Barcelona
Barcelona construye más vivienda pública que la Generalitat y la Comunidad de Madrid juntas

El parque público de vivienda en la ciudad de Barcelona ascendía a 7.500 pisos en 2015. Representaba el 1,5% del total. Desde entonces y hasta 2021, casi se ha doblado con la incorporación de más 6.000 hogares —4.000 finalizados y otros 2.000 en proceso, que se acabarán entre 2023 y 2025—. El Ayuntamiento ha construido más que la Comunidad de Madrid y la Generalitat juntas: Madrid construyó 1.232 viviendas en ese periodo de siete años y el Incasòl —el organismo catalán responsable de vivienda— edificó 1.950 unidades en una década —entre 2011 y 2021—, y tiene en marcha otras 683. De estas cifras nace un reproche: fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona En Comú) recuerdan a la Generalitat (ERC y, hasta octubre, Junts) que les debe más de mil viviendas públicas. 

El reproche no es gratuito. A 31 de octubre de 2022, la Mesa de Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Barcelona tenía 639 expedientes “valorados positivamente”. Es decir, hay 639 familias “pendientes de adjudicar vivienda”. A los casos más urgentes, la Mesa les aloja temporalmente en viviendas de uso turístico que el Ayuntamiento alquiló durante la pandemia en contratos de uno a cuatro años —33 familias fueron ubicadas el pasado mes a través de esta vía—. 

La Generalitat “debe” más de mil viviendas sociales al Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona acuerda con Sareb 67 alquileres sociales en aplicación de la ley catalana antidesahucios

Gessamí Forner

Catalunya

Catalunya Barcelona acuerda con Sareb 67 alquileres sociales en aplicación de la ley catalana antidesahucios

Gessamí Forner

El Ayuntamiento de Barcelona ha adelantado que está estudiando la posibilidad de regularizar la situación de otras 200 familias en las próximas semanas.

El Ayuntamiento recuerda que la Mesa de Emergencias Sociales es un consorcio participado al 60% por la Generalitat y el 40%, por el Ayuntamiento. Pero que mientras el consistorio “ha aportado tres cuartas partes de las viviendas”, la Generalitat continúa evitando sus responsabilidades. “La deuda es de más de mil pisos”, insisten las fuentes consultadas. 

La Generalitat no ha respondido a la pregunta de El Salto de cuántas viviendas ha construido entre 2015 y 2021 en Catalunya y solo Barcelona, y cuántas de ellas se destinan a alquiler social. En su página web, el Incasòl indica que desde 2017 tiene 27 promociones en marcha, en distintas fases de desarrollo, con un total de 1.152 viviendas en las que ha invertido 128,4 millones. Ahora bien, como en muchas otras comunidades, la Generalitat considera una “oportunidad única” la llegada de los fondos europeos Next Generation, con los que esperan pasar del 1,7% actual al 7% de parque público.  

El Ayuntamiento de Barcelona utiliza tres vías para ampliar el parque público: edificación nueva, compra de vivienda privada y acuerdos con la Sareb

Varias vías, y sin Next Generation

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona lleva dos legislaturas optando por varias vías para intentar hacer frente a la crisis habitacional de la ciudad —en 2014, había una media de 43 desahucios diarios; un total de 14.000 ese año—, posicionándose como el organismo que, sin tener la competencia de vivienda, más invierte al año. Gasta 165 euros por habitante, frente a los 36 euros de la Comunidad de Madrid y los 74 del País Vasco —Euskadi es el segundo territorio con más parque público, tras Andalucía—. 

Para ello utiliza tres vías: edificación nueva, compra de vivienda privada y acuerdos con la Sareb. La edificación nueva es una vía que se queda corta ante la escasez de suelo, por lo que el Ayuntamiento ejercido su derecho de tanteo y retracto para comprar 21 edificios del mercado privado que iban a ser captados por fondos buitre, poniendo a disposición del parque público 650 viviendas. Asimismo, este mes el Ayuntamiento hizo público el acuerdo alcanzado con la Sareb para regularizar la situación de casi 300 familias que residen en pisos del conocido como banco malo, pasándolos a gestionar desde el consistorio. Ahora los vecinos abonarán una renta equivalente al 10, 12 o 18% de sus ingresos. Esta opción ya la puso en marcha en 2015, cuando Ayuntamiento y Sareb firmaron un acuerdo de este tipo para 150 viviendas. Sareb tiene algo más de 800 viviendas en alquiler en Barcelona, por lo que aún quedan alrededor de 300 pisos que el Consistorio desea gestionar.

Una jueza ratificó en julio la sanción de 90.000 euros por xenofobia impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a un agente de la propiedad y un portal inmobiliario que requerían a los posibles inquilinos “que fueran españoles”

Por último, Barcelona ha duplicado las ayudas al alquiler —ha invertido 114 millones desde 2016— y promueve las cooperativas de vivienda en cesión de suelo público —espera facilitar la construcción y rehabilitación de mil viviendas en un periodo máximo de diez años—. 

En cuanto a los desahucios, ha triplicando los equipos municipales que los atienden y, a través de la unidad antiacoso inmobiliario, ha multado por primera vez a propietarios xenófobos —una jueza ratificó en julio la sanción de 90.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona a un agente de la propiedad y un portal inmobiliario que requerían a los posibles inquilinos que “fueran españoles”— y ha cerrado 7.476 pisos turísticos.

Barcelona, se alquila temporalmente

Gessamí Forner

Derecho a la vivienda

Vivienda Barcelona, se alquila temporalmente

Gessamí Forner

Los alquileres temporales proliferan en la capital catalana y expulsan a sus vecinas de los barrios céntricos. La escasa regulación de esta modalidad contractual, que no precisa de licencia turística y genera elevados honorarios para las agencias inmobiliarias, se ha convertido en el último “agujero” legal que eleva el precio de la vivienda.

El éxodo y la fuerza

El éxodo de Barcelona empezó tras la crisis de 2008. Su población descendió de 2009 a 2015 de 1.628.103 a 1.609.555 habitantes. Volvió a crecer alcanzando su máximo el año de la pandemia —1.666.554 en 2020—, y el pasado año volvió a perder seis mil habitantes. El Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana para la regulación del precio de alquileres, por lo que las rentas no dejan de aumentar —rozan los mil euros de media—. La norma fue impulsada por el amplio movimiento en defensa de la vivienda, que empuja o fuerza incluso a los partidos políticos menos dados a regular el derecho a la vivienda, como el Partidos Socialista y Junts.

Desde el Sindicat de Llogateres valoran “positivamente los esfuerzos” que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, que “son notablemente mejores que los de otras legislaturas”. Pero alertan de que el problema “real” no es que solo haya un 2% de vivienda pública, una situación que se convierte en “dramática”, sino que la raíz del problema se asienta en que no se tomen medidas que consigan que alquilar sea posible, “porque una sociedad que destina más del 30% de su sueldo al alquiler es insostenible”, y en Barcelona ese porcentaje es muy superior.

Mientras, la futura Ley de la Vivienda, la primera en el periodo democrático del Estado español, sigue atascada en el Congreso, donde el PSOE maniobra para que la norma no contemple unos requisitos mínimos necesarios para que sea eficaz, como la regulación del precio de los alquileres. La ley es un requisito exigido por la Unión Europea para que España reciba fondos Next Generation.