Coronavirus
Nadie elige Madrid para vivir en la exclusión

El informe “Hambre e inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid” documenta que un 2,1% de la población pasa hambre según datos de 2018 en los que se basa el Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación (OGDA-Madrid). Es decir, el estudio se refiere a 31.000 hogares en los que viven 138.100 personas.

Los datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINFOESSA), reflejan también que un 8,1% de la población no accedía a una dieta adecuada y que el 9,7% no podía permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Sobre una población de más de 6,5 millones de personas, casi un millón de madrileñas y madrileños padecen inseguridad alimentaria, el 6,2% (408.000 personas) en forma severa y el 8,2% (540.000) de manera más grave.

La postal de un Madrid con esos niveles de pobreza y la existencia de más de 2.000 personas en situación de calle, muchas de las cuales han quedado fuera de los recursos de la ciudad en las noches de frío, contrasta con el supuesto “efecto llamada” para colectivos vulnerables del que presume el alcalde José Luis Martínez Almeida.

Nadie viene a Madrid para vivir en la exclusión.Este invierno, día sí y noche también, familias con menores de edad, mujeres y hombres solos, han tenido y tienen que ser socorridos por movimientos sociales. La Red Solidaria de Acogida, Sercade, la RSP Latina-Carabanchel, la Parroquia San Carlos Borromeo y otras iniciativas vecinales surgidos en la emergencia, como la red de vecinas del Samur Social, en la Latina, dan cuenta de ello.

El Ayuntamiento tendría que revisar las restricciones para empadronarse, una limitación que ahonda los problemas que deben enfrentar las personas sin hogar

En todo caso, el Ayuntamiento tendría que revisar las restricciones para empadronarse, una limitación que no solo crea los espejismos a los que recurre el alcalde, sino que, además ahonda los problemas que deben enfrentar las personas sin hogar. A muchas personas solicitantes de asilo no se les permite empadronarse bajo la premisa de que “se irán pronto a otras ciudades”, y a la gente que carece de un domicilio fijo, tampoco.

Para los movimientos sociales las respuestas del consistorio hasta el momento han sido decepcionantes. Lo fue la denominada “tarjeta de vecindad” que impulsó la antecesora en el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, durante el gobierno de Manuela Carmena. Ahora, el compromiso de Asuntos sociales para que se empadrone a toda persona que tenga una identificación legal con foto, ha quedado truncado a causa de la pandemia. Hasta que esto no cambie, Almeida podrá continuar haciéndose trampas al solitario.

El fracaso del modelo macro albergue

La emergencia social y sanitaria causada por el coronavirus ha hecho saltar por los aires un modelo de abordaje del sinhogarismo ya fallido. Hacinar a cientos de personas en macro albergues o pabellones para que pasen la noche, no es una buena solución ni siquiera en tiempos de no pandemia. Ahora, es un riesgo de salud pública.

La ciudad de Madrid tiene durante los meses de invierno un programa “Campaña de frío”. Para acceder a él, hasta el 20 de marzo pasado, las mujeres debían concurrir a una parada de autobuses en Príncipe Pío y los hombres, a otra en el inicio de la Avenida Ciudad de Barcelona, en Atocha. La rutina diaria la cuenta mejor Manuel, una de las personas que la sufrió en primera persona:

“Esperas de entre 3 y 4 horas, sin una marquesina que te proteja. No importa que llueva, estás ahí a las 18 y no te puedes mover para no perder el lugar. A eso de las 21 vienen los de Samur y te anotas en una lista. A las 21:30 llega un bus (a las 22 pasa el siguiente) entras amontonado, a los empujones y cuando te bajas en el albergue tienes que hacer de nuevo la cola para que te sellen la tarjeta. A veces de una hora o más. Otra cola para entregar las cosas en la consigna y que te den un bocadillo frío. Para cuando logras ir a la cama son las 12 o 12,30 de la noche. Las mantas no se lavan ni se cambian y las sábanas en la cama que te asignan son las que el día anterior usó otra persona, depende de ti si quieres quitarlas o no y pedir otras. Y a las 9 a levantarse y a la calle, hasta las 18 que volvemos a hacer la cola”, grafica.

Hacinar a cientos de personas en macro albergues o pabellones para que pasen la noche, no es una buena solución ni siquiera en tiempos de no pandemia. Ahora, es un riesgo de salud pública.

La historia de Manuel es la de quienes logran acceder a estos recursos durante siete días, tiempo máximo de protección. Una vez cumplidos tienen que esperar a que haya plazas libres para volver a entrar. En su caso, la máxima demora fue de cinco noches obligado a dormir a la intemperie (él elegía algún cajero apartado o incluso pasar la noche en el aeropuerto). Otros testimonios recogidos hablan de una semana o diez días sin poder ir a los albergues, con un agravante, al esperar los buses no pueden asistir a los comedores sociales y al quedarse fuera ni siquiera reciben el bocadillo que corresponde a quienes entran en campaña de frío.

Durante el día no hay más lugar que la calle, el Ayuntamiento lleva años sin desarrollar ningún tipo de medida que posibilite procesos de acompañamiento tendentes a cambiar la situación de estas personas. Un techo es importante, que puedan salir del sin hogarismo es primordial. Demasiado maltrato para generar un efecto llamada: sin cama, sin cena, sin nada.

En este contexto, llegó la pandemia y con ella las circunstancias que agravan la situación. El mismo día que se anunciaba la decisión de declarar el estado de alarma, un comunicado de la Fundación Hogar Sí recomendaba adoptar soluciones “que no intensifiquen el problema que ya de por sí sufren” y proponía que las mismas podían venir “del uso de la capacidad hotelera que en este momento de cuarentena se ha quedado vacía. Miles de habitaciones están vacías en hoteles, hostales y pensiones. Si no, se pueden asignar para los próximos tres meses por vía de urgencia viviendas que la Administración tiene disponibles”.

La entidad, que cifra en 31.000 las personas sin hogar en todo el Estado español, pedía que las soluciones que se articularan fueran “inmediatas” y no “por la línea de la concentración. Evitar los métodos de alojamientos colectivos que junten a la gente o les hagan dormir cerca”. En similares términos se expresaban en un comunicado entidades destacadas en el trabajo de calle, como la Asociación Bokatas, Acción en red Madrid, SCI-Madrid, Caritas Universitaria Madrid, entre otras.

Como respuesta, el Ayuntamiento ha sumado a los albergues existentes dos nuevos macro dispositivos destinados a las personas sin hogar: uno en un pabellón de Ifema y el otro en el Polideportivo Marqués de Samaranch. Las televisiones las muestran jugando al fútbol, charlando, amontonadas de a decenas. Nadie se pregunta por qué para ellas no hay un aislamiento efectivo que evite correr riesgos con su propia salud y, más que nunca, con la salud comunitaria. Es difícil entender nuestra incapacidad de exigir que se reconozcan a las personas en exclusión social, los mismos derechos que pedimos para nosotros.

El estado de alarma agrava la situación de los colectivos vulnerables

Susana Albarrán

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El estado de alarma agrava la situación de los colectivos vulnerables

Susana Albarrán

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Aunque creamos que las disposiciones del estado de alarma por coronavirus han rebajado en buena medida el ritmo de la vida de nuestras ciudades, las circunstancias de importantes grupos de la población, sobre todo los más desprotegidos, no entienden de virus ni de estados de excepción.

Lo denunciaba el sindicato CNT hace unos días, en el polideportivo Samaranch ha habido cinco personas con síntomas de estar contagiadas y la respuesta ha sido aislarlas en la frialdad de los vestuarios. Según ha trascendido, lo mismo ha pasado en Ifema. No se informa al personal laboral si se ha tratado de casos positivos, ni se hacen test ni se toman medidas con el resto de alojados.

Mientras tanto, decenas de personas siguen sin hogar pese al esfuerzo de algunos movimientos sociales y ciudadanos que llevan desde octubre alojando en casas particulares, parroquias o incluso pagando pensiones. Los primeros días quienes se quedaron en la calle sin entrar a ninguno de los macro albergues, fueron hostigadas por la policía. Les pedían que se confinaran en una casa que no tenían, les acusaban de deambular cuando caminaban hacia los pocos comedores sociales que quedaban abiertos.

El Samur Social ha comenzado a dar un certificado que acredita a estas personas estar a la espera “de asignación de plaza en un recurso de emergencia”. La ciudad de las oportunidades y del efecto llamada, se desvanece bajo los soportales que les protegen de la lluvia.