COP31
La transición justa choca con los intereses del Norte global en la COP31
Observatori del Deute en la Globalització (ODG) @martapfargas
En las cumbres del clima de las Naciones Unidas —ya van 31 ediciones— la máxima ambición es que se acuerden objetivos sobre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, y se comprometa financiación para poder hacer frente a la emergencia que estamos viviendo. Y aunque en las COP se diga muy bajito, para atacar la raíz del problema hay que abandonar los combustibles fósiles de forma urgente. Lo dice la sociedad civil, y lo dice la ciencia. En ese sentido, este año de la mano de la propuesta inicial del Brasil de Lula Da Silva, algunos de los países ya han presentado su hoja de ruta para abandonarlos. El Estado español ayer presentó el suyo a la prensa.
¿Pero como llegan esas hojas de ruta a las calles, a las fábricas y a las comunidades que viven dependientes de la industria fósil? ¿Pueden afrontar de la misma manera ese abandono fósil un país como Canadá y uno como Madagascar? ¿Qué pasa con las personas trabajadoras y con las comunidades? ¿Quién fiscaliza si esa transición se hace con justicia con todas las personas y territorios?
Avanzar en la transición implica una restructuración económica que afecta más allá de las trabajadoras de las refinerías y esa es la complejidad que pretende abordar el Mecanismo de Transición Justa que se aprobó el año pasado en la cumbre de Belém. Por primera vez se incluían los derechos de las personas trabajadoras, los derechos humanos, el consentimiento libre e informado y la inclusión de colectivos marginalizados como clave para lograr acción climática. Pero, además, se acordó que este mecanismo podría proveer de asistencia técnica y cooperación internacional con el fin de subsanar las deficiencias y desigualdades en la aplicación de la transición justa.
La UE, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá son algunos de los países que están bloqueando la creación del Mecanismo de Belém. Defienden que el programa de transición justa puede desarrollarse con diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos
Sin embargo, ese mecanismo está hoy en riesgo. La victoria que celebró la sociedad civil el año pasado por haber traído a las salas de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) un tema central para las personas trabajadoras y para las comunidades de los países del Sur global parece que puede ser dinamitado en Antalya por la falta de voluntad de algunas de las partes.
El acuerdo firmado en 2025 debería traducirse en la creación de una institución que organice y gestione las cuestiones relacionadas con la transición justa. La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá son algunos de los países que están bloqueando la creación de este organismo. Defienden que el programa de transición justa puede desarrollarse con diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos.
Anabella Rosemberg, de Climate Action Network International (CAN), indca que la estructura de la CMUNCC, como se ha visto en el pasado, tiene sus límites y “sin un espacio consolidado de diálogo, con cierta representatividad y periodicidad, no vamos a lograr tener un mecanismo válido que pueda brindar apoyo a las comunidades en transición”.
Según Rosemberg, se trata de una conversación incómoda para los países del Norte global, ya que los diálogos se deberían centrar en como se reduce la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo, y la sensación, según la experta argentina, es que no quieren gastar ni un euro en algo que no es su propia agenda.
La brecha para abandonar los fósiles
Las transiciones ya se están dando de algún modo en muchos de los países del Norte global, con más o menos trauma social y con más o menos apoyo público. En el Estado español en 2020 se creo el Instituto de Transición Justa, un organismo público cuyo objetivo es acompañar mediante medidas de apoyo a las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón, centrales termoeléctricas y plantas nucleares.
Los propios sindicatos también están protagonizando experiencias de transición justa desde abajo. Es el caso del trabajo de centrales como ELA, en el País Vasco, que hizo un manifiesto para esta COP, o la experiencia del Colletivo di Fabrica, en Italia, cuya batalla por la transformación de sus puestos de trabajo pende de un hilo por la falta de apoyo público.
“Podemos encontrar ejemplos de procesos de transición justa en España, por ejemplo, pero si hablamos de hacer eso en Senegal, o de como se podría organizar una transición en Bangladesh, estos procesos están muy limitados por la distribución internacional del trabajo y por la división general de la producción”, señala Rosemberg. En esa división global del trabajo y la producción, las economías de los países del Sur global se ven abocadas a una posición de extractivismo de sus propios recursos naturales para el mercado del Norte y esa dependencia representa una barrera clara a las transformaciones.
“Turquía está presionando para acordar ese objetivo de 35 % de electrificación para el 2035, pero ese objetivo no tiene sentido cuando todavía hay países que no tienen acceso a la energía”, señala Kudakwashe Manjonjo, asesor de Powershift Africa
Muchos de los países africanos son todavía dependientes del uso del carbón, especialmente en los países del sur del continente, y del petróleo y el gas en países del norte como Marruecos o Egipto. Pero es que, además, muchos de ellos también dependen de la importación de esos combustibles fósiles. Ese es el caso de Madagascar. La cuarta isla más grande del mundo, situada en el sur este del continente, genera su electricidad a base de petróleo (46 %), carbón (19 %) y energía hidroeléctrica (31 %). En un país donde solo el 25 % de la población tiene acceso a la electricidad, el reto de una transición en términos de justicia és enorme.
“Turquía está presionando para acordar ese objetivo de 35 % de electrificación para el 2035, pero ese objetivo no tiene sentido cuando todavía hay países que no tienen acceso a la energía”, señala Kudakwashe Manjonjo, asesor sobre transición justa de Powershift Africa.
“Uno de los mayores retos es el acceso al apoyo técnico que permita a las comunidades participar y codiseñar proyectos de transición hacia modelos de vida más saludables para los trabajadores y para toda la comunidad de una forma inclusiva”, comenta Mohab Sherif
Tal y como afirma Manjonjo, y como siguen apuntando las organizaciones de la sociedad civil en esta cumbre, un objetivo de electrificación sin un cuestionamiento del consumo está ligado a más extractivismo mineral y más producción industrial con sus impactos asociados. “Eso es precisamente lo que defendemos con el mecanismo de transición justa: que países como Madagascar tengan realmente la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, en su caso, pueden aprovechar más la energía eólica y solar para eliminar la dependencia del petróleo y del carbón, tanto para sus medios de subsistencia, como para su industria. Y esto, por supuesto, se equilibraría con la energía hidroeléctrica”, añade el experto zimbauense.
Una transformación para y con las comunidades y las trabajadoras
Manjonjo cuenta que, en el caso de Sudáfrica, fueron los países desarrolladosy los donantes los que le decían al país como llevar a cabo su transición justa. “Creo firmemente que este mecanismo podría dar un giro radical y otorgaría a los países en desarrollo una mayor influencia a la hora de decidir cómo se lleva a cabo realmente la transición justa, tanto a nivel mundial como en el contexto de sus propias circunstancias nacionales”, asegura.
Con esa afirmación también está de acuerdo Mohab Sherif Mohamed Mohsen Gharib, miembro de MENA Youth Network. Su organización, formada por jóvenes de los países del norte de África y de Oriente Medio está siguiendo las negociaciones y haciendo presión para salir de esta cumbre con una propuesta que garantice los derechos de todas las personas y territorios en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. “Uno de los mayores retos es el acceso al apoyo técnico que permita a las comunidades participar y codiseñar proyectos de transición hacia modelos de vida más saludables para los trabajadores y para toda la comunidad de una forma inclusiva”, comenta.
“La historia de la COP es simple. Es una historia de los países desarrollados borrando sus responsabilidades, evitando la rendición de cuentas y bloqueando las mejoras del Acuerdo de París que no terminó el trabajo desde la justicia y la equidad”, sentencia Anabella Rosemberg
A un día de la finalización de la cumbre todos los ojos están en las sillas (o el diván) de las negociaciones, y aunque las expectativas de las observadoras van oscilando, el trabajo de incidencia y presión no cesa. La lucha que empezó en Sharm el Sheikh hace tres años, alimentada por el trabajo de miles de personas de la sociedad civil, puede constituirse en un mecanismo de acción real que influya realmente en la vida de las personas o, por el contrario, diluirse en promesas vagas y declaraciones insuficientes.
“La historia de la COP es simple. Es una historia de los países desarrollados borrando sus responsabilidades, evitando la rendición de cuentas y bloqueando las mejoras del Acuerdo de París que no terminó el trabajo des de la justicia y la equidad”, sentencia Anabella Rosemberg en la rueda de prensa de CAN. Tendremos que ver si la historia se repite o los países y sus líderes deciden de una vez por todas asumir su responsabilidad y acelerar una transición que permita abandonar los fósiles de forma justa.
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