Análisis
Engrasemos bien los tractores para que sea un éxito

Tras dos semanas de manifestaciones agrarias intento analizar en este texto algunas de las principales cuestiones que se han planteado en torno a “los problemas del campo”.

En primer lugar es muy importante tener en cuenta que no hay “un campo”, sino multitud de realidades, antagónicas incluso, dependiendo de múltiples variables como la orientación productiva de la explotación, la orografía, la localización geográfica, régimen de lluvias o temperaturas, tamaño de la parcela, presupuesto, disponibilidad de agua, desnivel del terreno y así hasta el infinito.

Y dentro de ese maremagnum de cuestiones que marcan el día a día de cada explotación, mucho me temo que en las tractoradas de estos días están compartiendo carretera personas con intereses contrapuestos. Algunos a sabiendas y otros, probablemente, sin saberlo. Y es importante aclarar esto.

Las movilizaciones en el campo llegan a la Comisión Europea

Redacción El Salto Extremadura

Agricultura

Crisis en el campo Las movilizaciones en el campo llegan a la Comisión Europea

Redacción El Salto Extremadura

La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop ha formulado una pregunta por escrito a la Comisión Europea sobre las medidas para dar una respuesta de raíz a los problemas que enfrentan los agricultores.

Precios justos

Una de las reivindicaciones más repetidas, visibilizadas y con más apoyo entre la población es la que hace referencia a la percepción de unos precios justos para los agricultores que compensen los costes de producción. Una norma, por cierto, que no fue apoyada ni por VOX ni por el PP y en cuya votación se abstuvieron.

Pero incluso en esta demanda de amplio consenso hay importantes diferencias, ya que los principales beneficiados por ella son aquellos que menos margen tienen. En el caso del olivar, por ejemplo, los más interesados son los productores en olivar tradicional no mecanizable de secano cuyos costes de producción, para el caso del AOVE, es de 13,67€/kg ―según un estudio de la COAG (2022)― frente a los 2,48€/kg en los olivares superintensivos que están siendo acaparados por las grandes corporaciones.

Estos diferentes modelos tienen a su vez implicaciones socioeconómicas y ambientales muy importantes. Esos costes de producción no incluyen la destrucción de empleo local que implica la mecanización, por ejemplo, en la olivicultura superintensiva, la contaminación por fertilización química o el uso de agua en cultivos tradicionalmente de secano en un contexto en el que tenemos a la vuelta de la esquina el envío de agua en barcos a Cataluña o Andalucía, además de restricciones hídricas en otros territorios como Extremadura. Estas y otras derivadas suponen millones de euros en gasto a las administraciones públicas que no se imputan en los 2,48€/kg de ese AOVE. Por esta razón se deberían reorientar las ayudas de la PAC a esos modelos de producción que generan empleo y respetan los bienes comunes como el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, como veremos más adelante, son las grandes corporaciones que fomentan la agricultura superintensiva la que está acaparando la mayoría de esos fondos públicos.

Esta semana, por primera vez desde que yo recuerdo, el 40% de los productores de tomate de las Vegas del Guadiana se van a quedar sin plantar porque la agroindustria les ofrece contratos por debajo del precio de coste

Hablando de los costes de producción ocurre que esta semana, por primera vez desde que yo recuerdo, el 40% de los productores de tomate de las Vegas del Guadiana se van a quedar sin plantar porque la agroindustria les ofrece contratos por debajo del precio de coste. Se fijó en 145 euros la tonelada, sin embargo algunas industrias han ofrecido 140 euros por tonelada en campo y 145 euros por tonelada en fábrica en el caso de Sol de Valdivia. Hay que tener en cuenta que si se recoge en campo, el transporte corre a cargo de la industria y si se recoge en fábrica corre a cargo del productor. PRONAT ofrece 145 euros por tonelada en fábrica, ALSAT 130 euros por tonelada en campo y 5,64 euros por tonelada de bonus de campaña 2023 y 7-8 euros por tonelada de bonus de campaña 2024, TRANSA ofreció 130 euros por tonelada en campo al igual que CONESA. Por su parte INPRALSA paga a 145 euros por tonelada en campo, que si bien cumple el mínimo ya es triste que te paguen justo lo que cuesta.

Se me acaban de ocurrir cinco lugares donde podemos llevar los tractores y bloquear los accesos esta semana.

Unidas por Extremadura acaba de denunciar esta situación ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).

Algo similar ocurre en la misma zona con el arroz. Esta campaña lo quieren pagar 160 euros menos por tonelada respecto al año pasado en el arroz redondo y 120 euros menos en el largo, lo que llevó a una concentración en la puerta de Arrocerías Pons (Don Benito) el pasado enero. Cobrarían el kilo a 43 céntimos cuando aseguran que les cuesta el doble producirlo.

Agenda 2030

Siguiendo con el impacto ambiental de la agricultura superintensiva, no se entienden muy bien las quejas sobre la Agenda 2030, que siendo mejorable contiene cuestiones fundamentales para la propia supervivencia del sector primario y, por extensión, de la población general, como es la reducción en el uso de pesticidas. La explica muy bien Antonio Hedilla aquí. Hay que dejar muy claro, como lo hace Hedilla, que envenenando la tierra estas atentando contra tus propios intereses y el de las generaciones futuras. En este sentido, la decisión de la Comisión Europea de retirar la propuesta de reducir en un 50% el uso de pesticidas en la UE de aquí a 2030 es un paso atrás gigantesco que ahonda aún más el pozo sin fondo en el que se está metiendo la agricultura europea mayoritaria.

La PAC

En este sentido, otra de las reivindicaciones de estos días es contra una PAC “verde” que va en la misma dirección. La de proteger la base de la agricultura que es el suelo ―un suelo que se desertifica a pasos agigantados―. Ahí se incluyen quejas sobre la excesiva burocratización, que se puede llegar a entender y contra la nueva normativa de protección ambiental, los llamados ecorregímenes o ecoesquemas. Estos vuelven a incidir en la importancia de conservar el suelo y la biodiversidad que existe bajo y sobre él y que, insisto, es la base de la agricultura. Las personas que se plantean vivir a largo plazo de la producción de alimentos son los principales interesados en que estos ecoesquemas se extiendan por todo el territorio. Eso sí, pueden suponer obstáculos para los bolsillos de las grandes corporaciones que están impulsando el arranque de cultivos tradicionales por otros en superintensivo y que, una vez exprimida la tierra, vuelven a hacer la misma función en otra parte.

Curiosamente, este ha sido el primer año de implantación de la nueva PAC y la solicitud de estos ecoesquemas ha sido masiva, como analizo en este artículo. De las 622.404 solicitudes únicas, el 75% de ellas incluía alguno de ellos. En cuanto a extensión, esto significa que el 86% (19,1 millones de hectáreas) de la superficie total declarada en la PAC 2023 (22,2 millones de hectáreas) se ha acogido a algún ecoesquema. A pesar de las críticas esto es un buen punto de partida, aunque es cierto que los requisitos se rebajaron por las protestas previas de los agricultores.

Relaciones tóxicas

Lucía Argüelles Ramos

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Agrotóxicos

Análisis Relaciones tóxicas

Lucía Argüelles Ramos

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Cuando el sistema agrario europeo se tambalea, la primera gran medida tomada por la Comisión es volver a apostar por la misma agricultura industrializada, productivista y explotadora que ha matado y está matando la agricultura y los agricultores.

Y es aquí donde viene uno de los melones más importantes: la distribución de las ayudas de la PAC.

Aquí es fundamental saber que las ayudas de la Política Agrícola Común se organizan en dos pilares. El primero de ellos, el más conocido, recoge, entre otras, las ayudas directas a los agricultores y el segundo es el que incluye las ayudas a diferentes organismos para el Desarrollo Rural. Es en esta segunda parte en la que se engloban algunos de los perceptores que suelen causar más atención mediática como Telefónica (con Saudi Telecom, BBVA, BlackRock y CaixaBank como accionistas mayoritarios), por ejemplo, que percibe cada año en torno a los 1,7 millones de euros en concepto de “servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”.

Dentro del primer pilar de la PAC se incluyen diferentes tipos de ayudas. Una de ellas es el “Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de los territorios Insulares (POSEI)”. Por esta vía Mercadona viene recibiendo unos 1,3 millones de euros anuales, Lidl 400.000 y Dinosol Supermercado 357.000. Este sector percibe en torno a los 2,2 millones de euros cada año.

También a través del POSEI la Compañía Canaria de Piensos recibe unos 6,8 millones de euros y Piensos del Atlántico en torno a 3,9 millones de euros, respectivamente.

Por otro lado, diferentes familias de la alta burguesía y la nobleza española y foránea se reparten importantes dividendos de estas ayudas públicas agrarias

En cuanto a las ayudas directas del primer pilar de la PAC, es la propiedad de la tierra la principal vía de recepción de estas ayudas públicas. Por este motivo algunas administraciones y organismos públicos, así como las grandes cooperativas, son parte de las que más ayudas perciben por esta vía. Destacaron en 2022 las siguientes: SCA Vicasol (Vícar, Almería) con 8,7 millones, Alvinesa Natural Ingredients S.A. (Daimiel, Ciudad Real) con 7,3 millones, Murgiverde SCA (El Ejido, Almería) con 6 millones, Corporación Alimentaria Peñasanta SL (Siero, Asturias) con 5,7 millones, SAT Las Primicias (Torre Pacheco, Murcia) con 4,91 millones, Moyca Grapes SL (Totana, Murcia) con 4,84 millones, Panadería Milagros Díaz SL (Olías del Rey, Toledo) con 4,8 millones, SAT Agroiris (El Ejido, Almería) con 4,25 millones, Vega Mayor SL (Milagro, Navarra) con 4 millones, Fruta de Andalucía SCA (Moguer, Huelva) con 4 millones, Greenmed S.L. (Almassora, Castelló) con 3,96 millones, Berrynest SAT Nº H-0023 (Almonte, Huelva) con 3,83 millones, Bimbo Donuts Iberia S.A.U. (Madrid) con 3,54 millones, Avialsa (Villarobledo, Albacete) con 3,48 millones, Indasol SAT (El Ejido, Almería) con 3,35 millones, Mostos vinos y alcoholes, S. A. (Campo de Criptana, Ciudad Real) con 3,29 millones, Grupo Hortofrutícola Paloma S.A. (Mazarrón, Murcia) con 3 millones, Agrupación Hortofrutícola Lucas (Murcia) con 3 millones. Tomen nota porque de algunas de ellas volveré a hablar más adelante.

Por otro lado, diferentes familias de la alta burguesía y la nobleza española y foránea se reparten importantes dividendos de estas ayudas públicas agrarias. Destaca Complejo Agrícola S.L, de la familia Mora Figueroa, que percibió 4,4 millones de euros en 2022. A título individual diferentes miembros de esta familia suman otro medio millón de euros por diferentes ayudas.

Las ayudas de la PAC rastreables que suman varios miembros de la Casa de Alba llegan al menos a 3,7 millones de euros en 2022.

Por su parte, la empresa Entrecanales Domecq e Hijos SA recibió 471.000 €. Otros miembros de la familia Domecq suman, al menos, otros 1,3 millones de euros a título particular.

Si a esto le unimos el incesante proceso de acaparamiento de tierras, cada vez en menos manos, tenemos como resultado que un puñado de grandes corporaciones y terratenientes se embolsan una parte muy importante de los fondeos de la PAC

Las diez mayores fincas cinegéticas recibieron 6,2 millones de euros en ayudas entre 2019 y 2022. Están a la cabeza El Castañar (Toledo), gestionada por los hermanos José María y Rafael Finat y por la que percibieron 2,4 millones de euros durante este periodo. La Garganta (Ciudad Real) de Hugh Grosvenor, Duque de Westminster, obtuvo 1,4 millones de euros. La Dehesa del Lobillo (Ciudad Real) de Juan Abelló 753.090 euros, Los Altarejos (Sevilla) de Carlos March 581.901 euros y Valdepuercas (Cáceres) de José María Aristrain, 467.993 euros. Le siguen El Castaño (Ciudad Real), propiedad de la familia Botín con 242.250 euros y Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Valdueza, que ha recibido por la finca Azagala (Cáceres) 197.639 euros.

Si a esto le unimos el incesante proceso de acaparamiento de tierras, cada vez en menos manos, tenemos como resultado que un puñado de grandes corporaciones y terratenientes se embolsan una parte muy importante de los fondos de la PAC. De esta forma los gigantes del sector ganan cada vez más mientras las pequeñas explotaciones luchan por sobrevivir.

Pero creo que es un error dejar sobre la mesa el término “fondos de inversión” o “grandes corporaciones” como entes abstractos si no se dan los nombres de las personas que están detrás y en cuyas cuentas bancarias acaban las ayudas agrarias de la PAC que deberían fortalecer a la pequeña y mediana agricultura. Detrás de siglas aparentemente asépticas como Atitlan, Beka, Azora, Miura, Portobello, ProA, Solum, Fiera o CVC hay quienes se están enriqueciendo con el dinero público.

Vamos a ello. Permítanme que me extienda.

Los fondos de inversión

Atitlan, grupo inversor impulsado por Roberto Centeno ―yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona― y Aritza Rodero (ex Goldman Sachs) posee Elaia (Valencia) con más de 20.000 hectáreas ―la mayoría en alquiler― de naranjas, mandarinas, limones, aguacates, almendros y olivos en más de cien fincas de España, Portugal y Marruecos. Dentro de la maraña de empresas que llevan ese nombre encontramos Elaia Extremadura SLU (Brenes, Sevilla) que percibió 21.555 euros de la PAC y Elaia H&B Rent SLU (Navalvillar de Pela, Badajoz) domiciliada en Avda Cervantes, 6 (Córdoba) y que percibió 308.299 euros de la PAC en 2022. Suma y sigue.

Atitlán, a través de un acuerdo con Agnbro Capital, propiedad del empresario José Tomás Pérez, integró en Elaia más de 800 hectáreas de pistacho en Castilla La Mancha pasando así a gestionar 3.200 hectáreas de este cultivo en toda la Península. Ahora es accionista de referencia en Agnbro, que además comercializa cítricos a través de Guillem Export.

A esto le sumamos que Atitlan ingresó 73 millones de euros en 2022 por la venta de ramas de almendro y olivo al grupo andaluz De Prado. Curiosamente, la empresa De Prado Gestion Agricola SL tiene idénticos administrador único y domicilio que Elaia H&B Rent SLU y percibió en 2022 casi 272.000€ de la PAC.

La revuelta marrón, casi parda, de los tractores

Fernando Llorente Arrebola

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Opinión

Movilizaciones en el campo La revuelta marrón, casi parda, de los tractores

Fernando Llorente Arrebola

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En memoria de Juanjo de Blas que, siempre lúcido y utópico, soñaba con un sindicalismo agrario alternativo.

Vamos con Beka Finance. Tiene al ex ministro y ex eurodiputado del Partido Popular Miguel Arias Cañete (marido de Micaela Domecq), como presidente de honor del comité de inversión de su capital riesgo Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund.

Controla 1.500 hectáreas de olivar en el Alentejo portugués y unas 400 de almendro cerca de Talavera de la Reina (Toledo).

Seguimos con Azora, fundado por Concha Osácar y Fernando Gumuzio (ambos ex Grupo Santander). Posee el 33% de ISFA (Iberian Smart Financial Agro SL, Vitoria, Álava) que controla más de 10.000 hectáreas de almendros en la Península.

Otro es Miura Partners (socio fundador Luis Seguí Casas). Entre otras cosas invierte en aceituna de mesa y participa en Citri&Co (Sollana, Valencia) productora y comercializadora internacional de cítricos con 30.000 hectáreas y una facturación anual de 700 millones de euros. Citri&Co firmó un acuerdo en 2022 con PSP (Public Sector Pension Investment) para explotar las propiedades agrícolas que está adquiriendo esta última a través de varios cientos de millones de inversión.

Portobello Capital, controla el 38% de Eurocebollas (familia Alberola, Alzira, Valencia), una de las líderes del sector que prevé poner en producción en marzo 700.000 hectáreas alquiladas de cebolla y ajo. Eurocebollas está participada también por el grupo agroalimentario francés Solina del que a su vez es accionista el capital riesgo Astorg.

Así está la agricultura. Seguimos.

ProA Capital, dirigido por Fernando Ortiz (ex BBVA), interviene en la producción de pasta y otros productos de alimentación a través de la marca Gallo. Participa en la empresa Moyca Grapes, especializada en producir, envasar y comercializar uva de mesa sin pepita en unas 2.200 hectáreas en Murcia, Alicante, Almería y Badajoz. Vimos antes que está entre los principales perceptores de PAC con 4,84 millones de euros en 2022.

Por su parte, el potente banco británico HSBC compró en 2022 una finca de 400 hectáreas en Extremadura para poner almendros en regadío.

Estos gigantes que manejan tanto capital y que ya son rentables per se, se les debería expulsar de la PAC. No ponerles un tope a percibir, no, expulsarles de este sistema de ayudas

Por otro lado, Solum Partners (vinculado a la Universidad de Harvard) entró en el accionariado de Agrupapulpí, empresa con más de 2.100 hectáreas propias en Almería, Murcia y Granada para lechuga, brócoli y sandía, entre otros productos. El vendedor fue otro fondo, Magnum Partners.

Fiera Capital, por su parte, posee el 100% de Innoliva, con 8.000 hectáreas de olivar en su mayoría en superintensivo en España y Portugal.

Fremman Capital participa en Bollo Natural Fruit, especializados en la producción de cítricos tanto en ecológico como en convencional.

SLM Partners suma 285.000 hectáreas gestionadas en todo el mundo. Compró 300 hectáreas en Murcia en 2022 para almendros, pistachos y olivos.

CVC Capital Partners posee casi un 57% de Deoleo, especializado en comercializar, no producir, aceite de oliva. Cuenta entre sus marcas más conocidas con Carbonell, Koipe y Hojiblanca.

Son estas grandes corporaciones, entre otras, las que se embolsan nada más y nada menos que el 80% de las ayudas de la PAC y es por eso, como dice Jose María Sumpsi, que a estos gigantes que manejan tanto capital y que ya son rentables per se, se les debería expulsar de la PAC. No ponerles un tope a percibir, no, expulsarles de este sistema de ayudas que debería estar al servicio de quien más lo necesita y no de quien más tiene.

Tratados de Libre Comercio

Enlazando con la PAC, otra de las principales reivindicaciones de estos días es que los productos que entren en España tengan los mismos controles que los españoles. Esto entronca directamente con las críticas que desde algunas organizaciones agrarias como el SLG o EHNE se hace a los tratados de libre comercio. Unos acuerdos internacionales que afectan gravemente a la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria de los países firmantes. Algo que además va en contra de unos de los cimientos sobre los que se construye la propia PAC, que es el Principio de preferencia comunitaria frente a la competencia externa. Unos tratados de libre comercio que han sido sistemáticamente apoyados por PP y VOX. Hace apenas unos días se les unieron PSOE, Ciudadanos y PNV para votar en contra de la eliminación de estos tratados de libre comercio mientras Podemos, IU, Sumar, ERC y BNG votaron a favor y Junts se abstuvo. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Otra ristra de ideas donde podemos llevar los tractores.

Falta de acompañamiento público

Al hilo de esto, y hablando desde mi experiencia como investigador y como productor agroecológico, quisiera reforzar lo que planteaba el amigo Ángel Calle recientemente, y es que hay una absoluta ausencia de políticas públicas que apoyen el consumo y la comercialización en cercanía de productos agroecológicos, por lo que se da la siguiente paradoja. Los ecorregímenes recomiendan (deberían obligar, en mi opinión) cultivar a favor de la tierra y no en su contra pero, sin embargo, el puñado de grandes empresas que controlan la distribución de alimentos no te compra porque no cree en la producción sostenible y, si ofrece estos productos eco, los trae de otros países de Europa o Latinoamérica, por lo que lo sostenible de la producción se pierde en el transporte kilométrico. A esto se añade que tampoco hay iniciativas públicas para que se abastezcan con estos productos a los comedores de instituciones públicas como hospitales, colegios, institutos, universidades, centros de la tercera edad y un largo etcétera. Son millones los menús que se sirven a diario en la restauración pública; sin embargo, las pocas iniciativas que hay en este sentido son a título particular, a nivel prácticamente local. Es, por tanto, fundamental que el sector primario lleve a cabo estas prácticas beneficiosas para el medio ambiente en la producción de alimentos, pero es igual de importante que el Gobierno de España, las Autonomías y el resto de la Administración Pública faciliten e impulsen el conocimiento, consumo, venta, transformación y la distribución de productos sanos y saludables de ámbito estatal.

No podemos hablar de la diversidad del campo sin mencionar a los cientos de miles de jornaleros y jornaleras foráneas y patrios sin los cuales una parte importante de las cosechas se pudrirían en el suelo y cuyos derechos han sido negados sistemáticamente por una patronal agraria mayoritaria

Y no podemos hablar de la diversidad del campo sin mencionar a los cientos de miles de jornaleros y jornaleras foráneas y patrios sin los cuales una parte importante de las cosechas se pudrirían en el suelo y cuyos derechos han sido negados sistemáticamente por una patronal agraria mayoritaria que se ha opuesto en multitud de ocasiones a negociar y firmar los convenios colectivos regionales del campo, llegando incluso a exigir públicamente que no se les pagara el SMI fijado por ley.

Finalizo mostrando mi profundo apoyo a estas movilizaciones porque es la única forma de conseguir avances en un sector del que depende, nada más y nada menos, que la producción de alimentos. Hasta que no te quedas atascado por un bloqueo de carreteras no entras en el debate de qué parte llevan o no de razón. Va mi rechazo también a aquellas personas que las tachan de extrema derecha porque ni dos ni diez banderas del aguilucho son representativas de un sector primario en el que según el CIS (julio 2023) sólo el 14,40% vota a VOX.

Ojalá este texto sirva para elegir bien la compañía en las movilizaciones y afinar los objetivos a conseguir en este proceso que espero sea largo, masivo y beneficioso para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas que tan mal lo están pasando así como para los imprescindibles jornaleros y jornaleras, pues todas ellas son el pasado, el presente y, ojalá, el futuro de nuestro país.