Derecho a la vivienda
El Sindicato de Inquilinos considera “obsceno” que el decreto de desahucios compense a los especuladores

Algo de espacio para el alivio y la alegría contenida, duras críticas al Gobierno y mucho camino por hacer. Ese es el resumen de la valoración que el Sindicato de Inquilinos hace del Decreto que detiene desahucios y cortes de suministro hasta mayo y que ha sido aprobado hoy en Consejo de Ministros después de que fuera anunciado ayer por Unidas Podemos.

Los colectivos de lucha por la vivienda no comparten el entusiasmo que a lo largo del día ha mostrado el Gobierno de Coalición respecto a la nueva norma y subraya algunos de sus defectos. Los principales, según la nota de prensa que han publicado hoy, 22 de diciembre, son la temporalidad limitada del acuerdo, que se extenderá en principio solo hasta que termine el estado de alarma en mayo y, en segundo lugar, que el Decreto “premiará” con dinero público a los grandes tenedores de vivienda. 

El decreto, en efecto, incluye una compensación para el propietario por no ejecutar los desahucios de personas vulnerables durante el estado de alarma. Para el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la especulación inmobiliaria o la tenencia de vivienda vacía de larga duración “deben penalizarse como lo que son: usos antisociales de un bien básico regulados también en la misma Constitución que supedita el derecho a la propiedad privada a la función social de la misma”. De este modo, califican de obsceno el arreglo para compensar a toda clase de propietarios por el uso de la vivienda por parte de hogares vulnerables.

La medida compensatoria, que fue introducida tras una “revisión” al alimón de la propuesta inicial por parte de los Ministerios de Economía y Justicia, ha sido criticada en redes sociales por Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, “no había ninguna necesidad de dar nuestro dinero a quien especula en plena pandemia, solo porque aplaza cinco meses los desahucios de familias en situación crítica. Volver a rescatar a bancos, fondos y grandes rentistas mientras tanta gente pierde su trabajo es una vergüenza”.

Luz, agua, gas y lagunas

Por su parte, la Alianza contra la Pobreza Energética ha valorado la segunda parte del Decreto, que incluye la prohibición de cortes de suministros. La APE valora positivamente el decreto, que achaca a la presión de la ciudadanía organizada, pero plantea una serie de interrogantes.

La medida, indican, no será tan garantista como la moratoria de cortes establecida durante el estado de alarma de abril. De nuevo, el principal escollo es la temporalidad, hasta el 9 de mayo, de la medida. En segundo lugar, la definición de consumidor vulnerable. En la actualidad, solo son consumidoras vulnerables aquellas personas que están acogidas al llamado precio voluntario para el pequeño consumidor y cuentan con el llamado “bono social”. El problema, indican, es que mucha población vulnerable no está acogida al mercado regulado, sino que tienen tarifa en un mercado libre. Uno de cada tres españoles, indican, desconocen siquiera que existe el bono social.

El texto filtrado a la prensa, que aun no ha sido publicado en el BOE, plantea una serie de lagunas para saber quién se puede acoger, si alcanza a quienes tuvieron bono social pero ahora no lo tienen o si basta cumplir con los requisitos.

“Es evidente que la prohibición de corte es un paso adelante”, indica la APE “aun así, las lagunas nos preocupan ya que entendemos que muchas familias se quedarán al margen de la protección”, concluyen.