Anarcosindicalismo
La efectividad de la acción directa: la huelga de La Canadiense y sus consecuencias
La movilización de los trabajadores de La Canadiense entre el 5 de febrero y el 16 de marzo de 1919 logró un hito histórico.
La consecuencia de la Primera Guerra Mundial para la patronal en España fue tener frente a ella a un movimiento obrero bien organizado y un sindicalismo capaz de triunfar en huelgas perfectamente diseñadas. Los conflictos se expandieron por diversos puntos de la península, lo que generó una profunda crisis en la Restauración. En ese momento, la CNT coordinaba las hasta entonces aisladas acciones colectivas rurales con la protesta urbana. Tal y como escribió entonces un industrial catalán, aquellos eran “tiempos de pesadilla”.
La inquietud de las élites se centraba sobre todo en Cataluña, donde la CNT tenía más de 400.000 afiliados en 1919, lo que representaba casi la mitad de su militancia, un tercio de los cuales se encontraba en Barcelona. Este poder de los Sindicatos Únicos de Barcelona quedó patente en 1919, con la huelga en la empresa Riegos y Fuerza del Ebro, Sociedad Anónima, una compañía anglo-canadiense conocida localmente como La Canadiense.
El conflicto comenzó a principios de 1919 con el despido de un grupo de trabajadores administrativos afiliados a CNT. Los trabajadores sindicados de la empresa, tanto obreros como administrativos, abandonaron sus puestos de trabajo y llamaron a la solidaridad de la CNT local. De este modo, un conflicto en principio insignificante se convirtió en una lucha titánica entre una amplia coalición que integraba, por un lado, a las autoridades locales y estatales y al capital nacional e internacional, y por otro, a la CNT de Barcelona.
El Gobierno movilizó a sus fuerzas represivas, se aplicó la ley marcial y, dada la militarización de los servicios básicos, los soldados reemplazaron a los obreros. Alrededor de 4.000 trabajadores fueron encarcelados. Aun así, los cortes en los suministros de energía paralizaron la industria de la provincia de Barcelona durante 44 días. En medio de la escasez de alimentos, los cortes de electricidad y las antorchas encendidas por las patrullas del Ejército durante la noche, la capital de Cataluña se parecía a una ciudad en guerra. Finalmente, el primer ministro, el conde de Romanones, trató de calmar la situación enviando un emisario, José Morote, para llegar a un acuerdo entre los sindicatos y la patronal.
Tras la presión de Morote, la dirección de La Canadiense cedió a las reclamaciones de CNT, lo que incluía un aumento de salarios, el pago a los huelguistas de los sueldos perdidos y una amnistía total de los piquetes. En un intento de evitar nuevos conflictos de clase, el Gobierno de Madrid fue el primero de Europa en aprobar la jornada de ocho horas en la industria. A pesar de la oposición de algunos sectores de CNT, Seguí anunció las medidas a los militantes en un mitin el 17 de marzo de 1919. Este triunfo anunció la madurez de la CNT, que se convirtió en un actor principal en el mundo del trabajo.
Sin embargo, el conflicto de La Canadiense había polarizado el contexto social, desencadenando procesos clave que iban a marcar la Restauración. La autoritaria Federación Patronal de Barcelona, que representaba a la élite industrial, había sellado una alianza con los elementos más extremistas del Ejército en la región. En un flagrante acto de rebeldía contra el Gobierno, el entonces capitán general de Barcelona, Joaquín Milans del Bosch, respaldó a una agrupación de oficiales de infantería —los llamados junteros— y, azuzado por la Federación Patronal, se negó a liberar a los miembros de la CNT en custodia militar, en un intento de echar por tierra el acuerdo de La Canadiense y provocar un enfrentamiento con los sindicatos. Las posiciones intermedias se desvanecieron.
La nueva situación parecía dar la razón a los sectores reacios de la CNT, que el 24 de marzo lanzó una huelga general para lograr la liberación de los encarcelados. El Gobierno Romanones reprimió el movimiento, declarando la ley marcial en Barcelona y suspendiendo las libertades civiles en toda España. Ante las acaloradas críticas de la Federación Patronal y el ruido de sables de la guarnición de Barcelona, el desacreditado gobernador civil y el jefe de policía huyeron a Madrid, donde Romanones dimitió.
El año 1919 fue el ejemplo de cómo las cuestiones laborales eran tomadas por una gran parte de las autoridades como un problema de orden público. Aunque republicanos y socialistas intentaron canalizar el descontento a partir de los acuerdos internacionales sellados en la Organización Internacional del Trabajo, la hostilidad de los capitalistas a la intervención del Estado en la industria, así como el endurecimiento de las posturas autoritarias de los grupos más reaccionarios de la sociedad española, hicieron fracasar cualquier intentona.
La evidencia se volvió a comprobar en septiembre, cuando el ala sindicalista de la CNT de Barcelona y los elementos más liberales de la burguesía accedieron a someter sus diferencias a la “Comisión Mixta”, un comité de arbitraje patrocinado por el Estado. No obstante, sus esperanzas se vieron frustradas ante la erupción de un conflicto social y laboral después de que la Federación Patronal de Barcelona declarase un cierre patronal de 84 días que afectó a 300.000 obreros y que duró desde el 3 de noviembre de 1919 hasta el 26 de enero de 1920.
Este creciente poder de los Sindicatos Únicos de la CNT hizo aumentar la influencia de una Federación Patronal que pretendió destruir al anarcosindicalismo reivindicando su derecho ilimitado a fijar las condiciones de trabajo. Los capitalistas comenzaron a distanciarse del Estado de la Restauración y el sentimiento de los miembros de la patronal era que las autoridades de Madrid carecían de la voluntad política de enfrentarse a los sindicatos y que el poder central no defendía sus intereses. Para algunos grupos de la burguesía, la salvación pareció residir en el Ejército, que comenzaría a actuar de forma autónoma frente al Gobierno central, alcanzando una libertad de maniobra que culminaría con el golpe de septiembre de 1923.
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