San Francisco elimina miles de usuarios y ofertas de Airbnb

En 2015 arrancó la lucha por paralizar la gran burbuja de los precios del alquiler impulsada, entre otros factores, por la oferta de pisos turísticos promovidos por plataformas de alquiler de casas particulares, como Airbnb o HomeAway.

La “ley de los 90 días” ha sido la medida estrella de la Administración local de la ciudad de San Francisco. Esta regulación acota la posibilidad de ofertar un alojamiento si no es vivienda habitual y de alquilarla vacía por más de 90 días al año, eliminando así a empresas e impidiendo a que se dedique a alquiler exclusivo a turistas durante todo el año. En cambio esta ley permite que se pueda alquilar habitaciones durante todo el año si se trata de ofrecer esas camas mientras esté presente el propietario en la casa.

Para acabar con las ofertas que no cumplan con estas exigencias, Airbnb arrancó una campaña en septiembre de 2017 entre los usuarios de la plataforma que exigía que se demostrara que la vivienda fuera la habitual de los anunciantes y se registraran en el censo de licencias que el Ayuntamiento había abierto para ello. Los propietarios han tenido un plazo de tiempo para registrarse en la plataforma mostrando documentos que certifiquen que es la vivienda en la que habitan, tales como el padrón o facturas de suministros. Ese plazo ha concluido la noche del 15 de enero de 2018.

Según ha anunciado el Ayuntamiento de San Francisco, solo 2.168 anfitriones han cumplido con los requisitos y solicitado el permiso pertinente para poder ofrecer sus viviendas o habitaciones en alquiler. En el mes de agosto, justo un mes antes de que se iniciara el proceso de requerimiento de este nuevo tipo de registro, la oferta de viviendas de Airbnb contaba con 8.543 anuncios. De septiembre a diciembre, las nuevas condiciones de la plataforma han hecho que se elimine ya a 2.860 usuarios. A falta de unas horas para que concluya el plazo, otras 737 solicitudes están pendientes de resolverse, pero todo apunta a que no se concederán muchas más de 3.000 licencias, lo que provocará que se cierren más de 5.000 ofertas en total en relación con el número que se podía encontrar en la web el pasado verano.

El Ayuntamiento de San Francisco cancela más de 5.000 ofertas por no ser viviendas habituales para eliminar a los profesionales

Esta medida impulsada por San Francisco lleva años de batalla y parece que puede ser un modelo a seguir por muchas otras ciudades del mundo. El lobby hotelero y varias organizaciones sociales arrancaron la lucha contra el modelo de alquiler turístico de la plataforma en su ciudad hace años. Con una recogida de 15.000 firmas, presentaron una propuesta para organizar un referéndum, llamada Proposition F. La consulta popular se la llevó la plataforma de alquiler. “Según Airbnb se gastaron ocho millones de euros en la campaña, aunque, según la organización Share Better, donde se unen sindicatos de trabajadores del sector hotelero o de inquilinos, fueron 11 millones”, explica a El Salto Javier Gil, investigador y sociólogo en la UNED que está realizando una investigación sobre la plataforma de alquiler.

Tras varios meses de negociaciones, en la que se tuvo que llegar a los juzgados para que Airbnb acatara la ley, en mayo de 2017 se llega al acuerdo que representa la norma de los 90 días y se abrió el plazo que termina este martes. Para Gil, que ha estudiado muchas de las medidas tomadas o que se están negociando en varias ciudades del mundo, el modelo de San Francisco facilita que se puedan mantener los verdaderos valores de la economía colaborativa a la vez que frena la especulación y la profesionalización de los propietarios. “La clave que tiene el modelo de San Francisco es que elimina totalmente los profesionales —explica Gil—, aunque deja un pequeño margen para la profesionalización de propietarios que puedan tener una casa con cuatro habitaciones y decidan alquilar tres de ellas de manera habitual”.

Además, según Gil, este tipo de regulación permite que muchas personas con trabajos más precarios puedan seguir viviendo en la ciudad, alquilando su casa de manera temporal, y no ser expulsadas por el incremento de precios del mercado y la gentrificación que llevan sufriendo años las ciudades como San Francisco o Madrid: “Se trata de soluciones individuales a problemas colectivos”. 

Según el investigador, esta regulación no solo tiene beneficios en cuanto al control del alquiler ilegal o la competencia desleal que se pueda producir frente a hoteles: “Este modelo cambia mucho las cosas con el tema de los ruidos. Las personas que alquilan su propia casa, ya sea cuando están ellos presentes o durante esos 90 días, son más cuidadosos a la hora de elegir a quién alojan en sus casas, lo que evita que se alquile tanto a grupos o perfiles de clientes que son más propensos a generar problemas tanto de convivencia en el vecindario como de exceso de ruido, y por lo tanto la factura social y de problemas con los vecinos se reducen mucho”, explica Gil.

¿Qué pasaría en Madrid?

El Ayuntamiento de Madrid ha planteado una regulación que imita el modelo de San Francisco para limitar la oferta y eliminar los alquileres por parte de profesionales sin licencia, aunque permitirá a aquellos que la tengan. Otras ciudades como París o Berlín también han optado por modelos similares, pero con 120 y 60 días, respectivamente. 

Según la investigación realizada por Gil, el crecimiento de la plataforma en 2017 no ha sido tan elevado en número como lo fue en el año anterior, pero los propietarios o usuarios que ofrecen más de una vivienda han aumentado un 10% más del total en ese mismo periodo. Estos datos muestran que en Madrid no ha crecido mucho la oferta de pisos disponibles, pero se ha producido una sustitución de usuarios particulares por más ofertas de profesionales. El número de ofertas de la plataforma en la ciudad en abril de 2017 era de 13.335 —actualmente rondan los 15.000—, de las que, según los cálculos realizados por Gil, el 80% chocaría contra las exigencias de esta nueva regulación. Estos cálculos indican que la implementación del modelo de los 90 días podría reducir la oferta actual a algo más de 2.600 viviendas y eliminar más de 10.600.