Derecho a la vivienda
La tramitación de la ley de acceso a la vivienda, pendiente del voto del PSOE en el Congreso

La ley que puede garantizar el acceso a la vivienda parte de 63 votos para que pueda convertirse en realidad. Será el PSOE el partido que, con sus 120 escaños, decida mañana, 14 de diciembre, si el Congreso de los Diputados aprueba su tramitación. Pero, hasta ahora, la formación que lidera Pedro Sánchez aún no se ha posicionado. Si el Congreso de los Diputados vota mañana a favor de la tramitación de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, el siguiente paso sería su inclusión en un proceso de discusión junto al anteproyecto de Ley de Vivienda aprobado en octubre.

“El PSOE tiene que elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda, o bien, seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión”, señalan desde el Sindicat de Llogateres y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, dos de las más de 120 entidades sociales que apoyan o han participado en la elaboración del texto de la proposición de ley, entre las que se cuentan también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Facua, el Movimiento Nadie Sin Hogar o los sindicatos CC OO, CGT, UGT. Desde estas organizaciones explican que, además de impulsar esta propuesta de ley, han presentado también alegaciones al anteproyecto de Ley de Vivienda pactado por el gobierno de coalición. “Tiene grandes carencias y no garantizan este derecho fundamental”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinas.

La proposición de ley de acceso a la vivienda fue registrada el 30 de septiembre por Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG, partidos que a principios de este mes confirmaron que apoyarán la tramitación de esta ley en el Congreso. En el texto de la ley se contemplan medidas como la regulación de los alquileres en áreas que se consideren tensionadas, teniendo cuenta los ingresos medios de las áreas urbanas, pero también la cesión obligatoria de pisos vacíos de grandes propietarios, una moratoria general de los desahucios por un año o la garantía de suministros básicos a las familias vulnerables o la dación en pago. 

Son, según explican, desde estas organizaciones, medidas concretas para hacer efectivo el derecho a la vivienda frente a la Ley de Vivienda que se tramita actualmente, que consideran “una burla” ya que no impide los desahucios si se superan los plazos, no contempla el acceso a la vivienda de las personas sin hogar e incluso deja sin efectividad su medida estrella, la regulación de los alquileres, al dejarlo a decisión de los gobiernos autonómicos.