Violencia sexual
La Fiscalía insiste en acotar las rebajas de condena amparadas en la ley del solo sí es sí

“Como regla general, no procederá la revisión de condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal”. La Fiscalía General del Estado insiste en acotar la aplicación de rebajas de condenas que han desplegado algunos jueces tras la aprobación de la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como Ley de solo sí es sí.

Como ya hiciera el 21 de noviembre de 2022, y después de que salieran a la luz las primeras sentencias que reducían penas a acusados de delitos contra la libertad sexual de las mujeres, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha publicado este miércoles la circular 1/2023, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de la ley, para unificar criterios de actuación entre las diferentes fiscalías. En ella vuelve a insistir en que “no procederá la revisión de condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal”.

Además, el texto emitido hace un recorrido por la jurisprudencia y cita diversas sentencias del Tribunal Supremo que avalan este criterio, ya admitido en otras ocasiones, como ocurrió con la reforma del Código Penal con la ley 2/2015, relativa a delitos de terrorismo, que también carecía de régimen transitorio expresado en la norma. Señala García Ortiz que, pese a que el Tribunal Supremo aún no ha resuelto de modo directo sobre la revisión de sentencias firmes, existen pronunciamientos recientes de este Alto Tribunal muy similares que caminan en ese sentido.

La circular hace hincapié en el nuevo paradigma que introduce la reforma del solo sí es sí que asume un modelo basado en el consentimiento afirmativo de la víctima

“En caso de que proceda la reducción de la pena privativa de libertad, habrá de valorarse la imposición de las penas de libertad vigilada, de privación de patria potestad y de inhabilitación especial para los ejercicios de patria potestad, tutela curatela, guarda o acogimiento”, indica la circular.

Una circular que hace hincapié en el nuevo paradigma que introduce la reforma del solo sí es sí que, en consonancia con el firmado convenio de Estambul, asume un modelo basado en el consentimiento afirmativo de la víctima y no en la capacidad para demostrar si hubo violencia o intimidación, eje sobre el que giraba el anterior modelo.

Pese al claro criterio mostrado por la Fiscalía en reiteradas ocasiones, el PSOE sucumbió a las críticas de los sectores más conservadores y presentó una enmienda a la nueva ley

La enmienda del PSOE

Sin embargo, y pese al claro criterio mostrado por la Fiscalía en reiteradas ocasiones, el PSOE sucumbió a las críticas de los sectores más conservadores y presentó una enmienda a la nueva ley, aprobada con los votos a favor del PP el pasado 7 de marzo. Esta modificación a la norma incluye un aumento de las penas a agresores sexuales en función de si ha habido violencia e intimidación.

Dicha enmienda ha abierto un cisma entre el Ministerio de Justicia (PSOE) y el de Igualdad (Unidas Podemos). Ministerios que llevaban desde diciembre negociando una posible solución a la cascada de revisiones de penas, negociación que se dinamitó cuando el PSOE destapó que presentaría esta enmienda de manera unilateral.

Desde Igualdad aseguran que dicha modificación normativa supone una vuelta al modelo anterior en el que la mujer debía de demostrar haber sufrido violencia o intimidación para establecer la condena del agresor, reflejada en las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante los micrófonos de la Cadena Ser. “Con una herida ya se puede demostrar que ha habido violencia”, expresaba Llop, al tiempo que negaba cualquier cambio de paradigma.

“No vamos a apoyar ninguna reforma que elimine el consentimiento”, expresaba tajante ante los medios la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, dejando claro que Unidas Podemos no pasaría por ese aro para frenar la embestida conservadora que se capitanea desde los juzgados.