África
Cuando los intereses políticos de las potencias extranjeras pisan los derechos digitales en África

Sandra Aceng ya estaba haciendo las maletas para viajar a Lusaka, cuando recibió un mensaje de WhatsApp con una publicación en la que el gobierno de Zambia anunciaba el aplazamiento indefinido de RightsCon. Se trata de la convención anual sobre derechos digitales organizada por la sociedad civil más popular del mundo y 2026 iba a celebrarse en el país africano. Era el 28 de abril y faltaba menos de una semana para el inicio del evento que iba a reunir, presencialmente, más de 2.600 participantes, de 150 países y 750 instituciones, además de otros 1.100 online. Tras unas horas de incertidumbre, Access Now, la organización que impulsa el encuentro junto a socios locales, anunció la suspensión definitiva. El motivo, según su relato, eran las presiones de las autoridades chinas para la retirada de una delegación de activistas taiwaneses. Access Now y sus socios consideraron que la condición era inadmisible.

La suspensión de RightsCon ha sido un jarro de agua fría para las organizaciones y activistas defensores de los derechos digitales en todo el mundo. Y ha afectado, especialmente, al ecosistema africano que había acogido el evento como una oportunidad para poner en la agenda la situación de los derechos digitales en el continente, los avances y las amenazas. La cancelación de un evento de la magnitud y con las conexiones globales del RightsCon ejemplifica algunas de las de las preocupación de los y las defensoras de derechos digitales en el continente. Una de ellas, cada vez más presente, es la injerencia de las potencias extrajeras, tanto de Oriente como de Occidente, que establecen acuerdos comerciales o de colaboración con países africanos y que acaban reclamando contrapartidas no escritas relacionadas con los equilibrios de poder.

“Lo más preocupante es el precedente de la influencia de un gobierno extranjero para presionar a un Estado africano a fin de que suspenda una reunión de la sociedad civil”

Desde la perspectiva de esta comunidad de defensa de los derechos digitales “lo más preocupante es el precedente de la influencia de un gobierno extranjero para presionar a un Estado africano a fin de que suspenda una reunión de la sociedad civil, sin que ninguno de los dos haya enfrentado consecuencias significativas”, como apunta Juliet N. Nanfuka, responsable de Investigación y Comunicación de CIPESA, una de las organizaciones más relevantes de ese ecosistema africano. Algo en lo que coincide Sandra Aceng, activista digital en la intersección del género, la tecnología y las políticas públicas y directora ejecutiva de Women of Uganda Network (WOUGNET): “Cuando un importante foro mundial sobre tecnología y derechos humanos puede verse interrumpido porque ciertas voces, comunidades o temas se consideran políticamente sensibles, se envía un mensaje preocupante sobre quién puede participar en la configuración del futuro digital y qué perspectivas pueden quedar excluidas”.

El relato de la cancelación de RightsCon 2026 es una historia de traición y decepción. Access Now impulsa la convención en una ubicación distinta en cada edición, con la connivencia de los gobiernos locales y el apoyo de las organizaciones vinculadas al territorio. Después de tres años de celebraciones virtuales por la pandemia y sus secuelas (en 2020, 2021 y 2022), desde que se recuperó la presencialidad en 2023, el encuentro ha pasado por Costa Rica y Taiwan, en 2025, como última ubicación, algo que no sentó demasiado bien al gobierno chino. Cuando, menos de una semana antes de la cita en Lusaka, el gobierno de Zambia anunció unilateralmente el aplazamiento lo atribuyó a la necesidad de “garantizar el pleno alineamiento con los valores nacionales de Zambia, las prioridades políticas y las consideraciones de interés público más amplias”, en relación a los temas clave tratados en la conferencia.

En un primer momento, RightsCon únicamente anunció que después de unas negociaciones fallidas, procedían a suspender el evento. Solo dos días después, un comunicado de la organización reveló lo que varios medios habían avanzado: que el motivo de la suspensión era “la injerencia extranjera”. En el comunicado de la organización de la sociedad civil se detallan minuciosamente los intercambios de información con las autoridades zambianas de los últimos días antes de la suspensión, incluida la confusión, la falta de respuestas en determinados momentos y la opacidad. Se destaca que poco antes de que se desencadenasen los hechos sus interlocutores les habían señalado que “diplomáticos de la República Popular China estaban presionando al Gobierno de Zambia porque participantes de la sociedad civil taiwanesa planeaban unirse” presencialmente a la convención.

Bridget Andere, analista política senior de Access Now, explica que la elección de la sede del encuentro se determina “evaluando la región geográfica, la infraestructura para el evento, el entorno de seguridad, la facilidad para obtener visados y, lo que es más importante, la apertura de los responsables gubernamentales locales, quienes, junto con la sociedad civil, se encuentran entre los socios más esenciales para garantizar el éxito de una reunión de tal envergadura”. Y este mismo procedimiento se desplegó en el caso de Zambia. Las descripciones de los preparativos muestras la interacción constante con las autoridades. Sin embargo, Andere matiza: “La elección de la sede de RightsCon nunca se ha basado en qué país tiene el mejor historial en materia de derechos humanos, sino más bien en dónde existen más oportunidades para lograr un cambio, dónde la gente está dispuesta a escuchar, dónde se está llevando a cabo el trabajo y dónde podemos mantener estas importantes conversaciones con las menores barreras de acceso”.

En todo este episodio, una nota curiosa empieza a marcar cómo este acontecimiento representa algunas de las amenazas desveladas por los y las activistas. El Centro Internacional de Congresos Mulungushi (MICC, por sus siglas en inglés) de Lusaka, en el que estaba previsto que se celebrase el RightsCon, con la presencia de la delegación taiwanesa incluida, se construyó gracias a una donación del gobierno chino de 30 millones de dólares. “El nivel de endeudamiento y dependencia de los países africanos respecto a China es bastante preocupante”, advierte y lamenta ‘Gbenga Sesan, director ejecutivo de Paradigm Initiative (PIN), una prestigiosa organización de defensa de los derechos digitales del continente, “y, como el resto de estados, China no teme perseguir sus propios intereses, acude con cualquier tipo de petición que sirva a sus fines, incluso si eso empeora la situación de la nación endeudada”. “La presión extranjera lo afecta todo, incluidos los derechos digitales”, sentencia Sesan.

Este cambio de rumbo del gobierno zambiano se inscribía en un proceso previo a las elecciones presidenciales previstas para el pasado mes de agosto. Analistas y activistas recordaban las tensiones políticas que se vivían en el país y leían, en parte, las estrategias de alianzas del gobierno en el contexto de las tensiones poselectorales. De hecho, justo antes de los comicios, la coalición Net Rights Coalition, en la que se encuentran algunos de los potenciales participantes en RightsCon, exigió garantías a la administración de que no bloquearía ni suspendería internet durante las elecciones. El apagón digital no se produjo pero la reclamación ayuda a entender el nivel de tensión y que el riesgo era real.

“Los cortes de Internet siguen siendo una herramienta habitual del control estatal, utilizada a menudo durante las elecciones y las protestas para cortar las comunicaciones y reprimir la disidencia”

Aunque ahora el foco se pone en esos intereses e injerencias foráneos no son la única amenaza para los derechos digitales. Andere, por ejemplo, recuerda que “el espacio cívico se encuentra bajo una presión inmensa en todo el mundo, y los espacios para reunirse y mantener conversaciones importantes están disminuyendo”. Centrándose en el espacio africano, Juliet N. Nanfuka advierte que entre las amenazas para los derechos digitales “destaca el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y su aplicación en el espacio cívico, incluyendo la tecnología de vigilancia y la manipulación de la difusión de la información, lo que ha ampliado drásticamente la capacidad de los Estados para vigilar, silenciar y controlar a sus ciudadanos”. La responsable de investigación de CIPESA recuerda el incremento de la inversión en herramientas de vigilancia digitales de varios estados de la región y añade que “los cortes de Internet siguen siendo una herramienta habitual del control estatal, utilizada a menudo durante las elecciones y las protestas para cortar las comunicaciones y reprimir la disidencia”. Nanfuka sentencia: “La libertad de expresión y el acceso a la información quedan así relegados a un segundo plano durante estos períodos de preocupación e interés nacional”.

El último informe Londa, sobre el estado de los derechos digitales en África, que elabora Paradigm Initiative (PIN), también alerta sobre amenazas que tienen que ver con “la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de la vida privada”; además de con el rol de los actores del sector privado, en relación con los contenidos de las plataformas digitales, y la instrumentalización de leyes para la regulación del espacio digital. De los 29 países que evalúa el informe, en 2025, diecinueve presentaban un moderado cumplimiento de derechos digitales según doce indicadores clave basados ​​en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de la ACHPR (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos); nueve reflejaban deficiencias importantes en el cumplimiento; y uno mostraba un buen desempeño. En todo caso, ‘Gbenga Sesan, director ejecutivo de PIN, recuerda que en los últimos años “la región ha sido testigo de avances y retrocesos significativos” en este sentido, algo que también contempla el informe, a través de la mejora de indicadores en Botsuana, Egipto, Somalia, Etiopía, Sudáfrica o Lesotho, y las acciones de algunas de las instituciones transnacionales del continente, que han intentado generar un marco regulatorio. “Si tuviera que resumir la situación en una sola frase, diría que el futuro digital de África es muy prometedor, pero la lucha para garantizar que la tecnología promueva los derechos humanos, en lugar de socavarlos, está lejos de haber terminado”, añade Sandra Aceng.

En este contexto, la cancelación de RightsCon supone una oportunidad perdida. Los diferentes actores consultados coinciden en ese punto. Juliet N. Nanfuka afirma: “RightsCon habría situado las cuestiones relacionadas con las preocupaciones africanas en materia de derechos digitales en el punto de mira internacional en un momento crítico”. Y añade que habría ayudado a “establecer contactos y forjar relaciones entre los distintos actores de la comunidad”. ‘Gbenga Sesan insiste en esa idea y considera que la convención suponía que “muchas organizaciones podrían aprovechar la oportunidad para impulsar el diálogo y también contribuiría a poner de relieve los avances y los retos en materia de derechos digitales en África”. Mientras que la representante de los impulsores del encuentro, Bridget Andere, recuerda que “los participantes previstos en RightsCon han perdido recursos valiosos a causa de esta cancelación, desde costes económicos hasta costes de oportunidad”. Y asegura que “se trató de un ataque flagrante a las libertades de expresión y de asociación”.

Finalmente, Sandra Aceng, lo expresa de una manera directa desde la perspectiva de las defensoras de los derechos digitales: “La cancelación supuso un revés significativo. Muchas organizaciones africanas veían en RightsCon una oportunidad única para participar en un foro mundial sin las barreras habituales de la distancia, el coste y los visados. Para muchas defensoras, habría sido su oportunidad de crear redes, dar a conocer el trabajo local e influir en los debates globales sobre los derechos digitales”. “Creo que la mayor pérdida”, continúa Aceng, “fue simbólica. RightsCon en África habría transmitido un mensaje contundente: África no es simplemente una receptora de las decisiones sobre políticas digitales tomadas en otros lugares”.

El pasado 22 de septiembre, RightsCon celebró una versión reducida de su programa a través de debates online bajo el título RightsCon Continues, como una forma casi de resistencia y a pesar de que el primer anuncio certificó la suspensión definitiva. En el evento, de 24 horas continuadas de discusiones y conferencias, estaba muy presente la suspensión de RightsCon 2026, pero al mismo tiempo era un ejercicio de continuación de un trabajo y una conversación imprescindible y de una mirada hacia el futuro para mantener la vitalidad de la comunidad. La organización internacional destacó desde un primer momento, la fuerza de los apoyos recibidos tras el varapalo de mayo y todas y todos los activistas consultados para este reportaje han insistido en que, para la comunidad de defensoras y defensores africanos de los derechos digitales, el revés de la pérdida de la oportunidad de RightsCon 2026 será un obstáculo superado, como muchos otros que han sobrepasado hasta ahora.