Derecho a la vivienda
El Congreso aprueba la Ley de Vivienda

Tras una década de lucha de las organizaciones por la defensa del derecho de la vivienda y tres años de negociación en el seno del Gobierno de coalición, la primera Ley de Vivienda de la democracia ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados este 27 de abril. 

El texto final fue acordado el 13 de abril tras un acuerdo a varias bandas entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, un pacto que logró destrabar una ley enquistada, sobre todo, por la regulación de los alquileres.

Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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La Ley de Vivienda consensuada entre los socios de Gobierno incluye demandas históricas del movimiento social, pero también “está llena de agujeros” que hacen muy difícil que la norma sirva a su propósito.

Pablo Carmona Pascual “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, calificó la Ley como un “avance social sin precedentes”, una norma que no se debe a los “diputados que la van a votar”, ni a los representantes políticos que la negociaron, sino a los movimientos de vivienda: “Todo lo bueno que tiene esta ley es gracias a los activistas de la vivienda digna, personas que han defendido con todo una idea muy sencilla pero difícil de llevar a cabo: las casas son para vivir y no para especular”.

La ministra Ione Belarra calificó la Ley como un “avance social sin precedentes”, una norma que no se debe a los diputados que la votaron: “Todo lo bueno que tiene es gracias al movimiento de vivienda” 

También desde el estrado, la ministra de Transporte y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, celebró que las políticas de vivienda hayan conseguido virar de las “ayudas al ladrillo” hacia las ayudas a los sectores que sufren a diario la especulación inmobiliaria. Entre las grandes novedades de la Ley, destaca una regulación de los alquileres en las zonas declaradas como tensionadas que permitirá poner topes en los alquileres. En el caso de los grandes propietarios, este límite podría suponer una reducción del precio en función de un índice todavía no definido. Esta última disposición, pese a las protestas, solo podrá aplicarse pasado un periodo transitorio de 18 meses después de la aprobación de la ley, tiempo necesario, según el texto, para desarrollar ese índice.

Qué dicen las organizaciones de vivienda

Fuera del Congreso, representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos rescataron algunos de los avances que presenta la ley —como la redefinición de grandes tenedores o nuevos derechos de los inquilinos frente a los propietarios—, pero señalaron que los agujeros que tiene la normativa harán que no sea efectiva para resolver el problema de la vivienda. 

El portavoz de la PAH, Paco Morote, señaló que la ley no recoge “de forma clara” el derecho a la vivienda, dado que no se incluyen elementos para reclamar judicialmente ese derecho, como sí ocurre con otros derechos de la Constitución, como la sanidad o la educación. “Ninguna de las personas que estamos aquí, ni de las que no están, puede demandar al poder público que le facilite el acceso a una vivienda” en el caso de cumplir con los criterios de vulnerabilidad, ejemplificó este activista.

La presión de los socios de Gobierno consiguió que la declaración de zonas tensionadas no sea una misión imposible y que los topes a los alquileres afecten, en estas áreas, a grandes y pequeños propietarios, también en los nuevos contratos

La Ley tampoco cumple con otra de las principales demandas del movimiento: prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. En la Ley, señalan desde la PAH, “solo se incluyen medidas que alargarán los procedimientos judiciales, pero no garantizan la alternativa habitacional para las personas vulnerables víctimas de desahucios”. La Ley incluye, en el caso de los grandes tenedores, una mediación previa y la notificación obligatoria de las condiciones de vulnerabilidad de las familias al borde del desahucio, pero el hecho de que un hogar sea considerado vulnerable no impide que sea desahuciado cuando finalice este recorrido por los servicios sociales. 

Otra de las demandas de los movimientos contra los desahucios ignoradas por la ley, continua Morote, es la obligación para los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables, una normativa que sí recoge la ley antidesahucios de Catalunya. La dación en pago o límites en el pago de la hipotecas en el caso de las familias ahogadas por las hipotecas variables también se han quedado fuera de la ley.

La Ley de Vivienda permitirá subir el alquiler hasta un 35% en cinco años

Martín Cúneo

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Ley de Vivienda

Especulación La Ley de Vivienda permitirá subir el alquiler hasta un 35% en cinco años

Martín Cúneo

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Un análisis del Sindicat de Llogaters de Catalunya analiza los “agujeros” de la norma que se aprobará este jueves en el Congreso.

En la rueda de prensa, los sindicatos de inquilinos reconocieron “ciertos avances”, consecuencia de años de movilizaciones, aunque expresaron su desilusión con una Ley que permitiría que los precios sigan subiendo gracias a las excepciones y agujeros que contiene la norma. Según explicaron, los propietarios podrán subir un 10% si dicen que han realizado una mejora de la vivienda, un aumento que se suma al 2% en 2023, el 3% en 2024 y una cifra todavía sin definir a partir de 2025. Todo ello, señalan, cuando los precios deberían bajar drásticamente para que jóvenes y familias precarias puedan destinar menos del 40% de su renta al pago del alquiler, especialmente en las grandes ciudades y en el litoral marítimo. Además, el hecho de que la ley deje fuera los contratos de temporada y los pisos turísticos, indican, crea una peligrosa vía para saltarse la normativa y subir precios sin límite, aún en zonas declaradas como tensionadas.

La negociación del PSOE con sus socios de Gobierno consiguió en su último tramo que la declaración de zonas tensionadas no sea una misión imposible —simplificando los criterios necesarios— y que los topes a los alquileres afecten, en estas zonas tensionadas, a grandes y pequeños propietarios, también en los nuevos contratos. Sin embargo, la falta de un régimen sancionador y las numerosas excepciones que recoge la norma, la convierten en una herramienta poco efectiva, según denuncian los sindicatos de inquilinos.

“No se puede engañar a la gente. No se le puede decir a la gente que esta ley bajará los precios. Tampoco se le puede prometer a la gente que esta ley va a garantizar el derecho a la vivienda. La verdad es que la ley que hoy se aprueba no va a hacer nada de eso”, apuntó Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters de Catalunya. Con estas medidas, continúa, “lo más probable es que el abismo entre el precio de la vivienda y los ingresos de la ciudadanía siga creciendo”. La ley, para Palomera, es apenas un “pequeño parche” que no solucionará el problema de acceso a la vivienda. “Esto hay que decirlo claramente, porque si no, luego lo que se genera es una enorme frustración”, agrega.

“No se puede engañar a la gente. No se le puede decir que esta Ley bajará los precios. Tampoco se le puede prometer a la gente que esta ley va a garantizar el derecho a la vivienda”, apunta Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters

Entre los avances de la ley, Palomera destaca el “fin a la estafa de las inmobiliarias”, por la que los inquilinos debían pagar unos honorarios injustos de hasta el 10%. A partir de ahora, este pago corresponderá a la propiedad. “La ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas, garantizando los rendimientos de sus activos”, resume.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, rescata de la Ley la redefinición de la figura de gran tenedor: a partir de ahora serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de cinco viviendas, la mitad que en el texto original. Otro de los avances de la Ley, continúa, “es que por fin se reconoce, después de tantos años, lo que es una vivienda vacía” y se abre la posibilidad de grabarla con un impuesto de hasta el 150% en el IBI si así lo solicitan los Ayuntamientos.