Comunidad de Madrid
Un rayo de esperanza tras cinco años de los protocolos de la vergüenza

“El covid cambió nuestra forma de ver la sociedad, puso en evidencia las carencias que existían. En nuestro caso, vimos cómo se cumplían nuestros peores temores”. Así rememora las primeras semanas del estallido de la pandemia Fernando Flores, presidente de Pladigmare (Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias). Formada cuatro años antes, llevaban tiempo luchando por aumentar las ratios de trabajadores en los centros, que cuando empezó la alerta sanitaria se vieron claramente insuficientes. Falta de medios, bajas por enfermedad que se cubrían doblando turnos, enfermeras o auxiliares que no se fueron a su casa en semanas para que los mayores no se quedaran sin atender. Ese fue el día a día en muchas residencias.

Pero en otras se añadieron más palos a las ruedas. Ante esa lucha titánica por llegar a lo que era materialmente imposible llegar, la dejadez institucional. Las peticiones de ayuda no respondidas, e incluso rechazadas. Como esas residencias que exigían su medicalización a las comunidades autónomas o, las que ya desesperadas, pedían que los mayores fueran llevados a hospitales o que médicos y enfermeros fueran a estos centros. Porque como recoge alguna de las muchas denuncias que hubo después, la Comunidad de Madrid tuvo disponible personal sanitario para atender estos centros pero decidió desviarlo a los hoteles medicalizados o al Ifema.

“Se llama el hospital milagro porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado”, presumió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, esos días. El “hospital milagro” solo atendió a 23 ancianos de residencias. El resto eran rechazados en las ambulancias y los hospitales o derivados a centros privados si estos tenían un seguro. Todo fruto de los llamados “protocolos de la vergüenza”. Por este motivo fallecieron sin la atención médica necesaria 7291 personas entre marzo y abril de 2020. Con o sin cóvid. Solo por residir en residencias o tener algún tipo de dependencia. Es el dato que se obtuvo con las cifras que proporcionó en su día la Comunidad de Madrid —que actualmente lo han rebajado— y que fueron refundadas en una Comisión de la Verdad.

El “hospital milagro”, del que presumía Ayuso, solo atendió a 23 ancianos de residencias

Los pocos rayos de luz que se aportaron sobre lo que pasó en ese tiempo en las residencias madrileñas, ya que el PP usó su mayoría absoluta y una nueva convocatoria de elecciones para impedir abrir una comisión de investigación. La justicia tampoco ha sido un consuelo para las familias de estos ancianos, que en muchos casos siguen sin saber cómo fueron sus últimos momentos. Denuncias y querellas archivadas, sobreseídas o cerradas, en parte por ser un hecho sin precedentes y la falta de caminos judiciales creados.

Tras cientos de casos así, un rayo de esperanza llega a los familiares de los residentes. Está siendo considerada la denegación de prestación sanitaria a los mayores por causa de discriminación. Es lo que reclaman en 109 denuncias que relatan lo vivido por 115 personas fallecidas esos meses de 2020 que han ido de la mano de Marea de Residencias, Verdad y Justicia y un equipo legal trabajando en conjunto. Una vía judicial que se abre frente al ‘no’ de las denuncias por omisión del socorro o por homicidio imprudente. “Vimos que había una pauta en los juzgado al recibir estas denuncias: pedían un informe al forense para hacer una relación causa-efecto, algo difícil de demostrar”, explican a El Salto el equipo jurídico que lleva las 109 causas que se apoyan en el artículo 511 del Código Penal. La idea llegó gracias a un informe de Amnistía Internacional, que relataba los derechos humanos que se incumplieron en esos dos meses en las residencias madrileñas. Empezando por el de discriminación.

Frente al ‘no’ de las denuncias por omisión del socorro o por homicidio imprudente, se abre la vía de la denegación de prestación sanitaria por discriminación

“Como la discriminación no se había aplicado como perspectiva, vimos que se había producido y había que demostrar que se había denegado una prestación pública, la sanidad, por este motivo”, comentan. Aquí, continúan, es más sencillo jurídicamente ver la las pruebas y el delito, que demostrar una causa efecto con una muerte. “Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción del deber de actuar”, explica el escrito de la fiscalía consultado por El Salto. Así que en verano de 2024 se emprendió este camino, que tuvo el primer arranque en otoño con su presentación, logrando que se llame por primera vez como investigados a los firmantes y creadores de los protocolos de exclusión sanitaria. “En dos meses —reconocen desde el equipo jurídico— la Fiscalía Provincial madrileña ha hecho un trabajo excepcional, el que tenía que haber hecho la fiscal superior en cinco años”.

Ahora, esperanzados, quieren que sea el principio de una investigación seria que hasta ahora no se ha producido por parte del Estado. “Es un primer paso impensable que esté llamando a los autores intelectuales del protocolo. Estamos convencidos de que Carlos Mur no se levantó un día y planteó los protocolos. Por eso los familiares piden que ‘tire de la manta’ para ver con quién se reunió”. Y es que, en todos los procesos legales que se han abierto, nunca se ha llamado a declarar como imputado al firmante de los protocolos ni se le ha obligado a acudir como testigo.

El equipo jurídico de la querella está convencido de que Carlos Mur no ideó solo los protocolos y recuerda que nunca se le ha obligado a declarar

Esto ha pasado con la macroquerella que capitaneó Carlos Villa. Él y su equipo han puesto sobre la mesa 350 casos representando a más de 700 familiares de fallecidos. “Un verdadero horror”, explica Villa a El Salto, sobre lo que tuvieron que recoger de cada muerte. “Presentamos una querella en la que acusamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y al de Justicia e Interior, Enrique López, de homicidio imprudente, por prevaricación por los protocolos que discriminaba por estado físico o mental y por negación del deber del auxilio por omisión al derecho de tratamiento médico”, describe. Otros cinco casos en términos similares fueron planteados por Pladigmare.

El resultado en estos cinco años han sido que de las 350 denuncias 150 siguen en instrucción en los diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid, 80 están recurridas en el Tribunal Constitucional y el resto han sido archivadas. “Es curioso porque en algunos juzgados nos han dado la razón”, comenta Carlos Villa que explica que “algunas sentencias dicen que los protocolos pudieron haber sido discriminatorios, que reclamemos indemnizaciones en el contencioso”.  Y recuerda que “lo único que quieren los familiares es que se investigue y si tenemos que ir al Tribunal de Estrasburgo, iremos”, asegura el abogado que termina asegurando que “no pueden quedar más de 7000 muertes como si no hubiera pasado”.

“No hay semana que esta señora no diga impropios e insultos, así que te remueve continuamente”, lamenta Mercedes Huerta, hija de uno de los residentes fallecidos

Una de las familiares que tiene el caso de su padre con un recurso de amparo en el Constitucional es Mercedes Huertas. Dentro de poco se cumplirán cinco años desde la muerte de su padre en una residencia, el 6 de abril. Preguntada cómo lleva el aniversario y todos los recordatorios mediáticos de esos días ella responde que ese no es el problema. “No hay semana que esta señora —en referencia a Díaz Ayuso— no diga impropios e insultos, así que te remueve continuamente. Pero estoy recibiendo tanto apoyo y tanto cariño que eso es lo que te da fuerzas para seguir, más después de lo que supimos en la investigación”. Ella, que desde el inicio ha estado implicada en las plataformas que pedían justicia para los 7291 fallecidos, aún mantiene la esperanza. “Espero que la Justicia actúe, que sirva para que nunca a ningún político se le ocurra una maldad de este estilo y que nunca vuelva a pasar”, indica a este medio.

“La judicatura está al servicio de la ciudadanía, debe dejar la política de lado”, recuerda y recrimina que “para algunas tontunas se mueven muy deprisa y para esto nada”. Ella destaca que con la medicalización de las residencias o sin los protocolos excluyentes eran muchos los que se podían haber salvado y pone de ejemplo al compañero de habitación  de su padre en la residencia. “Él murió porque tenía un problema digestivo que no trataron, no tenía ni covid”, indica y añade que su hija es una de las demandantes con Pladigmare.

Nuevas pruebas, nuevos delitos, nuevos investigados

La esperanza de la que se habla también está en poder recuperar acusaciones por delitos que se han rechazado hasta ahora. “Confiamos que a la vista de la declaración de Mur apunten nuevas pruebas que apunten hacia la prevaricación”, explica el equipo jurídico de las denuncias que más han progresado hasta ahora. Sus esperanzas también se basan en el escrito de la fiscalía que, en su opinión, abre la puerta a poder llamar a otros cargos a los que no pueden imputarse la denegación de servicios y sí el de prevaricación.

Preguntados por el temor de que la prescripción de delitos acabe conla esperanza de justicia para miles de familias, el equipo jurídico de Marea de residencias y Verdad y justicia en este caso recuerda que el artículo 132 punto 2 del Código Penal no lo deja del todo claro ya que se ha modificado varias veces. Aún así, su resumen es que con la aceptación por parte de la fiscalía a investigar se han ganado seis meses más. “La ley dice que en esos seis meses el juzgado tiene que tomar alguna acción que demuestre su intención: llamar a declarar a un investigado, que ya ha hecho la fiscalía, o pedir a la Comunidad de Madrid el protocolo, información sobre quién lo escribió, etcétera”.

“Hay personas que luchan un día y son buenas, pero otras que luchan toda la vida y son excepcionales. Tengo esperanza en que haya siempre personas que sigan con esta lucha”

“Es una penuria judicial”, opina el presidente de Pladigmare, que resalta que “además de haber sido víctimas de un maltrato claro y demostrable, se siga tanto por las instituciones como por la justicia tratando de negar lo que ha pasado”. Pese a que recuerda que muchas familias han tirado la toalla, resalta sobre las que siguen luchando, lo que hace que los casos de la Comunidad de Madrid sean especiales. “Hay personas que luchan un día y son buenas, pero otras que luchan toda la vida y son excepcionales. Tengo esperanza en que haya siempre personas que sigan con esta lucha”, indica, aunque cuando se le pregunta por las responsabilidades políticas, su esperanza mera: “hay personas que no van a cambiar y seguirán anteponiendo el negocio a las responsabilidad, con eso también tenemos que contar”.