Argentina
Más que una olla: mujeres y economía popular en una Argentina en crisis

Para muchas mujeres que forman parte de la economía popular, la propuesta sigue siendo organizarse frente la Ley Ómnibus del gobierno ultraderechista de Milei.
Florencia Pacífico 1
Mujer cocinando una olla popular en una marcha del 1 de mayo, en 2017. Florencia Pacífico

Es lunes a la mañana y la ciudad de Buenos Aires sigue amaneciendo con multitud de árboles arrancados de cuajo que cortan carreteras y obligan a recalcular rutas. La lluvia es ligera, nada que ver con el temporal que 24 horas antes producía destrozos y la muerte de 15 personas en la provincia. El peor en los últimos años. En el barrio de Parque Chacabuco, Marina Joski lleva un rato sin luz y sale a la puerta para confirmar si es un problema de su departamento o si el corte eléctrico afecta a toda la cuadra. Varios vecinos le confirman la evidencia, los negocios no están iluminados y las heladeras empiezan a templarse. Ya en diciembre, Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del gobierno de extrema derecha de Javier Milei, anticipaba cortes más que frecuentes a lo largo del verano. Este no era más que uno de los múltiples anuncios que desde la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el ballotage venían anticipando un “prepárense”. En plural. Colectivo.

“Bueno, mal de muchos…”. Todas saben cómo termina el dicho, Marina lo deja en el aire mientras rehace el camino a su casa. El saberse parte de algo, ese consuelo no tan de tontos, es una cuestión que atraviesa la vida de esta hija de la flexibilización laboral. Así es como se define. Saltando de trabajo en trabajo y militando desde los 13 años, precarizada de nacimiento, la que hasta las últimas elecciones sindicales era secretaria de Mujeres y Diversidades de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y actual militante de la organización Barrios de Pie, recuerda una convulsa década de los 90 en la que se formó en el anarquismo, cortó rutas, abordó consumos problemáticos en los barrios populares y se organizó por la libertad de los presos políticos. En aquellos años “la propuesta era dejar sin ningún haber propio a nuestra patria, y había que salir a militar”, afirma. La vuelta a los 90, privatizaciones y dolarización mediante, es un miedo que últimamente se escucha en boca de quienes no apostaban por un cambio que huele a viejo. Los cacerolazos convocados tras la aprobación del Decreto Nacional de Urgencia, el resurgir de las asambleas barriales y la convocatoria del paro general el pasado 24 de enero son muestra de que para Marina y para muchas mujeres que forman parte de la economía popular, tanto hoy como en aquella época, la propuesta sigue siendo organizarse. 

Inventarse el trabajo

“Mi historia es la historia de muchas, y hoy tiene un nombre, el trabajo de la economía popular”. En Argentina, la economía popular no remite exclusivamente a una categoría descriptiva, es política, de construcción de derechos y se enmarca en un contexto muy concreto. En palabras de la antropóloga argentina María Inés Fernández Álvarez, la economía popular engloba a todos aquellos que tuvieron que inventarse su propio trabajo para sobrevivir. Las actividades que se incluyen van desde la venta ambulante, la recuperación de residuos —los llamados cartoneros—, experiencias productivas vinculadas con la creación de cooperativas o empresas recuperadas y tareas sociocomunitarias que engloban espacios de cuidado y comedores en los barrios populares. En total, son 8 ramas y alrededor de 80 ocupaciones en las que trabajan más de 3.6 millones de personas, según los datos de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) en el 2023.
En ese mismo registro se define a los trabajadores de la economía popular como aquellas personas que individual o colectivamente se desempeñan en unidades productivas para crear, circular y comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo y el de sus familias y comunidades, estando estas unidades productivas inscritas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. En la publicación Mapeos en Colabor elaborada por el programa Antropología en Colabor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores, se definen las dos principales características que ayudan a acotar el término de economía popular.
Los trabajadores de la economía popular realizan sus actividades por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, no tienen patrón y cuentan con sus propios medios de producción
La primera es que los trabajadores de la economía popular realizan sus actividades por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, no tienen patrón y cuentan con sus propios medios de producción. La segunda es su forma de organización social y productiva desarrollada principalmente entre los sectores más vulnerados de la sociedad, sin derechos laborales ni beneficios sociales y económicos asociados a las relaciones laborales formales. 

Contra el sentido común del sálvese quien pueda y el auge de la figura del hombre hecho a sí mismo, Marina Joski defiende que “la diferencia entre la economía popular y el emprendedurismo es el proyecto colectivo, que tiene un valor social más allá del valor económico”. De esta manera, la investigadora Carmina Pederiva apunta que en la economía popular, al alejarse de prácticas que no responden a la racionalidad empresarial ni a la lógica de la acumulación, “la independencia y el ser tu propio jefe tiene otros sentidos que no se corresponden con los desplegados por los discursos en los que se define a los emprendedores”.  El proceso de organización social de la economía popular que culmina con el nacimiento de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el 2019 no puede entenderse sin prestar atención a los 90, sus políticas neoliberales y las repercusiones que tuvieron en los trabajadores desempleados que comenzaron a inventarse su propio trabajo en Argentina. Esta década estuvo marcada por una mayor presencia del mercado, desregulación financiera, políticas de privatización, flexibilización laboral y reducción de protecciones sociales. La organización de los excluidos dio pie a la constitución de redes organizacionales a nivel nacional y a la llamada “primera asamblea piquetera” en el 2001. La respuesta del Estado fue la implementación de una serie de políticas sociales de transferencia monetaria que se otorgaban a cambio de contraprestaciones laborales enfocadas a actividades que contribuyeran al desarrollo comunitario. Durante los últimos 20 años, los llamados “planes” han vivido transformaciones y cambios de enfoque, pasando de una visión más asistencialista y focalizada a otra más socioproductiva, de alcance universal.   Fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en los que se dio un llamado “giro a la izquierda”, al establecerse un mayor diálogo con las organizaciones sociales y fomentar la creación de cooperativas de trabajo. 
El 58,2% de la población inscrita en el registro de la economía popular son mujeres, y lo están en ocupaciones vinculadas a los cuidados y la limpieza, esta cifra roza el 90%
“La UTEP es un sindicato de nuevo tipo, conformado por organizaciones diversas con distintas miradas sobre la realidad”. Laura Cibelli es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y secretaria de administración del sindicato desde su fundación. Las primeras elecciones sindicales realizadas el pasado mes de noviembre fueron un éxito en participación y actualmente los y las afiliadas al sindicato son más de 420.000. Para Laura, una de las grandes batallas es impulsar políticas públicas que favorezcan la creación de cooperativas para poder generar mejores condiciones de trabajo. También que el feminismo popular impregne un sindicato en el que la mayoría de las trabajadoras son mujeres. 
Argentina
Argentina Los 10.000 comedores populares se resisten a desaparecer en la Argentina ultraliberal de Milei
Los recortes de Milei comprometen el futuro de los comedores populares que dan alimento a cerca de 10 millones de argentinos. Los movimientos de base se lanzan a la movilización pese a la amenaza del Gobierno quitar las ayudas a quienes protesten.

No solo paramos la olla 

“En el 2001, éramos las mujeres las que salíamos a parar a la olla, porque los hombres entraron en una depresión profunda tras quedarse sin laburo”. Marina Joski recuerda la feminización de muchas de las tareas que sostenían el cotidiano de las piqueteras. Las cifras más actuales del ReNaTEP también muestran el rostro de mujer de la economía popular: el 58,2% de la población inscrita en el registro son mujeres. En ocupaciones vinculadas a los cuidados y la limpieza, esta cifra roza el 90%. La rama sociocomunitaria, una de las ocho que componen la UTEP, está integrada sobre todo por las trabajadoras de los comedores y merenderos populares. Esta es una de las ocupaciones más precarias, ya que no reciben un sueldo por las tareas realizadas y sus ingresos dependen en gran medida del Salario Social Complementario, una medida aprobada en el 2017 con la Ley de Emergencia Social que pretende paliar la falta de ingresos fijos en la economía popular con transferencias estatales que se corresponden con la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo menos de 80 euros a día de hoy. Las tareas que se engloban en la rama no están valoradas en el mercado, “si hiciéramos catering sería trabajo, pero nosotras sostenemos las ollas”, afirma Marina. Sin embargo, todo el trabajo reproductivo de las trabajadoras de la economía popular pone en cuestión las acusaciones que la derecha y el propio Javier Milei vierten sobre las personas que reciben subsidios sociales, catalogados despectivamente como planeros. A los comedores, merenderos y espacios de cuidado acuden muchas trabajadoras del sector servicios e incluso mujeres de la economía popular, por lo que “es la propia economía popular la que está subsidiando a los patrones y su responsabilidad de sostener espacios de cuidados para sus trabajadores”.  La amplia presencia feminizada en ramas como la sociocomunitaria es representativa de cómo las mujeres se ocupan de las tareas reproductivas en el ámbito privado también en la economía popular. Sin embargo, otras ocupaciones proliferaron a partir del 2001. Es el caso de la cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste, en el barrio de Caballito, que ha creado un programa de promotoras ambientales dedicado exclusivamente a mujeres, cuyas tareas consisten en concientizar sobre la separación del material reciclable en las casas, yendo puerta por puerta y organizando charlas en escuelas o centros de trabajo. María Yone, una de las mujeres que integra este programa, resalta la importancia de este tipo de trabajos que se adaptan a las capacidades físicas de las mujeres que ya no pueden tirar del carro cargando materiales como recicladoras urbanas, “la coope brinda espacios a la gente mayor para que pueda mantener su puesto de trabajo y a la vez no tener que hacer el esfuerzo que hacen las recuperadoras urbanas”. Trabajar en el espacio público les lleva a desarrollar estrategias de protección, como ir siempre por parejas y con una coordinadora de grupos cerca. 
“El feminismo popular y la economía popular van de la mano, porque nuestra forma de producir va más allá del valor económico, se produce valor social”, afirma Marina Joski
Son vidas y formas de trabajo atravesadas por múltiples formas de violencia que han de ser abordadas de manera conjunta. Para Laura Cibelli, el feminismo popular que practican “entiende el lugar de la trabajadora en el barrio popular, en el que las urgencias a veces están en otro lado y donde la misma exclusión agrava las situaciones”. La maternidad y la crianza, los consumos problemáticos, la violencia de género… son muchas demandas específicas las que motivaron la creación de la Secretaría de Mujeres y Diversidades de la UTEP. Yendo mucho más allá de la mera representatividad política de las mujeres en el sindicato, el pleno reconocimiento de  las tareas reproductivas que han de ser contabilizadas como trabajo y el desarrollo de un sistema integral de cuidados son algunas de las motivaciones que persiguen. “El feminismo popular y la economía popular van de la mano, porque nuestra forma de producir va más allá del valor económico, se produce valor social”, afirma Marina Joski. Retornando continuamente a lo colectivo, “consignas como mi cuerpo es mío no alcanzan: mi cuerpo es de la comunidad”. 
Marcha del 8 de marzo de 2019 Argentina
Marcha del 8 de marzo de 2019. Irupé Tentorio

Ómnibus no, colectivo sí

Con poco más de dos meses de gobierno, algunas medidas aplicadas por Javier Milei, como la devaluación del peso en un 50% frente al dólar, la paralización de la obra pública, la disminución de los subsidios de energía y transporte, o la significativa reducción en el número de empleados públicos. y del número de ministerios, suponen un cambio de rumbo en el país. Medidas de “ajuste” que en campaña iban dirigidas a una supuesta casta política, pero que desde el primer día de gobierno han salpicado al pueblo argentino, y con mayor virulencia, a las organizaciones sociales y las clases populares. El 29 de diciembre entraba en vigor el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el ejecutivo, que establecía la emergencia pública en diversas materias hasta diciembre de 2025 y constaba de más de 300 artículos dirigidos a desregular el mercado, privatizar empresas estatales y derogar leyes que establecían marcos regulatorios sobre diferentes ámbitos como la salud privada, la minería o la venta de tierras. A pesar de su entrada en vigor, el DNU debe ser tratado por una Comisión Bicameral Permanente, y de momento algunos de los puntos más controvertidos que se incluían, como la reforma laboral, han sido declarados como inconstitucionales. Previendo estas dificultades para aprobar el decreto, el poder ejecutivo también elaboró un megaproyecto de ley con más de 600 artículos para ser enviado al congreso, la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida popularmente como Ley Ómnibus.

En líneas generales, este proyecto replica el contenido del DNU, y a pesar de haber sido aprobado tras tres intensos días de discusión legislativa en los que todo el país estuvo en vilo, el rechazo a aspectos clave en la votación particular propició que el oficialismo volviese a llevar el proyecto a comisiones. Hasta el día de hoy no ha vuelto a ser tratado.

La reacción a la Ley Ómnibus de Milei no se hizo esperar: la noche que Javier Milei leía el DNU por primera vez en cadena nacional, vecines autoconvocades comenzaron a salir de sus casas con cacerolas y
La reacción de las calles no se ha hecho esperar. La noche que Javier Milei leía el DNU por primera vez en cadena nacional, vecines autoconvocades comenzaron a salir de sus casas con cacerolas y comenzaron a marchar hacia el Congreso en columnas que se formaban espontáneamente desde muchos barrios de la ciudad. Reminiscencias del 2001 y de la explosión popular, pero reactualizada. Actualmente está vigente el “protocolo antipiquetes” que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir sin una orden judicial ante casos de protestas en los que se interrumpe la circulación de personas y medios de transporte, interviniendo e identificando a quienes participan de las protestas. “Quien corta no cobra”, se comenzó a anunciar por megafonía en lugares públicos, intentando amedrentar a quienes forman parte de planes de transferencia monetaria y salen a marchar. Ante la convocatoria popular en el Congreso durante el debate de la Ley Ómnibus, la respuesta fueron gases, balas de goma y casi una docena de detenidos. Lejos de la parálisis, Marina Joski señala que la nueva agenda de estas organizaciones es la unidad, “volver a lo antirrepresivo y a la defensa de los derechos humanos”. Tras la huelga general convocada por la CGT y las centrales obreras el 24 de enero, el cóctel sigue consistiendo en más recorte y represión. Para Laura Cibelli, el gobierno no solo “avasalla la democracia, sino que condena al genocidio a millones de argentinos pobres mediante sus políticas públicas”. La inminente depreciación de los salarios, una inflación que en el mes de enero alcanzaba el 20,6%, el aumento desmedido y desregularizado de los alimentos y medicamentos, junto con la quita de subsidios y la falta de presupuestos para diferentes áreas golpea con fuerza a los sectores populares, y de manera específica, a las mujeres de la economía popular.
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La Argentina ultraliberal de Milei da los primeros pasos mientras se configura un bloque opositor que intentará tumbar sus primeras leyes en las cortes, en los juzgados y en la calle.

Resistiendo juntas

El punto 10 del “protocolo antipiquetes” que el Ministerio de Seguridad publicaba en diciembre anunciaba la sanción a todas aquellas personas que acudieran a marchas con niños u adolescentes. Tras la consigna “Viva la libertad, carajo”, había en realidad una intromisión en las vidas de quienes siguen organizándose y, concretamente, de las mujeres de los barrios populares en las que recae la crianza de los hijos y los cuidados que no se pueden externalizar. A las dificultades para conciliar la militancia con trabajo remunerado y no remunerado, ahora se le suma el señalamiento y el hostigamiento de aquellas que decidan acudir a alguna manifestación con niños.   Mientras se reprime, las cestas de la compra son cada día más difíciles de llenar. En las últimas semanas, diferentes dirigentes sociales han denunciado la falta de entrega de alimentos en los comedores comunitarios por parte del Gobierno. El nuevo Ministerio de Capital Humano, que integra las áreas de Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social y es presidido por Sandra Pettovello, sigue estando en el centro del conflicto. A pesar de haber anunciado que se recibiría “uno por uno a quienes tienen hambre”, ante la cola formada por miles de personas que fue bautizada como “fila del hambre”, las puertas del ministerio permanecieron cerradas. Nadie les hizo pasar. Frente a esta situación de emergencia alimentaria, Marina Joski recalca que “las prácticas de la emergencia, de seguridad y soberanía alimentaria, son tareas que han tomado las mujeres y las disidencias”. La deuda y Argentina parecieran ir de la mano, pero dejando a un lado la macroeconomía, ¿qué ocurre con las deudas que contraen las mujeres para poder llevar un plato de comida a la mesa? “Las deudas de las excluidas y las trabajadoras de la economía popular son impagables, porque no son para desarrollo sino para gasto corriente”, afirma Marina. Estas deudas se mantienen dentro del clóset, “ninguna viene a una asamblea y te dice que está llena de deudas, y este silencio permite que haya más violencia sobre la deuda, porque se incrementan sobre todo en la informalidad, con los usureros locales”. 
El endeudamiento popular de las economías domésticas y familiares afecta en mayor medida a las mujeres y disidencias, ya que funciona como estructura de obediencia, bloquea la autonomía económica
Esta financiarización de la vida cotidiana es clave para entender lo que Verónica Gago y Luci Cavallero denominan “terror financiero”. Y es que el endeudamiento popular de las economías domésticas y familiares afecta en mayor medida a las mujeres y disidencias, ya que funciona como estructura de obediencia, bloquea la autonomía económica y, en consecuencia, también se vincula con las violencias machistas. En contextos de crisis y de empeoramiento de la economía, las mujeres no sólo sostienen los hogares, sino que como constructoras de la comunidad, también son los cimientos que impiden el derrumbamiento generalizado del propio barrio. “Poner el cuerpo”, para Laura Cibelli, significa que “ante situaciones de aumentos de consumos problemáticos, son las mujeres las que intentan sacar a los pibes de las drogas, las que van a la comisaría a tratar de que a sus hijos no los maten a palos”.  Ante lo que se viene, la apuesta es la unidad sindical, el feminismo popular y una hoja de ruta que no olvide lo importante en pos de lo urgente. Las mujeres de las organizaciones sociales siguen construyendo una agenda feminista que cuestione qué es trabajo y cómo se cuantifica el valor de una olla popular. Sin un optimismo ingenuo, pero sí paradas desde un lugar diferente al del 2001. La crisis, el endeudamiento y la represión actual hacen mella, pero los aprendizajes y el saber hacer de las que cortaban rutas y paraban la olla hace más de veinte años han sedimentado. La organización y la contención de las mujeres de la economía popular marcan la diferencia.
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