Vivienda
PAH Cantabria presenta su ILP para una Ley de Vivienda cántabra

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cantabria ha presentado hoy ante el Parlamento cántabro su iniciativa legislativa popular para una Ley de Vivienda en la comunidad autónoma.

“Lo hemos llevado al Parlamento de Cantabria, ahora tienen un periodo de 15 días para vetarlo o no. En el momento en el que nos den vía libre saldremos a recoger las 10.000 firmas que necesitamos”, explica a El Salto una de las personas que forman parte de la plataforma en Santander.

Por su parte, Óscar Manteca, portavoz de PAH Cantabria, señala que, aunque se muestran optimistas frente a la aceptación de la ILP, existe la posibilidad de que el Parlamento cántabro la vete por las limitaciones del presupuesto derivadas de la Ley Montoro. “Desde el Parlamento cántabro lo que sí han aceptado ya es apoyar la Ley estatal de la PAH en el Congreso, y nosotros, acepten o veten la ILP, vamos a salir a las calles a recoger firmas para mostrar el apoyo popular a esta medida”, continúa Manteca.

El texto de la ley que proponen, se basa, como en las demás en contemplar la vivienda como un derecho antes que como un bien sujeto a la economía de mercado. “Está basado en la Ley de Vivienda estatal de la PAH, pero la hemos adaptado a la capacidad de Cantabria para poder legislar en esta materia”, explica Manteca. “Lo primordial es que entra en una parte del cuerpo normativo que estaba sin normativizar, no existía ningún tipo de ley de vivienda en Cantabria”, continúa.

El texto de la ley subraya que la privación de una vivienda digna vulnera el derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en los artículos 18.2 y 47 de la Constitución Española. “Este mismo artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de la ciudadanía”, continúa el texto de la propuesta de ley.

También recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la pérdida del hogar por no poderlo pagar “es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto del domicilio y que solo podría estar justificada por razones de interés público de especial relevancia, afirmando que deben evitarse los desalojos hasta que las autoridades públicas encuentren alternativas adecuadas de realojo”. 

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“La integridad física y moral de la persona es un derecho fundamental que debe prevalecer siempre sobre el derecho a la propiedad privada o a la economía de mercado”, prosigue el texto de la ley de vivienda, en el que también se señala que el artículo 24.3 del Estatuto de Cantabria atribuye a esta comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. “Por ello, y ante la inacción de los poderes públicos durante todos estos años y el daño social y económico causado a miles de ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, la movilización ciudadana es la que ha conseguido expresar de forma pacífica y democrática esta situación y la que ahora propone esta iniciativa legislativa popular para hacer efectivo y justiciable el derecho a la vivienda”, añade.

Entre la exposición de motivos de la ley, explican que el último censo cifra en 47.059 las viviendas vacías existentes en esta comunidad, un 13,12% del total de las viviendas y un 38,65% contando solo las no principales. Santander acumula más de la quinta parte de las viviendas desocupadas.

Medidas y control sobre su aplicación

“El texto de la ley de vivienda cántabra abre el tema de la vivienda social, cuáles son los requisitos, el parque, las medidas contra grandes tenedores, entre las que se incluye incluso la expropiación”, explica Manteca. Algunas de las medidas es fijar un plazo de tres meses para la adjudicación de la vivienda social desde que un demandante presenta su solicitud o la inclusión en el registro de viviendas sociales las viviendas desocupadas expropiadas a grandes tenedores.

La ley también conlleva la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda, adscrito a la Consejería de Vivienda, encargado de detectar abusos y llevar un control sobre el parque de vivienda cántabro para asegurar el cumplimiento de esta ley. “Esta ley no es solo una norma retórica, se contempla un control”, señala Manteca.

En cuanto a pobreza energética, contempla medidas enfocadas en que la Administración medie o financie las posibles deudas con las empresas energéticas, siempre que se cumplan una serie de requisitos, y que las empresas den aviso a Servicios Sociales antes de ejecutar los cortes de luz.