Derecho al agua
El agua en el campo mexicano: una batalla por la vida

Jalpa es una comunidad rural que pertenece al municipio de General Cepeda, al suroeste del estado de Coahuila de Zaragoza (México) y a unos 90 kilómetros de su capital, Saltillo. Allí se encuentra el arroyo San Miguel, uno de los pocos manantiales que quedan en la región. Desde Saltillo hasta Parras, la mayor parte de los manantiales o se han secado o fluyen con un caudal muy débil. “Las agroindustrias y empresas que gestionan el agua como Aguas de Saltillo han chupado ya la mayoría de recursos hídricos, este es de los pocos que quedan junto con los manantiales de Parras”, explica Juan Gamboa, campesino y líder comunitario de la zona. Son siete las comunidades que dependen directamente del arroyo San Miguel para el consumo humano, la agricultura y la ganadería en un clima prácticamente desértico. “La falta de esta poquita agua para nosotros es la muerte o la migración. Cuando tienes una cultura de vida y te obligan a migrar a otra, es la muerte; es acabar con tus sueños, con todo”, lamenta el líder campesino.

El principal motivo de la escasez cada vez más aguda de agua en estas zonas rurales periféricas a Saltillo se debe a la sobreexplotación que sufre el acuífero Saltillo Sur por parte de empresas como Aguas del Saltillo, de la que hablamos en la primera entrega de este reportaje, o las grandes agroindustrias, que perforan pozos profundos para extraer aguas del subsuelo, la cual cosa hace que el caudal de agua disminuya o incluso desaparezca en los manantiales naturales de la zona y en los pozos de poca profundidad hechos por los campesinos. El director del Comité de Defensa del Agua de Parras, Felipe Rodríguez, explica que la sobreexplotación del acuífero se da a partir de la privatización del servicio de agua potable a manos de Aguas de Barcelona, a través de la empresa mixta Aguas del Saltillo (Agsal) en 2001. “Cuando entra Agbar a gestionar el agua en la capital del estado, hace 20 perforaciones en el acuífero Saltillo Sur para abastecer a la población de la ciudad. Esto ha afectado a los manantiales de General Cepeda, que se han secado, y a los Parras, que corren peligro”, explica Rodríguez.

Las aguas turbias de Agbar en México

Víctor Yustres

Derecho al agua

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Saltillo y Veracruz son dos ciudades de México en las que la privatización del servicio de agua potable a manos de empresas participadas por la multinacional Aguas de Barcelona ha ido acompañada de denuncias de aumentos desorbitados de tarifas, cortes del suministro, irregularidades contractuales o impactos ambientales.

Expertos señalan que la privatización de la gestión del sistema de agua y saneamiento en algunos municipios trae asociado frecuentemente un impacto en las comunidades rurales. “Para aumentar la extracción de agua y generar más consumo, es decir, un mayor negocio, empresas privadas dedicadas al comercio de este bien común suelen recurrir al despojo de los recursos hídricos de comunidades periféricas a las ciudades, con el aval del Estado”, explica Octavio Rosas, economista experto en agua investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rosas añade que “no hay ninguna garantía de que empresas como Agbar estén interesadas en preservar el recurso hídrico, porque no es negocio”.

Recarga ‘a medida’ El acuífero de Saltillo Sur, con más de 7.000 quilómetros cuadrados, es vital para los municipios de Parras, General Cepeda y el sur de Saltillo, y tiene una recarga natural de 13 millones de metros cúbicos anuales. Sin embargo, según un estudio técnico geohidrológico encargado y financiado por Aguas de Barcelona a la empresa Sanx Ingeniería Integral y Desarrollo S.A , aparece que el acuífero tiene una recarga mucho mayor, de 70 millones de metros cúbicos. Según reveló PODER en una investigación, esta empresa no está especializada en estudios geohidrológicos, sino que se dedica a la venta de lavaderos, inodoros o instalaciones de gas, entre otros. “Esta recarga que muestra el estudio aparece por arte de magia y presenta muchas discrepancias y deficiencias. Creemos que fue hecho a medida”, apunta Felipe Rodríguez. Con este estudio, el acuífero tiene disponibilidad para explotar 42 millones de metros cúbicos anuales más. Es entonces cuando Aguas de Saltillo solicita una explotación extraordinaria de 31,5 millones de metros cúbicos anuales para abastecer el crecimiento de la ciudad y para dar servicio al nuevo macroproyecto de Ciudad modelo Derramadero.

“Es una manera ultramoderna de volver a las antiguas haciendas, a ser peones en manos de las empresas”, asegura José Luis García Valero, activista ambiental

Ciudad Derramadero es un proyecto de construcción de una zona económicamente especial al sur de Saltillo, con una primera fase de unas 5.000 viviendas (unos 20.000 habitantes) concentradas alrededor de diferentes empresas industrias del autómovil y una serie de servicios (centro comercial, un centro médico, áreas verdes y deportivas…). Este modelo ya existe en otros lugares como Puebla, con el proyecto urbanístico de una Ciudad modelo alrededor de la llegada de la planta de Audi al municipio. Esta ciudad ha demostrado ser un fracaso ya que, ocho años después, está prácticamente desierta (a un 10-15% de su capacidad) y con una actividad comercial muy limitada. “Es una manera ultramoderna de volver a las antiguas haciendas, a ser peones en manos de las empresas”, asegura José Luis García Valero, activista ambiental que vive en una zona rural del municipio de General Cepeda.

Uno de los mayores problemas que plantea la construcción de esta Ciudad Derramadero es la cuestión del agua. “Construir una ciudad de estas dimensiones aguas arriba de Saltillo amenaza no solamente a los campesinos y agricultores que viven del acuífero que van a sobreexplotar aún más, también amenaza a la propia ciudad de Saltillo, porque aprovecharía las aguas que de manera natural fluyen por el subsuelo y que abastecen a la capital de Coahuila”, apunta García Valero. “Es absurdo que en una zona de desierto se quiera seguir creciendo como si esta tierra fuera ilimitada. Y el agua es la misma; es suicida”, lamenta el activista.

Saltamontes

Agua: envasando lo común

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Derecho al agua

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La tendencia de crecimiento del consumo de agua embotellada supone un verdadero problema, además de por la mercantilización de un bien común, por el impacto ecológico que conlleva y por el impacto que pueden tener en nuestra salud los plásticos. Un gesto tan sencillo como beber agua del grifo se convierte en la mejor alternativa.

Un estudio con incongruencias

Diversas organizaciones de la sociedad civil como el Comité de Cuencas de Parras y General Cepeda, la Diócesis de Saltillo o la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo han pedido a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el organismo que se encarga de administrar el agua de todo México, que invalide el estudio realizado por Sanx, ya que presenta muchas irregularidades.

El geólogo Joel Carrillo, que revisó el informe, explica que tiene muchas incongruencias, está incompleto y que él no lo aceptaría como experto. “Los análisis de radioisótopos confirman, que parte del agua extra que dice el estudio que se ha encontrado en el acuífero Saltillo Sur tiene varios miles de años, es agua fósil y por tanto con una calidad muy deteriorada”, explica Gloria Tobón de Garza, presidenta de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo. “También se encontraron aguas con altos contenidos de litio, de flúor e incluso de arsénico, según un estudio realizado por la Unversidad de Coahuila”, explica la activista.

Felipe Rodríguez valora que si se da esta concesión de 31,5 millones de metros cúbicos anuales a Aguas de Saltillo “en 10 años estaremos viviendo una crisis tremenda” y el derecho al agua se verá gravemente afectado en más de cien ejidos. “Estamos luchando por la vida y sabemos que estas empresas transnacionales no vienen a darnos vida. Solo les interesa la venta de agua y obtener beneficios a costa de lo que sea. No nos vamos a dejar”, afirma Rodríguez.

Esta batalla por el agua que escasea cada vez más ya la viven en comunidades rurales como Jalpa o Boquillas, en Parras. Elba Ramírez, dirigente de la comunidad y activista por el derecho a la tierra y al agua explica como han pasado de tener pozos de poca perforación en cada casa, con pocas cantidades de agua pero con la cual podían abastecerse, a que estos pozos se sequen por la perforación de pozos profundos de las agroindustrias y tengan acceso al agua solamente una vez por semana en alguna de las pocas tomas comunitarias de la zona. “Somos las mujeres las que vamos siempre a por agua y ya no tenemos para los huertos familiares ni para la vegetación, apenas nos llega para el consumo propio”, explica la activista. “El agua no puede ser de una sola persona. Todos tenemos derecho a ser dueños del agua y a batallarla”, reivindica.

Desde hace dos años, más de un centenar de habitantes de las comunidades rurales cercanas al arroyo San Miguel celebran una cabalgata en favor del agua para denunciar que no se sobreexplote este recurso vital para su subsistencia. “Esto nos permite visibilizar nuestra lucha, estar en los medios y fortalecer el tejido social comunitario”, asegura José Luis García Valero. “Hay que mostrar que el despojo del agua no afecta solamente a los campesinos, sino que pone en peligro también la superviviencia del Saltillo”, apunta el activista.

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