Derecho a la vivienda
“Per l’Olga i la Maricarmen”: Barcelona sale a la calle y exige a Sánchez medidas reales

Miles de personas han cortado en la noche del lunes la avenida Diagonal, frente al Palau de Congressos, donde el presidente del Gobierno asistía a una entrega de premios. El desahucio de Maricarmen y el suicidio de Olga, vecina de L’Hospitalet desalojada en abril, se han convertido en el punto de inflexión en la lucha por una vivienda justa.

“No nos conformaremos con migajas, no nos tragaremos cualquier mierda”, decía el domingo por la noche Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres. Porque mientras en Madrid miles de personas se preparaban para la segunda noche de acampada en la Puerta del Sol, en Catalunya el movimiento por la vivienda anunciaba una serie de movilizaciones para este lunes, a la vez que exigía al gobierno de Pedro Sánchez la aprobación del llamado “Decreto Maricarmen”. Existía, además, un aliciente particular: la presencia del presidente en Barcelona.

Así, a las 07.45h de la mañana decenas de manifestantes cortaron el tránsito de las calles Sants y Corsega, además de bloquear uno de los principales accesos a la ciudad, la avenida Meridiana, entre los metros La Sagrera y Fabra i Puig. También intentaron cortar la avenida Diagonal, pero un dispositivo de los mossos lo evitó. En la calle Sants, frente a la plaza del mismo nombre, activistas de la Coshac desplegaron un lienzo que ocupaba casi toda la calzada y en el que se podía leer: “Ni un desnonament mès: Per l’Olga i la Maricarmen”.

Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada el pasado jueves de su piso en Retiro, es a estas alturas conocida en el mundo entero. Olga, no tanto. Aunque su historia es similar. Vecina del barrio de Santa Eulalia, en L’Hospitalet de Llobregat, Olga Matute, de 54 años, fue desahuciada de su vivienda el 15 de abril de este año. La noche anterior había pasado algunas horas el área de urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge y los médicos que la atendieron activaron el protocolo de prevención del suicidio. Después de estabilizarla le dieron el alta y su abogado hizo un último intento de detener el lanzamiento, debido al estado de salud de Olga.

El desahucio se ejecutó ese día, el 15 de abril, como estaba previsto. Y el 7 de septiembre, casi seis meses más tarde, Olga se quitó la vida.

El juez no sólo denegó la solicitud, sino que le abrió un expediente al abogado porque la situación de salud de su representada no estaba “suficientemente acreditada”. El desahucio se ejecutó ese día, el 15 de abril, como estaba previsto. Y el 7 de septiembre, casi seis meses más tarde, Olga se quitó la vida. “No aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables”, afirmó hace unos días Pau Segura, portavoz del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.

Por eso este lunes en las calles de Barcelona se han visto tantos lienzos y afiches con los nombres de Olga y Maricarmen. Porque aunque no lo eligieron, sus casos se han convertido en el emblema de la crisis de la vivienda que afecta al país. Y a su vez en un punto de inflexión en la lucha del movimiento, ya sea en Madrid, en Catalunya o en Andalucía.

Miles de personas exigieron a Sánchez el ‘Decreto Maricarmen’

El mismo lienzo que cortó la calle Sants durante la mañana, con los nombres de Olga y Maricarmen, se ha dejado ver sobre las 19.30h en la avenida Diagonal, frente al Palau de Congressos. Hasta ahí  llegaron miles de personas (20.000, según el Sindicat de Llogateres) para exigirle a Pedro Sánchez, que a esa hora asistía a la entrega de los Premios Vanguardia, la aprobación de un decreto que incluya medidas concretas para evitar que casos como los de estas dos inquilinas se repitan.

Ha habido gritos de protesta contra la policía, a quien los manifestantes acusan de “desahuciar cada día”. Críticas al Partido Socialista, que gobierna también la Generalitat. Y también cánticos reivindicativos y otros en contra de inmobiliarias, fondos buitres y especuladores. A la movilización, convocada por el Sindicat de Llogateres, han llegado delegaciones de diferentes sindicatos de vivienda de Barcelona, activistas de la PAH, representantes de la Coshac y sobre todo vecinos y vecinas de la ciudad. Familias enteras que, con llave en mano, se han manifestado en contra de los desahucios y de una crisis que en los últimos días ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos.

Horas antes, sobre las 12.00 del mediodía, Pedro Sánchez llegó hasta el Museo del Diseño de Barcelona. Participó en la presentación del informe Vidas Futuras: un día de 2050 y, aunque no era el tema central del evento, durante su intervención se refirió a la crisis de la vivienda. Dijo, entre otras cosas, que se debía “privilegiar el uso residencial de la vivienda por sobre el turístico”. Remarcó la importancia de “aumentar la oferta asequible adaptada a las nuevas realidades sociales”. Y exigió, también, a todas las comunidades respetar la Ley de Vivienda de 2023, en que se regula el precio de los alquileres. Del decreto que firmará hoy no habló.

Desde Glories, Sánchez y su comitiva se han desplazado al Palau de Pedralbes. Ahí el presidente se ha reunido con Salvador Illa, president de la Generalitat, y la élite empresarial catalana: una agrupación conocida como el G8 catalán y que está compuesta por dirigentes de las principales organizaciones empresariales y patronales de Catalunya. Más tarde, sobre las 16.30, el presidente ha vuelto al Poblenou para visitar una promoción de edificios públicos denominada “Illa Siberia” ubicada en Calle Badajoz.

A las 19.00 Sánchez ha hecho por segunda vez en el día el trayecto desde Poblenou a Pedralbes y, fuera de la vista de medios de comunicación y manifestantes, ha entrado al Palau de Congressos. Al frente del edificio, a esa misma hora, la masa de manifestantes ha exigido una respuesta. “Quedan sólo horas para que sepamos si el decreto que firmará el Consejo de Ministros mañana (hoy) es un ‘decreto farsa’, un nuevo anuncio cosmético que sólo traerá frustración y decepción, o son medidas de verdad”, decía Enric Aragonés, uno de los portavoces del Sindicat de Llogateres.

Según el Sindicat, el único decreto aceptable será el que incluya al menos las siguientes cuatro medidas: renovación automática de todos los contratos de alquiler, que pasarán a indefinidos; medidas estructurales contra los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad; congelación de los precios de alquiler; y reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que regule, entre otras cosas, los alquileres de temporada y por habitación.

Cualquier otra propuesta, planteaba también Carme Arcarazo, sería cosmética y por tanto un “decreto farsa”. “Ahora mismo Pedro Sánchez lleva muchos días hablando sólo con Junts per Catalunya y por tanto está el riesgo de que el martes (hoy) nos intenten colar un decreto farsa, un decreto que haga cuatro cosas cosméticas pero que no cambie la situación, que no garantice que no haya más Maricarmen”, decía la dirigenta.

A comienzos de este año Junts, junto al PP y Vox, votó dos veces en contra del decreto que prorrogaba los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad.

El escepticismo de la agrupación se debe a la dependencia que tiene actualmente el PSOE de los votos de Junts. A comienzos de este año el partido presidido por Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, votó dos veces en contra del decreto que prorrogaba los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad. “Escudo social, sí, okupaciones no”, decía en ese entonces la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Noguera. Ese mismo decreto, cuestionaron diferentes sindicatos de vivienda de Catalunya, fue el que podría haber evitado el desahucio de Olga de su piso en L’Hospitalet. Y también su posterior suicidio.

Poco más tarde, en abril, la alianza Junts, PP y Vox, en esa ocasión con los votos del PNV, votaba a favor de un proyecto de ley impulsado por el Partido Popular cuya aprobación beneficiaría directamente a inmobiliarias, bancos y grandes tenedores. Entre las medidas que contempla el proyecto está la derogación de los artículos de la Ley de Vivienda que permiten poner topes al alquiler en zonas tensionadas, así como la reducción de 1.800 a 900 euros el tope de ingresos de una familia para ser declarada vulnerable y poder acceder a medidas que posterguen un posible desalojo.

Sobre las 20.00h, cuando el sol ha empezado a ponerse, seguían llegando manifestantes hasta la avenida Diagonal. Los lienzos y afiches en contra de la especulación se han multiplicado y también los cánticos en favor de una vivienda justa y asequible. La voz de uno de los oradores salía desde el escenario móvil y decía que pase lo que pase hoy, las movilizaciones seguirán. Que el PSOE probablemente firme las mismas medidas que antes rechazó. Y que eso era un triunfo de la acción sindical. “Los podemos doblegar. Los tenemos que doblegar”, decía la voz.