la tecnología médica o el automovilismo. Con una fortuna de 3.600 millones de dólares, es el séptimo empresario más rico de Israel, aunque llegó a ser el primero en 2012. El traslado de su residencia a Londres en 2013 supuso una sustancial rebaja de impuestos para el empresario en Israel.

El nombre de Idan Ofer aparece en los Papeles de Panamá como propietario y director de dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y también en los Papeles del Paraíso

Ofer es el accionista mayoritario de Israel Corporation, de Pacific Drilling y de Kenon Holdings, fundador de Tanker Pacific, la mayor empresa de barcos petroleros del mundo, y director de Quantum Pacific Group. Precisamente este conglomerado, que ha comprado un tercio del Atlético, tiene su sede fiscal en Guernsey y otros paraísos fiscales que las grandes fortunas y empresas suelen utilizar para evadir impuestos en sus respectivos países.

De hecho, el nombre de Idan Ofer aparece en los Papeles de Panamá como propietario y director de Joleam Ltd. y de Compass Aviation Ltd., registradas en 2009 y en 2008, respectivamente, en las Islas Vírgenes Británicas. Por otro lado, el Fisco israelí está investigando a Ofer por su vinculación con Waylawn Limited, de la que fue accionista entre 2004 y 2006 y que también aparece en los Papeles de Panamá registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El nombre de Ofer aparece igualmente en los Papeles del Paraíso. Otra de sus empresas, Pacific Drilling, dedicada a la extracción de gas y petróleo en el mar, tiene su sede fiscal en Luxemburgo, y opera en el Golfo de México, Nigeria o Brasil, donde ha firmado contratos con las petroleras Total, Chevron o Petrobras.

Israel Chemicals, el fósforo blanco y la ocupación de Palestina

Los medios dicen de él que “ofreció su compromiso a hacer todo lo posible para la firma de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos” o que “abogó por la paz en Palestina”, en referencia, entre otras cosas, a la delegación israelí que encabezó en 2011 y que fue recibida en Ramala por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Lo que Ofer sí parece buscar, según se desprende de sus propias declaraciones, es una estabilidad propicia a sus negocios. "Podemos participar en muchos proyectos aquí, de agua, gas e industriales. Como hombre de negocios, hago todo lo posible para mejorar las relaciones entre mis empresas y las empresas palestinas". Pero Ofer advirtió esos mismos días al primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, de que si no evitaba una declaración unilateral de independencia por parte de Palestina en la ONU, esto dañaría los intereses de las empresas israelíes. “La gente no ve el lado económico de la catástrofe que se nos viene encima”, dijo Ofer según varios medios israelíes.

En cualquier caso, a través de Quantum Pacific Group, Ofer controla, como accionista mayoritario, Israel Corporation, el mayor conglomerado de empresas de Israel, cuyo negocio gira en torno al transporte, la automoción y la energía, y a través de esta, la compañía de fertilizantes y químicos Israel Chemicals (ICL).

ICL Performance Products, subsidiaria de Israel Chemicals, ha firmado diversos contratos, al menos en 2008, 2010, 2011 y 2013, con el Ejército estadounidense para la fabricación de fósforo blanco destinado a proyectiles de artillería de 155 mm, un arma química incendiaria que los estadounidenses han utilizado en varias ocasiones en Iraq y que provoca gravísimas quemaduras e incluso la muerte. Israel utilizó durante la Operación Plomo Fundido proyectiles de fósforo blanco de 155 mm comprados a Estados Unidos y que mataron a numerosos civiles.  

ICL Performance Products, subsidiaria de Israel Chemicals, ha firmado diversos contratos, en 2008, 2010, 2011 y 2013, con el Ejército estadounidense para la fabricación de fósforo blanco destinado a proyectiles

“La empresa ICL es cómplice de la militarización del conflicto en Oriente Próximo, aprovecha el conflicto para el beneficio empresarial y contribuye negativamente a encontrar una solución pacífica y justa del conflicto”, afirma un informe sobre esta empresa del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas Norte de África y Oriente Medio publicado en 2017.

ICL no solo produce y vende fósforo blanco, sino que “es además un defensor y abierto promotor del Ejército de Israel”. Así por ejemplo, a través de su programa 'Adopt a Soldier', ICL 'adopta una unidad de IDF [Fuerzas de Defensa de Israel] y le proporciona apoyo financiero para proyectos y actividades concretas. Desde 2014 hace donaciones anuales de 23.133,15 euros”. Además, la empresa promociona actividades conjuntas con el Ejército israelí, “incentivando a partir de programas internos la incorporación de oficiales y soldados a la empresa”, y financia el Lone Soldier Center de Beersheva, “un centro dedicado a apoyar a los soldados sin familia directa en Israel [...], el 80% de estos eligen participar en unidades de combate”. Se calcula que hay más de 5.000, cuyas nacionalidades de origen son Rusia y Estados Unidos, según denuncia este informe.

Por otro lado, ICL Fertilizers apoya el Bedouin Desert Reconnaissance Battalion, e ICL-Industrial Products apoya el Batallón Rimon y a la Brigada Givati, que ha participado en “la mayoría de confrontaciones bélicas en Palestina, entre ellas la destrucción de varios pueblos palestinos durante la Nakba o la invasión y posterior masacre del campo de Jenin en el año 2002”, continúa el informe.

Desastre medioambiental en Catalunya

ICL tiene una gran implantación en Catalunya a través de su subsidiaria ICL-Iberia, conocida como Iberpotash, que se dedica a la extracción, tratamiento y comercialización de sales sódicas y potásicas. Iberpotash nació en 1998 con la compra por ICL de Potasas de Llobregat y Súria. Su actividad minera ha generado un gran impacto en el territorio. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la licencia ambiental de Iberpotash concedida por la Generalitat en 2008 y que permitía a la empresa verter sus residuos salinos en el Cogulló. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, “la gestión de las minas de Sallent y los escombros salinos por parte de la empresa israelí había provocado la salinización de ríos, pozos, fuentes, torrentes y acuíferos de toda la comarca”.

Esta degradación medioambiental “ha repercutido muy negativamente en una región con gran actividad ganadera y de agricultura de regadío. Además, también se ha reconocido el riesgo que esta situación conlleva para las personas, ya que se han encontrado también cloruros y metales pesados de gran toxicidad”. La salinización del río Llobregat, que abastece a gran parte de la ciudad de Barcelona y alrededores, ha provocado también una deuda de más de 300 millones de euros a la Agencia Catalana del Agua.

"Se ha reconocido el riesgo que esta situación conlleva para las personas, ya que se han encontrado también cloruros y metales pesados de gran toxicidad”, señala un informe sobre la actividad de ICL en Catalunya

En septiembre de 2015, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Iberpotash y la Generalitat y confirmó la anulación de la licencia ambiental concedida a la empresa. Esta sentencia prohibió que la empresa siga operando en el Sallent y decretó el cierre de la escombrera salina del Cogulló para junio de 2017, aunque llegada esta fecha el TSJC le concedió una moratoria hasta finales de 2018, prorrogable un año más. Dos meses después de la sentencia del Supremo, la Generalitat firmaba un convenio con la empresa para “garantizar el futuro de la minería”, la autorizaba a seguir vertiendo hasta junio de 2017 y y le daba hasta el año 2065 para restaurar completamente el entorno natural destruido.

En noviembre de 2017 llegaba el último varapalo judicial, con la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación presentado por esta empresa contra una sentencia del TSJC que consideraba que el depósito salino no se ajusta a la legalidad urbanística. 

Sin embargo, tras estas sentencias negativas, la empresa ha lanzado el proyecto industrial Phoenix, por la que invertirá en el desarrollo de infraestructuras como una terminal de carga del puerto de Barcelona. “Las diversas sentencias, en las que la empresa ha ido de la mano de la Administración catalana, no han repercutido en la estrecha colaboración de la empresa ICL con la Generalitat”, dice el informe. 

La Comisión Europea exige medidas

Iberpotash también está en el punto de mira de la UE. En agosto de 2017, tras una investigación de año y medio por parte de la Comisión Europea, esta decretó que la empresa había recibido un trato de favor frente a otras empresas al recibir ayudas millonarias del Estado español para mitigar el daño medioambiental que estaba provocando en Catalunya, y obligó a la empresa a devolver 5,8 millones de euros de estas ayudas ilegales según la legislación europea. 

Tan solo cinco meses después, el pasado 26 de enero, la Comisión Europea ha vuelto a la carga y ha dictaminado que la actividad extractiva de ICL Iberia en Súria y Sallent sigue provocando “graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa”, y da dos meses al Gobierno español para que indique si ha tomado las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua. De lo contrario, la Comisión elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Negocio de la energía en América Latina

El pasado mes de noviembre saltaba la noticia de que Kenon, también propiedad del magnate israelí, venderá los activos de su filial IC Power en América Latina y el Caribe por 1.200 millones de dólares. IC Power, cuya casa matriz está en Israel, ha actuado en los últimos años en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú, donde se hizo con el control de diversas empresas distribuidoras de electricidad, empresas energéticas, proyectos de parques eólicos, termoeléctricas, hidroeléctricas o centrales de gas natural.

Algunos de sus proyectos, como el de una central termoeléctrica Los Rulos, en Limache (Chile), generaron una fuerte oposición por parte de las comunidades vecinas, que denunciaban en abril de 2017 que “la empresa no cumple los estándares legales para que a la población se le garantice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en una zona que fue decretada además por la Gobernación como zona de escasez hídrica”.

“IC Power es una empresa que forma parte integral del andamiaje de ocupación militar del régimen israelí, operando incluso en las colonias ilegales del Territorio Palestino Ocupado, lucrando del robo de recursos naturales y contaminando y afectando el bienestar ecológico del pueblo palestino", decía en febrero de ese año la Federación Palestina de Chile en un comunicado en el que se oponía también al proyecto de termoeléctrica de Limache.