Ceuta
Ningún lugar es un lugar seguro: cuatro historias de desamparo en Ceuta

Eran alrededor de las cuatro y media de la madrugada cuando Mohammed, de 17 años, pernoctaba, arropado por la única manta que le queda, en los alrededores de las naves del Tarajal, en Ceuta. El joven marroquí llevaba varios días durmiendo en la calle sin su tienda de campaña después de quedarse fuera de los recursos de acogida tras el desalojo del asentamiento informal en esa misma zona. Aquella noche, según denuncia, un grupo de militares se acercaron hasta donde estaba sentado y lo amenazaron. “Me dijeron: o haces 20 flexiones o te pegamos. Al final las hice y también me pegaron y me grabaron en vídeo”, relata.

Mohammed insiste en que él estaba completamente solo. “Eran cinco contra mí”, cuenta, mientras señala el lugar donde asegura que ocurrió la agresión. Antes de regresar a los alrededores del Tarajal, había pasado varios días frente a la comisaría del centro de Ceuta. Sin embargo, terminó volviendo a dormir cerca de las naves, aún más lejos de la posibilidad de filiarse tras varios rechazos en las dependencias policiales.

Su testimonio se suma a las denuncias recogidas por Amnistía Internacional sobre el trato recibido por personas migrantes en la ciudad. La organización ha documentado agresiones, amenazas y humillaciones atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, algunas de las cuales podrían constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mohammed es un menor que ha sufrido esas vejaciones y agresiones por carecer de un recurso de acogida y protección.

Aya: “Era como estar en una cárcel”

La desprotección no afecta únicamente a quienes permanecen fuera de los recursos de acogida, también a menores que aseguran haberlos abandonado porque no se sentían seguras dentro. Es el caso de Aya. Esta menor de 17 años lleva tres semanas durmiendo en la calle, principalmente en las inmediaciones del barrio de El Príncipe. La adolescente decidió escaparse de uno de los centros de menores habilitados en las naves del Tarajal, gestionado por la empresa SAMU, después de sufrir, según denuncia, malos tratos por quienes debían encargarse de su protección.

La joven cuenta que los insultos y las amenazas eran frecuentes, que les retiraban los teléfonos móviles y que podrían pasar días sin salir de las instalaciones. Entre los ataques verbales que afirma haber recibido, destaca uno por su brutalidad: “Os vamos a violar a todas y os vamos a llevar a Marruecos de vuelta”.

El miedo, explica, condicionaba incluso las situaciones más cotidianas. Aya asegura que en ocasiones temía pedir permiso para ir baño por la reacción que pudieran tener las personas encargadas del centro. Sentía que no podía decidir prácticamente nada sobre su propia vida. “Era como estar en una cárcel”, resume.

Menores que deberían encontrar protección en los recursos institucionales terminan regresando a las calles porque consideran que allí, pese a los riesgos, tienen más libertad

Hoy, Aya duerme a la intemperie, cada día en un lugar y sin un sistema de protección real. Su relato coincide con otras denuncias de adolescentes acogidas en los mismos recursos. La Fiscalía de Menores de Ceuta recibió una denuncia que recopila testimonios sobre presuntos malos tratos físicos y psicológicos, castigos, insultos y amenazas por parte de personal de los centros. La situación de la joven refleja una contradicción: menores que deberían encontrar protección en los recursos institucionales terminan regresando a las calles porque consideran que allí, pese a los riesgos, tienen más libertad.

Amnistía Internacional, en el mismo informe que relata los malos tratos de los militares en Ceuta, ya había advertido de la situación de cientos de menores sin alojamiento. En septiembre estimaba que entre 500 y 700 menores permanecían en la calle, algunos de apenas 12 o 13 años.

Dos meses en la calle y sin poder solicitar asilo

La historia de los sudaneses Oumar y Mahmood es diferente. Llevan alrededor de dos meses durmiendo en la calle sin encontrar una solución. Ambos proceden de un país devastado por la guerra y aseguran que fueron expulsados del recurso de acogida de Loma Margarita después de un altercado. “Nos echaron porque tuvimos un problema, una pelea con un amigo mío. A ellos sí que les dejaron volver a entrar, a mí y a Oumar, no”, explica Mahmood.

Desde entonces, afirman que no han conseguido regresar a las instalaciones ni acceder a otro recurso. Lo que más le preocupa a Mahmood, además de la falta de alojamiento, es no haber podido iniciar los trámites para solicitar la protección internacional. El caso de Oumar es diferente, ya que sí aplicó y ya tiene la solicitud aprobada. “Llevamos mucho tiempo, necesitamos ayuda. Yo necesito asistencia para pedir la protección internacional”, insiste.

Ambos reclaman la intervención de alguna organización que, en el caso de Mahmood, pueda ayudarles a regularizar su situación y, en el caso de ambos, acceder a un alojamiento seguro. “Queremos que alguna organización, o la Cruz Roja o la Media Luna nos ayude. Necesito pedir asilo urgente”, cuenta en una conversación con este medio.

Sus dificultades se producen en un contexto en el que Amnistía Internacional ha denunciado fallos en la identificación de personas con necesidades de protección internacional. En el caso del informe presentado por la organización, habían incluido testimonios de personas procedentes de Yemen o Somalia que aseguraban no haber podido iniciar sus expedientes ni habían recibido información adecuada sobre el procedimiento de asilo.

En algunos casos, incluso documentó denuncias de expulsiones a Marruecos de personas que manifestaban su intención de solicitar protección y eran procedentes de países en conflicto. Es el caso de los grupos de sudaneses que fueron deportados a Marruecos a mediados de septiembre.

“No sé qué hacer”: huir de Marruecos por ser gay y seguir escondiéndose en Ceuta

Idriss (nombre ficticio para preservar su identidad) llegó a nado a Ceuta el pasado 30 de julio. Es marroquí y homosexual. Decidió abandonar su país por los problemas que sufría debido a su orientación sexual, convencido de que en España podría encontrar protección internacional. “En mi casa no me dejan tomar decisiones porque creen que no soy una persona como ellos”, explica. “A veces he preferido dormir en la calle que en casa con mis padres”, añade. A pesar de la situación de vulnerabilidad, Idriss tampoco ha podido acceder a ninguno de los recursos de acogida habilitados en la ciudad.

Ha dormido en la playa, en garajes, calles oscuras, entre chabolas y tiendas de campaña repartidas por diferentes puntos del asentamiento de la playa del Trampolín. Su preocupación no se limita a encontrar un lugar donde pasar la noche, sino también, y principalmente, un lugar seguro. “Me da miedo que me peguen otros marroquíes. Ya me han tratado mal en Marruecos por ser gay. Me han insultado y pegado y aquí puede pasar lo mismo porque hay muchos hombres marroquíes que no lo toleran”, cuenta.

 “Había imaginado España como un lugar seguro donde podía vivir mi homosexualidad sin problemas, pero sigo teniendo mucho miedo”

Por ese miedo, su experiencia en Ceuta es en constante movimiento. Busca espacios donde pueda descansar sin miedo, aunque eso implique dormir a la intemperie o permanecer escondido. “No sé qué más hacer”, confiesa. “Había imaginado España como un lugar seguro donde podía vivir mi homosexualidad sin problemas, pero sigo teniendo mucho miedo”, explica.

En varias ocasiones, y debido al desgaste psicológico que acarrea estar en Ceuta estos últimos meses, ha considerado regresar voluntariamente a Marruecos. Sin embargo, sabe que allí nada mejorará. “Prefiero seguir durmiendo en la calle y, inshallah, solucionar pronto mi situación, que volver a Marruecos. Los peligros allí son peores”, cuenta.

Su caso muestra las dificultades añadidas de quienes necesitan protección por motivos relacionados con su orientación sexual. Aunque España contempla el reconocimiento de asilo por persecución de este tipo, Idriss continúa sin encontrar una respuesta a su situación.

Los avances oficiales frente a quienes siguen sin protección

La historia de los menores implicados en estas historias contrasta con los avances anunciados por el Gobierno. El 21 de octubre, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó de que se habían filiado a 3.331 menores migrantes acogidos en los recursos habilitados por la Ciudad Autónoma. Además, 107 habían sido trasladados a la península mediante reagrupación familiar y otros 181 reubicados en distintas comunidades autónomas.

Sin embargo, ni las cifras ni ninguna declaración oficial mencionan qué ocurre con quienes continúan fuera del sistema de acogida. Amnistía Internacional también ha alertado sobre las condiciones de vida, donde ha constatado carencias de alimentos, agua potable, higiene y asistencia sanitaria. Para los cuatro protagonistas de este texto, los avances administrativos todavía no se han traducido, en la práctica, en soluciones reales.