Derecho a la vivienda
Caixabank pide tres años de cárcel para ocho activistas de la PAH Guadalajara por una sentada

[Actualización a las 11:39 del 30 de noviembre. Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara confirman a El Salto que la vista del juicio, programada para hoy, finalmente ha sido cancelada, sin aviso previo a las personas imputadas y sin fijar nueva fecha para su celebración. “Forma parte del proceso de falta de garantías constante que estamos viviendo con este juicio”, ha afirmado ante la sede de los juzgados en Guadalajara Patricia Carlavilla,  portavoz de la plataforma. “Se nos acusó irregularmente, destruyeron pruebas y ahora alargan indefinidamente un proceso judicial que ya va a superar los cinco años”, añade el abogado, Diego Herchhoren.]

“Insurrectos” y “agitadores” que comen “bocadillos y snacks, sentados por el suelo, jugando al parchís”. Así describe CaixaBank, en su escrito de acusación, a las ocho personas que mañana irán a juicio por ocupar, hace cinco años, una de sus oficinas en la provincia de Guadalajara y para las que pide tres años y dos meses de cárcel. Lo de los “bocadillos y snacks” lo repite hasta tres veces en su escrito de acusación. 

Los hechos tuvieron lugar el 5 de diciembre de 2017. Ese día, los activistas de  la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara acudieron a la sucursal de Caixabank ubicada en la calle Miguel Hernández en Cabanillas del Campo para reclamar que la entidad cumpliera la promesa realizada al ayuntamiento del municipio por la que se comprometió a ceder a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha varias viviendas que mantenía en la localidad para que se destinaran a usos sociales. Entre ellas figuraba la de una mujer que al día siguiente se enfrentaba a un juicio por el que iba a ser desalojada de su vivienda junto a sus dos hijos menores de edad, y que finalmente perdió su vivienda tras intentar negociar con la inmobiliaria de Caixabank, BuildingCenter. Ahora es una de las acusadas por el banco.

La Fiscalía pide para cada uno de los ocho activistas diez meses de prisión por un delito de resistencia o desobediencia, y dos meses de multa —600 euros— por allanamiento de local. La acusación particular, ejercida por Caixabank, va más allá. Reclama para ellos dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones, otros ocho meses de prisión por un delito de resistencia y 3.000 euros de multa por un delito de desórdenes públicos. En total: tres años y dos meses de prisión y 3.000 euros para cada uno de los ocho activistas, a pesar de que en ningún momento hubo violencia, solo resistencia pasiva, según señala el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Salto, y las declaraciones como testigos de dos de los guardias civiles que desalojaron a los activistas. 

Piden 4,5 años de cárcel por difundir fotos de un desahucio de una familia con un bebé

Redacción El Salto

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Especulación urbanística

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La Fiscalía de Guadalajara solicita 4,5 años de prisión a un activista de la PAH que tomó y difundió imágenes de la Comisión Judicial que estaba desalojando a una familia en el Barrio de Alamín, en esta ciudad castellano manchega.

Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara acusan irregularidades en la causa contra estos ocho activistas. “Ya la detención realmente fue ilegal”, afirma a El Salto Patricia Carlavilla, miembro de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara. Carlavilla explica que, tras la sentada de los activistas de la PAH en Caixabank, los agentes de la Guardia Civil se los llevaron esposados pero les afirmaron que era por su seguridad, para sacarlos del municipio. “No se entendía muy bien que dijeran eso, pero ellos no sabían que estaban siendo detenidos, no lo entendieron hasta que los metieron en el calabozo y, cuando vino el abogado, ya les dijeron de qué se les acusaba”, continúa Carlavilla. 

Las irregularidades continuaron durante la instrucción, según afirma Carlavilla. En concreto se refiere a una de las pruebas documentales pedidas por la defensa de los ocho activistas, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria. Ante la petición de estas pruebas por el juzgado, el banco respondió en mayo de 2018 que estas grabaciones “fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”, según el texto remitido por Caixabank al juzgado, al que ha tenido acceso El Salto. 

“Resulta cuanto menos curioso que borraran las imágenes si querían demostrar que hubo coacciones y desobediencia, y también que el juzgado no dijera nada al respecto”, señala Patricia Carlavilla

“Caixabank les acusa de coacciones y desobediencia, así que pedimos las imágenes para demostrar que no eso no es verdad, que ni siquiera hubo desobediencia, ya que, aunque la Guardia Civil les pidió que salieran y ellos dijeron que no, los agentes hicieron que los activistas se levantaran, les esposaron y salieron, no hizo falta que fueran diez guardias civiles para sacarles por la fuerza”, explica la portavoz de la Plataforma Antirrepresiva. “Resulta cuanto menos curioso que borraran las imágenes si querían demostrar que hubo coacciones y desobediencia, y también que el juzgado no dijera nada al respecto”, concluye Carlavilla, quien, como tercera irregularidad, señala la dilación, ya que han transcurrido cinco años desde los hechos y dos años desde que la instrucción se completó hasta que han fijado una fecha para el juicio. 

Ocupación de locales, una protesta cada vez más criminalizada

Desde Amnistía Internacional han afirmado que acudirán al juicio como organización observadora, aunque desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara señalan a El Salto que el juzgado aún no les ha dado confirmación por escrito de que el juicio vaya a celebrarse a puerta abierta ni de que puedan asistir. La organización internacional ha expresado su preocupación ante los cargos que enfrentan los ocho activistas de PAH Guadalajara. “La acción de protesta pacífica llevada a cabo el 5 de diciembre de 2017 tenía por objetivo prevenir una posible vulneración de derechos humanos, como consecuencia del desahucio sin alternativa habitacional de una familia vulnerable, así como llamar la atención sobre una situación de claro interés para el debate público y de elevada importancia social”, señala Amnistía Internacional, que recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido expresamente que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pacíficas, constituyen un ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.

La organización recuerda que ya en 2015, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, alertaron ante la inclusión de la ocupación de locales como delito. “La redacción de este delito adolece de ambigüedad puesto que el concepto ‘perturbación de la actividad normal’ puede comprender un amplio elenco de conductas no graves”, señala la organización. 

Actualmente, el apartado sobre desórdenes públicos del Código Penal actual incluye la ocupación de locales como delito penado con de tres a seis meses de cárcel o multa de seis a doce meses, aunque el texto no concreta si esta ocupación debe realizarse con o sin violencia o intimidación para que sea considerada delito, por lo que los juristas explican que en muchas ocasiones, jueces garantistas han decidido no penalizar esta forma de protesta cuando no se ha realizado con violencia. Sin embargo, la propuesta de reforma del delito de desórdenes que acompaña la derogación del delito de sedición sí incluye que para que este tipo de protestas sea penada con una condena leve debe realizarse sin violencia sobre personas o cosas, por lo que distintos juristas han alertado que, si la reforma se lleva a cabo, esta podría provocar una mayor criminalización de las protestas en entidades bancarias u otros locales, con la pena actual de hasta seis meses de cárcel cuando sean pacíficas y de hasta tres años de cárcel cuando se considere que ha habido violencia sobre personas o cosas o intimidación.

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La reforma integral del artículo 557 del Código Penal arroja algunas buenas noticias y un buen puñado de sombras. Tres juristas acostumbrados a defender a las personas denunciadas durante el ejercicio de las protestas aclaran dudas sobre unos cambios que no atañen únicamente al delito de sedición.

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