Opinión
Cuando la policía dispara contra el derecho a informar

Han pasado cuatro meses desde que un agente de los Mossos me disparó un proyectil de Foam mientras trabajaba como fotoperiodista en la huelga general por Palestina, frente al consulado de Israel en Barcelona. El proyectil impactó en mi brazo derecho cerca del cuello. El disparo se efectuó a corta distancia. En ese momento no había disturbios y me encontraba de espaldas a la policía. Noventa días han sido suficientes para que el moratón desaparezca, pero no para borrar la huella que deja la violencia institucional.

He fotografiado conflictos armados, catástrofes y disturbios desde 2017. He aprendido que la violencia, cuando es parte del paisaje, se vuelve predecible. Pero nunca pensé que el impacto más significativo de mi carrera vendría de un policía en Barcelona, en mi ciudad.

El director de la policía, Josep Lluís Trapero, explicó el suceso afirmando que “hubo un uso puntual de la lanzadera por parte de un agente al detectar a un joven con una piedra”, y añadió que “tras el incidente, los Mossos contactaron con el periodista para ofrecerle asistencia médica inmediata, que rechazó”. Afirmaciones completamente falsas. No había disturbios. Nadie se acercó a ofrecer ayuda; nadie intervino. Este tipo de relatos oficiales no solo buscan proteger a los agentes implicados, sino también deslegitimar el trabajo periodístico en contextos de protesta.

Mi caso no es un accidente aislado. En España y Europa, las agresiones a periodistas en manifestaciones y conflictos son cada vez más frecuentes. Según la Plataforma del Consejo de Europa para la Seguridad de los Periodistas, durante una semana de protestas en Cataluña en 2019 se registraron al menos 37 ataques contra reporteros; muchos de ellos a manos de la policía, incluyendo impactos de foam y detenciones arbitrarias.

He presentado una querella porque es lo que marca la ley, pero también porque este episodio no puede quedar escondido en un archivo

Reporteros Sin Fronteras ha documentado también incidentes recientes: en Georgia, en 2023, al menos 30 periodistas resultaron heridos por disparos de balas de goma durante manifestaciones, algunos con lesiones graves que requirieron cirugía. En Francia, desde septiembre de 2025, varias agencias de prensa reportaron decenas de agresiones en las protestas contra la reforma de las pensiones, con al menos seis periodistas heridos en solo dos semanas. Una coalición europea de asociaciones (MFRR) denunció entonces la “violencia deliberada” contra medios y exigió una “protección inequívoca” para los reporteros.

En este contexto, la institución europea con sede en Estrasburgo emitió recientemente una advertencia sobre mi caso, expresando su preocupación por el uso de la fuerza contra profesionales de la información y recordando la obligación de las autoridades de garantizar su seguridad.

No se trata de una preocupación nueva. Ya en 2019 se había alertado de que los lanzadores de proyectiles y otros medios de “fuerza intermedia” —como el LBD40 o las granadas de dispersión— se estaban utilizando de manera excesiva y estaban causando lesiones graves durante las protestas de los chalecos amarillos en Francia. La comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, llegó entonces a recomendar la suspensión de estas armas en manifestaciones ante el elevado número de disparos y heridos. En ese momento, se registraron miles de disparos de balas de goma en París, resultando en centenares de heridos, muchos de ellos con golpes en la cabeza y los ojos.

Cuando se le preguntó al ministro del Interior francés, este calificó los impactos faciales como “errores” que ocurrieron en solo uno de cada diez disparos.

Estos noventa días he revisado cada fotograma y cada testimonio, he hablado con abogados, con colegas, con defensores de derechos humanos. He presentado una querella porque es lo que marca la ley, pero también porque este episodio no puede quedar escondido en un archivo. En un contexto donde los casos de violencia policial rara vez acaban en responsabilidades penales o administrativas, recurrir a la vía judicial se convierte casi en una obligación democrática. Quiero que conste, que se investigue y que se cuente. No por orgullo personal, sino porque cada vez que un periodista es silenciado mediante la fuerza, la sociedad pierde una parte de su capacidad de ver con claridad.

Mi trabajo nunca ha consistido en evitar el riesgo; lo asumo porque creo en el valor de las imágenes para comprender el mundo. Pero el riesgo que aceptamos los fotoperiodistas no debería incluir ser objetivo de las propias fuerzas de seguridad que, en teoría, deben proteger los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a informar.

Meses después, sigo convencido de que contar lo que pasó es tan importante como las fotografías que hago. No por mí, sino por los compañeros que han sufrido situaciones similares y por los que, si nadie levanta la voz, volverán a vivirlas. La violencia contra periodistas es un ataque directo a la democracia. Lo que está en juego no es solo la seguridad de quienes informamos, sino el derecho de toda la sociedad a saber qué ocurre cuando el poder actúa sin testigos incómodos. Mientras tanto, sigo en recuperación, cuestionándome la normalidad creciente que convierte el derecho a informar en una actividad de riesgo bajo la mirada del Estado.