Biodiversidad
La brecha financiera verde: 2.000 millones anuales para conservar la biodiversidad, 8.000 para destruirla

430,65 millones de euros en IVA reducido para plaguicidas y fertilizantes utilizados en la agricultura industrial, probados destructores de la biodiversidad —especialmente entre la microfauna— en el campo ibérico con múltiples consecuencias. 113,7 millones de euros para combustible con exención de impuestos utilizado por la flota pesquera española, que faena en unos mares con demasiados límites medioambientales traspasados. 282 millones para la quema de biomasa forestal, gran parte de ellos ingresados en las arcas de papeleras y madereras a las que se las achaca una gestión de los bosques poco sostenible. Así hasta 7.915 millones de euros en inversiones o incentivos en prácticas que dañan la naturaleza. 

La cifra la denuncia Ecologistas en Acción, que este martes publica el informe  Incentivos perversos: cómo se subvenciona la destrucción de la biodiversidad en el Estado español, un documento en el que se analizan —por primera vez en España— las subvenciones, exenciones fiscales e inversiones estatales y autonómicas en el sector primario relativas a 2024 y relacionadas con la biodiversidad. Se trata de unos datos que contrastan con la cifra que España dedica a conservación y restauración de la naturaleza: 2.089 millones sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, cuatro veces menos.

Los números, matizan desde el equipo de Sin Biodiversidad no hay vida, la campaña de Ecologistas en Acción que ha llevado a cabo la investigación, realmente serían muy superiores, pues estos no incluyen los millonarios incentivos públicos a sectores de gran impacto ambiental, como el transporte o la energía.

En defensa de un sector primario en consonancia con la naturaleza

Jesús Martín, responsable de la campaña, deja claro desde el principio que el informe no critica en ningún momento el modelo de subvenciones al sector primario. “Precisamente porque éste es necesario y debemos mantenerlo, hay que alinearlo con otras problemáticas, porque si no no sé cómo vamos a salir de aquí”.

Martín sostiene que “se está haciendo de una manera que no solo repercute muy negativamente a la biodiversidad, sino que no se hace alineado con unos principios de justicia social”. Se refiere al hecho de que, según dictamina el informe, “el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies en lugar de mejorar la situación de productores y productoras con niveles más bajos de renta, que a su vez son quienes más riqueza dejan en las comunidades”.

“Habría que empezar por los plaguicidas y los fertilizantes, que si bien no es la partida más alta, es la que conlleva un impacto más alto en materia de biodiversidad”, señala Martín.

La investigación, en la que han colaborado Economistas Sin Fronteras y la campaña Rethink Fisheries para el análisis del sector pesquero, señala que España tiene un déficit de 3.493 millones de euros para la lucha contra la biodiversidad. Esta cifra se desprende del hecho de que el Estado español, al formar parte del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, una estrategia que aborda la necesidad de reconducir los flujos financieros públicos para evitar daños a la biodiversidad.

En respuesta a este mandato, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 estima que es necesaria una inversión anual de unos 4.170 millones adicionales. Sin embargo, la investigación remarca que solo ha habido una inversión adicional media de 677 millones de euros anuales, lo que deja la “brecha financiera nacional para cumplir con el CDB en 3.500 millones”, señala Martín.

El Gobierno se comprometió en dicho Plan a identificar y priorizar para 2025 las subvenciones e incentivos que resultan perjudiciales para el patrimonio natural y la biodiversidad de forma directa o indirecta. También a eliminar o reconfigurar el 50% de las mismas antes de que acabase dicho año, una promesa que ha incumplido.

El informe presentado este martes cifra el porcentaje de subvenciones de la PAC que son perjudiciales para la naturaleza en un 78% del total

Dentro del sector primario, es el agrario el que se lleva la palma en este contexto. Nueve de cada diez euros en subvenciones perjudiciales para la biodiversidad van a parar a este área. La Política Agraria Común (PAC), la partida más grande del presupuesto de la Unión Europea, representa el 25% del total de éste, pero el 80% de ese dinero lo acaparan el 20% de los agricultores y ganaderos. 

El informe presentado este martes cifra el porcentaje de subvenciones de la PAC que son perjudiciales para la naturaleza en un 78% del total, principalmente asociadas a entornos agrarios. “Habría que empezar por los plaguicidas y los fertilizantes, que si bien no es la partida más alta, es la que conlleva un impacto más alto en materia de biodiversidad”, señala Martín. 

Conscientes de que este tipo de químicos fitosanitarios son clave para el campo en el modelo actual, desde Ecologistas sugieren “una eliminación paulatina, dado que la industria depende de este tipo de insumos”, explica el responsable. Abogan, no obstante, por una eliminación rápida de los más dañinos. Es el caso del glifosato, un polémico herbicida catalogado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y que está bajo sospecha de ser disruptor endocrino, esto es, que altera el sistema hormonal. 

Los acuerdos pesqueros con terceros países, en la diana

En el ámbito pesquero, Martín indica que el informe “pone la diana en los acuerdos europeos con terceros países”, más teniendo en cuenta que España posee la mayor flota de la UE y es reponsables del 22% de las capturas de los 27. Existen once acuerdos activos que permiten a la flota española, que permiten a los barcos operar en países como Mauritania, Guinea Bissau, Gabón, Cabo Verde, Mauricio o Seychelles. Dichos acuerdos incluyen 107 millones de euros anuales en ayudas. Desde Ecologistas remarcan que “en la literatura científica hay evidencias que sugieren que estos acuerdos sirven para garantizar el acceso de la flota europea a recursos en muchos casos sobreexplotados, como el pulpo en Mauritania, sin generar beneficios sustanciales en los terceros países”.

Si bien el Estado español es uno de los líderes globales en la lucha contra la pesca ilegal, el documento apunta a un aspecto clave pendiente para mitigar el fraude del sector pesquero: “Informar de la titularidad real o el beneficiario efectivo de un barco no es obligatorio, por lo que las empresas que controlan de facto las operaciones de un buque pueden ocultarse tras banderas de conveniencia, estructuras corporativas complejas y sociedades pantalla, dificultando la identificación de las personas verdaderamente beneficiarias de las actividades pesqueras”. Se trata de una práctica que, además, permite que empresas beneficiarias de barcos que hayan sido sancionados puedan seguir recibiendo subvenciones públicas a través de otros buques y empresas.

“No es casualidad que ENCE, que es una papelera, tenga una empresa propia solo para biomasa forestal, y que esto esté muy ligado al modelo forestal”, alerta Martín

La investigación señala que compañías españolas como Nueva Pescanova, Wofco o Iberconsa tienen flotas en varios países de África o América. Asimismo, empresas como Albacora o el grupo Calvo poseen pesqueros activos en países señalados por la UE por permitir la pesca ilegal, como Panamá, Ecuador y Senegal. “Este tipo de empresas que externalizan su producción, su huella ecológica, y evaden impuestos para después vender sus productos en Europa, no deberían recibir subvenciones públicas de ningún tipo”, sostiene el informe.

Asimismo, el documento destaca los 113,7 millones de euros en subvenciones a combustibles para la pesca profesional. Los investigadores apuntan que este monto podría estar contribuyendo al aumento de la capacidad y la sobrepesca al reducir artificialmente su mayor gasto.

En vínculo de la biomasa renovable con la gestión forestal y las papeleras

Por último, el documento hace hincapié en las subvenciones que recibe el sector forestal, especialmente en las subvenciones para la obtención de energía a partir de biomasa forestal. “Habría que medir mucho más cómo se otorgan esas subvenciones”, apunta Martín.

Si bien desde el equipo investigador consideran que hay que incorporar este tipo de energía al mix de renovables, “la verdad es que son las grandes corporaciones energéticas las que están impulsando este modelo y se están beneficiando altamente de subvenciones”, señala el responsable. Como ejemplo cita a la papelera ENCE, “que recibe una cantidad enorme de subvenciones por distintos frentes y que tiene la mayor potencia eléctrica instalada en este país de combustión por biomasa”.

Al señalar a las grandes papeleras el equipo detrás del informe pretende llamar la atención al respecto de la interconexión con toda la gestión forestal del país. Hay que recordar que el 72% de la superficie arbolada del país está en manos privadas y que el sector que más madera consume es el de la celulosa, con un 36% del total.

“Están impulsando este modelo porque es un complemento para sus beneficios. No es casualidad que ENCE, que es una papelera, tenga una empresa propia solo para biomasa forestal, y que esto esté muy ligado al modelo forestal”. Según alerta el responsable, “si las grandes madereras y papeleras están vinculadas a las grandes energéticas, y además controlan el tipo de bosque que tenemos en nuestro país, luego ves que hay muchos vínculos entre la expansión del eucalipto, el incremento de la industria de biomasa forestal o incluso con la prevención de incendios”.

Al respecto, el informe indica que solo el 18% del Fondo Europeo Agrario para el Desarrollo Rural está dedicado a la gestión forestal exclusiva, mientras que el apoyo a las inversiones relacionadas se lleva el 92% de esos fondos en España.