Catalunya
Exigen la retirada de la unidad antiterrorista en las investigaciones al movimiento social por la vivienda

Primero llegaron las multas amparadas por la Ley Mordaza, impuestas sistemáticamente en Catalunya a los militantes del movimiento por el derecho a la vivienda desde octubre de 2020. La segunda vuelta de tuerca de los Mossos d’Esquadra para socavar o criminalizar este movimiento social tuvo lugar la semana pasada, cuando fueron detenidos cuatro militantes por el desahucio del Bloc Llavors ejecutado en mayo de 2021. Entre el desahucio y los arrestos pasaron ocho meses, un espacio de tiempo sospechosamente largo para los abogados de los detenidos, que ha culminado en una sorpresa “inadmisible” al acceder a la documentación aportada en los juzgados: la Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos, subordinada al Área Central de Información de los Mossos d’Esquadra, firma los “informes de visionamiento” de los cuatro detenidos. Es decir, la unidad habitualmente destinada a tareas de antiterrorismo ha vigilado y arrestado a cuatro militantes del Sindicat d’Habitatge de Cassoles y  Verneda. 

Los jóvenes, de entre 20 y 30 años, se encuentran en libertad con cargos. A tres de ellos les imputan los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes. Al cuarto, atentado, desórdenes y daños. Tres de los arrestados también militan en organizaciones de la izquierda independentista, como Arran y Endavant. 

Operación policial en Barcelona detiene a cuatro activistas identificados en desahucios

Ana R. Santana

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Desahucios

Vivienda Operación policial en Barcelona detiene a cuatro activistas identificados en desahucios

Ana R. Santana

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Continúan las detenciones de militantes vinculados al movimiento por la vivienda en la Ciudad Condal.

Desde el colectivo Alerta Solidària exigen que el Departamento de Interior “explique el motivo del operativo y por qué se le atribuyó a esta unidad las investigaciones al movimiento por el derecho a la vivienda”. Asimismo, reclaman la “exclusión de la referida Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos para la persecución del movimiento por el derecho a la vivienda, y exigimos que se hagan efectivos, de una vez por todas, los mecanismos de control, fiscalización y depuración de las tramas policiales que están en el origen de la represión por motivaciones políticas”.

Eva Pous, una de las letradas de los cuatro detenidos, considera que “resulta inadmisible” que dicha unidad firme las investigaciones, tal y como han podido comprobar en la documentación que consta en el juzgado. “No tiene cabida que esta unidad policial, sea del cuerpo policial que sea, investigue asuntos sociales creados por la ineficacia de la administración pública, como es la carestía de la vivienda, y que ponga en el punto de mira y combatan con mayor dureza precisamente a las personas que quieren mejorar la realidad social”. 

En la formación del actual Gobierno catalán, Esquerra Republicana de Catalunya ostenta la cartera de Interior. Tras el desalojo del Bloc Llavors el 25 de mayo, el movimiento por la vivienda de Barcelona ocupó la sede de Esquerra Republicana de Catalunya al incumplir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su primer día de mandato el acuerdo que alcanzó con la CUP para facilitar su investidura y gobierno en coalición con Junts per Catalunya. “Si la respuesta ante un desahucio es esta, haremos ingobernable desde el movimiento de vivienda, social y laboral este Gobierno que nos miente desde el primer día”, afirmó Eli, integrante del movimiento por la vivienda de Barcelona, a El Salto desde la sede ocupada de ERC.

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