Agroindustria
Agricultura sí, pero no así: mucho plomo en los cultivos y otros 900 pozos ilegales de extracción de agua

El campo español ha vuelto a las calles para rechazar el acuerdo UE-Mercosur y exigir mejoras en la rentabilidad. El “tractorazo” por Madrid, con miles de agricultores que se desplazaron hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, ha evidenciado un nuevo malestar de la agroindustria, un sector que grita y exige protección -“Con estas políticas nos vamos al abismo”, ha sido la consigna que más se ha repetido en la protesta-, pero que calla ante sus altísimos impactos ambientales y sus prácticas ilegales. La movilización por el centro de la capital ha coincidido con tres revelaciones: la presencia de diez veces más plomo de lo permitido en fincas de Cartagena, manzanas españolas contaminadas con múltiples pesticidas tóxicos y el hallazgo de 941 infraestructuras de captación de agua no autorizadas en varias comunidades autónomas.

La lista de exigencias de los agricultores es bastante larga. No quieren competir con los cultivos sudamericanos. Rechazan la nueva Política Agraria Común y tampoco quieren plantas de energía verde en los campos. Esta última reivindicación es capitaneada por el lobby agrario SOS Rural, una plataforma financiada por los regantes del Campo de Cartagena y vinculada a Vox.

Ecologistas en Acción reveló que España subvencionó en 2024 con 8.000 millones a actividades que destruyen la naturaleza, cuatro veces más que en conservarla, y 9 de cada 10 euros se destinan al sector agrícola

Este colectivo, que repite que “los mejores ecologistas son los agricultores y los ganaderos”, ha anunciado la puesta en marcha de una macrocausa judicial en toda España para detener las instalaciones fotovoltaicas en terrenos cultivables, argumentando que “destruyen suelo fértil”. El planteo choca con las estadísticas: los parques fotovoltaicos ocupan en España una extensión equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil. Pese a estos datos, SOS Rural repite que los campos y paisajes “son un bien a proteger” y que los grandes proyectos de descarbonización atenta con la “gran huerta de Europa”.

Niveles descomunales de metales pesados

Esta semana, Ecologistas en Acción reveló que España subvencionó en 2024 con 8.000 millones a actividades que destruyen la naturaleza, cuatro veces más que en conservarla. Para llegar a esa conclusión, la organización analizó todos los subsidios destinados al sector agrario, pesquero y forestal.

La agricultura es, por lejos, el rubro más beneficiado por este dinero público: de cada 10 euros de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, 9 se destinan al sector agrícola. En 2024, el campo recibió 7.769 millones de euros procedentes de la PAC. De ese total, el 78% se usó en prácticas consideradas perjudiciales para el medioambiente.

El campo de Cartagena, en Murcia, catalogado como un pilar fundamental de la agricultura española y europea, es un ejemplo. En estos días, esta misma organización ecologista ha presentado una denuncia judicial para que se investigue la presunta comisión de delitos por el ocultamiento de un Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre metales pesados.

En su momento, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca pidió a la universidad -subvención mediante- un trabajo técnico para diagnosticar la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Al pasar el tiempo y no tener novedades sobre los resultados de este trabajo, el investigador José Matías Peñas Castejón presentó ante la administración regional una solicitud de información.

Según la organización Pacto por el Mar Menor, las muestras que se obtuvieron de tierra vegetal de la zona Arco Sur del Mar Menor presentan “elevados valores de arsénico, cadmio, plomo y zinc”

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, respondió que todavía no había ningún informe. Sin embargo, el vicerrector de la UPCT la desmintió y afirmó que el estudio ya tiene resultados preliminares. Finalmente, la consejera reconoció que la investigación se entregó en tiempo y forma, pero como no estaban cumplidos “los objetivos y fines establecidos”, por lo que el Gobierno había decidido reclamar a la universidad los casi 300 mil euros de la subvención.

Según la organización Pacto por el Mar Menor, que tuvo acceso a los resultados del informe, las muestras que se obtuvieron de tierra vegetal de la zona Arco Sur del Mar Menor presentan “elevados valores de arsénico, cadmio, plomo y zinc”, que se sitúan muy por encima de los niveles de referencia para suelos de la Región de Murcia.

Ecologistas en Acción explica que niveles excesivos pueden “generar efectos negativos sobre la salud humana”, como daños neurológicos (plomo), cáncer (arsénico), osteoporosis y disfunción renal (cadmio), anemia (zinc) y afecciones al sistema nervioso (manganeso)

La contaminación por plomo hallada superó hasta diez veces los niveles permitidos. “Se alcanzan cifras superiores a los 1.000 microgramos por kilo de tierra, cuando el máximo está establecido en 100 microgramos por kilo de tierra“, ha denunciado Ramón Pagán, portavoz de este colectivo. El informe también identifica picos muy elevados para el manganeso, así como puntos con valores de cadmio y zinc por encima del nivel de referencia. En el caso de este último metal, los valores hallados serían, en algunas fincas, siete veces más altos que los permitidos.

Ecologistas en Acción explica que los niveles excesivos de estas sustancias pueden “generar efectos negativos sobre la salud humana”, como daños neurológicos (plomo), cáncer (arsénico), osteoporosis y disfunción renal (cadmio), anemia (zinc) y afecciones al sistema nervioso (manganeso). Pese a la gravedad de la situación, denuncia la organización, “el gobierno regional no sólo no ha tomado medida alguna para proteger la salud pública y evitar los posibles riesgos derivados de productos agrícolas procedentes de estos suelos con tan elevadas concentraciones de metales, sino que sus esfuerzos se han centrado en todo lo contrario, ocultando la situación en un inaceptable ejercicio de opacidad y falta de transparencia para impedir un pleno conocimiento ciudadano de tales riesgos para la salud pública y para el medio ambiente, incumpliendo sus responsabilidades en transparencia y las normativas sobre el derecho ciudadano a la información ambiental”.

La investigación que sí tiene resultados públicos y contrastados es la que elaboró Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sobre la contaminación en las cosechas de manzana de 13 países europeos, entre ellos España. Entre el 1 y el 20 de septiembre de 2025, esta organización adquirió muestras de diferentes manzanas de producción local en supermercados de Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suiza.

El 71 % de los cultivos contaminados lo están por pesticidas que la UE clasifica como muy tóxicos

Las 59 muestras de manzanas fueron llevadas al laboratorio. Casi todas (93%) contenían al menos un residuo de plaguicida y el 85% tenía una contaminación múltiple. 8 de cada diez manzanas analizadas, en el caso de España. Las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), un grupo de más de 4.700 compuestos químicos sintéticos, conocidos como ”químicos eternos“ por su extrema persistencia en el medio ambiente y el cuerpo humano, aparecieron en casi todas las muestras. El 80% de España es compartido con Francia e Italia, aunque la media de los 13 países estudiados es aún mayor, un 85 %. Las manzanas menos contaminadas están en Dinamarca (20 %) y Bélgica (50 %).

Las manzanas pueden llegar a ser rociadas con este tipo de sustancias hasta 30 veces al año, señala la investigación. ¿El impacto? El 71 % de los cultivos contaminados lo están por pesticidas que la UE clasifica como muy tóxicos. “Se trata de sustancias que deberían haberse eliminado del mercado pero aún se siguen usando y en algunos casos su presencia en alimentos europeos incluso ha aumentado”, denuncia Pan Europe.

El informe recuerda que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debería haber desarrollado un método que permita evaluar el riesgo de estas “exposiciones múltiples”, pero aún no lo ha hecho. La mayoría de estudios oficiales, que se usan para fijar los límites permitidos, evalúan el riesgo de exposiciones puntuales, pero no los posibles efectos de varios contaminantes, alerta el informe. “Animamos a la gente a comer fruta, pero tienen derecho a alimentos saludables, no contaminados con un cóctel de sustancias químicas tóxicas”, lamenta esta ONG.

La rutina de robar agua

Por la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas, que evapora el agua y dificulta el crecimiento de la vegetación, gran parte del territorio de España sufre aridez. Si a esa mezcla se le añade la intervención humana, que sobreexplota los recursos naturales, con especial incidencia en el agua dulce, entonces se convierte en desertificación, una problemática ambiental que ya afecta a 206.217 kilómetros cuadrados del país, un 40,9% del conjunto de territorio español, según el primer Atlas de la Desertificación de España (ADE), coordinado por especialistas de la Universidad de Alicante (UA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En España, 8 de cada 10 litros que se extraen de los acuíferos van a parar a la agricultura de regadío que, en lugar de decrecer, como piden científicos y ecologistas, sigue creciendo. La presión hídrica se ejerce de forma legal, con las autorizaciones administrativas correspondientes, e ilegal, con la construcción de pozos para captar agua sin ninguna autorización.

En los últimos años, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) descubrió cientas de estas infraestructuras. En 2023, por ejemplo, esta unidad encontró 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, sondeos y balsas en la Comarca de la Axarquía (Málaga), utilizados por agricultores de cultivos subtropicales.

En 2024, las inspecciones se trasladaron al Mar Menor. Allí, la Guardia Civil localizó 74 pozos ilegales que regaban 2.050 hectáreas agrícolas. Las pesquisas revelaron que se extrajeron sin licencia 25,5 millones de metros cúbicos de agua y se vertieron al mar 377.600 kilos de nitratos fertilizantes. Esta semana, el Seprona dio a conocer el resultado de las actuaciones desarrolladas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en tres CCAA: Andalucía, Murcia y Madrid. Se hallaron 941 infraestructuras ilegales asociadas a la captación de agua.

En el municipio de Mazarrón (Murcia), los uniformados encontraron regadíos ilegales de más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. En Córdoba, además de muchos pozos clandestinos destinados al regadío, se detectaron “captaciones legales manipuladas mediante un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído”.

En total, la operación “Zahorí” dejó un saldo de 31 personas detenidas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales. ¿El daño económico al Dominio Público Hidráulico, el conjunto de bienes de titularidad estatal, como aguas continentales (superficiales y subterráneas), cauces naturales, lechos de lagos/lagunas y embalses, destinados al uso público? 270 millones de euros.