Se reactiva la lucha dentro de los muros

Cuarenta presos que cumplen penas en diferentes centros penitenciarios del Estado han iniciado una propuesta de lucha colectiva con el objetivo de visibilizar y denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que padecen diariamente. Han convocado una huelga de hambre para el primero de mayo.

Brians I
Celda en la cárcel Brians I. Mèdia.cat

publicado
2018-04-25 06:45:00

"Con 65 años que tengo ahora mismo pasé dos años de prisión en Francia, de 1969 a 1971, y luego en España, desde 1971 a 1977, donde participé en la extinguida COPEL. Actualmente estoy preso desde el 9 de febrero de 1979, con fecha de cumplimiento de condena para el 15 de noviembre de 2026, y en caso de aún estar vivo —porque estoy luchando contra un cáncer de próstata—, seré entregado de nuevo a las autoridades francesas para cumplir una cadena perpetua en rebeldía. ¿Alguien me puede explicar dónde están los derechos humanos en España? ¿Y la función de reinserción que según la Constitución española deben tener las cárceles?". Este es el testimonio que nos llega por carta de Antonio Carlos Nieto —que actualmente cumple condena en el centro penitenciario de Murcia II— y que, según afirma, forma parte de los 300 presos que cumplen "cadenas perpetuas encubiertas" en el Estado.

Aunque el Código Penal limita el máximo de cumplimiento a los 40 años, medidas como la Ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas —aprobada en el Congreso en 2003 con el apoyo del PP, PSOE y Coalición Canaria— o la reciente aplicación de la prisión permanente revisable por parte del gobierno de Mariano Rajoy dibujan un escenario en el que muchas personas pasarán el tiempo que les queda de vida privadas de libertad.

Según Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, ​estas medidas son completamente innecesarias y, al contrario de lo que el "populismo punitivo" de los medios de comunicación y la mayoría de los partidos políticos argumentan, no tienen ningún tipo de eficiencia disuasoria a la hora de cometer un delito: "Cualquier persona que conozca mínimamente el sistema penal sabe de la inconsistencia de esta medida, que supone la negación y la renuncia legislativa más explícita a cualquier objetivo resocializador, y la conversión de una pena legal a una  cruel, inhumana y degradante, completamente opuesta a lo que establecen las Reglas Nelson Mandela de la ONU —reglas mínimas para el tratamiento de personas presas—".

Cárceles
Privades de llibertat i d’una vida digna

Les condicions materials, alimentàries i sanitàries en les presons estan per davall dels mínims estàndards de qualitat necessaris per a una bona reinserció.

Aparte de la larga duración de las penas, según el trabajo realizado desde el OSPDH, la vulneración de derechos fundamentales de las personas presas se produce cotidianamente dentro de los centros penitenciarios, tanto en Catalunya como en España, donde desde la aplicación de la Ley orgánica general penitenciaria de 1979 se aplica el régimen de aislamiento —en el que las personas pasan hasta 22 horas al día encerradas en la celda— a los internos supuestamente "peligrosos" o que, según los funcionarios, "no se adaptan a los otros módulos ".

Desde el Observatorio consideran que este régimen en sí ya supone un tipo de tratamiento "inhumano y degradante" que provoca afecciones muy serias para la salud física y psíquica de las personas que lo sufren, y que desde hace tiempo están reconocidas tanto por el Consejo de Europa como por la ONU. "Aparte, el aislamiento supone un espacio de impunidad para la tortura y el maltrato, ya que la persona presa está sola, sin testigos que puedan declarar si una persona es agredida", explica Rivera, quien considera que "los funcionarios, en cambio, siempre tendrán un grupo de compañeros para declarar que tuvieron que utilizar la fuerza para tratarse de un preso violento. Según Rivera, este régimen de aislamiento supone uno de los aspectos más oscuros en el interior de las cárceles, ya que "no sólo posibilita el maltrato y la tortura, sino la imposibilidad de probarlo".

Cansados de sufrir constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales y de la invisibilización de esta impunidad fuera de los muros, a mediados 2015, la muerte de tres internos en la cárcel de Navalcarnero (Madrid IV) por supuestas negligencias médicas supusieron la gota que colmaba el vaso. Dos reclusos de este centro empezaron a organizarse —inspirándose en el legado de anteriores luchas anticarcelarias como la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE) o la lucha contra los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES)— con el objetivo de "crear un espacio y una comunidad de lucha" entre diferentes agentes —presos, familiares, abogados y grupos de apoyo— que ayude a visibilizar y denunciar la situación que se vive día a día dentro de las prisiones del Estado.

Dos años de lucha colectiva

"Desde el odio, la rabia, el miedo y la venganza hasta la solidaridad más humana que he conocido en mi vida. Pero, sobre todo, en memoria de todos los compañeros asesinados en las cárceles del Estado español". Con estas palabras justifica el preso Jose Antonio Chavero, Toni, —actualmente en régimen de aislamiento en la prisión de Villena (Alicante II) y con fecha de fin de condena en 2027— el inicio de la propuesta de lucha colectiva que puso en marcha, con otro compañero, desde la prisión de Estremera (Madrid VII), y que hacían llegar mediante Radio Vallekas al colectivo Propresxs Madrid a finales de 2015.

Después de establecer un diálogo con el grupo de apoyo madrileño y el colectivo Tokata, de Valencia, los impulsores de la propuesta decidieron hacer algunos cambios al primer borrador con el objetivo de que esta iniciativa fuera lo más efectiva posible, intentando que estuviera basada en la horizontalidad, sin utilizar siglas ni un nombre de grupo para evitar ser objetos de control y vigilancia por parte de las instituciones penitenciarias desde el principio, y sintetizar la tabla de reivindicaciones para hacerla más clara.

Después de unos meses de reflexión y debate entre grupos de apoyo, abogados y presos, la propuesta se presentaba en julio de 2016 con un comunicado y una tabla de reivindicaciones con doce puntos. Denunciaban las situaciones que en mayor medida "atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida"  con ayunos mensuales, comunicados tanto a los grupos de apoyo como a la dirección de las cárceles, con el objetivo de visibilizar y dar a conocer las demandas tanto dentro —para que más presos se sumaran— como fuera de los muros. Desde el lanzamiento de este primer borrador, ya son más de cuarenta los presos —diecinueve de ellos desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)— que se han adherido a la propuesta de lucha colectiva y que se han sumado a los ayunos a principios de cada mes, a la vez que mantienen la comunicación constante con los grupos de apoyo, denunciando judicialmente cualquier tipo de abuso que sufren o son testigos.

Desde el centro penitenciario de Castellón —donde más muertes se han producido en los últimos años y desde donde actualmente se denuncian más casos de tortura y maltrato— también ha surgido la propuesta de iniciar una huelga de hambre el primero de mayo —con una duración de cinco a quince días dependiendo de la situación de cada preso— con el objetivo de hacer una primera acción coordinada entre todos los presos que se han adherido a la lucha e intentar que todavía se suman más.

Según el testimonio de una treintena de presos en lucha activa con quienes hemos establecido comunicación a través de cartas desde la Directa, la mayoría de ellos están sufriendo las consecuencias represivas de cuestionar el régimen penitenciario, con represalias como el castigo del régimen especial de aislamiento continuo, la intervención de todas las comunicaciones, la dispersión y los constantes cambios de prisión lejos de sus familias y amistades. A pesar de las estrategias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para desmovilizar, todos ellos están concienciados y ven necesario sacar adelante la propuesta: "Dentro de las cárceles los derechos fundamentales sólo existen en la teoría, ya que en la práctica carecen todos. La normalización de esta locura es lo que nos deshumaniza. No tener expectativas de ningún tipo hace que lo único que quieres sea dedicar tu vida a luchar contra esta bestia, porque aquí dentro ya es lo único que te dignifica y te hace sentir humano y no un animal salvaje ", explica Chavero desde el régimen de aislamiento, y concluye con un mensaje claro: "Mi futuro es dedicarme a luchar por los que quedan aquí dentro, si es que consigo salir vivo de esta tumba".

El objetivo de crear una "comunidad de lucha"

Fernando Alcatraz —ex-preso y miembro de la extinguida COPEL— actualmente forma parte del colectivo Tokata, que pretende ser un instrumento de comunicación entre los presos en lucha dando voz a las personas presas que han puesto en marcha esta iniciativa, y considera que, "aunque nuestro objetivo siempre será la abolición de las cárceles, a corto y medio plazo esta iniciativa sirve para denunciar el hecho de que no se están respetando los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, y precisamente queremos abrir un debate social sobre esta situación y avanzar para conseguir estas doce reivindicaciones ".

Alcatraz considera que desde que se organizó el grupo de apoyo al colectivo Nais Contra a Impunidade (Madres contra la Impunidad) —fueron sancionadas en octubre de 2010 por protestar delante del cuartel de la Guardia Civil de Arteixo (la Coruña), cuando reclamaban información sobre la muerte del joven Diego Viña dentro de las dependencias de la Benemèrita— la coordinación entre los presos, los familiares y los grupos de apoyo está mejorando. También considera que esta propuesta pretende que la solidaridad se extienda a toda la población para poder formar "una comunidad de lucha" y un movimiento anticarcelario mucho más amplio que el que existe actualmente. "La atomización y la alienación social generalizada a la que estamos sometidos, el populismo punitivo de los medios de comunicación —que cuando hablan de prisiones solo dan voz a los sindicatos de carceleros— y la represión que aplica la política penitenciaria —con los regímenes de castigo, los traslados continuos o la construcción del nuevo modelo arquitectónico de macrocárceles— están destinados a evitar que se forme una organización de lucha, como ya ocurrió anteriormente ". Pero considera que el camino trazado y el ímpetu de estos presos está generando "que aumente el interés y la conciencia, y se empiece a rearticular el movimiento", ya que, según Alcatraz, "solo el hecho de reabrir el espacio de lucha, es el medio y es el fin de la propuesta ".

Tortura y hacinamiento
Según el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) -integrada por 48 entidades-, la mayoría de denunciantes de tortura en el año 2016 en España fueron hombres, migrantes, menores y personas represaliadas en movilizaciones sociales.
Por distribución territorial, las comunidades con más denuncias son Madrid, Cataluña, Ceuta y Andalucía. Finalmente, los cuerpos de seguridad que lideran el ranking de agresores son el Cuerpo Nacional de Policía española, los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil. Los informes anuales que publica la organización remarcan que el número de denuncias reales por tortura es superior al número de denuncias incluidas en sus informes. Y cuentan que algunos factores explicativos de este sesgo son el miedo a denunciar agresiones sufridas ante la posibilidad de recibir contradenuncias o sanciones administrativas, la inseguridad jurídica o bien la percepción de la impunidad de los torturadores, muchos de ellos condenados y posteriormente indultados.
A modo de autocrítica, apuntan que también afecta a la disminución del número y de las capacidades de los observatorios de derechos humanos, muchos de ellos saturados o afectados por la reducción de prestaciones públicas. En el caso de la Cataluña Norte, encontramos la cárcel de Perpiñán, construida en 1987. Actualmente alberga 728 personas a pesar de tener una capacidad para 541. El espacio más sobrepoblado es el módulo de prisión provisional o penas cortas (inferiores a dos años), con 144 plazas, pero donde malviven 307 reclusos. Debido al hacinamiento mucha gente tiene que dormir en el suelo. 

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