Ayuntamiento de Madrid
La autorización ambiental abre un nuevo frente judicial contra el crematorio de la M-40

La batalla legal por detener el futuro crematorio del tanatorio de la M-14 continúa con la denuncia de la autorización ambiental. El Grupo Municipal de Más Madrid ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el permiso concedido por la Comunidad de Madrid (CAM), por considerar que no ha tenido en cuenta la sustancias tóxicas que emite la incineración de cadáveres y que podrían afectar a las viviendas del cercano barrio de San Fermín.

La demanda del partido de la oposición asegura que la autorización concedida no comprobaba “si la instalación proyectada cuenta con las oportunas medidas de reducción de las emisiones atmosféricas, en cumplimiento de la legislación de la Comisión Europea respecto a las Medidas Técnicas Disponibles (MTD)”.

Más Madrid alega que la instalación de la chimenea del crematorio es nociva para la salud si no se respeta “la distancia de seguridad con las viviendas y la escuela infantil que allí se sitúan”

En el permiso “no existe ninguna medida para reducir las emisiones de mercurio, habituales en los hornos crematorios de humanos”, ni tampoco para anular las emisiones de dioxinas y furanos, “lo cual hace calificable de nociva para la salud la instalación de la chimenea del crematorio sin respetar la distancia de seguridad con las viviendas y la escuela infantil que allí se sitúan”.

Esta demanda se une a la presentada por el mismo grupo municipal el octubre pasado contra la licencia que concedió el Ayuntamiento a la empresa Parcesa para construirlo el horno crematorio, aún pendiente de resolución.

“En esta demanda alertamos de que la incineración de cadáveres supone la expulsión de sustancias tóxicas (óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, mercurio, cadmio, cloruro de hidrógeno, dioxinas y plomo), que tienen un riesgo objetivo para la salud”

José Luis Nieto, concejal de Más Madrid, ha declarado de que “en esta demanda alertamos de que la incineración de cadáveres supone la expulsión de sustancias tóxicas (óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, mercurio, cadmio, cloruro de hidrógeno, dioxinas y plomo), que tienen un riesgo objetivo para la salud, circunstancia que la Comunidad de Madrid en modo alguno ha analizado con relación a la salubridad del entorno situado a menos de 250 metros”.

El escrito presentado por Más Madrid ante el Alto Tribunal regional se remonta hasta 2015, el primer momento en que la compañía Parcesa solicitó permiso para instalar el horno crematorio y que fue rechazado por el Ayuntamiento de Madrid, en aquel momento presidido por Manuela Carmena.

Informe pericial y de Greenpeace

El texto de la demanda, al que ha tenido acceso El Salto, incluye el estudio de la organización medioambiental Greenpeace ‘Incineración y salud. Conocimientos actuales sobre los impactos de las incineradoras en la salud humana’.

Según esta investigación “la residencia o actividad laboral en el entorno de incineradoras se ha asociado con un amplio abanico de efectos adversos para la salud”, incluyendo “cáncer en adultos y niños, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunitario, incremento de alergias y malformaciones congénitas”.

En la misma medida, “se han detectado incrementos significativos de dioxinas en tejidos corporales de personas residentes en zonas próximas a incineradoras, así como mayores concentraciones de mercurio en biomarcadores humanos en poblaciones expuestas, incluidos menores”.

De acuerdo a un estudio de Greenpeace “se han detectado incrementos significativos de dioxinas en tejidos corporales de personas residentes en zonas próximas a incineradoras así como mayores concentraciones de mercurio...”

El estudio recuerda “que cualquier tipo de incineradora emite partículas a la atmósfera, mayoritariamente de tamaño ultrafino, frente a las cuales los sistemas habituales de control de emisiones resultan limitados”. Incluso contando con la tecnología más avanzada, abunda, “producen una exposición potencial continuada de la población a sustancias peligrosas, incluidas dioxinas, metales pesados y compuestos orgánicos persistentes”.

Respuesta de la Comunidad de Madrid

La respuesta de la Comunidad de Madrid, ante el conocimiento de la presentación de la demanda, ha presentado un comunicado a prensa en el que asegura que el proceso ha cumplido con sus “obligaciones legales” desde un punto de vista técnico, al mismo tiempo que recuerdan que el crematorio de la M-40 “es una cuestión municipal”. Insisten en que el papel de la Comunidad de Madrid es “'garantizar la calidad del aire', y que la actual autorización certifica que la instalación contará con 'las máximas garantías ambientales y la tecnología más puntera' para minimizar riesgos”.

En ese sentido, la información hecha pública por el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso subraya que el horno debe contar con una cámara de postcombustión para el tratamiento térmico de los gases y de un sistema de reducción de la temperatura del horno en menos de un segundo para impedir la formación de dioxinas y furanos. La autorización también exige la instalación de un filtro de mangas para eliminar partículas de tamaño PM10 (10 micras) y un alto porcentaje de PM5 (5 micras) y la adición de un coadyuvante que neutralice la acidez de los gases.

Para la CAM se trata de “son medidas avanzadas, acordes con el Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes”. Además, explica que a esta instalación se le han aplicado “valores límite de emisión más restrictivos” que los que rigen para crematorios más antiguos en funcionamiento.