Cárceles
La pandemia evidencia la precariedad del sistema sanitario en la cárcel de Picassent

“Se están limitando los derechos penitenciarios de acceso a permisos, a terceros grados, a tener visitas presenciales u online con sus familias, pero también se está vulnerando el derecho fundamental a una atención sanitaria digna”, reclama Javier Vilalta, letrado y presidente de Àmbit, una asociación que trabaja en la reinserción con personas presas en Picassent. Estas vulneraciones son el reflejo de la alta incidencia que la pandemia está teniendo en las prisiones valencianas, y que amplifican el reclamo de entidades y familiares para que se lleven a cabo actuaciones urgentes que garanticen el derecho a la salud, también psicológica, de las personas presas.

Según los últimos datos proporcionados por las fuentes oficiales, hay 197 personas presas con resultado positivo y más de 460 continúan en cuarentena, confinadas dentro de las celdas de la cárcel de Picassent. El pasado 27 de enero, el Ministerio del Interior ordenaba el aislamiento total de este centro penitenciario, situado a 14 kilómetros de la capital valenciana, en el que viven más 1.900 personas privadas de libertad. Desde esa fecha, únicamente se permite el acceso a funcionarios, trabajadores y personal extrapenitenciario cuya labor sea considerada como indispensable.

Según los últimos datos proporcionados por las fuentes oficiales, hay 197 personas presas con resultado positivo y más de 460 continúan en cuarentena, confinadas dentro de las celdas de la cárcel de Picassent

Con este cierre por razones sanitarias se impuso la suspensión de todos los permisos de salida, al igual que todas las visitas de familiares y de la mayoría de las entidades, cuya labor no se consideró como “indispensable”, aunque son quienes realizan la casi totalidad de las actividades destinadas a la reinserción. Se restringieron también todas las actividades en los espacios comunitarios de la prisión, cuya comunicación con el exterior continúa prácticamente bloqueada. La afectación que supone esta medida en un contexto de alta incertidumbre vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de precariedad sanitaria, de asistencia jurídica y tecnológica que viven las personas presas en la prisión de Picassent.

Sin vacunas y con un sistema sanitario precario

Si bien la Estrategia Nacional de Vacunación define que “las comunidades o entornos cerrados, como las instituciones penitenciarias, son de mayor riesgo”, con un peligro de exposición y transmisión “más alto que el de la población general”, solamente plantea la vacunación prioritaria de los funcionarios penitenciarios, finalmente incluidos en el grupo 3B del protocolo valenciano y cuya vacunación se encuentra ya activada, según informan desde el Departament de Salut responsable de la campaña de vacunación. Aunque los datos de incidencia del coronavirus en las personas presas —proporcionados por Instituciones Penitenciarias— es casi cinco veces superior al del resto de la población, el el plan de vacunación para inmunizar a los colectivos más vulnerables frente al covid-19 no prevé que las personas presas sean vacunadas hasta que se active la última fase general de vacunación por edades.

Aunque la incidencia del coronavirus en las personas presas es casi cinco veces superior al del resto de la población, el plan de vacunación no prevé su vacunación hasta la última fase general por edades

A la prevalencia de enfermedades dentro de los centros penitenciarios, en los que existe una gran incidencia de otras enfermedades y un alto índice de personas inmunodeprimidas, se suma el factor de la precariedad del sistema de salud penitenciario. Unas competencias que, desde la entrada en vigor de la Ley 16/2003 del 28 de mayo, deberían haber sido transferidas a la Generalitat Valenciana y que continúa gestionando el Ministerio del Interior.

“Actualmente en Picassent solo hay entre cinco y siete médicos. Hace ya varios años que no disponen de atención primaria y solo están un 20% de los facultativos que deberían”, denuncia Vilalta, y califica la situación como “un maltrato sanitario” hacia las personas presas. “Reivindicamos la corresponsabilidad de las dos administraciones. Estas personas, por estar presas, no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas con derechos constitucionales plenos, y el derecho a la salud es uno de ellos”, remarca.

El aislamiento también implica la indefesión jurídica

Otra de las consecuencias del aislamiento de Picassent está siendo la indefensión jurídica en la que han sobrevenido las personas presas. Una realidad que afecta sobre todo a aquellas con situaciones más precarias, cuyo apoyo jurídico depende de servicios de apoyo letrado gratuito, como el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que brindaba el Colegio de Abogados de València y que continúa suspendido.

También se está produciendo una indefensión jurídica entre las personas presas, que afecta sobre todo a aquellas con situaciones más precarias, cuyo apoyo jurídico depende de servicios de apoyo letrado gratuito

“Las personas que no tienen un abogado particular y que dependen de este servicio de orientación jurídica han quedado en absoluta indefensión”, señala Pilar Serrano, activista y abogada en la asociación Teuladí. “Existe un sistema de apoyo a distancia pero los medios técnicos disponibles son muy escasos y muchas personas ni siquiera saben que este mecanismo existe”, explica la letrada.

La suspensión de los permisos ha cerrado también la puerta para la obtención de los terceros grados, que permiten disfrutar de mayores libertades. También las valoraciones de los médicos forenses, para documentar ciertas condiciones de inimputabilidad, estarían siendo entorpecidas por el aislamiento y por la falta de medios tecnológicos que permitan la comunicación fluida con el exterior. “La defensa jurídica de todas estas personas ha quedado en un agujero negro”, expresa Serrano.

La salud mental de las personas presas y sus familiares

Otro de los temas que los colectivos reclaman a las autoridades competentes es el de la salud mental dentro de las prisiones, para que se incluyan equipos multidisciplinares internos que atiendan la salud mental de las personas presas, a pesar del aislamiento sanitario que está imponiendo la pandemia.

Las familias también están sufriendo las consecuencias de este aislamiento, con unos niveles “altísimos” de incertidumbre por la falta de información y de comunicación con sus familiares presos

Según los datos del informe publicado por la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenicario (ROSEP), cerca de un 50% de las personas presas en el Estado español padecían, en 2015, alguna patología mental o adictiva. El documento destaca, además, que la tasa de personas con trastornos de salud mental en prisión puede llegar a multiplicarse por siete si se compara con los datos de la población general. Aún así, los profesionales y las entidades señalan que muchas veces estas patologías no están siendo tenidas en cuenta. “Nos encontramos con personas que tienen problemas de salud mental a los que no le visita el psiquiatra desde febrero de 2020”, reconoce un psicólogo del ámbito penitenciario que trabaja con personas presas a través de una ONG. “Hay muchas personas que además están sufriendo ansiedad, frustración o depresión. Este confinamiento dentro de las celdas está aumentando los niveles de sufrimiento psicológico”, explica el psicólogo.

También las familias están sufriendo las consecuencias de este aislamiento, señala el experto, con unos niveles “altísimos” de incertidumbre, generados por la falta de información y de comunicación con sus familiares presos. A pesar de que se han aumentado, en algunos casos, las llamadas semanales permitidas de 10 a 15, el experto resalta la carencia de recursos y la necesidad de una implementación de las nuevas tecnologías en las prisiones, lo que ayudaría a mantener un contacto más satisfactorio con las familias y facilitaría su futura reinserción.