Crisis energética
Partidos y organizaciones demandan al PSOE un nuevo escudo social ante la crisis provocada por la guerra

Era previsible y ha ocurrido. El barril de petróleo ha superado la barrera de los 100 dólares y nada indica que la escalada de precios y las consecuencias en la economía mundial se vayan a detener. 

Los mercados han entendido la designación de Mojtaba Jameneí y la capacidad iraní de atacar países vecinos con drones y misiles como la confirmación de los peores temores de una guerra larga y costosa, sobre todo para Europa y los mercados asiáticos dependientes del gas y el petróleo del Golfo Pérsico. 

En España, las consecuencias no han tardado en dejarse sentir. En solo una semana, el precio del litro de diésel ha subido 33 céntimos de media, un incremento del 22%. La gasolina ha experimentado, por ahora, un crecimiento menor: una subida del 11,1% desde el lunes 2 de marzo, según la web de la organización de consumidores Facua para monitorizar el precio medio de los combustibles en España. 

Según el portavoz de esta organización, Rubén Sánchez, la subida obedece sobre todo a la intención de “cinco o seis gasolineras” de “sacar tajada” de la situación de crisis provocada por la guerra. Según explicó Sánchez en una rueda de prensa este 9 de marzo, el combustible vendido en las estaciones de servicio fue adquirido antes del inicio de los ataques, por lo que el incremento “descomunal” del precio de los combustibles es “puramente especulativo”, denuncia. 

Facua señala a Repsol como la gasolinera que ha subido más el precio del gasóleo en la última semana, con un esquema ya clásico que combina el “efecto cohete”, por el que las gasolineras transmiten los aumentos en el precio de forma automática; y el “efecto pluma”, por el que las estaciones de servicio retrasan, cuando corresponde, bajar los precios “con el argumento de que compraron la gasolina mucho más cara”, explica Sánchez.

Desde Facua recuerdan que el Gobierno hubiera podido “frenar de inmediato” esta escalada de precios si el Congreso no hubiera derogado el decreto que permitía establecer topes de precio en situaciones de emergencia

El precio del gas también se ha disparado, concretamente un 30% hasta rozar los 70 euros el megavatio hora (MWh). El precio de la electricidad ha subido entre el 57,6%, en el tramo valle, y un 29%, en el horario punta, el más caro del día, según cifras de Facua. Con esos precios, según la OCU, la factura mensual media de millones de hogares pasará de 60 a 80 euros mensuales. Esta organización de consumidores advierte de una nueva crisis energética: “Cuando bajen las reservas de agua de los pantanos y las compañías no se vean obligadas a desembalsar y a ofertar así electricidad a precios bajos, las consecuencias de la subida del gas se notarán más”.

Desde Facua recuerdan que el Gobierno hubiera podido “frenar de inmediato” esta escalada de precios si el Congreso no hubiera derogado el pasado 25 de febrero el decreto que permitía  establecer topes de precio en situaciones de emergencia. Los votos de PP, Vox y Junts permitieron tumbar esta medida propuesta por el Ministerio de Consumo y Derechos Sociales de Pablo Bustinduy. Esta organización que nuclea a más de 200.000 consumidores demandó el pasado viernes en una carta dirigida al Gobierno que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar una ley en este sentido y que “cada partido se retrate”. 

Hacia un nuevo escudo social

En un artículo publicado en El Diario, el ministro Bustinduy señalaba la necesidad de pasar del “no a la guerra” de Pedro Sánchez a acciones concretas: “Es hora de traducir este compromiso en cosas concretas: garantizar que la cesta de la compra y la energía no se conviertan en un foco de especulación, doblegar las resistencias dentro del Gobierno para intervenir el mercado de la vivienda”.

El 4 de marzo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaraba en TVE que el Gobierno estaba estudiando lanzar un paquete de medidas para paliar los efectos sociales de la guerra en España, un nuevo escudo social similar al lanzado tras el inicio de la guerra de Ucrania: “Si vemos que acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”. Las medidas apuntadas por Cuerpo iban encaminadas a reducciones fiscales vinculadas a la energía, una línea de actuación “insuficiente” para Rubén Sánchez, para quien una bajada de impuestos solo serviría para “maquillas cifras” y para “renunciar a una recaudación necesaria” en épocas de crisis sin tocar “los márgenes de beneficio” de las grandes energéticas. “No solo queremos pagar menos sino que las empresas que están inflando beneficios no lo puedan seguir haciendo”, dice.  

“Ya estamos notando esa falta de plan B. Nos están entrando avisos de desahucios en todo el Estado, no solo en los sitios más tensionados”, dice Paco Morote,  portavoz de la PAH

Los socios parlamentarios de izquierda también presionan al PSOE para que estas medidas no se limiten a ayudas fiscales puntuales. El principal socio del Gobierno, Sumar, ha instado al PSOE a que despliegue “con carácter urgente e inmediato” un escudo social “que proteja a la gente”, según la portavoz de la organización, Lara Hernández. Proponen rescatar el impuesto a las energéticas, intervenir el mercado eléctrico, recuperar la excepcionalidad ibérica y limitar los precios de la energía y de los alimentos. Hernández también mencionó la necesidad de ampliar el alcance del bono social eléctrico y de las bonificaciones para las profesiones que dependen del precio de los combustibles. “Los gobiernos existen para que en momentos así se proteja a la ciudadanía”, declaró este lunes. Además de recuperar el descuento en la gasolina, como en 2022, Sumar propone prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año.

Diversos integrantes del Gobierno han confirmado a la prensa que este paquete de medidas está en marcha, aunque no hay fechas concretas. Podemos, por su parte, plantea registrar una iniciativa legislativa en el Congreso con una batería de medidas que van desde un cheque energético para familias con ingresos inferiores al SMI, los topes a la luz y el gas o la prohibición de cortes de suministro.

La presión también viene del movimiento de vivienda, que pide incluir la moratoria de los desahucios en el nuevo escudo social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) critica que “la reacción del Gobierno al voto en contra de la derecha a mantener el escudo social ha sido no hacer nada”. Desde la PAH recuerdan que se trata de una medida “insuficiente”, que solo protege a uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables y que se ha ido renovando agónicamente año a año provocando “sufrimiento añadido a las familias vulnerables por la incertidumbre de la renovación”.

En conversación con El Salto, el portavoz de la PAH, Paco Morote, defiende la necesidad de medidas urgentes para evitar la crisis humanitaria que se cierne sobre 70.000 familias. “Ya estamos notando esa falta de plan B. Nos están entrando avisos de desahucios en todo el Estado, no solo en los sitios más tensionados. Esto va a ser un drama tremendo”. Unido a los desahucios invisibles o “no tan invisibles, porque la gente va a luchar por quedarse”, la situación puede llegar a recordar a los “peores años de la crisis” de 2008. “El Gobierno tiene que intervenir, no le queda otra”, concluye.

A la oleada de desahucios vinculados con el fin de la moratoria se le suma la situación de más de 600.000 familias cuyos contratos finalizan este año y deberán afrontar subidas del alquiler superiores al 50%. Hasta ahora el Gobierno no ha tomado medidas al respecto, más allá de una criticada promesa fiscal a los caseros que mantengan el precio por debajo del índice de referencia estatal.

Por su parte, ERC, EH Bildu y BNG proponen un escudo social permanente que incluya la moratoria antidesahucios, la prohibición de cortes de suministro, entre otros. La negativa de Junts y el PP de apoyar cualquier nuevo escudo social que incluya la moratoria de los desahucios puede llevar a que todo este hipotético escudo social 2.0 naufrague cuando llegue al Congreso o que el Gobierno recurra a trocear aún más las medidas, aunque esto signifique el desahucio de casi 70.000 familias.

La presión también viene de la derecha. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido trabaja en un “plan de emergencia energética” para proteger a las familias de la “pésima política internacional” y frente a los “eslóganes” del presidente del Gobierno. Entre las medidas propuestas por Feijóo destacan una bajada al 10% el IVA de la luz —hoy está en el 21%— y doblar la deducción por hijo en el IRPF.