Acoso escolar
Acoso escolar y linchamientos: “El odio no es la forma de luchar contra el bullying”

El 14 de octubre Sandra Peña se suicidaba tras sufrir acoso escolar en el colegio concertado religioso Irlandesas de Loreto de Sevilla. Días después, las paredes del colegio y las redes sociales se llenaban de acusaciones, señalando a tres menores del centro como supuestas autoras del acoso. Dos de ellas son racializadas, y los comentarios vinculando el origen y el color de piel de estas menores con lo sucedido se han multiplicado. Desde la plataforma Suspenso al Racismo, que lucha contra el bullying en los centros, lo tienen claro: “No podemos combatir el acoso escolar con venganza y discursos de odio”.

“Hay que tener en cuenta que los acosadores son menores que necesitan una reconducción de esas conductas, una reeducación. Quien tiene la responsabilidad de atajar el acoso es el centro educativo. El linchamiento a esas menores no es una forma de ayudar al acosado”, expresa Petra Ferreyra, madre de una superviviente de acoso escolar y portavoz de esta plataforma. Ferreyra explica que a la plataforma les ha llegado muchísima información respecto a comentarios en diferentes redes en base a las fotografías publicadas de estas menores. “Al ser dos de ellas racializadas se ha desatado una espiral de odio, amenazas de índole racista, que al final es reflejo de lo que hay en la sociedad. Pero el odio no es la forma de luchar contra el acoso escolar”, expresa Ferreyra.

“Al ser dos de ellas menores racializadas se ha desatado una espiral de odio, amenazas de índole racista, que al final es reflejo de lo que hay en la sociedad”, Petra Ferreyra, Suspenso al racismo 

De hecho, la familia de Sandra Peña, quien denunció dos veces la situación ante el colegio sin que se abriera ningún protocolo al respecto, ha hecho un llamado a la calma. En declaraciones a EFE, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha indicado que están “completamente en contra” de pintadas, insultos o el “linchamiento público” que se pueda hacer contra el centro o las tres menores que han sido señaladas como supuestas acosadoras.

De hecho, la Fiscalía ya ha abierto tres procedimientos: uno contra las supuestas acosadoras, otro contra el colegio y el último por la difusión en redes sociales de las fotografías con la identidad de las investigadas en este caso y con mensajes de amenazas. Este ministerio público valora que, en su función de protección de la imagen de las menores, “el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas”. 

La responsabilidad del centro

Respecto a la responsabilidad de lo sucedido, Ferreyra apunta al artículo 1.903 del código civil, en el que se lee: “Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias”.

Pedro Manuel González, abogado experto en acoso escolar, explica que el responsable civil es el titular del centro, en el caso de Sandra Peña, la fundación Mary Ward, quien gestiona la escuela. “Hay bastante jurisprudencia al respecto, cuando tú dejas a tu hijo en el centro escolar estás traspasando su labor de guarda, la responsabilidad civil de lo que ocurre dentro del aula es del centro”, explica González. En este caso, no se abrió ningún protocolo, ni el de acoso ni el de prevención de conductas autolíticas, que tiene como objetivo hacer un seguimiento de algún alumno que pudiera estar en ese riesgo, tal y como ha reconocido la propia Junta de Andalucía, quien subvenciona al centro y que asegura encontrarse “a la espera” de la investigación de Fiscalía y de la respuesta del centro a los requerimientos enviados para retirarles el concierto. 

González añade que en este caso, al ser mayores de 14 años, las menores también están siendo investigadas por una posible responsabilidad penal, por un delito contra la integridad moral y por un delito de lesiones con un resultado de muerte. “Al ser mayores de 14 años ellas están sometidas a la responsabilidad penal del menor que establece medidas de corrección en todo caso, nunca medidas penales”, explica. Estas son medidas de protección civil y social que se centran en la reintegración y el bienestar del menor e incluyen, por ejemplo, programas de habilidades sociales, tratamientos psicológicos o asistencia a un centro de día.

“La presunción de inocencia opera a nivel judicial. El juicio social no lo van a evitar. Este es el caso de personas que han resultado juzgadas y luego declaradas inocentes, esto les va a perseguir toda la vida”, (Pedro Manuel González, abogado)

Además, con la difusión de las imágenes de las señaladas como supuestas acosadoras se estaría quebrantando su presunción de inocencia. González valora que este principio solo opera en el ámbito jurídico, porque el ámbito social, cuando alguien es señalado, ya lo es de por vida. “La presunción de inocencia opera a nivel judicial. El juicio social no lo van a evitar. Este es el caso de personas que han resultado juzgadas y luego declaradas inocentes, esto les va a perseguir toda la vida. Un estigma toda la vida. Esto es inevitable. La presunción de inocencia no es una cuestión social sino procesal”, expresa.

¿Para qué sirve un protocolo?

Más allá de linchamientos, las expertas consultadas para este reportaje coinciden en que, hoy por hoy, la única herramienta que hay sobre la mesa para actuar cuando se ha destapado un caso de bullying son los protocolos. Estos instrumentos, que difieren entre comunidades autónomas, implican la creación de una comisión de investigación en el centro educativo que incluye a la dirección del centro, a un profesor implicado en la investigación y a un coordinador de bienestar, figura que concreta la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). En los casos más graves, los expedientes se elevan hasta Fiscalía.

“Los protocolos no sirven para nada. Están enfocados en la sanción pero mientras no enfoquemos el acoso desde la prevención no se va a acabar esto. Se busca sancionar, expulsar o derivar a Fiscalía y así no se está ayudando a los acosados ni ayudando a los acosadores ”

Fátima Urzanqui es psicóloga y ha trabajado siete años como orientadora en institutos. Hoy es profesora de Servicios a la Comunidad. Explica que ha intervenido en muchos protocolos y se muestra muy crítica con esta herramienta. “Los protocolos no sirven para nada. Solo están enfocados en la sanción pero mientras no enfoquemos el acoso desde la prevención no se va a acabar esto. Se busca sancionar, expulsar o derivar a Fiscalía y así no se está ayudando a los acosados ni ayudando a los acosadores ”, relata.

Urzanqui se queja además de la elevada carga burocrática que implican estos procesos para un personal escaso y exhausto. “La UNESCO recomienda que es necesaria la figura de una orientadora por cada 250 alumnos. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid y el año que menos alumnos he tenido han sido 1.000”, ejemplifica Urzanqui.

En este contexto, la figura del coordinador de bienestar, que nace sin remuneración y sin liberación de horas para esta tarea, se está demostrando “inútil”, avisa esta profesional. "Yo me ofrecí a ser coordinadora de bienestar pero renuncié. No te liberan ninguna hora y es la única figura de coordinación en educación que no tiene ningún complemento. Si no se le dota de los recursos que requiere, dime tú qué importancia se le da", zanja para quien la culpa no está en las espaldas del profesorado, sino de las administraciones.

La prevención como alternativa

En este contexto, la prevención se abre como la alternativa más viable para acabar con el acoso escolar. Lo cuenta también Ira René, profe de Infantil, Primaria e Inglés y superviviente de bullying, quien ha diseñado el “Proyecto Fénix, nadie se ríe de nadie”. Un proyecto educativo que no se despliega de manera reactiva, esto es, una vez destapado el caso de acoso, sino que va paso a paso y que se puede iniciar desde Infantil.

René explica que consta de una serie de etapas: la primera parte sería trabajar el autoconocimiento y la autoestima y después trabajar el respeto. “Cada persona pone su límite y si alguien se lo salta están faltando al respeto y ellos deben reconducir esa situación”, relata. Después se trabaja el orgullo. “Cuando uno se ha conocido, uno mismo empieza a exigir que le respeten”, explica. Finalmente se realizan trabajos de empatía y cooperación.

“Los adultos somos el principal problema del bullying porque los menores lo que hacen es copiar comportamientos. Estamos viviendo en un mundo en el que reina el odio, con grandes desigualdades. Y eso es lo que ellos reproducen”

Y, con respecto a los linchamientos, Ira René lo tiene claro: “Hay que entender las agresiones y sus contextos. La persona agresora puede estar siendo agredido y reproducir esa conducta. El castigo no vale, es necesaria la terapia para entender esa motivación. No creo en el sistema punitivista, no creo en los reformatorios, quiero mejorar la convivencia y si seguimos vomitando odio contra todo el mundo no vamos a conseguir nada”. Y deja, además, un último mensaje: “Los adultos somos el principal problema del bullying porque los menores lo que hacen es copiar comportamientos. Estamos viviendo en un mundo en el que reina el odio, con grandes desigualdades. Y eso es lo que ellos reproducen”.