Aborto
Sanidad lleva a Ayuso ante la Justicia por no crear el registro de médicos objetores del aborto

El pasado 14 de octubre el Ministerio de Sanidad daba un mes a las tres únicas comunidades autónomas que no habían elaborado un registro de médicos objetores del aborto: Aragón, Baleares y Madrid. Para ello enviaba un requerimiento al que debían responder con los deberes hechos. Este sábado 15 de noviembre se ha cumplido el plazo y solo Madrid se ha resistido a llevar a cabo la medida, a la que está obligada según la ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva. Así, la ministra de Sanidad, Mónica García ha activado la vía judicial y asegura que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

En octubre, cuando García informaba de la activación de la vía legal con el envío del requerimiento, la ministra enviaba un mensaje claro: "La ley se cumple. Punto. La señora Ayuso está mandando a las mujeres a otro lado a abortar. Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente”, relataba en rueda de prensa, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid espetara en la Asamblea que crear este registro suponía crear una “lista negra” para “señalar” a médicos y mandara a las mujeres a abortar a otro sitio.

El protocolo para la creación de este registro de profesionales de la sanidad pública que se niegan a practicar abortos se elaboró en Consejo Interterritorial con el voto favorable de todas las comunidades, incluida Madrid

Y es que se da la circunstancia de que el protocolo para la creación de este registro de profesionales de la sanidad pública que se niegan a practicar abortos se elaboró en Consejo Interterritorial con el voto favorable de todas las comunidades, incluida Madrid. El acta de la reunión se firmó el 4 de abril de 2025 y desde entonces se ha hecho un seguimiento de su implementación.

Esta medida intenta tener un registro de aquellos profesionales que se niegan a realizar interrupciones del embarazo para poder organizar las plantillas en los hospitales públicos de tal manera que en todos los centros se pueda realizar esta intervención. Un registro con información confidencial que impide el posible señalamiento a profesionales, argumento que Ayuso ha reiterado en sucesivas ocasiones.

Según un estudio del Ministerio de Sanidad, en Madrid y Andalucía menos del 0,5% de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en la sanidad pública. La creación de este registro pretende reequilibrar esta situación.