América Latina
España: refugio de criminales de lesa humanidad de dictaduras latinoamericanas

Llegamos al Hospital Perpetuo Socorro de Alicante a las 11.30h. Hace calor y no hay mucha gente. Estamos a mediados de agosto. 

—Estamos buscando a Carlos Fernando Gori, médico especializado en medicina hiperbárica. Tenemos entendido que trabaja aquí, aunque es posible que se haya jubilado, es ya muy mayor.

Desde la mesa que preside la entrada del centro sanitario nos dirigen a la planta de Urgencias, donde se ubica Medibarox, la unidad de medicina hiperbárica. Media docena de personas esperan en una pequeña sala y, en pocos minutos, Carlos Fernando Gori sale a recibirnos.

—¿En qué puedo ayudarles?
—¿Sería posible hablar con usted en privado?

El médico nos lleva hasta su despacho, donde nos invita a tomar asiento. 

—Estamos realizando un reportaje sobre casos de personas prófugas de la justicia, acusadas de delitos de lesa humanidad en relación a dictaduras en Latinoamérica, como es su caso. Nos gustaría saber su versión de los hechos.

Gori mantiene un gesto de naturalidad en el que se adivina una pizca de cansancio. Seguramente ya en 2016 tuvo varios episodios parecidos con periodistas. 

—Yo voy a hablar solamente con mi abogada. Mi abogada me ha aconsejado que no hable nada con nadie, ni siquiera con los amigos que tengo en Argentina —contesta sin perder en ningún momento el gesto amable en su cara.
—¿Y lleva usted muchos años viviendo en España? —insistimos. 
—Creo que ya 20 años —responde. 

Tras ello, abordamos su ámbito profesional, y ya ahí Gori se lanza a dar su versión de los hechos. 

—Cuando me acusan de ser un genocida yo era médico de la fuerza de submarinos, me especialicé en medicina subaqua. Cuando dicen que yo torturaba gente, estuve un año en Francia haciendo el curso de esto, hasta tal punto que quienes me acusan no pueden decir que este hombre torturó tal día y tal día y tal día a fulano, fulano y fulano. 

Pero Miguel Ángel Parola, otro de los médicos de la Base Naval de Mar de Plata, en su caso condenado a diez años de cárcel por los crímenes cometidos en la Base Naval, afirma que Gori estaba allí.

Carlos Fernando Gori ocupó el cargo de jefe del Servicio de Sanidad de la Fuerza de Submarinos entre el 4 febrero y el 26 noviembre de 1976. Allí se había asentado un centro clandestino de detención ilegal en el que, según se le acusa, Gori se encargó de prescribir medicamentos a los detenidos  y certificar fallecimientos, entre otras tareas.

En el tiempo que, según afirma otro de los médicos de la institución, Gori se ocupó del servicio sanitario en el centro naval, 84 personas, muchas de ellas muy jóvenes, fueron torturadas. Varias de ellas fueron asesinadas y, en algunos casos, aún no se han encontrado sus cuerpos. Carlos Fernando Gori habría sido médico en la Base Naval cuando los hermanos Mansilla, todos militantes del sindicato Luz y Fuerza fueron detenidos, el 23 de marzo de 1976 en sus domicilios y llevados para ser torturados en la Base Naval durante dos días. También durante los 32 días que R. Luna pasó maniatado y encapuchado en lo que él identificó como un pozo en las instalaciones de la Base Naval. O cuando M. R. G. fue detenida en su vivienda y trasladada al edificio de Buzos Tácticos de la Base Naval de Mar del Plata, donde afirma que fue torturada en presencia de personal médico.

Carlos Fernando Gori fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 18 de septiembre de 2015 en Alicante en respuesta a una alerta roja de la Interpol. El Juzgado de lo Penal de Mar del Plata 3, encabezado por el juez Santiago Inchausti, le incluía como uno de los imputados en la causa 33004447/2014, con carátula “Pertusio Roberto Luis y otros s/homicidio calificado”, en la que se investigaban las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos en la Base Naval de Mar del Plata en los años 70. 

Dos semanas después de su detención y de haber sido ingresado en prisión preventiva, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó su libertad con la obligación de presentarse cada día en el juzgado más cercano a su domicilio. El 27 de enero de 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formada por los magistrados Teresa Palacios Criado, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero, rechaza la entrega de Gori a Argentina. “[El juzgado argentino] no contestó nada a los requerimientos de la Audiencia Nacional. En España se hizo todo como correspondía y Argentina no respondió nada”, explica Gori sobre el rechazo de la justicia española a entregarle a Argentina. Sin embargo, el auto de la Audiencia Nacional en el que se rechaza la extradición, además de afirmar que desde Argentina se imputa a Gori solo por haber sido médico en la base naval, basa su decisión en que, según argumenta, los delitos de los que se le acusa estarían prescritos porque hasta 2003 la legislación española no contemplaba los delitos de lesa humanidad. Dos semanas después, la juez Ángela Murillo confirma el no a la petición de extradición.

Carlos Fernando Gori continúa su vida en Alicante, donde, con 80 años, sigue trabajando al frente de la unidad de medicina hiperbárica del Hospital del Perpetuo Socorro. Su única pena es que el juez Santiago Inchausti, al que acusa de tener un juicio pendiente por prevaricación, le impide renovarse el pasaporte. 

—¿Pero es que piensa salir de España? —le preguntamos.
—Ni pienso, tengo 80 años —responde—. Que me falte el pasaporte o tenga unas determinadas limitaciones es como si me faltara un brazo o un ojo, me cercenan. 

La prescripción de los delitos, aún siendo de lesa humanidad, fue también el argumento dado en septiembre de 2016 para denegar la extradición de Jorge Pedro Rodolfo Wagner. La justicia argentina le acusa de estar implicado en los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por el Destacamento de Inteligencia 144, en Mendoza (Argentina), caso cuyo juicio está celebrándose a día de hoy y que apunta a este grupo militar como pieza clave en la operación Cóndor. Wagner, de 75 años de edad, afirma que estuvo destinado en este destacamento entre el 1 de enero de 1976 y el 5 de enero de 1977. 

También se le acusa del secuestro y asesinato de la modelo y montonera Marie Anne Erize Tisseau. Marie Anne fue detenida por tres hombres cuando iba a reparar su bicicleta entre las calles General Acha con Abraham Tapia, en Ciudad de San Juan, en la provincia argentina del mismo nombre. Por entonces tenía 24 años y combinaba sus estudios en Antropología con su trabajo en la industria de la moda y su militancia política junto al sacerdote Carlos Mujica. Nunca se encontró su cuerpo. Dos de los tres militares que hasta ahora han sido llevados a juicio por su desaparición, Jorge Antonio Olivera y Eduardo Cardozo, se jactaban de haberla violado, según afirmó su amiga Margarita Camus en el 2000 al diario La Nación.

Wagner fue detenido en Madrid el 9 de marzo de 2016, en la vivienda de lujo ubicada cerca del Hospital Ramón y Cajal en la que estaba empadronado junto a su familia desde el año 2011. Dos días después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó su puesta en libertad por su avanzada edad. Entonces tenía 71 años. Cuando el ex militar fue llamado a declarar ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, una de las estrategias de su abogado para pedir que la justicia española rechazara su extradición a Argentina fue comparar su caso con el de Billy El Niño y otros policías franquistas imputados en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y para los que la juez argentina María Servini pedía su extradición para tomarles declaración en el marco de esta causa. Un año antes, en marzo de 2015, el Consejo de Ministros decidió rechazar la petición de extradición de los altos cargos imputados en la querella y, después, la Audiencia Nacional haría lo propio con los policías franquistas.

Era septiembre de 2016 y el día 30 de ese mismo mes, la Fiscalía General del Estado emitía una circular a todos los fiscales de España dando instrucciones para que se opusieran a las comisiones rogatorias enviadas por la juez Servini para tomar declaración a los imputados de la querella que el juzgado argentino investiga desde el 14 de abril de 2010. Una circular que no ha sido derogada hasta agosto de este año 2020. La Audiencia Nacional siguió la misma lógica con el caso de Wagner y dio los delitos de los que se le acusa por prescritos, aún en contra de la petición de Fiscalía, que con un posicionamiento contrario al dictado para todo lo que tuviera que ver con crímenes del franquismo, sí pedía la extradición del militar argentino. Jorge Pedro Rodolfo Wagner continúa su vida en su vivienda de casi 200 metros cuadrados en la zona noble de Madrid. 

“La no aplicación lisa y llana de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial del Estatuto de Roma, por parte de algunos países que esconden a los asesinos, sumado a la inexistencia de algunos tipos penales específicos por los que se ha pedido la extradición de varios de ellos, ha conspirado contra el propósito de lograr la rápida repatriación de los imputados por delitos de lesa humanidad”, lamenta Guillermo Francisco Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina y abogado querellante en causas de lesa humanidad.

Beatriz Arenaza Corres y Daniel Ullúa, también argentinos, pero en su caso buscados por su participación en el grupo de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) —organización vinculada a la Triple A argentina—, tuvieron la misma suerte.

Beatriz Arenaza Corres, de 68 años, sigue apareciendo en las alertas rojas de Interpol, a pesar de que hace cuatro años ya que se sabe que vive en España. Ya en 1973 fue condenada por la justicia argentina por la muerte de la estudiante Silvia Filler, que entonces tan solo contaba 18 años de edad. Filler murió como consecuencia de los disparos que lanzaron varios miembros del CNU contra una asamblea de estudiantes en la Universidad de Mar del Plata, en diciembre de 1971. Arenaza, que entonces hacía cuatro meses que había cumplido 19 años, fue una de las 14 personas condenadas por el ataque, pero la Ley de Amnistía aprobada el 23 de mayo de 1973 en Argentina anuló la condena. 

Arenaza continuó su militancia en el CNU, que siguió con sus ataques contra estudiantes y profesores relacionados con grupos de izquierda. El 21 de marzo de 1975, como respuesta al asesinato del abogado de extrema derecha y miembro del CNU Ernesto Piantoni, el grupo paramilitar acudió a los domicilios de cinco personas relacionadas con los Montoneros, donde les acribilló. Enrique Elizagaray, Jorge Enrique Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg fueron las víctimas de la masacre llamada del “Cinco por uno”, cometida por el CNU siguiendo el discurso pronunciado por el presidente argentino Juan Domingo Perón el 31 de agosto de 1955, en referencia a la respuesta de su gobierno frente al grupo de militares y civiles que organizó los bombardeos en la Plaza de Mayo que dejaron 308 muertos y más de 700 heridos en un intento de golpe de Estado. “Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”, afirmó entonces Perón.

Acabaron con la vida del montonero Daniel Gasparri y Jorge Stoppano —de la JUP—, secuestrados el 25 de abril de 1975 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después en un descampado. También asesinaron, un mes después, a la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, María del Carmen Maggi, cuyo cuerpo fue encontrado casi un año después en la laguna de Mar Chiquita, a 77 kilómetros. 

En 1998, según la información publicada por el diario El País, Arenaza se mudó a Galicia. Durante un par de años, la ex miembro del CNU fue apoderada en dos empresas españolas. Una era Continental Parking SL, empresa líder en servicios de aparcamiento. La otra, la constructora Comsa SA. 

El 17 de enero de 2013, Arenaza fue detenida por efectivos de la Policía Nacional en la estación de tren de A Coruña, siguiendo la alerta roja que seis meses antes había dictado la Interpol. Por entonces llevaba varios años viviendo en el municipio de Oleiros, donde compartía vivienda con una amiga. Un día después de su detención, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó su entrada en prisión mientras se tramitaba la petición de extradición que ese mismo día emite el Juzgado Federal Mar del Plata 3. Un mes después, la Audiencia Nacional dicta su puesta en libertad y, en julio de 2013, el mismo juez rechaza la extradición de Arenaza al considerar que el delito de asociación ilícita, como miembro del CNU, del que la acusa Argentina está prescrito. A día de hoy, Arenaza vive en Vera (Almería), donde se dedica a impartir clases particulares.[Actualización a 4 de noviembre de 2020: El Salto se ha puesto en contacto con Arenaza para pedir su versión sobre los hechos. Su respuesta ha sido: “No tengo nada q agregar. Le agradezco q esté interesada en mi versión. Pero no la hay”].

El caso de Daniel Ullúa, también miembro del CNU, corre en paralelo al de Arenaza. Detenido el 16 de enero de 2013 en Marratxí, un municipio cercano a Palma de Mallorca, donde vive con su mujer y trabaja en el sector de la construcción. También llevaba seis meses en las alertas rojas de Interpol, aunque, a diferencia de Arenaza, su nombre ya no figura entre los buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal. Dos días después declara ante la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz ordena su entrada en prisión mientras se tramita la petición de extradición que ese mismo día emite el Juzgado Federal Mar del Plata 3. Como en el caso de Arezana, la Audiencia Nacional rechaza finalmente la extradición al considerar que el delito del que se le acusa, asociación ilícita, está prescrito.

El caso de Eduardo Ferro: ¿dónde está la bolita?

Cuando, el 7 de septiembre de 2017, Eduardo Augusto Ferro Bizzozero fue detenido por agentes de la Policía en un hotel en Madrid, las noticias llenaron los medios tanto españoles como uruguayos. El ex militar uruguayo llevaba huido de la justicia desde que, en noviembre de 2016, fue citado a declarar por el Juzgado Penal 10 de Montevideo, en el marco de la investigación de la muerte del sindicalista Oscar Tassino, y no se presentó, estando desde entonces entre las alertas rojas de Interpol. Cuando, ocho meses después, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente su extradición, Ferro ya no estaba ahí. El 23 de noviembre, dos meses y medio transcurridos tras su detención, la Audiencia Nacional decidió, por petición de la Fiscalía, su puesta en libertad.

“Para nosotros debe ser la primera vez en la historia de la cooperación penal internacional que un fiscal es el que dice que se dé la libertad provisional. Ni siquiera es que fuera la defensa de Ferro. Esto es lo más indignante”, enfatiza Martín Fernández Chiossoni, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), organización que desde 1984 lleva peleando en los juzgados contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. Fernández Chiossoni representa a IELSUR en la causa por la muerte de Oscar Tassino, pero el abogado recuerda que no es el único caso por el que Ferro está investigado. 

Eduardo Ferro fue militar y miembro del Servicio de Inteligencia uruguayo. Está acusado de haber participado en secuestros y asesinatos relacionados con la Operación Cóndor, y también de haber realizado acciones de espionaje a partidos políticos y sindicatos ya en democracia. 

La causa por la que a día de hoy sigue en busca y captura a nivel internacional está relacionada con la muerte de Oscar Tassino. Tassino, sindicalista y militante del Partido Comunista , fue detenido en su casa, en la calle General Máximo Tajes 6632 en Montevideo el 21 de julio de 1977. Varios testigos han identificado a Ferro como una de las personas que se lo llevaron. Tassino fue conducido al centro de detención clandestino La Tablada, y nunca más se supo de él. La causa por la desaparición de Tassino se abrió en 1985, pero poco después fue archivada por la Ley de Caducidad que dictó el Gobierno de Julio María Sanguinetti, también llamada Ley de Impunidad.

Ferro también es investigado por su posible participación en otros secuestros y desapariciones. Una de ellas es la de Fernando Miranda Pérez, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay y también militante del Partido Comunista uruguayo y del Frente Amplio. Miranda fue detenido el 30 de noviembre de 1975 por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), del que Ferro formaba parte como jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar. Miranda fue trasladado al centro de detención clandestino 300 Carlos, también conocido como Infierno Grande o La Fábrica, en cuyos alrededores su cuerpo sin vida fue encontrado el 2 de diciembre de 2006 e identificado un año después. 

María Claudia Garcia Iruretagoyena Casinelli, embarazada de siete meses, fue secuestrada  el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires por un comando de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) de Argentina junto a su marido, Marcelo Gelman Schubaroff, su cuñada Nora Eva Gelman y su amigo Luis Eduardo Pereda. Fueron ubicados en el centro clandestino Automotores Orletti, en la capital argentina. Dos días después, Nora y Luis Eduardo fueron liberados, pero Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca. Por su parte, María Claudia fue trasladada a mediados de octubre a Montevideo, al Centro de detención del Servicio de Información de Defensa. Tras dar a luz en diciembre, se cree que ella y su hija fueron trasladadas al Batallón de Infantería número 14, en la ciudad uruguaya de Toledo, donde Maria Claudia fue asesinada y enterrada. Su hija, María Macarena García Gelman, fue entregada a un militar. Eduardo Ferro también está acusado de estar relacionado con la muerte de María Claudia García Iruretagoyena.

La desaparición de los uruguayos Jorge Gonçalvez y Andrés Humberto Domingo Bellizzi, el 14 y el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, es otro de los casos en los que Eduardo Ferro aparece como posible responsable. Ambos fueron llevados por el Ejército uruguayo al centro de detención clandestino El Club Atlético, en la capital argentina, según el testimonio de otros uruguayos también detenidos en el mismo centro y que afirman que tanto Jorge como Andrés Humberto fueron interrogados por Eduardo Ferro. Los dos continúan desaparecidos.

El 12 de noviembre de 1978, los uruguayos Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos de 8 y 13 años fueron secuestrados en Porto Alegre (Brasil) por un comando del Ejército uruguayo y llevados a Uruguay. La denuncia en medios de comunicación impidió que fueran asesinados y, tras varios días, los hijos fueron llevados con sus abuelos y Lilián y Universindo fueron instalados en la cárcel de Punta de Rieles, donde fueron torturados y puestos en libertad cinco años después, con la vuelta de la democracia al país. Celiberti, en su testimonio sobre el secuestro, según aparece en la obra Mi habitación, mi celda, realizado a partir de entrevistas con la periodista y feminista uruguaya Lucy Garrido, involucra en el secuestro a Eduardo Ferro.

Eduardo Ferro continuó su carrera militar como miembro del Servicio de Información y Defensa (SID) de Uruguay desde 1980, tras haber actuado encubierto en Argentina hasta 1982. También está acusado de ser responsable de acciones de espionaje a políticos, sindicatos y organizaciones sociales mientras ocupaba el cargo de jefe en el Batallón Florida entre 1988 y 1991, según confirmaron ante el Parlamento uruguayo en 2018 ex militares testigos de los hechos.

Más tarde, según denunció el diario uruguayo Brecha en 1998, Ferro, que entonces contaba 51 años, pasó a trabajar en la empresa Federal Seguridad, del empresario Miguel Sofía, que durante diez años estuvo también prófugo de la justicia, acusado de ser parte de los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de extrema derecha que tenían como objetivo atacar a miembros del Movimiento de LIberación Nacional Tupamaros. 

“En Uruguay hay un régimen que permite a los militares retirarse muy jóvenes con el total de su salario, y suelen pasar a constituirse en empresas o ser asesores de seguridad”, explica Fernández Chiossoni. “Es un problema bastante complejo que tenemos aquí, porque a los 45 años ya quedan jubilados, con todo el tiempo del mundo y su sueldo íntegro”, añade. Entre 2004 y 2006, Ferro continuó su trayectoria en el mundo de la seguridad privada en un hotel de lujo ubicado en la zona de Manantiales, en el que llegó a ser gerente y cuyos empleados denunciaron episodios de violencia. 

Tras reabrirse la causa por la desaparición de Oscar Tassino en 2011, en noviembre de 2016 la titular del Juzgado Penal 10 de Montevideo, Dolores Sánchez, citó a Ferro a declarar, pero este no se presentó. Seis meses después de que Interpol lo incluyera en sus alertas rojas de búsqueda internacional, el 7 de septiembre de 2017 el ex militar uruguayo fue detenido en un hotel en Madrid. Ese mismo día, el juez del Juzgado Central de Instrucción 1 de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordena su entrada en prisión a la espera de completar el proceso para su extradición a Uruguay. El 20 de octubre, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprueba continuar el proceso de extradición de Ferro. Todo marcha normalmente.

El 17 de noviembre de 2017, Interpol Madrid comunica a Interpol de Uruguay en un mail al que ha tenido acceso El Salto que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional había iniciado ya el proceso de extradición de Ferro y que, dentro de la instrucción, este “no consentía en ser extraditado y que no renunciaba al principio de especialidad”, un concepto penal por el que la normativa más específica prevalece sobre la normativa más general. En el mismo mail, Interpol Madrid comunica que, al no consentir Ferro en su extradición, la causa pasaba a una instancia superior, que era la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que este continuaba en prisión. 

El 9 de febrero de 2018, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por los magistrados María José Rodríguez Duplá, Julio de Diego López y Enrique López López —este último consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2019, apartado en 2015 del tribunal del caso Gürtel por sus vínculos con el Partido Popular— emite un auto en el que se decide la extradición de Eduardo Ferro pero en el que también se señala que, desde el 23 de noviembre de 2017, el exmilitar uruguayo estaba en libertad, una decisión adoptada por este tribunal a petición de la Fiscalía. Desde El Salto hemos solicitado al departamento de prensa de la Audiencia Nacional la solicitud del fiscal en la que se hacía la petición de la puesta en libertad de Ferro, así como el nombre del mismo, pero solo han  podido facilitar el auto que acepta la extradición. Medio año después de la detención, el 11 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprueba definitivamente la extradición a Uruguay de Eduardo Ferro. En la referencia del Consejo de Ministros de ese día, se afirma que el exmilitar se encuentra en prisión provisional, pero no era verdad. La ubicación de Ferro volvía a ser una incógnita. 

“Se informa a nuestro país el 17 de noviembre de 2017 que se encuentra preso y la siguiente comunicación, que contiene una resolución del 9 de febrero de 2018 que dice que fue liberado el 23 de noviembre de 2017 por solicitud de fiscalía, recién llega al juzgado en nuestro país el día 24 de mayo de 2018, con toda la información del recurso de súplica negado y que se concede la extradición”, detalla Fernández Chiossoni, quien señala, además, que en ese plazo de tiempo desde su puesta en libertad hasta la confirmación de la extradición, Ferro incluso se presentó en el Centro de Gestión de Argentina en Valencia para dar una prueba de vida con la que seguir cobrando su pensión.

“Cuando Interpol recibe la orden judicial de ir a buscarlo, Interpol España informa que no está ubicado, lo que determina que la juez [Silvia] Urioste [titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de lo Penal de Uruguay], a cargo de la causa en nuestro país, dicte medidas para recibir información y nuevamente ordena su captura”, continúa el abogado. “Seguimos el proceso muy de cerca para evitar un segundo ‘Troccoli’”, añade en referencia a Jorge Troccoli, exmilitar uruguayo que finalmente fue juzgado y condenado a cadena perpetua en 2019 en Italia por su participación en el Plan Cóndor.

“Esto ha generado mucha indignación en los familiares y no logramos que la Cancillería [Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay] tuviera una posición más enérgica con España”, lamenta Fernández Chiossoni. “Estas personas siguen teniendo redes de la época de la dictadura que siguen funcionando”, concluye.