Derecho a la vivienda
Desahucio de mujeres en el 8-M: “Esta es la realidad de la mujer trabajadora”

Luisa lleva cinco años acudiendo cada semana a las asambleas del sindicato de vivienda de su barrio, el Raval, en una antigua escuela de arte, L’Antiga Massana, frente al famoso mercado de la Boquería. Tras el potente rosa de sus paredes se congrega cada jueves casi un centenar de personas. 

Los ánimos de estos días ya estaban de por sí revueltos: sabían que este 8 de marzo no sería como el de todos los años, pues precisamente en el Día de la Mujer Trabajadora Luisa, cabeza de familia monomarental migrante, podría verse en la calle junto a su hija Adelina y su nieta Jazmín, menor de edad. 

Este viernes se enfrentaba a su tercer lanzamiento, ante el que se situaba sin alternativa residencial. Sin embargo, ahora el Sindicat d’Habitatge del Raval denuncia que por presiones de la propiedad y los Mossos d’Esquadra, Luisa se ha visto obligada a hacer entrega de las llaves del inmueble, quedándose de manera efectiva en la calle.

🔴 3 GENERACIONS DE DONES EN RISC DE DESNONAMENT

Aquesta setmana institucions i empreses s’abanderaran de la lluita contra l'opressió de gènere.

La realitat? El 8 de març, uns i altres intentaran desnonar a la Luisa, deixant-la sense casa, a ella, la seva filla i la seva nèta. pic.twitter.com/NeQCenidNA

— Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) March 4, 2024

La presión institucional e inmobiliaria en la lucha por la vivienda

“A pesar de llevar cuatro años luchando por su casa y haber ido de un asistente social a otro sin recibir realmente ninguna ayuda, el punto al que ha llegado Luisa es totalmente normal: la presión a la que se ven sometidas las personas amenazadas por los propietarios y el Estado forma parte de la represión a la clase trabajadora, sobre todo a las mujeres”, ha indicado el Sindicat tras este último incidente.

Luisa lleva desde 2019 ocupando junto a su hija y su nieta un piso en la Avenida del Paral·lel, propiedad del fondo de inversión Divarian, filial de Cerberus, uno de los más grandes del mundo y que más pisos posee en el Estado español. Por su perfil vulnerable, con una menor a cargo, y residiendo en el inmueble de un gran propietario, su caso está amparado por la ley catalana 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, por la que la propiedad tendría que hacerle un alquiler social. “Sin embargo, ellos nunca nos han ofrecido nada, prefieren pagar la multa administrativa a hacer el alquiler social. No sabemos en qué estado está el expediente de sanción”, señalaba Luisa a El Salto el pasado jueves 7 de marzo por la mañana, antes de entregar las llaves del inmueble. 

Esta medida orientada a sancionar administrativamente a los grandes tenedores que incumplen las leyes no ha reportado grandes avances para la problemática de vivienda, pues según ha informado el Ajuntament de Barcelona a este periódico en ocasiones anteriores, estas multas se han llegado a abonar en menos de un 0,1% de casos. 

“Las situaciones de coacción y medidas de disciplinamiento son el pan de cada día. Por un lado tenemos los mecanismos legales, donde la policía u otras instituciones del Estado tratan, mediante amenazas directas, procedimientos judiciales o burocracia, de dejar a la clase trabajadora en una situación de indefensión. Por otro lado, tenemos formas de coacción por parte de propietarios y rentistas que consisten en el mobbing o directamente en la contratación de empresas de desocupación para desalojar de forma extrajudicial una vivienda. Toda esta ofensiva tanto por parte del Estado como por parte de propietarios es un ataque a los derechos y libertades políticas y sindicales, cada vez nos dejan menos margen para organizarnos y hacer política. La ofensiva económica es también una ofensiva política contra la clase trabajadora”, denuncia la formación del Raval a El Salto en la noche de este pasado jueves. 

“Si vas a cualquier asamblea de vivienda lo puedes ver, la mayoría somos mujeres inmigrantes a las que las medidas sociales con las que se les llena la boca a los representantes políticos no nos llegan”

La situación de Luisa se ha batallado desde el Sindicat d’Habitatge del Raval en una negociación colectiva junto a otros 50 casos de diez sindicatos de vivienda y diferentes PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) en todo el área metropolitana de Barcelona. “Llevamos un año haciendo acciones en sus sedes. Negociar con un fondo de inversión es casi imposible porque son infraestructuras gigantes sin caras visibles, pero gracias a la presión colectiva hemos conseguido conectar con una interlocutora y que decenas de familias estén peleando por sus casas”, señalan desde el sindicato del Raval. 

Este viernes, a pesar del abandono efectivo de la vivienda por parte de Luisa, sigue en pie en el barrio del Raval el desahucio de Omar, un joven marroquí que hasta hace poco era un menor migrante no acompañado, un perfil poblacional con mayor vulnerabilidad frente a la pobreza y la explotación. 

Los desahucios tienen rostro de mujer

Echando un vistazo a los perfiles de las personas que acuden a las convocatorias de los sindicatos de vivienda en Barcelona, hay una realidad que salta a la vista: la mayor parte de sus militantes son mujeres. En concreto, mujeres migrantes, sobre las que recae la responsabilidad de proteger su casa y a su familia. 

“Si vas a cualquier asamblea de vivienda lo puedes ver, la mayoría somos mujeres inmigrantes a las que las medidas sociales con las que se les llena la boca a los representantes políticos no nos llegan, no supone ningún cambio real en nuestro día a día. Nos prometen mucho, pero a la hora de la verdad, los desahucios y la miseria nunca paran para nosotras, ni siquiera en el 8-M. Esta es la verdadera realidad de las mujeres trabajadoras”, indica la portavoz del Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, el otro sindicato que convoca los desahucios de este viernes en el Raval. 

En realidad, la pobreza en sí tiene rostro de mujer, también en el 8M: el 70% de las personas que la sufren son mujeres, según la ONU

Luisa y su familia representan un amplio perfil entre las personas que ocupan: unidades monomarentales (34%), con una fuerte presencia de hijos menores y/o personas dependientes. También forman parte del 83% de familias monoparentales que están sostenidas por mujeres, y que reúnen un 43% más de posibilidades de verse en situación de pobreza. En realidad, la pobreza en sí tiene rostro de mujer, también en el 8M: el 70% de las personas que la sufren son mujeres, según la ONU. 

Y es que no solo la pobreza y la falta de recursos residenciales tienen cara de mujer, también lo tienen los desahucios: desde 2008, la PAH denuncia que se han producido más de un millón de desalojos, que “han afectado sobre todo a mujeres”.

Esta feminización de la pobreza nos deja algunos datos tan sangrantes como que a nivel mundial, aunque las mujeres sean quienes realizan el 66% del trabajo y producen el 50% de los bienes alimentarios, solo reciben el 10% de ingresos y poseen el 1% de la propiedad, de acuerdo con los datos de Amnistía Internacional. Una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza. 

En España, con referencia a la situación económica de las mujeres, la brecha salarial de género tampoco propicia mejoras, pues esta alcanza el 28,21%. Es decir, a este ritmo, tendrían que pasar 132 años para conseguir una paridad de género total, de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

En concreto, en Cataluña, la tasa de paro de las mujeres (11,5%) es visiblemente superior a la de los hombres (8,8%), siendo la tasa de empleo 8 puntos inferior a la masculina (51% frente a 59,4%), según datos del Idescat. El 28% de las mujeres en la comunidad autónoma se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social (tres puntos por encima de los hombres). Una situación que, además, se agrava en el caso de las mujeres migrantes, como Luisa (de origen rumano), quienes absorben los trabajos de cuidados con retribuciones más bajas. 

A este ritmo, tendrían que pasar 132 años para conseguir una paridad de género total, de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas

En este contexto, en la comunidad autónoma donde más desahucios se producen en todo el Estado y con un aumento del precio del alquiler que supera el 60% en la última década, los sindicatos de vivienda se perfilan como los agentes más efectivos a la hora de presionar ante la crisis de desahucios, consiguiendo parar hasta el 90% de los lanzamientos programados.

“El sindicato es mi familia, me han ayudado como una familia, en todo. En ellos he encontrado el apoyo que no he tenido con la gente de Habitatge y los asistentes de Servicios Sociales”, contaba Luisa a El Salto este pasado jueves. 

Este viernes 8 de marzo, a pesar de ser la celebración oficial del día de la mujer trabajadora, reivindicado por múltiples instituciones, representantes políticos e incluso empresas, una familia monomarental compuesta por tres generaciones de mujeres se ve en la calle sin alternativa residencial efectiva.