Derecho a la vivienda
La propuesta del PSOE para premiar a los caseros que congelen los precios se desinfla

La propuesta del Gobierno de aumentar al 100% la bonificación para los caseros que decidan congelar los precios no tiene posibilidades de prosperar después de que Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu hayan mostrado un rechazo total a la medida. Algunos de ellos, como ya han anunciado, votarían contra del real decreto, aun cuando este contenga otras disposiciones que apoyan y que llevan años defendiendo, como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

La oposición parlamentaria de izquierda y los sindicatos de inquilinos, pero también los ministros de Sumar en el Gobierno, rechazan la iniciativa porque no creen que vaya a funcionar: los caseros preferirán seguir aumentando los precios a acogerse a esta medida. Y, en el caso de que funcione, según denuncian, supondría un trasvase de varios miles de millones de euros de dinero público hacia las rentas más altas. 

Según un informe hecho público por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo este 13 de enero, el ingreso medio de los caseros es un 82% superior al de la población que alquila. En algunas comunidades, declaró el ministro Pablo Bustinduy a la prensa, la renta de los propietarios es el doble que la de los arrendatarios. En un contexto de crisis de vivienda, dijo el ministro, el Estado debe destinar los recursos públicos a quienes sufren los efectos de esta crisis, no a los propietarios que decidan no subir unos precios que “todavía están en máximos históricos”. Bustinduy dejó claro que Sumar no apoyará el decreto si mantiene la bonificación del 100%: “Hay que utilizar los recursos públicos para aliviar la situación que están viviendo millones de familias trabajadoras en este país. Nosotros estamos en una posición de decir que no y basta”. 

Sumar defiende una prórroga automática de tres años de todos los contratos que vencen en 2026 y 2027, una medida que beneficiaría a unas tres millones de personas

En contraste con el plan del Gobierno, Sumar defiende una prórroga automática de tres años de todos los contratos que vencen en 2026 y 2027, una medida que beneficiaría a unas tres millones de personas que se enfrentan a subidas del alquiler de entre el 30% y 50%. “El único perjuicio que podrían alegar es el de aquellos que hayan calculado que podrían de golpe y unilateralmente subir un 30%, un 40% o un 50% el precio de las casas donde viven las familias trabajadoras en España”, declaró Bustinduy.

Ante las dudas sobre la constitucionalidad de una prórroga automática, el ministro respondió que el Gobierno de coalición ha aplicado moratorias semejantes en ocho ocasiones desde 2020, sin que el Tribunal Constitucional haya emitido veredictos contrarios. Para Bustinduy, la magnitud de la crisis de vivienda justifica una “intervención de urgencia” similar a la realizada en tiempos de la pandemia o con la crisis provocada por la guerra de Ucrania avalada también por las competencias que tiene el Estado central para legislar sobre los arrendamientos urbanos. 

Según el ministro, Sumar ya está presionando para eliminar esta propuesta del real decreto, aunque por ahora solo ha conseguido que el PSOE matice la propuesta aclarando que el aumento de las bonificaciones serán paulatinas “hasta llegar al 100%”. Sumar no apoyará un real decreto que mantenga estas ventajas fiscales: “Esta medida no va a contar con nuestro apoyo de ninguna de las maneras”, dijo Bustinduy.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, confirmaba en una entrevista este 14 de enero en TVE que negociará con el PSOE un acuerdo que no incluya “regalos fiscales a caseros”. La vicepresidenta y ministra de Trabajo habló de lo que está en juego si el Gobierno no consigue reaccionar ante esa “fábrica de desigualdad” en la que se ha convertido la vivienda: “Sería lo mismo que abrirle la puerta de La Moncloa a Vox”.

“La única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero”. Irene Montero aclaró que Podemos “votará en contra” de la ley en cuanto el Gobierno la traiga al Congreso

El Gobierno tampoco contará con el voto de Podemos si presenta la propuesta tal como ha sido formulada. “La política en materia de vivienda de este Gobierno no tiene perdón. Las calles tienen que arder de movilización social”, denuncia la líder de Podemos Irene Montero. La eurodiputada acusa al Gobierno de falta de voluntad política para resolver el problema de la vivienda, ya que, según afirma, podría “hoy mismo” bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra a no residentes y prohibir más pisos turísticos “que están haciendo que la gente no pueda vivir en sus barrios”. Sin embargo, contrapone, “la única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero”. La exministra de Igualdad aclaró que Podemos “votará en contra” de la ley en cuanto el Gobierno la traiga al Congreso.

Otros representantes de la izquierda parlamentaria han compartido las críticas de Sumar y Podemos. “O se legisla para que no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros”, declaró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Al igual que Yolanda Díaz, Rufián identifica el fiasco de las políticas de vivienda para bajar los precios de la vivienda con la frustración de una clase trabajadora que ve cómo un Gobierno teóricamente de izquierda da más ventajas a los propietarios: “A la próxima, en lugar de votar esperanza votará odio”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, respondía este 14 de enero a los ataques de sus socios de izquierda. En una entrevista en Onda Cero recordó que la bonificación del 100% “no cae del cielo” sino que tiene un antecedente en la ley de vivienda que contó con el apoyo de quienes ahora la critican. La ley que entró en vigor en mayo de 2023 otorga bonificaciones del 90% a los caseros que reducen al menos un 5% el precio del alquiler en las zonas declaradas como tensionadas, una disposición incluida por presión del PSOE.

Por qué no va a funcionar

La medida solo ha sido aplaudida y no de forma categórica por las asociaciones de propietarios y las organizaciones afines al lobby inmobiliario. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sostiene que la medida “va en la buena dirección”, aunque “no será determinante ni tendrá efecto” por sí misma para bajar los precios. Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) la propuesta puede ser un “incentivo eficaz”. 

Con el aumento del precio del alquiler, son pocas las localidades de España donde a los caseros les resultará más rentable aceptar los “regalos fiscales” del Gobierno y mantener el mismo precio

Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego en el Ministerio de Bustinduy, explicaba en un hilo en Bluesky por qué los propietarios preferirán subir los precios a las desgravaciones. Ponía como ejemplo un piso con un alquiler de 900 euros al mes, unos 10.800 al año. El casero paga por ese ingreso, que ya cuenta con el 50% de bonificación, 600 euros a Hacienda. En caso de que decida no subir el precio, este casero se quedaría con esos 600 euros. Sin embargo, dice, “con los precios actuales, al casero no le va a interesar”. Si decide actualizar el precio al finalizar el contrato a precio de mercado y subir el alquiler un 44% hasta los 1.300 euros (15.600 al año), deberá pagar 1.000 euros de IRPF. En el caso de que acepte el “regalo fiscal” del Gobierno, el casero se embolsará 10.800 euros. En caso de que opte por subir el precio del alquiler, se embolsará 14.600 euros, nada menos que 3.800 euros más.

Según el Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), el ahorro medio de los caseros —teniendo en cuenta los diferentes tramos y rentas— por congelar el alquiler con una bonificación del 100% sería de unos 1.500 euros. Con estas cifras de ahorro, son pocas las localidades de España donde a los caseros les resultará más rentable aceptar los “regalos fiscales” del Gobierno y mantener el mismo precio.