Derecho a la vivienda
Ábalos se queda sin aliados sociales para defender la desregulación de los alquileres

Sin complicidades a su izquierda pero con el apoyo de la derecha y los lobbies de la vivienda. El anuncio el lunes por parte de José Luis Ábalos de que no se pretende poner límites a los alquileres puesto que la vivienda “es un derecho pero también un bien de mercado”, no ha encontrado respaldo en los socios tradicionales de los socialistas. 

Ayer, Comisiones Obreras, presentaba un informe en el que se analiza el peso de las rentas de alquiler en España y Unai Sordo, secretario general del sindicato, lanzaba un mensaje a favor de “regular y rebajar las hipotecas y los alquileres”. Junto con UGT, Comisiones Obreras lanzó el pasado año una Iniciativa Sindical por el derecho a la vivienda en la que se abogaba por la limitación de precios y en la que se marca el objetivo de que “el coste de alquilar una vivienda habitual guarde una relación razonable con los ingresos de los hogares que deben cubrir esa necesidad básica, para evitar o minimizar la expulsión o exclusión inmobiliaria de población por motivos económicos”.

Los dos sindicatos, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los Sindicatos de Inquilinos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Intersindical firmaron ayer un manifiesto “por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada”. En el informe proponen ocho medidas entre las que están la prohibición de desahucios, el límite de precios y la ampliación del parque de vivienda en régimen de alquiler social.

A lo largo de esta mañana, los responsables de esta iniciativa de ley recabarán el apoyo de los partidos que permitieron la actual investidura y los Presupuestos Generales de 2021. Pretenden juntos presionar al PSOE, partido que consideran que “está cediendo a las presiones del lobby inmobiliario y de los fondos buitre, lo cual denota no solo un posicionamiento totalmente antisocial en la gestión del problema en el acceso a la vivienda, sino una falta de ética y elegancia en la forma de abordar los procesos de negociación con las organizaciones sociales y el resto de fuerzas parlamentarias”. 

La burbuja del alquiler acabó con la vivienda de protección oficial

Pablo Elorduy

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Derecho a la vivienda

La burbuja del alquiler acabó con la vivienda de protección oficial

Pablo Elorduy

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Los últimos seis años han sido clave para la reconfiguración del acceso a la vivienda en España. El alquiler gana peso a costa de la vivienda de protección oficial, que ha desaparecido prácticamente de la planificación de las políticas públicas.

También ayer, en el Congreso, dos socios del Gobierno en la última investidura levantaron la voz para criticar la posición del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu rechazaron las intervenciones del ministro de Vivienda con contundencia: “No acabamos de entender cómo pretende usted no dejar a nadie atrás y se niega a regular los precios de los alquileres”, subrayó la abertzale Mertxe Aizpurua.

El informe presentado ayer por Comisiones Obreras destaca que tres millones de inquilinos, esto es, el 40% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. Zonas como Madrid, el Principado de Asturias, las Islas Canarias o la Comunidad Autónoma Vasca están especialmente tensionadas por el aumento de los precios de alquiler en los últimos años.

La subida de precios afecta especialmente a las capas más jóvenes de la población. Según el Consejo de la Juventud, la ciudadanía en la franja entre los 19 y los 29 años debe dedicar el 94% de su sueldo para alquilar una vivienda.

En CC OO se destaca asimismo el peso creciente de los llamados “grandes tenedores” de vivienda en el mercado del alquiler y cómo se produce un efecto de trasvase directo de rentas entre los asalariados con menor poder adquisitivo y las personas con mejores sueldos, que participan del mercado como arrendadores.

El PSOE sigue aduciendo que debe salvaguardar la “seguridad jurídica” antes de intervenir en el mercado. La ministra portavoz, María Jesús Montero, adujo el martes discrepancias “formales” para poner en marcha la ley. Aunque hay voluntad de que los precios bajen, según el Gobierno, no se pretende colisionar, en palabras de Montero “con los derechos en materia de propiedad privada”.