Violencia sexual
Una jueza de A Coruña permite las visitas de un padre a su hija, investigado por agredir sexualmente a la niña

“¿De qué vale decir la verdad, mamá, si nadie nos ayuda”. Patricia — nombre ficticio— lleva desde los cinco años denunciando que sufre agresiones sexuales por parte de su padre. Así lo relata Jara, su madre, quien también ofrece nombre ficticio para este reportaje y explica cómo la niña, con apenas siete años, expresa su frustración ante la última sentencia judicial recibida del Juzgado número tres de Primera Instancia de A Coruña, el pasado 13 de diciembre. En ella, la jueza revoca la decisión del Juzgado número dos de Lugo que en un auto del 13 de septiembre de 2022 imponía medidas de protección para la menor que contenían la suspensión de las visitas con el progenitor. Y todo después de que, tal y como explica Jara, durante una estancia con el padre en una casa en Asturias la menor regresara con su madre afirmando que la subió a un desván para agredirla sexualmente.

Tras el relato de la menor, que incluía detalles como que se quedó “congelada” y que al salir del desván su ropa interior estaba descolocada, la madre procedió a poner una denuncia que hizo que se desencadenara un procedimiento de diligencias urgentes que incluyó la toma de muestras. Muestras que, según el análisis encargado por el juzgado al que ha tenido acceso El Salto, contienen trazas de ADN de un hombre en la zona de refuerzo de la braga de la niña. El informe, emitido el 2 de enero de 2023, solicita una muestra biológica del presunto agresor para cotejarla, pero esa prueba aún no se ha realizado, se queja Jara. “El juzgado dice que los resultados no son suficientes, la fiscal dice que los rastros de ADN pueden ser por haber jugado en un columpio. ¿Cómo pueden aparecer muestras de ADN en la zona de refuerzo de las bragas por jugar en un columpio? No lo entiendo”, se queja Jara.

Piden al Senado investigar los abusos intrafamiliares y el uso del caso Infancia Libre para quitar custodias

Patricia Reguero Ríos

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Abusos a la infancia

Madres protectoras Piden al Senado investigar los abusos intrafamiliares y el uso del caso Infancia Libre para quitar custodias

Patricia Reguero Ríos

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Las asociaciones Alanna y Madres Protectoras acuden a la Cámara Alta un año después de hacer la misma petición al Congreso, que no ha respondido a su solicitud. Requieren atención a los abusos sexuales intrafamiliares a niños y niñas.

Pero este es solo uno de los pasajes por los que ha atravesado Patricia, que se resumen en las 53 páginas de queja formal redactadas por su madre y presentadas ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, quien ha remitido la queja al Consejo General del Poder Judicial. También se reflejan en la queja presentada ante la Fiscalía del TSJ de Galicia por la disparidad de criterios que los fiscales de Lugo y A Coruña están manteniendo sobre la protección de la niña.

Patricia, con apenas cinco años, relató a Jara las primeras agresiones sexuales, tiempo después de la separación de los dos progenitores

Un historial judicial que ha ido creciendo desde que Patricia, con apenas cinco años, relató a Jara las primeras agresiones sexuales, tiempo después de la separación de los dos progenitores. Siempre según el testimonio de Jara, una noche, y mientras la estaba cambiando el pañal, la niña le explicó: “Papá me toca aquí y no es para limpiarme”. “Me quedé a cuadros. Me empezó a contar que el padre la acariciaba, le hacía fotos. Y me empezó a hacer dibujos [con connotaciones sexuales]. Si no pasa algo raro, no hace eso dibujos. Además me contó que el padre también le pedía que le tocara a él y me describió diversos juegos sexuales”, explica.

La rotundidad de la niña no ha tenido una repercusión proporcional en los juzgados. Al menos de manera unánime. Y así lo denuncia la abogada de Jara, quien informa de que, después de que Patricia verbalizara las agresiones por primera vez, madre e hija acudieron a la pediatra, quien certificó indicios claros de violencia sexual y aconsejó denunciar ante el Juzgado de Primera Instancia de Lugo, lugar donde residen madre e hija. Era marzo de 2021. “Ahí conseguimos la primera orden de alejamiento, que la Audiencia Provincial rebajó a visitas en un punto de encuentro y comunicaciones por videollamada”, expresa la abogada pese a que la niña, asegura, manifestaba un “fuerte rechazo” al padre. Tras esto, y mientras Patricia era tratada por una psicóloga, quien corroboró el primer diagnóstico, la niña es sometida a una prueba pericial llevada a cabo por el equipo de psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galiza (IMELGA). Entidad que concluye en un informe que el relato de la niña no es válido “tras tenerla hora y pico declarando en una sala de vistas, en un espacio inadecuado para una niña de cinco años. Aún así la niña aguanta el tipo y cuenta todo con prolijidad de detalles. Pero las técnicas del IMELGA aseguran que lo que cuenta es increíble”, explica la abogada.

El padre solicita retomar las visitas sin punto de encuentro además de comunicar tanto a la pediatra que detectó la violencia sexual como a la psicóloga que no podían seguir tratando a su hija

Dos procesos, cero protección

Este informe, que pertenece a la única vez que la niña ha sido interrogada en este proceso que dura ya dos años, marcará el signo de las próximas decisiones judiciales. Primeramente, el procedimiento por agresiones sexuales se archiva y el padre solicita retomar las visitas sin punto de encuentro, además de comunicar tanto a la pediatra que detectó la violencia sexual como a la psicóloga que no podían seguir tratando a su hija. Ambas profesionales son denunciadas por el progenitor. Patricia quedó así sin asistencia médica y psicológica.

Entonces, Jara decide ir por la vía civil para pedir medidas urgentes para impedir que se reanuden las visitas. Es aquí cuando comienza a actuar el Juzgado de Instrucción número tres de A Coruña, juzgado al que le corresponde dirimir los asuntos relativos a la custodia pues es quien actuó durante el divorcio de los progenitores. Era 9 de marzo de 2022 y desde entonces, asegura Jara, todo ha ido a peor. “Nos vamos a la vía civil, la niña rechaza al padre y pedimos que no pueda volver a verle sin un margen de seguridad. Pedimos punto de encuentro, cuando pase una primera fase se hagan visitas de tarde y, si todo va bien, normales. La jueza y la fiscal dicen que no. El padre podrá estar con ella martes y jueves, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. La jueza prohíbe que la niña vuelva con su psicóloga”, resume la abogada.

Se reanudan, pues, las visitas, siguiendo el criterio del juzgado. “La niña dejó de hacerse pis en la cama cuando le pusieron la orden de protección. Empieza a venir el padre a buscarla y vuelve a orinarse en la cama”, relata Jara, quien asegura que las visitas eran dificultosas ante la oposición de Patricia. “Tengo que sacar a mi hija casi en volandas de casa para que vaya con él”, cuenta esta madre, quien puso esta situación en conocimiento del juzgado. “La jueza me llegó a decir que tuviera yo cuidado con lo que hacía porque lo iba a tener en cuenta para el otorgamiento de la custodia”, explica mientras asegura haberse sentido maltratada durante todo este proceso porque la sombra de la duda siempre recaía de su lado por una posible instrumentalización de la menor.

Cuenta Jara que la jueza nunca habló de Síndrome de Alienación Parental (SAP), pero sí que lo expuso la abogada de él, quien la acusó de haber estado manipulando a la niña “y la jueza lo consintió”, se queja esta madre pese a que en España está prohibido el uso en los juzgados de este falso síndrome. La carga de la duda siempre ha estado en sus espaldas, se queja, quien ha sido expuesta a cuestionarios y pruebas periciales por los que, denuncia, no ha pasado el padre.

La policía llegó a personarse dos veces en los momentos de la entrega ante la negativa de la niña de acudir con su padre

Luego llegaron las autolesiones de Patricia, los ataques de ansiedad. Según su madre, la policía llegó a personarse dos veces en los momentos de la entrega ante la negativa de la niña de acudir con su padre. Las autoridades, explica Jara, corroboraron el estado de la niña y permitieron que se quedara con la madre. Pero las cosas en el juzgado no avanzaban.

Hasta que llegó septiembre de 2022 y la visita al desván en la casa de Asturias, momento en el que vuelven a acudir a la vía penal y se abre una de las investigaciones que hoy permanecen en curso. En diciembre de 2022 se abre la segunda, después de que la niña llegara de una de las visitas afirmando que su padre la tocaba al salir de la ducha y que la grababa desnuda junto a la hija de su actual pareja. “Presentamos otra denuncia, se activa protocolo de posibles abusos sexuales desde el hospital, y ya hay un informe que recoge ADN de hombre en su ropa interior de la denuncia de septiembre”, explica la abogada. En este momento se celebra una nueva vista en la que la actitud de la jueza de A Coruña sigue siendo de negar todo lo que se solicita. “Refieren grave conflicto entre los padres, denuncias cruzadas. Y en este punto estamos”, relata la abogada.

“Al padre se le está investigando y a pesar de existir dos procesos abiertos la niña no tiene ningún tipo de protección. La madre está denunciada por incumplimiento del régimen de visitas en el punto de encuentro”

Por tanto, a día de hoy, hay dos procedimientos penales que siguen en activo, abiertos en septiembre y en diciembre de 2022. “Al padre se le está investigando y a pesar de existir dos procesos abiertos la niña no tiene ningún tipo de protección. La madre está denunciada por incumplimiento del primer régimen de visitas en el punto de encuentro, porque la niña se negaba a entrar. Y esta es la situación a la que nos exponemos”, resume la abogada.

No es un caso aislado

El caso de Patricia no está aislado, sino que forma parte de un modus operandi extendido en los juzgados y denunciado en el informe Violencia institucional contra las madres presentado el viernes 16 de marzo en el Ministerio de Igualdad, elaborado por investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid. Este estudio examina expedientes documentales de 47 casos —40 de violencia sexual intrafamiliar contra niñas y niños menores de 8 años y 7 relativos a denuncias por violencia de género que han afectado a niñas y niños— y un centenar de sentencias —40 del ámbito civil, y 63 del ámbito penal—. Un 86% de estos casos han sido archivados.

Un estudio detalla cómo el sistema judicial castiga a las madres que denuncian abusos sexuales a sus hijos

Patricia Reguero Ríos

Abusos a la infancia

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Patricia Reguero Ríos

Pérdidas de custodia, arrancamientos o acusaciones de desobediencia o sustracción son algunas de las consecuencias que sufren las mujeres tras denunciar violencia contra sus hijos e hijas.

Mientras prolifera la impunidad, el informe concluye que la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores a sus hijos e hijas se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección. En concreto, un 72 % de las mujeres se han visto involucradas en procedimientos judiciales de este tipo después de denunciar la violencia sexual o de género en el ámbito familiar contra sus hijas e hijos.

Según los datos del Consejo de Europa la violencia sexual afecta a uno de cada cinco niñas y niños antes de cumplir los 18 años. Por otro lado, según los datos de la ONG Save The Children, tres de cada cuatro casos de violencia sexual contra niños y niñas se archivan. “Lo que aquí se ha pedido por parte de la madre desde el primer momento— asegura la abogada de Jara— es que, respetando profundamente el derecho a la presunción de inocencia del padre, se trate de aunar también el derecho de la menor a ser protegida. Existen múltiples fórmulas desde las más gravosas, como puede ser una orden de alejamiento, hasta la utilización de mecanismos de protección de la menor a la hora de llevar a cabo las visitas a través de la red de puntos de encuentro que existen en Galicia. Sin embargo en este caso los juzgados han decidido y las fiscalías han pedido que la menor vuelva sin ningún tipo de protección a mantener visitas de forma habitual con su padre y eso hace que se encuentre expuesta uno de cada dos fines de semana y la mitad de los periodos vacacionales a estar en contacto con una persona que está siendo investigada en este momento por unos presuntos abusos”.

“Hay algo en nuestro sistema judicial que está fallando y que debe de repercutir también en el examen de aquellos jueces, juezas y fiscales que están interviniendo en la protección de los menores”

Para esta abogada, quien afirma que no es el único caso que lleva en este sentido, hay que buscar responsabilidades dentro del sistema judicial para lo que han de actuar tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado. “Hay algo en nuestro sistema judicial que está fallando y que debe de repercutir también en el examen de aquellos jueces, juezas y fiscales que están interviniendo en la protección de los menores y que realmente no son capaces de lograr el objetivo que la ley le marca”, concluye la abogada.