Yemayá Revista
Propaganda, miedo y disuasión: el nuevo paradigma migratorio de Trump

‘La migra’, como se conoce popularmente a los agentes migratorios en Estados Unidos, ha dejado de ser una amenaza circunscrita únicamente a la frontera para convertirse en una pesadilla constante para muchas personas migrantes que residen en el país. Hoy, cualquiera que hable inglés con cierto acento o tenga la piel morena puede verse obligado a acreditar su ciudadanía en controles improvisados. 

La política migratoria basada en deportaciones no es nueva, pero en el último año su aplicación ha adquirido otra dimensión. “Llevamos años organizándonos frente al ICE en nuestras comunidades, pero ahora todo es distinto”, cuenta Guadalupe, activista mexicana afincada en Carolina del Norte, uno de los estados gobernados por los demócratas que ha sido objeto de intensos operativos policiales contra personas migrantes.

En el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) se ha consolidado como el principal ejecutor de una ofensiva que supera el medio millón de deportaciones en 12 meses. Sin embargo, más allá del número de expulsiones, el giro en la política migratoria del republicano se mide en la forma en que se ejecuta sobre el terreno. La agencia actúa —según el propio Gobierno— con “inmunidad absoluta”.

Del anonimato a la omnipresencia: el despliegue del ICE en el interior del país

Agentes con el rostro cubierto a bordo de vehículos sin distintivos recorren barrios enteros en operativos marcados por el miedo y la confusión. Las detenciones ya no se limitan a centros penitenciarios: se producen en calles, hospitales, escuelas o iglesias. Estas son escenas que se han normalizado en los Estados Unidos de Donald Trump. Organizaciones de derechos civiles denuncian persecuciones a plena luz del día, deportaciones exprés y un uso de la fuerza que en algunos casos ha resultado mortal. 

Cuando detectan los vehículos de la agencia, activan la alerta y hacen sonar silbatos y bocinas. Una red improvisada frente a operativos que pueden irrumpir en cualquier momento y en cualquier lugar

Frente a ellos, cientos de ciudadanos se organizan para proteger a sus vecinos. Equipados con silbatos, teléfonos móviles y pequeños folletos donde informan de sus derechos a las personas migrantes, activistas como Guadalupe recorren sus barrios para alertar de la presencia de agentes. Cuando detectan los vehículos de la agencia, activan la alerta y hacen sonar silbatos y bocinas para avisar a sus vecinos. Una red improvisada de vigilancia comunitaria frente a operativos que pueden irrumpir en cualquier momento y en cualquier lugar.

“Las personas migrantes de las comunidades viven aterrorizadas. Muchas familias se quedan durante días encerradas en casa por miedo a que les detengan. Es una angustia emocional muy fuerte tener que escoger entre quedarse encerrados o ir a trabajar, al supermercado o al médico”, asegura la activista. Desde la organización en la que participa —la cual no se menciona por miedo a represalias— también reparten alimentos y medicamentos a aquellas familias que, por miedo, deciden no salir a la calle. 

Hace apenas un año, fuera de las comunidades migrantes en Estados Unidos pocos habrían identificado las siglas ICE. Hoy, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha convertido en una de las agencias federales con mayor peso dentro del país. Dotada de amplias competencias que parecen no tener límites, cuenta con un presupuesto de 100.000 millones de dólares —el mayor para una agencia en la historia de EEUU— y una plantilla que se ha visto duplicada hasta alcanzar los 22.000 miembros.  

El ICE fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con el objetivo de aplicar la legislación migratoria. A diferencia de otros cuerpos, su labor se desarrolla en el interior del país, por lo que sus agentes no custodian las fronteras. Tradicionalmente, actuaba de manera selectiva y desplegaban operativos concretos: llevaban a cabo investigaciones para identificar a determinadas personas, en su gran mayoría con antecedentes penales, y daban prioridad a los casos considerados más graves. En este sentido, la mayoría de sus arrestos se producían en colaboración con cárceles asumiendo discretamente la custodia de inmigrantes que ya habían sido detenidos previamente por otras agencias de seguridad.

Junto al ICE, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), históricamente, ha sido la encargada de vigilar las fronteras de EEUU. Aunque tradicionalmente, el ICE y la Patrulla Fronteriza han tenido facultades distintas, bajo la actual Administración republicana sus funciones a menudo se han solapado y sus agentes trabajan conjuntamente en la cruzada migratoria de Trump. 

Opacidad informativa: el contraste entre el discurso y los registros oficiales

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante el primer año de mandato, la Administración de Donal Trump había conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país: “Casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos debido a la represión contra la inmigración ilegal, incluyendo aproximadamente 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”.

La falta de transparencia en los datos y la imposibilidad de desglosarlos en detalle generan dudas sobre su fiabilidad, y son cuestionados por expertos. En este sentido, un análisis del centro Brookings estima que el número real es mucho menor, entre 310.000 y 350.000 expulsiones. En las cifras proporcionadas por la administración Trump, no se diferencian las deportaciones ordenadas por un tribunal, las devoluciones administrativas —en las que la persona puede haber retirado voluntariamente su solicitud de asilo— ni las devoluciones forzosas, que suelen ejecutarse de manera rápida en la frontera u otros puntos de entrada.

Más allá de la veracidad de los números, la cifra de 675.000 deportados publicada por el Gobierno está muy por debajo del millón de expulsados anuales que Trump fijó como objetivo para lograr su anhelada “mayor deportación de la historia”. Tampoco supera las cifras de deportaciones de sus predecesores demócratas. 

En torno a tres de cada diez residentes en Estados Unidos (28%) son inmigrantes o nacieron en el país, pero tienen al menos un progenitor inmigrante. Unas 93 millones de personas

El giro radical en la política migratoria de la administración Trump no se basa, por tanto, en una superación de las cifras conseguidas por administraciones anteriores, pese a su discurso, sino que sobre todo se aprecia en su forma de operar y en la ubicación de las operaciones. Mientras que las detenciones en el interior del país se han incrementado de manera drástica, el cierre de la frontera ha rebajado a mínimos históricos los encuentros de los agentes con quienes intentaban cruzarla. 

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con migrantes que cruzan hacia el país desde México han caído a su nivel más bajo en más de 50 años. La US Border Patrol registró 237.538 encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a septiembre de 2025). Esta cifra supone un descenso frente a los más de 1,5 millones de encuentros en el año fiscal 2024, más de dos millones en el año fiscal 2023 y el récord de más de 2,2 millones en el año fiscal 2022. El total de 2025 fue el más bajo en cualquier año fiscal desde 1970, de acuerdo con los datos históricos de la Patrulla Fronteriza. El cierre reforzado de la frontera y el endurecimiento de las detenciones en el interior han tenido un impacto inmediato al sur del Rio Bravo, en las rutas que atraviesan México y Centroamérica.

Las cifras sobre deportaciones difundidas por el Department of Homeland Security (DHS) contrastan, además, con los datos reportados por los principales países de destino de estas deportaciones. Si se observan los registros oficiales de personas retornadas a México, Guatemala y El Salvador —históricamente entre los mayores receptores de expulsados desde Estados Unidos— el balance del último año muestra un descenso evidente respecto a ejercicios anteriores. El contraste abre interrogantes sobre el alcance real de las cifras globales anunciadas por Washington. 

La disminución de los cruces en la frontera sur de Estados Unidos no puede entenderse únicamente como un dato interno. Forma parte de un efecto dominó que ha alterado los flujos migratorios en todo el continente. En 2025, las personas en tránsito por México experimentaron una reducción significativa: los eventos de personas en situación migratoria irregular disminuyeron a 155.730, una cifra muy inferior a los 1.234.698 registrados apenas un año antes.

“Los datos muestran que las políticas migratorias implementadas por EEUU han provocado que la inmensa mayoría de los migrantes eligen regresar a sus países de origen o cancelar el viaje”

Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revelan que, en 2024, se observaron 148.125 personas en tránsito por Guatemala, y en 2025 la cifra desciende a 23.973. Lo mismo sucede en el tapón del Darién: hasta finales del primer semestre de 2024, un promedio mensual de 30.000 personas cruzaba de forma irregular la frontera entre Colombia y Panamá; durante el primer semestre de 2025 el promedio mensual fue de casi 100 personas.

 “Los datos muestran que las políticas migratorias implementadas por EEUU han provocado que la inmensa mayoría de los migrantes eligen regresar a sus países de origen o cancelar el viaje”, asegura Luis Enrique Calva Sánchez, coordinador de la Especialidad en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte de México. Por lo tanto, no se trata necesariamente de una desaparición del fenómeno, sino de su contención forzada y de su desplazamiento. El mensaje disuasorio de Washington —detenciones rápidas, deportaciones aceleradas y escasas opciones de regularización— ha permeado en toda la región y está redefiniendo, al menos de forma temporal, el mapa migratorio del continente.

El ICE avanza, pero también la organización comunitaria

En torno a tres de cada diez residentes en Estados Unidos (28%) son inmigrantes o nacieron en el país, pero tienen al menos un progenitor inmigrante. En 2024, los inmigrantes representaban el 15% de la población total y los estadounidenses de segunda generación otro 13%. En conjunto, esto equivale a una población estimada de 93 millones de personas.

Durante la presidencia de Trump, la política migratoria ha salido de los despachos para instalarse en el escaparate público. Las redadas y expulsiones ya no transcurren en segundo plano: se desarrollan a plena vista y generan un impacto directo en barrios y ciudades de todo el país. La propia Casa Blanca ha convertido cada operativo en material de difusión, con una estrategia comunicativa que incluye videos cuidadosamente editados, imágenes policiales y contenidos virales distribuidos a través de redes sociales y canales oficiales. Para Trump, la inmigración no es solo una cuestión de gestión, sino un escenario simbólico desde el que exhibir firmeza y reforzar una narrativa de autoridad y control que considera clave para su liderazgo político.

Uno de cada cuatro de adultos en Estados Unidos (23%) afirma estar preocupados por la posibilidad de que ellos o alguien cercano pueda ser deportado, según una encuesta del Pew Research Center

Como consecuencia, prácticamente uno de cada cuatro de adultos en Estados Unidos (23%) afirma estar preocupados por la posibilidad de que ellos o alguien cercano pueda ser deportado, según una encuesta del Pew Research Center. Si nos fijamos únicamente en las personas migrantes, estas muestran una mayor preocupación: aproximadamente cuatro de cada diez (43%) aseguran sentir miedo, frente al 33% que expresaba esa inquietud en marzo.

Los latinos son más propensos que otros grupos a temer que ellos mismos, un familiar o un amigo cercano puedan ser deportados. Actualmente, cerca de la mitad (47%) expresa preocupación, frente al 29% de los adultos asiáticos angloparlantes, el 26% de los adultos negros y el 15% de los adultos blancos.

“Los operativos que llevan a cabo el ICE y la Border Patrol y las maneras que tienen de tratar a la gente también estimula la autodeportación, cada vez son más las familias que están tomando la decisión de irse del país”, asegura Guadalupe. En este sentido el Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado recientemente de 1.000 a 2.600 dólares el incentivo económico para que los migrantes en situación irregular abandonen el país a través de la aplicación CBP Home.

La iniciativa, más allá de ser uno de los pilares de la nueva política migratoria estadounidense, también responde a un criterio de eficiencia presupuestaria. Mientras que el coste medio de una deportación forzosa es de 18.245 dólares, el retorno “voluntario” reduce ese gasto hasta los 5.100 dólares, lo que representa un ahorro a las arcas públicas de 13.000 dólares por persona.

Ante un clima cada vez más hostil, empiezan a emerger gestos que apuntan en sentido contrario. Donde crece la presión, también lo hace la respuesta colectiva 

Ante un clima cada vez más hostil, empiezan a emerger gestos que apuntan en sentido contrario. Donde crece la presión, también lo hace la respuesta colectiva. Guadalupe lo resume como un incipiente resquicio de esperanza: “Más allá del temor que existe, la comunidad latina se está empoderando porque se siente más querida y apoyada, también por parte de sus vecinos nacidos en Estados Unidos. Se está viendo un poco más de unidad, de lucha y de defensa, cosa que siempre alienta a las personas que están sufriendo más”. 

En comunidades marcadas por la incertidumbre, las redes de apoyo se multiplican, impulsadas tanto por familias migrantes como por residentes que han decidido no permanecer al margen. Uno de los ejemplos más elocuentes se observa cada mañana a las puertas de algunas escuelas. “Padres y madres se alinean desde el aparcamiento hasta la entrada del colegio, visibles con chalecos fluorescentes, formando un pasillo humano por el que los niños avanzan protegidos”. No es solo un gesto simbólico: es una barrera de cuidado colectivo. Los acompañan, los guían y vigilan su trayecto para evitar cualquier intervención policial que pueda ponerlos en riesgo.