Colombia
La motosierra de Abelardo

Con razón, se ha hablado de las características morales del candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. Se repiten en redes y medios de comunicación recortes de videos en los que expone, en broma según él, extraños valores morales. Ha expresado de diversas formas desprecio hacia las mujeres, así como por la orientación sexual de muchos. Ha contado con orgullo que en su infancia maltrataba gatos, con nula reflexividad y cinismo. En otros vídeos se le ve hablando con desprecio sobre Colombia y sus tradiciones, pero no sobre aquellas relacionadas con la cultura del alcohol y la violencia, sino ridiculizando comidas regionales con tono clasista y desdeñoso. También ha dicho mucho de sí en versiones diferentes: se ha reconocido ateo y ahora, en campaña, creyente. Hemos visto un personaje auto falseado, borracho de su figura, en un lugar, como una campaña presidencial, poco seguro para un ególatra.

De eso y de muchos otros elementos hemos escuchado estos días. Pero hay una parte del candidato menos escudriñada, una parte de su discurso que no domina tanto, pero que resulta central: la motosierra. Aunque llamarla así parece como si se tratase de herramienta para cortar. No precisa ni inteligente, pero herramienta. Cuando la metáfora es más bien la de una bomba para destruir partes del Estado. La motosierra no solo la ha utilizado Milei, que justo al entrar en el poder impuso una combinación de propuestas del Ejecutivo que llamó ómnibus. Muchas de ellas revertidas posteriormente, incluso por sus propios aliados. Algo similar hizo Trump, en uno de esos casos en los que las políticas del Sur Global son adaptadas en el Norte. Con resultados similares: medidas, leyes y decretos revertidos y que no son aplicables, que son pura pirotecnia, pero como objetivo tienen la destrucción sin control, sin espacio para la resistencia o la fiscalización. Generando caos, desprotección y sufrimiento, mucho sufrimiento, sobre todo para quienes están más expuestos a las derivas de lo público.

Abelardo quiere hacer algo así. Los dos pilares de su campaña son el recorte del Estado, en un neoliberalismo sin economistas de traje, y una nueva versión de la “Seguridad Democrática” sin el falso apellido, ya probada por Uribe y con consecuencias en violación de los derechos humanos. Pero solo hay que detenerse en esta paradoja para darse cuenta de que aquellos que podría utilizar Abelardo desde el Estado para mejorar la seguridad son trabajadores públicos “uniformados”. Colombia tiene una tasa elevadísima de “uniformados”, que es como el Gobierno colombiano llama a la amalgama de militares que actúan en las fronteras, en lo rural y en lo urbano, y a la policía que actúa en inteligencia, en lo rural, en lo urbano y en contrainsurgencia. Colombia es uno de esos países en los que la policía no es un cuerpo civil, hace parte del Ministerio de Defensa (como si la función de la policía fuera defender al Estado de sus ciudadanos). Según la página web de Función Pública del Gobierno de Colombia hay 940.000 servidores públicos dependientes del ejecutivo, de los cuales 402.000 son “uniformados”, frente a, por ejemplo, 334.000 docentes públicos.

Si Abelardo llegara a utilizar la motosierra de Milei, no recortaría de los 402.000 “uniformados”. Justamente lo contrario: dijo que la solución es darle las condiciones materiales que los militares necesiten

Si Abelardo llegara a utilizar la motosierra de Milei, no recortaría de los 402.000 “uniformados”. Justamente lo contrario, hace un par de días dijo que la solución para el problema de seguridad del país es darle las condiciones materiales que los militares necesiten, exigiendo como contrapartida eficacia. Colombia ya probó esta fórmula, y acabó con uno de los casos más escandalosos de asesinatos por parte del Estado, 6.402 es la cifra simbólica (mínima, probada por la Jurisdicción Especial para la Paz), mostrando sistematicidad en la política de incentivos por objetivos utilizada por Uribe y copiada de las estrategias estadounidenses (conteo de bajas).

Colombia duplica el número per cápita de uniformados de Brasil o de México, y supera en más del 30% a los que tiene Estados Unidos. Colombia, desde antes de que el neoliberalismo desmantelara lo poco que quedaba del Estado colombiano en los años noventa, tiene un gran ejército y la seguridad sigue siendo un problema estructural. Venezuela, actualmente, cuenta con tasas más bajas de homicidios que Colombia y tiene muchos menos soldados. México cuenta con muchísimos menos soldados en proporción y una tasa ligeramente inferior de homicidios. Podríamos decir que el número de soldados no está relacionado directamente con la tasa de homicidios; en cambio, otros trabajadores públicos sí están relacionados con el bienestar.

Si Abelardo pretende disminuir la cantidad de docentes públicos, trabajadores administrativos y trabajadores de los entes territoriales, así como a los subcontratados por el Estado, el acceso a derechos se verá aún más recortado. Es verdad que no podrá recortar en médicos porque estos mayoritariamente están contratados por entidades privadas, en un sistema de salud diseñado para las entidades privadas. Tampoco podrá recortar mucho en investigación, porque se invierte poco. 

Hoy en Colombia, además de los cerca de dos millones de personas que han pasado por el conflicto colombiano de forma activa (como soldados, policías, guerrilleros, paramilitares o ejércitos del narcotráfico), hay 341.000 personas contabilizadas por el gobierno como personal operativo acreditado para la vigilancia privada. 26.000 de estos hacen parte de una única compañía, el Grupo Altum, la tercera empresa con más trabajadores en el país. La industria de la seguridad que han creado estas políticas ha generado impactos pasados y futuros, Colombia es un exportador de mercenarios para todas las guerras del mundo.

Se ha hablado de que las escasas posibilidades de derrota de Abelardo en la segunda vuelta podrían venir del voto femenino, como una reacción frente a su forma misógina de ver y actuar en el mundo

Sin embargo, no se ha estimado el impacto de la industria de la seguridad para la salud mental y física de todos estos colombianos. Tampoco se ha estimado el coste económico que tiene que una parte considerable de la población dedique su esfuerzo, imaginación y creatividad a vigilar o combatir. Parece que “la seguridad” más la motosierra nos pretenden llevar a un país sin opción de cambio, y al sino de un destino trágico.

Se ha hablado de que las escasas posibilidades de derrota de Abelardo en la segunda vuelta podrían venir del voto femenino, como una reacción frente a su forma misógina de ver y actuar en el mundo. Pero esta forma de ver el mundo también afecta profundamente a los hombres, no solo porque les adjudica roles y funciones no deseables, sino porque la industria de la seguridad es mayoritariamente masculina, y reduce el horizonte de muchos hombres colombianos a ser un ejército de vigilantes, soldados y excombatientes.

Abelardo es, y ha sido, uno de los pocos beneficiados por la política contra las drogas del gobierno estadounidense en la que se basa este modelo securitario. Abelardo se ha enriquecido siendo conseguidor, mensajero, arreglador y abogado de narcotraficantes y paramilitares. Ha sido parte de este sistema, un sistema que ha dejado pocos beneficiados, él uno de ellos, y muchos damnificados.

Él quiere seguir siendo de los primeros. Con su saludo militar trata a sus votantes como a su ejército, un ejército del cual no hará parte. Más bien ocupará el lugar que siempre ha ocupado: el de arreglador, mensajero y conseguidor para otros países, en beneficio de otros.