Becarios
El Estatuto del Becario: nueva batalla de Yolanda Díaz en el Congreso

Con el frenazo de la reducción de la jornada laboral en el Congreso con las fuerzas unidas de PP, Vox y Junts, las demás medidas del Ministerio de Trabajo se resienten. Ocurre con la mejora del registro horario -que saldrá gracias a ser un decreto ley, sin necesidad de mayoría en la cámara baja- y ocurre con otras medidas como el derecho a la desconexión en el teletrabajo o el esperado Estatuto de los Becarios. Se esperaba que antes del verano pudiera llegar al Consejo de Ministro y luego al Congreso, pero esto no ha llegado a pasar. 

Se trata de una norma que lleva pidiéndose desde principio de siglo pero con la crisis de 2008 se hizo urgente. Muchas empresas intentaron compensar la pérdida de ingresos por la caída del consumo con una reducción de costes que pasaba por los laborales. Becarios en lugar de trabajadores, negocio redondo. Jóvenes que no conocen sus derechos, que sin contrato no tienen dónde reclamar y con derechos mermados más allá de un salario como el no tener ni contacto con los representantes sindicales. Miles de becarios rondaban por oficinas haciendo desde fotocopias, donde no aprendían nada de sus estudios, hasta sustituyendo a trabajadores plenamente. 

Esta nueva regulación trae algunas novedades muy demandadas por los estudiantes, como el fin de las prácticas extracurriculares, aunque está por ver si es una desaparición definitiva

“El objetivo que tenemos es hacer frente a la precariedad laboral a la que se enfrentaba quien hacía estas prácticas, que muchas veces iban sin derechos, sin herramientas”, explica a El Salto la secretaría de Juventud de CCOO, Pau García Orrit, que indica que serán sobre todo las prácticas de Formación Profesional, certificados de profesionalidad y algunas universitarias las que sean más afectadas por el futuro Estatuto del Becario. Se trata de un anteproyecto de ley acordado entre el Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en 2022 pero que aún espera su aprobación definitiva. 

Esta nueva regulación trae algunas novedades muy demandadas por los estudiantes, como el fin de las prácticas extracurriculares, aunque está por ver si es una desaparición definitiva. Es decir, se garantizarán los derechos en las curriculares, las obligatorias para terminar los estudios, pero se pretende acabar con las que van más allá de esta obligación. Se pretende, así, que todas esas prácticas de primer empleo pasen a ser reguladas por los contratos de formación, que sí que constituyen una relación laboral entre recién graduado y empresa. Hasta ahora, esta relación formativa solo está regulada por los convenios de prácticas que se firman entre centro educativo y empresa, que están contemplados en el Real Decreto 592/2014 y que muchas veces ni es conocido por los estudiantes. 

“Hay cosas muy importantes, como las cotizaciones de la Seguridad Social, que va a dar muchos datos de la cantidad de datos de gente haciendo prácticas”, explica García Orrit, en referencia a una medida que entró en vigor en enero de 2024 y que ha ido perfilando la cantidad de becarios que hay: entre medio millón y un millón. Hay que tener en cuenta que esta cifra varía en función del mes en el que se mire, ya que muchas prácticas son solo en primavera o verano y otras, como las referidas a la educación dual, son durante todo el curso escolar. Y otro dato: se trata de una obligación, la de cotizar, impulsada por la Unión Europea, pero esta cotización tendrá efecto solo en su jubilación (no así como el paro), independientemente de que haya algún tipo de compensación económica por hacerlas, se cubran gastos o no reciban nada.

Desde CCOO, avanzan más puntos del acuerdo. “Se ha avanzado mucho en la protección: van a poder acceder a los mismos servicios que los trabajadores de la empresa, como acceder a un comedor, que no les cueste dinero ir, que se respeten las vacaciones, etc”. Y es que uno de los puntos más ambiciosos del futuro estatuto es lograr que los estudiantes sean compensados por el transporte, el alojamiento o dietas para que estudiar no les cueste más dinero. “La tutorización ha mejorado bastante, para que haya una formación de calidad más allá de combatir la precariedad”, explican desde CCOO, ya que se limitará el número de estudiantes que un tutor puede controlar, para así mejorar la calidad de la formación y poder estar más vigilantes de posibles abusos. 

“Esto es como los derechos laborales, por muchos mecanismos si no hay un cuerpo de Inspección de Trabajo fuerte no se cumplirán”, indica García Orrit

Preguntada cómo se podrá controlar mejor que no sustituyan a un empleado los alumnos o que estén siendo formados, la responsables de CCOO apunta a las evaluaciones de los alumnos, aunque reconoce que sin la ayuda estatal no se podrá lograr un control real. “Esto es como los derechos laborales, por muchos mecanismos si no hay un cuerpo de Inspección de Trabajo fuerte no se cumplirán, por muy bien que esté la ley, como pasa con el registro horario”, indica García Orrit. Pero lo cierto es que muchas cosas se han quedado en el tintero como la posibilidad de que hubiera una parte de la inspección vinculada precisamente a los becarios. Actualmente y con el Estatuto vigente en un futuro, tendrán que ser los empleados los que podrán denunciar, nunca los estudiantes. 

Otros avances son que las empresas estén limitadas a tener un 20% de la plantilla como becarios, que, como recuerda CCOO, en tiempo de la crisis económica pudo pasar a ser el 80%. “No es normal esa situación”, dice la secretaria de Juventud del sindicato, que reconoce que la patronal ha sido el principal inconveniente para avanzar más en esta regulación. “Ha habido mucha reticencia desde el inicio, porque hasta se levantaron de la mesa, es irresponsable porque esta norma no solo busca acabar la precariedad y mejorar la formación, sino que pretende que tengan una mano de obra cualificada”, explica. 

La patronal, un obstáculo para ir más allá

Este obstáculo de la patronal también lo apuntan desde CGT. El sindicato de clase teme que el Estatuto del Becario se convierta en “papel mojado” al no llegar a reconocer la relación laboral entre empresa y becarios. “Lo he sufrido yo en mis propias carnes”, indica a este medio Sergio García Benel, abogado del sindicato CGT, que recuerda que en su momento de formación había “becarios de primera y segunda”, entre los que cobraban algo por sus prácticas y los que no. “Nos dio esperanza cuando se empezó a hablar del anteproyecto de ley, sobre todo la desprotección cuando se acaban las prácticas, que no tienen derecho ni a paro ni a indemnización ni a nada”, explica, incluso cuando muchas veces se amplía el tiempo de la beca, sin derecho a vacaciones y teniendo que recuperar horas incluso cuando hay una visita al médico o se está enfermo o enferma. 

“Me siguen llegando compañeros que no conocen su convenio regulador, cuando un trabajador al menos puede buscar su convenio”, denuncia el abogado, que califica al acuerdo entre Trabajo y los sindicatos de “tibio”. “Lo que tiene que haber es más supervisión de la Inspección”, insiste García Benel, que recuerda la inspección que se hizo a las cuatro grandes consultoras donde se abrió la caja de pandora de los falsos becarios. Solo entre 2021 y 2023, se encontró que 38 de los 100 puestos de becarios analizados eran fraudulentos. “1.598 falsos becarios y becarias detectados en las 4.194 actuaciones inspectoras en esta materia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, decía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

“En Madrid la situación es fruto de una privatización desreguladísima y pensada para que las instituciones privadas lo lleven todo”, indica la representante de Juventud de CCOO

El tema, apuntan desde CGT es que las prácticas se han convertido en un negocio tanto para las empresas, que se ahorran los costes laborales, como para algunos centros educativos privados y concertados. “Hay centros públicos donde a penas hay opciones para hacer las prácticas, por los controles que ponen y que hace que sean ‘Los juegos del hambre’ lograr plaza. Por contra, hay centros que tiene 300 empresas disponibles, esto hace que muchas personas opten por un centro privado solo por poder hacer las prácticas”. Esto se pudo ver en Formación Profesional en la Comunidad de Madrid, cuando los estudiantes, sobre todo en sanidad, se manifestaron al no tener garantizadas las plazas para las prácticas obligatorias para tener el titulo. “Es fruto, en Madrid, de una privatización desreguladísima y pensada en que las instituciones privadas lo lleven todo”, indica la representante de Juventud de CCOO, que explica que esto no pasa en otras comunidades y que da como resultado que muchas familias “no pueden pagar las FP privadas, o entren en un ciclo que no quieren pero hay plaza o directamente no puedan estudiar”. 

Esto hace que se diera un impulso a principios del año para tener definitivamente el Estatuto de Becarios, pero lo que se prometió que estaría en el Consejo de Ministros a principios de verano para su posterior aprobación en el Congreso no se llegó a cumplir. “Iba a ser este martes pasado, pero no ha sido, porque cambia el panorama político cada día”, advierte Pau García Orrit, que advierte que su sindicato empezará a “tomar acciones” si se retrasa más allá de septiembre su aprobación porque los y las estudiantes “necesitan protección ya”. Por último, Sergio García Benel apunta a lo difícil que será aprobar en el Congreso la ley si Junts mantiene su veto como ya hizo con la reducción de la jornada laboral. “No entiendo por qué no han recurrido a otras formas de aprobarlo, porque está claro que esta propuesta de ley necesita apoyos en el Congreso y Junts defiende los intereses de parte de Cataluña que tiene mucho interés en seguir teniendo mano de obra barata”.