Derecho a la vivienda
La PAH presiona al Gobierno para aplanar la curva de los desahucios

El primer trimestre de 2020 ha dejado tras de sí los peores datos de desahucios en cinco años: los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual han crecido un 9,3% solo hasta marzo después de un lustro de caídas, según el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda estiman que puede multiplicarse por los efectos de la crisis económica provocada por el covid-19.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señalan que la suspensión de desahucios de seis meses para familias afectadas por el covid-19 anunciada por el Gobierno no basta para hacer frente a la crisis habitacional. Esta suspensión, precisan, “solo afecta a algunos desahucios en los cuales se acredite antes los juzgados vulnerabilidad producida por el covid-19”, según la definición del Decreto Ley 11/2020. El resto de desahucios no estaban paralizados por esta medida, recuerdan desde la PAH, sino por la suspensión de los plazos procesales decretada el 14 de marzo. Con la reanudación de los trámites judiciales, el pasado 4 de junio, miles de familias vulnerables han vuelto a quedar expuestas a perder su hogar.

Durante el estado de alarma, la gran mayoría de los desahucios no se han paralizado por las ayudas del Gobierno sino por la suspensión de los plazos procesales, finalizada el 4 de junio. Miles de familias vulnerables han vuelto a quedar expuestas

Tampoco la moratoria de los desahucios hasta 2024 aprobada el 11 de marzo por el Gobierno, una decisión adoptada unas semanas después de una reunión de Pablo Iglesias con representantes de la PAH, servirá para todos los casos. En esta ampliación de la moratoria decretada por el PP en 2012, el Gobierno incluyó la prohibición de desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionada y en casos relacionados con fondos buitres y grandes tenedores. Pese a que la PAH calificó esta iniciativa como una “enorme victoria”, reconocen que hay que seguir presionando para que la moratoria se aplique también a las personas que se ven obligadas a ocupar viviendas de la banca o fondos buitre “ante la falta de alternativas” y para que “no solo se incluyan a las familias más pobres sino que se reconozca el problema generalizado de aumento de precios y las nulas opciones públicas de alquiler”, según declaraciones de PAH Vallekas. 

“Enorme victoria” del movimiento por la vivienda: la moratoria de desahucios se aplicará también a los alquileres

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“Enorme victoria” del movimiento por la vivienda: la moratoria de desahucios se aplicará también a los alquileres

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El Gobierno de coalición anuncia que la moratoria de desahucios hipotecarios servirá también para los casos de alquiler, una reclamación histórica del movimiento por la vivienda que había lanzado la campaña #MoratoriaRealYA tras la reunión con Pablo Iglesias el 21 de febrero.

Mientras tanto, la crisis del covid-19 ha supuesto hasta ahora una reducción de ingresos para el 49% de la población española, según una encuesta del Eurofound, una situación que se ha traducido en que uno de cada diez españoles tiene serias dificultades para afrontar la cuota de la hipoteca o el pago del alquiler. Una precariedad económica creciente que puede volver a disparar el número de desahucios, que ya han superado el millón en la última década, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el 4 de junio, cuando se han reabierto los plazos procesales, todos los desahucios que no “entren en la reducida definición de vulnerabilidad” de los decretos del Gobierno “pueden volver a nuestros barrios”, dice la PAH

Desde la reapertura de los plazos procesales, todos los desahucios de alquiler o hipotecarios que “no entren en la reducida definición de vulnerabilidad” de la moratoria del 11 de marzo o del Real Decreto del 31 de marzo, así como los de personas que ocupan viviendas por necesidad, “pueden volver a nuestros barrios, pueblos y ciudades”, advierte la PAH en un comunicado.

La exposición de las familias a los desahucios, denuncian desde esta organización, se ve agravada por la decisión de dejar abiertos los juzgados entre el 11 y el 31 de agosto, “cuando antes era solo para actuaciones urgentes” y este mes era el único del año en el que “no salían de los juzgados comitivas judiciales y policía con el objetivo de desahuciar a familias”. 

Un escudo social insuficiente

A finales de mayo, la Generalitat valenciana, a través del vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, solicitaba al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que prolongue la moratoria para personas afectadas por el covid-19 seis meses más para garantizar “un año de seguridad y, por lo tanto, de tranquilidad” para aquellas personas que van a ser desahuciadas. Una medida necesaria, afirmó, ya que “resulta previsible que los indeseables efectos económicos del covid-19 persistan, al menos, durante dicho período”.

El 5 de junio, el portavoz de la PAH Paco Morote señalaba en una comisión del Congreso las limitaciones de las medidas tomadas por el Gobierno de coalición, a las que calificaba de “injustas”, ya que “hacen recaer su peso económico sobre la ciudadanía, sin intentar recuperar los más de 60.000 millones del rescate anterior”. Las iniciativas, “de escaso alcance, muy corta duración” y “discriminatorias” dejan fuera a “multitud de familias, cuya casuística está excluida”, señalaba.

Los mil obstáculos para acceder a las ayudas de vivienda

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Coronavirus

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Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

Este representante de la PAH denuncia que el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución “sigue fuera del alcance de miles de familias, porque sus rentas, las de los que las tienen, no se lo permiten, y muchísimas más ven en serio peligro su permanencia en las que están ahora residiendo, una vez que caduquen los seis meses de suspensión para los desahucios”.

La dimensión de la crisis, la herencia de un mercado que expulsa a las familias más vulnerables y la falta de alternativa habitacional adecuada hacen que el “escudo social” del Gobierno sea “insuficiente”, denunciaba Morote ante el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.

“Es terriblemente injusto dejar fuera de la protección a los que ya eran vulnerables antes del covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior”, dijo Paco Morote, de la PAH, en el Congreso

“No es suficiente y además es terriblemente injusto proteger únicamente a quienes han caído en vulnerabilidad como consecuencia del covid‐19, y dejar fuera de la protección a los que ya eran vulnerables antes del covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior”, proseguía Morote.

Este activista confrontaba en el Congreso la actual situación de emergencia social con la trayectoria de lucha de la PAH a lo largo de 11 años: “A fuerza de lucha, tesón, sufrimiento, ser criminalizados, multados, etc. conseguimos demostrar que sí se podían hacer cosas que las autoridades nos negaban: daciones en pago, alquileres sociales, recuperaciones de viviendas”. Y apelaba a los partidos progresistas del hemiciclo para que tomen las medidas necesarias para “dar un respiro a los cientos de miles de familias en situación actual de vulnerabilidad pre y post covid‐19”. La creación de un parque público de vivienda que se acerque a la media de los países vecinos o el cumplimiento de las directivas europeas que prohíben los desalojos sin alternativa habitacional fueron algunas de las medidas propuestas por Morote: “En la PAH estamos acostumbrados a que nos digan que no se pueden hacer ciertas cosas, pero al final, hemos demostrado muchas veces que sí se puede”.