Parla, calle de la emergencia

Cientos de familias de este municipio madrileño se enfrentan a la amenaza de perder su vivienda mientras la Comunidad de Madrid deja en manos de fondos de buena parte del parque de vivienda pública.

Parla PAH 2
Sara Fernández, 28 años, fue despedida del trabajo al quedarse embarazada de su cuarto hijo. Álvaro Minguito

publicado
2017-03-30 09:00:00

Parla es la ciudad madrileña que tiene mayor deuda por habitante, según datos del Ministerio de Hacienda, y en 2013 fue uno de los municipios de la región con menor renta por hogar. Durante estos últimos años, la crisis ha azotado a sus vecinos, especialmente a las familias jóvenes, para las que pagar todas las facturas es inasumible. Frente a esta situación, la respuesta de las administraciones, tanto autonómica como municipal, ha pasado por desentenderse de las viviendas de protección oficial. Su consecuencia, 80 amenazas de desahucio en el municipio, según documenta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla.

Ana Pulgar describe, a través de dos fechas destacadas en su vida, la gestión de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid. La primera, “el día de la lotería” –como a ella le gusta recordarlo–, el 22 de diciembre de 2010, recibió de manos de Esperanza Aguirre las llaves de su nuevo piso. Según recuerda la web del Gobierno autonómico, la entonces presidenta regional entregó llaves de pisos en alquiler con opción a compra a 1.079 familias. De ellas, 240 residirían en el mismo municipio que esta joven de 33 años, en Parla.

En los hogares de este municipio de 130.000 residentes, situado en la zona sur de la comunidad, la crisis ha dejado huella. La gestión municipal durante los años previos a la recesión, a cargo del socialista Tomás Gómez, ha colocado a Parla como líder regional en deuda por habitante con 3.069 euros, según datos de Hacienda, y como farolillo rojo autonómico en el listado de urbes con menor renta en los hogares, 24.040 euros en 2013.

Ana Pulgar dejó de pagar el alquiler de una vivienda del Ivima.

“He pasado este verano entero en la ducha, con mi barriga de embarazada y el abanico”, indica Pulgar. En su casa, el aire acondicionado, que hace varios años estuvo funcionando día y noche durante los meses estivales, ya ni se enchufa. El alquiler, que hace seis años se pagaba holgadamente, ya no se puede afrontar. 

Esta mujer, madre de tres hijos, entró a vivir con su familia en un piso del Ivima abonando una renta de 500 euros. Sin embargo, con el paso de los meses, las cuentas empezaron a no cuadrar y, tras varios años sin que su pareja consiguiera un contrato, se encontraron con que no podían pagar el alquiler. “Mi marido sale a las ocho de la mañana y no sabe a qué hora va a volver. Va a los desgüaces y trabaja como chapista. Al mes puede conseguir 200 euros”, explica a la vez que amamanta al pequeño Navil, de escasos meses.

La segunda fecha importante para esta madrileña del barrio de San Blas está relacionada con la gestación de este pequeño. En verano le confirmaron que su segunda amenaza de desahucio coincidía con el día que salía de cuentas, el 20 de noviembre del año pasado. Finalmente, gracias a la mediación de la PAH, lo consiguió paralizar amparada en su embarazo.

Con la llegada de Navil, el recibo de la electricidad se ha disparado. “El mes pasado me cobraron 249 euros”, apunta. Lleva un par de años sin gas, se lo cortaron tras recibir una factura de 500 euros que no ha pagado. Así que la única calefacción que hay en su casa es un radiador eléctrico. Tras el nacimiento del pequeño, este aparato está enchufado día y noche para que el bebé no acuse el frío. “Fui a la asistente social del Ayuntamiento y, ¿sabes cuál ha sido su solución? Me ha dicho que baje la potencia de voltios”, explica.

Según la Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN Madrid), la última tasa de pobreza que han recogida de la Comunidad es del 14,7%, referente a 2014. Aseguran que mujeres, niños y jóvenes se han convertido en la población más vulnerable. Un ejemplo reciente, también en Parla, es el de 270 familias residentes en viviendas sociales, en este caso municipales, que han pasado dos meses sin electricidad. “Los primeros días mi hija se lo tomaba como un juego, alumbrándose con la linterna. Pero una semana después ya estaba llorando. ‘No quiero estar así’, nos decía”, explica Sandra, una de las vecinas de la calle Toledo afectada por esta situación.

El portal número 15 de esta avenida alberga inmuebles promovidos por el Ayuntamiento. En un primer momento el Consistorio los adjudicó a una constructora que quebró en 2012, dejándolos a medio construir y con un solo contador de luz para los 296 pisos. Luego fue la Fundación Todo Ayuda la que se hizo cargo de la gestión de los alquileres y las facturas, recaudando los pagos a los vecinos, hasta que se desentendió de la tarea el pasado mes de junio. Tres meses después Iberdrola decidió cortar el suministro por impago.

La Comunidad de Madrid vendió cerca de 3.000 viviendas de protección oficial en 2013 a la sociedad Encasa Cibeles

La defensora del pueblo inició una actuaciónde oficio recordando que entre los residentes hay niños pequeños, menores en edad escolar, ancianos y personas enfermas. Durante ocho semanas estuvieron cocinando en un camping gas, cargando las baterías de los móviles en las cafeterías de la zona, alumbrándose con linternas y durmiendo familias enteras en una cama, para no pasar frío. Asílo hizo Sandra, con su marido y su hija de nueve años.

A Ana Monje le quintuplicaron el precio del alquiler.

Los vecinos de la calle Toledo consiguieron en noviembre reorientar su conflicto. Actualmente están tratando de colocar contadores de luz individuales. En el caso de Pulgar, la solución es más compleja. Lleva tres años sin pagar el alquiler y, al intentar renegociar la renta, se enteró de que su casero había cambiado: ya no era el Ivima sino la inmobiliaria Encasa Cibeles. “No teníamos ni idea de qué era eso”, apunta. Su vecina del bajo, Ana Monje, se ríe al recordar su reacción al ver el primer cargo que le hacía esta sociedad en la cuenta. “Le monté un pollo al que en aquella época era mi marido. A mí con ese nombre, me sonaba a prostitución, y me puse a buscar en internet. Allí ya vi que era una empresa que tenía relación con Goldman Sachs”, cuenta. Los vecinos no fueron informados de forma inmediata de la venta de sus inmuebles a esta sociedad.

Monje y Pulgar residen, junto con más de 200 familias, en uno de estos bloques construidos por la Comunidad de Madrid y situados en la Avenida de las Estrellas. Por este amplio paseo, a las afueras del municipio, circula el polémico tranvía de Parla, el proyecto estrella de Tomás Gómez, investigado actualmente por su sobrecoste.

Con el cambio de casero también comenzaron los problemas para los vecinos con alquileres reducidos. Monje pagaba 110 euros al Ivima hasta que en abril de 2014 finalizó la subvención regional y los nuevos propietarios le quintuplicaron su renta. 500 euros era una cantidad inasumible para un bolsillo que solo recibe 480 euros y convive con dos niñas de ocho y seis años. Desde entonces, no paga. Pulgar dejó de pagar pocos meses antes que Monje. Sin embargo, la primera lleva ya dos amenazas de desahucio y la segunda no ha recibido ninguna advertencia. “No hay criterios de desahucio, es aleatorio. Es una manera de presión, para generar tensión entre vecinos que comparten espacio de activismo”, apunta uno de los portavoces de la PAH de Parla, Ricardo Rosado.

A Sara Fernández, también inquilina de ese bloque, la primera advertencia de lanzamiento le ha llegado año y medio después de dejar de pagar. Ella entró en octubre de 2014, tras la salida de los primeros residentes de viviendas sociales que perdieron las ayudas públicas. “Al quedarme embarazada del cuarto hijo, perdí el trabajo y no pude pagar la renta. Prefiero abonar la luz y el gas antes que pagar la casa, ¿qué hago aquí si no tengo luz y gas?”, responde. 

Una frase que replica el portavoz de la PAH: “Nosotros hacíamos lo mismo, hasta que un día nuestro hijo pequeño tuvo una bajada de azúcares y entró en coma, le mantuvieron ingresado una semana. Había estado 17 horas sin comer, aprendimos la lección: antes de pagar facturas, compramos alimentos”. 

una ley que reconozca el derecho a techo 
Varios colectivos han iniciado una recogida de firmas con el objetivo de conseguir en la Comunidad de Madrid una ley urgente del derecho a la vivienda, que garantice el derecho a una casa y prohíba los cortes de suministros. Esta propuesta, que van a presentar en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), necesita recabar como mínimo 50.000 apoyos para que sea debatida en el parlamento regional.
A través de esta normativa, quieren hacer frente a los cerca de 80.000 desahucios que se han contabilizado en la Comunidad entre 2008 y 2015. Las organizaciones promotoras consideran que hay que aprobar medidas que paralicen los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. También recogen sanciones económicas para entidades que mantengan lo que han definido como “usos antisociales”, por ejemplo, aquellas que tengan viviendas vacías durante más de seis meses.

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