Derecho a la vivienda
El movimiento de vivienda alerta sobre los intentos del Gobierno de aprobar un “decreto farsa”

Por la mañana, Madrid era rojigualda: decenas de miles de personas clamaban contra “los invasores”, el nuevo hallazgo de la derecha y la extrema derecha para referirse a las personas migrantes. Por la tarde-noche de ese 26 de septiembre, Madrid parecía otro sitio, con otros colores, otros cánticos, el anverso, una ciudad a la que el movimiento por la vivienda había dado la vuelta. 

Los responsables de la pérdida de derechos, de estabilidad, de seguridades —“los invasores”— ya no eran los migrantes, los okupas o los pobres, sino los fondos de inversión, el rentismo, la especulación inmobiliaria tolerada por el Gobierno. La historia de Maricarmen y lo que ha despertado ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión en un ciclo de movilizaciones por la vivienda que comenzó en 2023 y que está viviendo en estos días su clímax.

La historia de Maricarmen y lo que ha despertado ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión en un ciclo de movilizaciones por la vivienda que comenzó en 2023 y que está viviendo en estos días su clímax

Presionado por todos los frentes, el Gobierno ha acelerado los contactos con los socios de investidura para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre el llamado “Decreto de Maricarmen”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía este 27 de septiembre a Maricarmen, que sigue en el hospital desde el día del desahucio: “Tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto ley de vivienda".

El presidente respondía de esta forma a un vídeo de la vecina del distrito de Retiro de 87 años en el que pedía a Sánchez medidas urgentes en materia de vivienda: “Quiero que lo que me ha pasado a mí no se repita”.

Las primeras filtraciones descartaban que el Ejecutivo pudiera llegar al martes con un acuerdo con todos sus socios, especialmente con Podemos por la izquierda y Junts por la derecha. Tras la manifestación masiva del 26 de septiembre, que reunió a más de 200.000 personas y el éxito de la acampada en Sol, Sánchez confirmó que habrá decreto. Pero ¿qué llevará este “Decreto Maricarmen”? ¿Evitará que el caso de Maricarmen se repita no una, sino miles y miles de veces?

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, desconfía de las promesas del Gobierno y advierte de la aprobación de un decreto vacío de contenido. Según declaró en una rueda de prensa este domingo, el Sindicato “ha conocido” que el Gobierno pretende dejar fuera del decreto de vivienda la principal demanda de esta organización: los alquileres indefinidos. 

“Hemos dicho por activa y por pasiva que los alquileres indefinidos es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, dicen desde el Sindicato de Inquilinas

Esta propuesta, basada en el sistema que funciona actualmente en Inglaterra, Alemania o Austria, implica la renovación automática de todos los contratos, que pasan a ser indefinidos. Estos contratos solo pueden romperse cuando existe una razón de peso. Y esa razón no puede ser especular con la vivienda, explica la portavoz. “Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, dice Del Río. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentencia.

Para evitar que la ley que prepara el Gobierno sea un “decreto farsa que no incluya los alquileres indefinidos”, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha realizado un llamamiento a la ciudadanía catalana para protestar ante la visita de Pedro Sánchez a Barcelona este lunes 28 de septiembre a las 19h, frente al Palacio de Congresos.

Qué debe contener el “Decreto Maricarmen”

Además de los alquileres indefinidos, el movimiento de vivienda reclama que el decreto de vivienda recupere muchas de las iniciativas que han sido derogadas por el bloque de derechas del Congreso en el último año. Entre ellas, la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de dos años para los alquileres, la moratoria de cortes de suministro y otras ayudas dirigidas a población vulnerable vigentes hasta hace pocos meses. Además, añade, este Real Decreto debería incluir otras iniciativas que no han sido votadas todavía por las Cortes, pero son clave para contener los precios, especialmente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Para Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca, la recuperación de la moratoria de los desahucios es una de las principales medidas que garantizaría no que haya más maricármenes. Cuando se derogó esta norma con los votos de Junts y el resto de la derecha, las organizaciones sociales ya avisaron del “tsunami de desahucios” que se venía. Al menos 62.000 hogares se habían acogido a esta moratoria, que se había ido prorrogando desde tiempos de la pandemia. Y el decreto no solo tiene que recuperar esta moratoria, sino que la debe mejorar, dice Escorihuela a El Salto: solo una de cada cuatro familias vulnerables que enfrentaban situaciones de desahucio pudo recurrir a esta norma. Hace falta “mejorar la redacción” de la moratoria para que todos los hogares que la necesiten puedan recurrir a ella y evitar que los jueces conservadores rechacen las peticiones.

Para Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca, la recuperación de la moratoria de los desahucios es una de las principales medidas que garantizaría no que haya más maricármenes

Gran parte de los desahucios se solucionaría, sostiene Escorihuela, si se siguen las recomendaciones de la ONU, organización que ha condenado en numerosas ocasiones a España por no proteger el derecho a la vivienda. “Cuando hay un juicio por desahucio, se debe valorar la situación de vulnerabilidad en la que se quedaría el hogar y la necesidad de vivienda que tiene el propietario, algo que no se hace”, explica. 

De fondo, una vez más, la letra muerta de la ley de vivienda de 2023. Esta norma, que iba a “prohibir los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, solo daba un plazo máximo de cuatro meses para que las autoridades encontraran una vivienda. Pero como no hay vivienda pública disponible, la medida solo sirve —en los limitados casos en los que se aplica— para aplazar algunas semanas los lanzamientos. Entre las medidas que el Gobierno está negociando se encuentra una reforma de estos procedimientos.

Todas estas propuestas, explica la directora del Observatori Desca, chocan con las demandas de Junts, que presiona para dejar fuera de la moratoria de desahucios y de la prórroga de los alquileres a los pequeños propietarios. Una propuesta que “carece de sentido”, dice Escorihuela, ya que expondría a desahucios y subidas abusivas a cientos de miles de hogares. 

El partido de Carles Puigdemont también pretende incluir bonificaciones a inquilinos y caseros, y más ayudas a los propietarios, con un sistema “que funcione mejor” para compensar a los tenedores afectados por la moratoria de desahucios. 

Las propuestas del movimiento de vivienda chocan con las demandas de Junts, que presiona para dejar fuera de la moratoria de desahucios y de la prórroga de los alquileres a los pequeños propietarios

Antes del martes 29 de septiembre, el Gobierno tendrá que tomar una decisión que marcará el rumbo político de lo que queda de legislatura: apostar por un decreto de vivienda que contente a la calle y a sus socios de izquierda, pero cuya validación en el Congreso penderá de un hilo; o un decreto que no gustará a nadie, pero que tiene más posibilidades de ser convalidado. Los tiempos también han cambiado para los nacionalistas catalanes. Al votar Junts contra la moratoria de los desahucios, millones de personas ya no verán a un okupa encapuchado dándole una patada a una puerta, verán a Maricarmen. Una tercera opción, convertida en práctica habitual de esta legislatura, es parcelar el decreto: en uno, todo aquello que cuenta con apoyo legislativo suficiente; en otro, los aspectos no consensuados y que serán presumiblemente derogados por las Cortes. De hecho, el discurso de Junts ha cambiado desde el desahucio de Maricarmen y ha aceptado endurecer la normativa para limitar la actuación de los fondos de inversión en la vivienda siempre que no se toquen los intereses de los pequeños propietarios. “Si el decreto de vivienda es para parar los pies a los fondos buitres, tendrá nuestro voto”, declaraba el secretario general del partido, Jordi Turull este 27 de septiembre.

La demanda de expropiación

Además de la aprobación del decreto de vivienda, otra reivindicación se ha posicionado en el centro del debate tras el desalojo del 23 de septiembre: la expropiación del piso de Maricarmen para que esta vecina de 87 años pueda volver a él. 

Esta propuesta, defendida sobre todo por Sumar, técnicamente sería posible, explica a El Salto la abogada experta en derecho a la vivienda Alejandra Jacinto. La medida tiene un “encaje perfectamente constitucional” y se puede justificar por razones de utilidad pública. El punto 3 del artículo 33 de la Carta Magna permite la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización”. 

La expropiación del piso de Maricarmen sería una medida “ejemplarizante”, dice Alejandra Jacinto, pero muy limitada, ya que los fondos de inversión están haciendo “exactamente lo mismo” en bloques enteros, en cientos de miles de casos

Sería una medida “ejemplarizante”, argumenta Jacinto, pero muy limitada, ya que los fondos de inversión están haciendo “exactamente lo mismo” en bloques enteros, en cientos de miles de casos. “Con la expropiación de una casa no se soluciona la problemática crónica de la vivienda. La medida debería estar acompañada de un paquete de medidas estructurales que den la vuelta a la política inmobiliaria”, subraya. La eurodiputada de Podemos Irene Montero amplió la propuesta para incluir la expropiación del uso de todos los pisos de los fondos buitre.

En este paquete se debería incluir la prohibición de la compra especulativa, contratos de alquiler indefinidos, medidas reales para prohibir los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y turístico y alternativas habitacionales concretas y dignas. “Vamos como cinco años tarde con todo esto”, sostiene.

Desde el hospital, Maricarmen dejaba claro que su objetivo ya no es recuperar su casa, sino que nadie tenga que volver a pasar por lo que ella ha pasado. Para ello, dice la directora del Observatori Desca, hace falta “un cambio de mentalidad” y empezar a poner por delante del derecho a la propiedad el derecho de las personas a la vivienda y una vida digna.